martes, 14 de marzo de 2017

ESTA NOCHE martes 14 marzo 2017



ESTA NOCHE, donde usted se entera no de todo lo que ocurre, sino de lo que necesita saber.

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MEDIA COLUMNA
Vizcarra contraataca


Jorge Morelli
@jorgemorelli1
jorgemorelli.blogspot.com


De los audios publicados el domingo dando cuenta del áspero debate habido en Ositrán a mediados de enero en torno a la adenda de Chinchero -que desembocaría en  la renuncia de la presidenta del organismo-, lo que parece concluirse es que el gobierno impuso la decisión de aprobarla.

El ministro Vizcarra, responsable del proyecto, tendrá que explicar este hecho bochornoso en su interpelación por el Congreso, el jueves.

Arrinconado por la denuncia, sin embargo, da la impresión de que Vizcarra preparara el contraataque de la mano del poder regional.

Notoriamente, los gobernadores de Cusco, Arequipa y Apurímac han firmado un comunicado rechazando la interpelación. Y Vizcarra les ha correspondido el acto de amor declarando que la interpelación obedece a los intereses políticos y económicos del “centralismo”.

El presidente Kuczynski anunció la intención de hacer cuestión de confianza si hubiera censura. Claramente, se inclina por Vizcarra. Es su vicepresidente, su sucesor y su garante en la eventualidad de su partida.

Además, ya están aquí las elecciones regionales del próximo año. Y el gobierno apostará por las regiones creyendo conseguir una base política propia en el interior azuzando el conflicto entre Lima y el resto del Perú. Su estrategia supone que de allí pueda emerger fortalecido un poder regional que contrapese a la mayoría parlamentaria de la oposición.

Es una trampa, sin embargo, en la que se está metiendo ingenuamente el gobierno que los peruanos eligieron hace menos de un año.

Propiciar el conflicto entre el poder regional y el legislativo solo va a terminar con el poder ejecutivo en manos de las regiones. Las regiones van a pasarle por encima al gobierno que no tiene forma de contenerlas.

Y Vizcarra parece el mascarón de proa de esa ofensiva para llegar al poder por la puerta falsa. 



REPORTE DE NOTICIAS en Internet
Las siguientes notas periodísticas de política y economía han sido seleccionadas, editadas y ordenadas
temáticamente. No se las debe citar como tomadas directamente de sus fuentes originales, las mismas que se indican sólo como una forma de reconocer el crédito y agradecer la cortesía.




ANTICORRUPCION,  PERSECUCIÓN, JUDICIALIZACION POLITICA



Peru21
De acuerdo con los audios difundidos el domingo en el programa Punto final, y documentos que también llegaron a Perú21, se produjo un cambio de opinión en el directorio de Ositran que evaluaba el informe técnico sobre la adenda de Chinchero.
Las grabaciones y las actas que llegaron a esta redacción dan cuenta de lo sucedido en las reuniones de directorio de Ositran de los días 18 y 20 de enero de 2017.
En la sesión del 18 de enero se puso en conocimiento del Consejo Directivo el Informe N° 004-2017-GRE-GSF-GAJ-OSITRAN, mediante el cual se emite opinión técnica respecto de la mencionada adenda. Participaron la entonces presidenta del Consejo Directivo, Patricia Benavente (PB), y los miembros del directorio Alfredo Dammert (AD) y Antonio Balbuena (AB).
En algunos fragmentos del diálogo se escucha a Benavente expresar lo “peligroso” que resulta (aprobar la adenda) y le señalan que, en los tres primeros años, el proyecto se ejecutará solo con la plata del Estado. “¡Qué horror! ¡Dios mío!”, se le escucha decir a la ex presidenta de Ositran.
En un fragmento, Benavente evalúa con Dammert y Balbuena el informe expuesto: 
-PB: ¡No puede ser que hagan esto!
-AD: A mí me parece que el análisis está muy bueno. Este es un proyecto importante para el país. Ahora, si yo viera que no hay salida, no diría eso, porque las cosas, si no se puede, no se puede. Pero yo creo que, mi opinión es que podríamos ser un tanto más flexibles y tomar en cuenta un montón de cosas que se han dicho acá.
-PB: O lo que usted está diciendo es yo sí voy a dar una opinión favorable.
-AD: Yo sí voy a dar una opinión favorable, pero sujeto a todas estas cosas que ustedes dicen.
-PB: Ya, mire, si usted va a tomar el riesgo funcional…
-AD: Es mío, no te quiero involucrar…
-PB: No. No, no me va a involucrar y esto sí quiero que quede en el acta, que realmente me preocupa que habiendo hecho la línea de Ositran una sustentación técnica tan sólida…
-AD: Que me parece muy sólida…
-PB: …Y sobre todo, reconociendo usted que es muy sólida, usted se permita dar un voto en contra.
-AB: Como ingeniero, me encantaría que esto saliera así por un tubo, que saliera un proyecto tan grande de este tipo. (…) Pero yo veo también que tiene una serie de falencias que no vienen de nosotros definitivamente y no le echaría la culpa al concesionario. Veo que está muy mal hecho el contrato por parte del Estado.
-PB: ¿Tu voto es en qué sentido?
-AB: Sería favorable, pero sujeto a una serie de… ya no sé qué palabra utilizar, pero propuestas… no pueden ser propuestas. 
-PB: ¿Sujeto a que se hagan qué cambios?
-AB: Un análisis. Me parece que, así como lo ha redactado el MTC, o son brutos o lo han hecho a propósito.
Luego de eso se acuerda respaldar un informe desfavorable sobre la adenda, pero señalando observaciones que el MTC pudiera corregir. Dammert concluye señalando: “Estamos quedando que lo vamos a hacer así, es una salida constructiva”.
Pero dos días después, la situación cambió. Dammert y Balbuena se negaron a aprobar el acuerdo del 18 de enero sin dar ninguna explicación. Luego, la adenda se firmó.

Apenas cuatro días después de que los otros dos directores cambiaran el sentido de su voto sobre el informe de la adenda, la presidenta del Consejo Directivo de Ositran, Patricia Benavente, renunció al cargo.

Según se informó, uno de los aspirantes es, precisamente, Antonio Balbuena.
Días después de lo ocurrido en Ositran, el presidente Kuczynski firmó la adenda con Kuntur Wasi.



Peru21
El vocero de Fuerza Popular, Luis Galarreta, señaló que los audios y las actas enturbian todo el proceso de la adenda y el ministro deberá referirse a estos hechos durante la interpelación. “Aquí queda claro que dos directores de Ositran cambiaron de opinión. ¿Por qué?”, puntualizó.
Víctor Andrés García Belaunde señaló que con esto se confirma que “es una adenda impuesta por el gobierno”, y esto, dijo, complica al ministro de Transportes.



Peru21
Game-changer
Juan José Garrido
(…)
…los audios propalados por Mónica Delta el día domingo son un “game-changer”, como dicen los gringos. Cambiaron la dinámica del proceso. Hasta el domingo, antes de los audios, la interpelación acababa ahí en un 90% o más. Escuchados los audios, ese porcentaje baja considerablemente.
No se escucha ninguna referencia a un acto corrupto, tampoco se soslaya. Pero deja la sensación de que algo hubo, un exceso de voluntarismo, amigos hablando al oído, lo que sea. Algo. Y ese “algo”, en un entorno crispado por Odebrecht, donde todos están hipersensibles, pues cambia la dinámica del juego.



El Comercio
El ministro de Transportes, Martín Vizcarra, afirmó que la interpelación en su contra obedece a intereses políticos. “Intereses centralistas –sostuvo- que no quieren que se hagan proyectos".



El Comercio
Los gobiernos regionales de Apurímac, Arequipa y Cusco emplazaron al Congreso por la interpelación al ministro de Transportes, Martín Vizcarra.
En pronunciamiento difundido hoy, consideran “injusta e inoportuna” la interpelación “y probable censura” del ministro Vizcarra cuando se requiere “estabilidad política para no detener el crecimiento económico ni la ejecución de los proyectos estratégicos”.
Los tres gobiernos regionales expresan su “solidaridad institucional y respaldo” a la gestión del ministro de Transportes. El pronunciamiento está firmado por los gobernadores Edwin Licona (Cusco), Yamila Osorio (Arequipa) y Wilber Venegas (Apurímac).
Consideran que el Gore Ejecutivo es un “importante espacio de trabajo intergubernamental que posibilita la evaluación y priorización de proyectos estratégicos de articulación territorial” y añaden que “dentro de ellos se encuentra la construcción del aeropuerto internacional del Chinchero”.



La República
Una fuerte opinión regional
Mirko Lauer
Un pronunciamiento de los gobernadores de Apurímac, Arequipa y Cusco no solo pone en evidencia el apoyo a Martín Vizcarra en esas tres regiones, y probablemente en varias más, sino además es una útil ventana para entender mejor el ánimo en los espacios políticos que no son Lima. También en ellos hay preocupación.
La solidaridad con Vizcarra no debe sorprender. La presencia de ministros con experiencia de gobierno regional puede hacer toda la diferencia en el impulso a proyectos alejados de la capital. Un ex gobernador de Moquegua como él le añade a la cosa una particular empatía con la zona sur del país, que además fue la que votó Kuczynski.
Hay un obvio temor a que la salida de Vizcarra trabe iniciativas que ya están en marcha. Bastante amenaza ya es de por sí el encogimiento de los cánones, en un contexto de desaceleración de la economía. Por eso también hay en el texto una frase de saludo a las medidas de reactivación económica recién anunciadas desde Lima.
Mención aparte merece la presencia del gobernador del Cusco en el documento, con la implícita convicción de que una permanencia de Vizcarra en Transportes puede garantizar que el aeropuerto de Chinchero, definido como “proyecto estratégico de articulación territorial” llegue a buen término.
Esta es la primera vez que un grupo de regiones que participan en la articulación con el Ejecutivo llamada GORE asume una postura política, en defensa de las aspiraciones económicas de sus poblaciones. Más allá del caso Vizcarra, esto abre la puerta a pronunciamientos de otras regiones en otros temas de su preocupación.
En cierto modo también estamos hablando de las elecciones del 2018. Si bien las encuestas de popularidad son relativamente parejas por todo el país, estas no entran realmente a explorar las inquietudes del provinciano por el futuro de su día a día económico. Paquetes de expectativas, como la de la suma de proyectos y estabilidad.
Sin embargo es notoria la ausencia de otros gobernadores en el comunicado. Quizás la idea fue hacer un planteamiento específicamente sureño, pero aún así. No interesarse en llevar los intereses locales al espacio nacional es mala política. Los medios deberían explorar las opiniones de una cantidad suficiente de figuras regionales y municipales.



Expreso
Aunque trató de evitar dar nombres y precisar detalles, el  expresidente del Comité de Proinversión en proyectos de infraestructura, Sergio Bravo Orellana reveló finalmente ayer en el Congreso que luego de que la Contraloría enviara el 4 de agosto de 2005 un documento señalando que la constructora Odebrecht tenía un juicio pendiente con el Estado, decidió parar la firma del contrato del proyecto IIRSA Sur (carretera Interoceánica). Sin embargo el Consejo Directivo de dicho ente, integrado por varios ministros, entre ellos el de Economía, Pedro Pablo Kuczynski (PPK), le pidió que continuara con el proceso de concesión.
En una maratónica sesión de la Comisión Lava Jato, en la que los integrantes del grupo de trabajo lo conminaron a decir la verdad, Bravo Orellana informó que fue convocado, ese día a las 10 am, a Palacio para participar de la firma del contrato, mientras que los otros dos miembros de Proinversión,  Alberto Pascó-Font Quevedo  y Patrick Barclay Ménde– se encontraban en el local institucional comunicándose permanentemente con él.
“Decidimos elevar al Consejo Directivo de Proinversión la presente Acta, sus informes y documentación, a efectos que dicho cuerpo colegiado determine la continuación o suspensión de la suscripción de los contratos de Concesión de los Tramos Viales 2, 3 y 4 del Proyecto Corredor Interoceánico Sur. Perú – Brasil. Luego de unas horas nos ordenaron continuar”, dijo ante la comisión.
Narró que con los informes legales de la Gerencia Legal de Proinversión y del Estudio Monroy, en los que se concluía que no existía impedimento legal alguno para continuar con la suscripción de los contratos de concesión,  las nuevas declaraciones juradas de los adjudicatarios y las cartas fianza de fiel cumplimiento de las obligaciones de contrato presentadas por estos, se remitió la información al Consejo Directivo, que había reanudado su sesión a las 13:27 horas del día 4 de agosto de 2005 en Palacio de Gobierno.
Los ministros que conformaban el Consejo Directivo eran PPK,  Carlos Ferrero Costa, José Ortíz, Glodomiro Sánchez Mejía, David Lemor y Alfredo Ferrero Diez- Canseco. De acuerdo a la versión de Bravo, fueron ellos quienes dieron la orden de continuar con el proceso.
Durante la sesión, Bravo indicó que el informe de Juan Monroy fue recibido el mismo 4 de agosto en las instalaciones de Proinversión, sin embargo el documento está firmado por él pese a que, según dijo, en ese momento estaba en Palacio de Gobierno.
EXPRESO pudo acceder al documento que fue proporcionado por la legisladora Karina Beteta (FP) y en el que efectivamente se puede apreciar que Bravo es el que recibió el controvertido informe.



Expreso
Informe Legal N° 383-2005-LEG-PVZ, del 4 de agosto de 2005, que contiene la ratificación de las conclusiones vertidas en el informe oral realizado previamente ante el Comité.
Conclusión:
4.1 “Dado el compromiso que se exigió en las bases a través de la declaraciones juradas, que estuvo referido únicamente a la inexistencia de proceso judicial o arbitral “iniciado” por el Estado, el hecho que Constructora Queiroz Galvao S.A. tenga proceso judicial en contra del Estado, no afecta la participación del Consorcio Intersur en el concurso ni la suscripción del contrato de concesión del Tramo N. 4”
4.2 “Al no existir identidad entre las empresas demandadas y las empresas que conforman los consorcios adjudicatarios de la buena pro del concurso para los tramos 2 y 3 del proyecto corredor vial Interoceánico Sur – Perú – Brasil, resulta inexacta la afirmación de la Contraloría en el sentido que las empresas que integran los consorcios que han obtenido la buena pro tengan procesos judiciales iniciados por el Estado”
4.3 “…ante inexistencia de pruebas presentadas por la CGR que permitan desvirtuar las declaraciones juradas complementarias presentadas por… deben tenerse por válidas…”



El Comercio
Ayer se inició el juicio oral a 18 dirigentes del denominado Frente de Defensa de los Recursos Naturales de la Zona Sur de Puno, implicados en la violenta protesta en contra del proyecto minero Santa Ana y, en general, contra la actividad minera en esa región.
Los hechos se remontan a fines de mayo del 2011, cuando miles de ciudadanos iniciaron una serie de manifestaciones para rechazar las concesiones mineras otorgadas en la citada región altiplánica.
Las protestas incluyeron saqueos y quemas de instituciones públicas, como la Prefectura Regional, la Sunat, la Contraloría General de la República y Aduanas.
El clima de violencia se extendió a bloqueos constantes de carreteras y marchas que incluían la quema de llantas.
El 24 de junio del 2011, un grupo tomó la pista de aterrizaje del aeropuerto de Juliaca. Cinco personas murieron tras los enfrentamientos con la policía.
Luego de más de un mes de actos vandálicos, el gobierno del entonces presidente Alan García (a escasos meses de dejar el poder) canceló la licencia de exploración por el proyecto Santa Ana otorgada a la empresa minera canadiense Bear Creek.
El Ministerio Público acusó al dirigente antiminero Walter Aduviri Calisaya de encabezar las movilizaciones. Para él, se han pedido 28 años de cárcel. Para los demás acusados, las penas solicitadas van desde los 16 hasta los 27 años de prisión efectiva.






GOBERNABILIDAD, DEMAGOGIA, AUTORITARISMO, DEMOCRACIA



El Comercio
El congresista Javier Velásquez Quesquén, vocero de la Célula Parlamentaria Aprista, es uno de los parlamentarios que plantea que el Perú suspenda la organización de los Juegos Panamericanos 2019 y que el Gobierno use los recursos destinados a ese evento en la reconstrucción de las zonas afectadas por las lluvias, como Piura
A través de un proyecto de ley, el aprista propone derogar los decretos legislativos N° 1248 y 1335, que contienen lineamientos para agilizar la inversión y la ejecución de proyectos para los Juegos Panamericanos 2019.
El aprista recordó que, pese al tiempo transcurrido, cuatro años desde la designación como sede de los Juegos Panamericanos 2019, las autoridades responsables de implementar la infraestructura deportiva, así como la Villa Deportiva, "no han ejecutado nada".
Según la información más reciente que brindó el Ministerio de Educación ante el Congreso, en total se planea invertir para los Juegos Panamericanos 2019 unos S/4.125 millones.



Expreso
Los Juegos Panamericanos Lima 2019 están nuevamente en el ojo de la tormenta, luego de que la Confiep exhortara al Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski a desistir de su organización, para destinar estos recursos a la reconstrucción de las ciudades del norte que son azotadas por las lluvias.
“Yo creo que deberíamos orientar todo los recursos que podrían invertirse en los Panamericanos a reconstruir el área norte. Hemos tenido varios proyectos que vienen del Gobierno anterior pero son proyectos enormes, de unos recursos ingentes que tienen que ser invertidos y los Panamericanos es uno de esos casos”, refirió Roque Benavides, quien la semana pasada asumió las riendas de la Confiep.
“Creo que es mucho peor a lo ocurrido en el año 83, y mucho peor que lo del 98”, refirió.



Expreso
El presidente Pedro Pablo Kuczynski rechazó desistir de la organización de los Panamericanos. “Sería realmente una tragedia no poder cumplir”, manifestó.
“Vamos a destinarle todos los recursos necesarios para la reconstrucción”, aseveró. El último domingo, el ministro de Transportes, Martín Vizcarra, admitió que los Panamericanos no representan rentabilidad económica para el país. “Es rentabilidad social”, comentó



Canal N
En los Niños de 1983 y 1998, la reconstrucción de la zonas afectadas costó más de tres mil millones de dólares.
El presupuesto de los Juegos Panamericanos es de unos 1,200 millones de dólares.



Expreso
José Luis Tapia Rocha
Mientras Piura se va destruyendo de a pocos, el ministro de Transportes, Martin Vizcarra, insiste en convencernos que los Juegos Panamericanos son un beneficio para el país, admitiendo que no tiene ninguna rentabilidad. Es un gasto que dice va a servir para la educación de la niñez.
El costo total de los Panamericanos es de S/ 4,125 millones. Solo en gastos para hacer operativos los Panamericanos se irán S/ 1,376 millones, de los cuales S/ 169 millones corresponderán pagar a Deloitte, una empresa de consultoría y auditoría, que tendrá a su cargo el personal directivo, administrativo, operativo, y asesoría especializada.
De los S/ 3,000 millones que el gobierno de Humala ahorró para enfrentar el fenómeno El Niño a comienzos del 2016 solo hay a la fecha S/ 300 millones. ¿Qué sucedió con el resto? Se revirtió a la caja fiscal para otros fines.
El Gobierno de PPK no reconoce que la ciudadanía tiene una percepción diferente de la priorización del gasto del Estado. No ve con buenos ojos que en estos momentos se esté gastando miles de millones de soles en un evento deportivo cuando tienes una emergencia.
(…)



El Comercio
En declaraciones a la prensa, Fernando Zavala afirmó que la situación que adolece el norte del país y la organización de los Juegos Panamericanos 2019 "son dos cosas diferentes".
"Lo que tenemos que ver hoy día es el presupuesto para estas acciones [de reconstrucción]", dijo.
Zavala dijo que hoy se realiza un Consejo de Ministros en Piura y ahí precisarán el monto que se destinará al norte del país.
"Se están destinando recursos de S/500 millones a nivel nacional, Piura tendrá un presupuesto adicional", detalló.
"Muchos de estos recursos, que se han distribuido a nivel de gobiernos locales, no están llegando y eso no puede ser", remarcó.






NARCOTERRORISMO, INTELIGENCIA, FFAA, DDHH, USO DE LA FUERZA



Expreso
La presidenta de la Comisión Nacional para el Desarrollo de Vida sin Drogas (Devida), Carmen Masías Claux, expuso ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en representación del Gobierno Peruano.
Durante el 60° Periodo de Sesiones de la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas que se celebra en Viena (Austria), del 13 al 17 de marzo de 2017, la titular de Devida dijo que en el Perú el narcotráfico se ha infiltrado en los partidos políticos con la finalidad de acceder al poder en forma directa y tener presencia en los cargos de elección popular.






LIBERTAD ECONOMICA, GLOBALIZACION, REFORMAS, INVERSION



Expreso
A partir de mañana miércoles la Reserva Federal (FED) subiría las tasas estadounidenses de interés.
El mercado laboral mostró en febrero una fuerte creación de empleos y una caída en una décima de punto porcentual a 4.7 % de la tasa de desempleo.
El FOMC iniciará su reunión de dos días el martes y al día siguiente anunciará su decisión.
Analistas dicen que la Fed alcanzó las metas de empleo e inflación a pesar de otros datos económicos no tan buenos.
Pese a ese escenario, el gobernador de la Fed, Lael Brainard, observó que aún queda “espacio para una mayor mejora de la economía”.

Tras dos bajas consecutivas, el tipo de cambio subió al cierre de la sesión de ayer ante el inicio de la reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos. 

lunes, 13 de marzo de 2017

ESTA NOCHE lunes 13 marzo 2017



ESTA NOCHE, donde usted se entera no de todo lo que ocurre, sino de lo que necesita saber.

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MEDIA COLUMNA
Rígido es frágil


Jorge Morelli
@jorgemorelli1
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El vicepresidente y próximo interpelado ministro Martín Vizcarra se pronunció nuevamente a favor de que sigamos adelante con los juegos Panamericanos, que le costarán al Perú 1,600 millones de dólares.

Queda descartado, ante todo, que este sea un negocio mejor o peor. No es un negocio. El propio Vizcarra lo ha reconocido al decir que "el cien por ciento no se va a recuperar”, pero no importa, porque no se trata de rentabilidad económica, sino de rentabilidad “social". Económicamente, entonces, el proyecto es a pérdida. La rentabilidad “social” es asunto subjetivo.

Vizcarra justifica destinar los recursos escasos a los Panamericanos porque son “inversión en infraestructura deportiva”. Algo de dudosa prioridad, sin embargo, al lado del desastre de las inundaciones en el norte. De hecho, la Confiep se ha pronunciado ya por que ese dinero se destine a la reconstrucción de Piura. La iniciativa ha sido respaldada por una representante de la región integrante de la mayoría parlamentaria.

La verdad es que esa plata va a ir al rescate de las empresas constructoras, en pleno naufragio por la desaceleración de la economía y las penurias de las empresas por la corrupción endémica de sus socios brasileños.

Le toca al presidente Kuczynski ser el árbitro de la cuestión. Y sale a respaldar a su ministro diciendo que sería una “tragedia” incumplir el compromiso de los Panamericanos. Del mismo modo fue llevado Kuczynski por Vizcarra a la firma del contrato de Chincheros.

La tragedia parece, más bien, la tenacidad con que este gobierno se niega a considerar simples cuestiones de sentido común en la determinación de las prioridades del país. Ser flexible lo haría resistente, pero insiste en tener las prioridades de cabeza.

La fragilidad es el precio de su rigidez.  



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GOBERNABILIDAD, DEMAGOGIA, AUTORITARISMO, DEMOCRACIA



El Comercio
El ministro de Transportes, Martín Vizcarra, afirmó que la interpelación en su contra obedece a intereses políticos. “Intereses centralistas –sostuvo- que no quieren que se hagan proyectos".



El Comercio
Los gobiernos regionales de Apurímac, Arequipa y Cusco emplazaron al Congreso por la interpelación al ministro de Transportes, Martín Vizcarra.
En pronunciamiento difundido hoy, consideran “injusta e inoportuna” la interpelación “y probable censura” del ministro Vizcarra cuando se requiere “estabilidad política para no detener el crecimiento económico ni la ejecución de los proyectos estratégicos”.
Los tres gobiernos regionales expresan su “solidaridad institucional y respaldo” a la gestión del ministro de Transportes. El pronunciamiento está firmado por los gobernadores Edwin Licona (Cusco), Yamila Osorio (Arequipa) y Wilber Venegas (Apurímac).
Consideran que el Gore Ejecutivo es un “importante espacio de trabajo intergubernamental que posibilita la evaluación y priorización de proyectos estratégicos de articulación territorial” y añaden que “dentro de ellos se encuentra la construcción del aeropuerto internacional del Chinchero”.



El Comercio
El vicepresidente y ministro de Transportes, Martín Vizcarra, se pronunció a favor de que se sigan realizando las obras de los Juegos Panamericanos Lima 2019, a pesar de los cuestionamientos.
"Los Panamericanos son una inversión en infraestructura deportiva [...] No es un tema de rentabilidad económica, es rentabilidad social", sostuvo.
"El 100% no se va a recuperar, definitivamente, pero un gran porcentaje de esa inversión sí regresará gracias a la venta de las viviendas", comentó.



La República
El presidente, Pedro Pablo Kuczynski, indicó que sería una tragedia no cumplir con los Panamericanos. Aseguró que la reconstrucción de las zonas afectadas se llevará a cabo sin la cancelación de los Juegos.



La República
El presidente de la Confiep, Roque Benavides, expresó que el presupuesto destinado a los Juegos Panamericanos debería ser invertido en atender a los miles de damnificados en Piura.



La República
La congresista de Fuerza Popular Karla Schaefer apoyó la opinión del presidente de la Confiep.



La República
Una fuerte opinión regional
Mirko Lauer
Un pronunciamiento de los gobernadores de Apurímac, Arequipa y Cusco no solo pone en evidencia el apoyo a Martín Vizcarra en esas tres regiones, y probablemente en varias más, sino además es una útil ventana para entender mejor el ánimo en los espacios políticos que no son Lima. También en ellos hay preocupación.
La solidaridad con Vizcarra no debe sorprender. La presencia de ministros con experiencia de gobierno regional puede hacer toda la diferencia en el impulso a proyectos alejados de la capital. Un ex gobernador de Moquegua como él le añade a la cosa una particular empatía con la zona sur del país, que además fue la que votó Kuczynski.
Hay un obvio temor a que la salida de Vizcarra trabe iniciativas que ya están en marcha. Bastante amenaza ya es de por sí el encogimiento de los cánones, en un contexto de desaceleración de la economía. Por eso también hay en el texto una frase de saludo a las medidas de reactivación económica recién anunciadas desde Lima.
Mención aparte merece la presencia del gobernador del Cusco en el documento, con la implícita convicción de que una permanencia de Vizcarra en Transportes puede garantizar que el aeropuerto de Chinchero, definido como “proyecto estratégico de articulación territorial” llegue a buen término.
Esta es la primera vez que un grupo de regiones que participan en la articulación con el Ejecutivo llamada GORE asume una postura política, en defensa de las aspiraciones económicas de sus poblaciones. Más allá del caso Vizcarra, esto abre la puerta a pronunciamientos de otras regiones en otros temas de su preocupación.
En cierto modo también estamos hablando de las elecciones del 2018. Si bien las encuestas de popularidad son relativamente parejas por todo el país, estas no entran realmente a explorar las inquietudes del provinciano por el futuro de su día a día económico. Paquetes de expectativas, como la de la suma de proyectos y estabilidad.
Sin embargo es notoria la ausencia de otros gobernadores en el comunicado. Quizás la idea fue hacer un planteamiento específicamente sureño, pero aún así. No interesarse en llevar los intereses locales al espacio nacional es mala política. Los medios deberían explorar las opiniones de una cantidad suficiente de figuras regionales y municipales.



El Comercio, editorial
La demanda de conformar un Gabinete con menos ‘técnicos’ y más ‘políticos’ planteada por muchos de los críticos del actual gobierno es, en más de un sentido, deleznable.
(…)






ANTICORRUPCION,  PERSECUCIÓN, JUDICIALIZACION POLITICA



El Comercio
A la Comisión Lava Jato han llegado 85 laudos arbitrales de empresas brasileñas con el Estado Peruano: 38 casos fueron vistos por el centro de arbitrajes de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) y 47 por el de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).
Entre el 2003 y el 2016, las empresas brasileñas obtuvieron S/581’095.695 por fallos de arbitrajes emitidos por esos centros. Solo cinco –de los 85 casos– fueron declarados infundados por los mencionados centros de arbitraje.
Existen otros centros de arbitrajes en el país donde las empresas disputaron procesos con el Estado, pero aún no llega toda la información al Congreso. El portal IDL-Reporteros dio a conocer el año pasado 41 casos, de los cuales solo Odebrecht ganó 35 arbitrajes al Estado por una suma de US$254’656.753, también entre el 2003 y el 2016.
Hasta la fecha, la Comisión Lava Jato cuenta con 27 arbitrajes de Odebrecht en la CCL y otros dos casos de la PUCP. El resto de arbitrajes se refiere a consorcios formados por firmas brasileñas: Andrade Gutierrez, Camargo Correa, Queiroz Galvao y OAS.
Los consorcios no solo comprendían a empresas brasileñas. Odebrecht demandó al Estado 24 veces en consorcio con Graña y Montero, JJC Contratistas Generales e Ingenieros Civiles y Contratistas Generales. Todos estos casos fueron vistos por la Cámara de Comercio de Lima.
En la PUCP aparece otra firma peruana, Reyna C. Contratistas Generales, en consorcio con Queiroz Galvao y Camargo Correa. Ellos demandaron al Estado en 14 oportunidades. En el centro de la PUCP existen 21 laudos en trámite.
Una de las líneas de trabajo de la Comisión Lava Jato apunta a las empresas peruanas que acompañaban consorciadas a las firmas brasileñas.
Para el congresista Víctor Andrés García Belaunde, miembro de la Comisión Lava Jato, todo estaba “concertado”. “Algunos representantes de los socios [de las brasileñas] eran directivos de la Cámara de Comercio de Lima. Entonces se elegían árbitros concertados para que fallaran a favor de las brasileñas”, afirmó.
Este Diario, a través de un rastreo en Registros Públicos, detectó que representantes de las empresas brasileñas pertenecieron al consejo directivo de la CCL. Jorge Simoes Barata, el ex directivo de Odebrecht en el Perú que reveló la entrega de dinero a Alejandro Toledo y Nadine Heredia, fue nombrado director de la CCL para el período 2011-2012.
Raymundo Trindade Serra, uno de los hombres de confianza de Barata en Odebrecht, aparece entre el 2014 y el 2016 como miembro del Comité de Infraestructura, Edificaciones e Ingeniería de la misma CCL.
La otra línea de trabajo de la comisión investigadora son los árbitros que fallaron a favor de las brasileñas. El nombre de Horacio Cánepa Torres figura en 17 de los 38 arbitrajes vistos en la Cámara de Comercio. El mes pasado, Mario Mongilardi, presidente de la CCL, indicó que Cánepa no sería ratificado como árbitro en su centro.
Mongilardi también declaró en “Caretas” que el centro de arbitraje mantiene absoluta independencia frente a la institución que preside. Además, indicó que a la fecha existen pendientes nueve procesos cuyo laudo debería emitirse este año. García Belaunde anunció que citarán a Mongilardi y a los abogados recurrentes en casos brasileños.



El Comercio
El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) rechazó la solicitud de arbitraje interpuesta por el Consorcio Chavimochic S.A.C. contra el Gobierno Regional de La Libertad. 
El organismo emitió la notificación de denegación de registro al consorcio el pasado 27 de febrero –tres días después de que este solicitara el arbitraje– bajo el argumento de que el demandante “pertenece a personas jurídicas cuya nacionalidad (Brasil) no es parte del convenio Ciadi”.



El Comercio
El Ministerio Público dispuso ampliar la formalización y continuación de la investigación preparatoria para comprender como autores del delito contra la administración pública, en la modalidad de colusión, a Sergio Bravo Orellana, Alberto Pascó-Font Quevedo y John Patrick Michael Barclay.
Los mencionados fueron incluidos en las pesquisas por su condición de miembros del Comité de Pro Inversión en Proyectos de Infraestructura y de Servicios Públicos, a cargo de la promoción de la concesión de los tramos II y III de la carretera Interoceánica Sur.
De acuerdo a las imputaciones, ellos habrían defraudado al Estado peruano concertándose con la empresa brasileña Odebrecht para favorecerla en el proceso de licitación.
Según la fiscalía, el ex presidente Alejandro Toledo, también investigado por el delito de colusión, habría intervenido directamente en fases del proceso, inclusive en la designación del comité que se hizo cargo posteriormente del proceso de selección.
El artículo 5° del Reglamento de Organización y Funciones de Pro Inversión, aprobado por Decreto Supremo N° 028-2002-PCM, establece que los Comités Especiales se constituyen por Resolución Suprema a propuesta de la Agencia de Promoción de la Inversión (Pro Inversión), Resolución Suprema que firmó el entonces mandatario.
El Ministerio Público sostiene que Alejandro Toledo, en clara vulneración de su deber de resguardar los intereses del Estado, defraudó los mismos concertándose con el interesado, en este caso con el representante de la empresa Odebrecht, Jorge Barata, quien actualmente es colaborador eficaz de la fiscalía.
En la disposición fiscal se detalla la citación a once ciudadanos entre el 20 y 29 de marzo. Entre ellos a Juan Monroy, Percy Velarde, René Cornejo, Alfredo Ferrero Costa y al jefe del Estado Pedro Pablo Kuczynski (PPK); en calidad de testigo.



El Comercio
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Fernando Vivas
Cada país juzga sus trapos sucios como mejor le parece. Aquí lo hacemos de forma bien complicada: el Ministerio Público, o sea los fiscales, es totalmente independiente del Poder Judicial, o sea de los jueces. Con frecuencia, las investigaciones y acusaciones de unos postergan y chocan con las sentencias de otros.
Además, con el tiempo, nos hemos hecho de una figura singular: los procuradores especializados. Contratados para defender los intereses del Estado frente a la corrupción de funcionarios, el narcotráfico o el lavado de activos, entre otras lacras, han ganado tanta autonomía ¡que hasta piden investigar a su principal empleador, el presidente de la República, por un trascendido periodístico! ¿Cómo y por qué llegamos a esto?
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El gran trance de la procuraduría nacional, que marcó todo lo que nos atribuló desde entonces, ocurrió en el 2000. Fujimori le pidió a su ministro de Justicia, Alberto Bustamante, que denunciara a Montesinos; y Bustamante le pidió a su amigo José Ugaz que lo asesorara. Muchos sospechábamos, incluido Ugaz, que se trataba de una mascarada, pero este aceptó el reto y se convirtió en procurador ad hoc para el Caso Montesinos. Ugaz narra en “Caiga quien caiga” (Planeta, 2014) los giros y dilemas que vivió en noviembre del 2000, cuando aceptó el encargo y terminó con su equipo convertido en ‘procuraduría ad hoc’, enfilando baterías contra el propio Fujimori, quien puso pies en polvorosa cuando el video Kouri/Montesinos hizo evidente lo podrido que estaba el régimen.
Joel Segura, jefe de los procuradores de delitos de corrupción entre el 2014 y el comienzo de este gobierno, cuenta que el del 2000 fue “un contexto muy especial”, en el que se justificaba que el procurador presionase por decisiones extremas y cobrara gran protagonismo, teniendo en cuenta que el Poder Judicial y el Ministerio Público estaban debilitados por el régimen recién desmoronado.
El equipo de Ugaz fue parte de la transición. Luis Vargas Valdivia, Ronald Gamarra, César Azabache y Julio Arbizu, en distintos momentos, cobraron tal protagonismo que parecían fiscales empoderados. Y no lo eran. En realidad, el procurador denuncia para que el fiscal abra investigación. Recién cuando estas se abren, el procurador es considerado parte y tiene mayores atribuciones para investigar y perseguir el cobro de las reparaciones civiles y de los millones robados.
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Pero la tensión de las procuradurías especializadas con los gobiernos saltó a las portadas durante el gobierno de Humala. El procurador Julio Arbizu, encargado de los delitos de corrupción, enfiló baterías contra apristas, fujimoristas y, cuando tuvo que hacerlo, contra el propio gobierno. Su separación era inevitable. Unas temporadas después, la procuradora Yeni Vilcatoma cobró mas protagonismo que su jefe Christian Salas, cuando grabó y denunció al ministro Daniel Figallo por comentarios que ella consideró presión indebida delante del asesor presidencial Eduardo Roy Gates.
Tanto antecedente de procuradores en clave alta marcó la campaña última con la promesa, tanto fujimorista como ppkausa, de crear una procuraduría general de la república (PGR) autónoma. Pero las reacciones ante los excesos de la procuradora Katherine Ampuero, sugiriendo investigar a PPK por los trascendidos de una información periodística sobre movimientos financieros que la UIF no admite como veraces, sumados a la denuncia de su colega Amado Enco contra Martín Vizcarra, han hecho que el Parlamento devuelva a comisiones el decreto que creaba la PGR, fruto de la reciente delegación de facultades.

La ministra Marisol Pérez Tello y la jefa del sistema de procuradores, Julia Príncipe, han sido conminadas, por propios y ajenos, a llamar al orden, por lo menos, a la procuradora Ampuero, quien se jactó de tener “los ovarios bien puestos” en la semana de la mujer y de la justicia enervada por la política.