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EL COMERCIO
Salvo el cobre,
todo es ilusión
Waldo Mendoza
La
enorme influencia de las condiciones internacionales en nuestro desempeño
macroeconómico es harto conocida. Lo que es una sorpresa, por lo menos para mí,
es cómo una sola variable, el precio del cobre,
puede afectarnos tanto. Tanto que he llegado a la conclusión que para predecir
qué va a pasar con nuestra economía en
los próximos años, más importante que pronosticar quién va a ser nuestro
próximo presidente, puede ser predecir qué va a pasar con el precio del cobre.
En el
Perú, el 60% de las exportaciones son mineras
y casi la mitad de esas exportaciones son de cobre. Debe ser por eso que entre todas las variables, domésticas
y externas, de lejos, el precio del cobre es la variable económica más
influyente.
En
nuestro país, ¿qué pasa cuando el precio del cobre sube? En primer lugar, la
rentabilidad del sector cuprífero se eleva, lo que alienta la inversión en el sector.
Dada la importancia del cobre dentro
de la inversión minera, y de esta dentro de la inversión privada, la inversión
privada total sube.
En
segundo lugar, se elevan los volúmenes de producción de cobre tanto en las minas en
actividad como en aquellas que no lo estaban por los precios bajos. El PBI
minero se eleva y, por lo tanto, el PBI total.
En
tercer lugar, se elevan los beneficios del sector, por lo que pagan más impuestos
a la renta. Como la mitad del Impuesto a la Renta minera se reparte entre los
gobiernos regionales, los municipios y las universidades públicas como canon, que se usa para hacer
inversiones, la inversión pública también trepa.
Por
último, con un mayor precio del cobre, hasta el Banco Central de Reserva (BCR)
se beneficia. Se eleva el valor de las exportaciones, ingresan más dólares al
país y el precio del dólar
puede bajar. Como el BCR no quiere que el tipo de cambio caiga
mucho, compra dólares y de esa manera sus reservas internacionales se elevan.
En
resumen, cuando sube el precio del cobre,
todo pinta bien: la inversión privada, el PBI, la inversión pública y hasta las
reservas internacionales del BCR suben. ¿Y si bajase el precio del cobre? Todo
pintaría mal.
Podemos
utilizar un indicador estadístico, el coeficiente de correlación, para evaluar
la fuerza de la relación lineal entre el precio del cobre y las variables
mencionadas. Este coeficiente varía entre uno, que significa la existencia de
una correlación positiva perfecta entre las variables, y menos uno, una
correlación negativa perfecta. Con la información del BCR se ha encontrado que en el
período 1950-2016 el coeficiente de correlación del precio del cobre con la
inversión privada es de 0,92, con el PBI es de 0,90 y con la inversión pública
es de 0,83. Asimismo, en el período 1970-2016, la correlación del precio del
cobre con las reservas internacionales es de 0,88.
Estas
correlaciones son muy altas, y como el precio del cobre es una variable
exógena, que no depende de los que pasa en nuestro país, es posible afirmar sin
dudarlo que el precio del cobre tiene una enorme influencia en nuestro destino
económico.
Ojalá
en el 2021 elijamos a un buen presidente. Pero mucho más importante que eso,
amalaya el precio del cobre siga
subiendo.
REPORTE DE NOTICIAS en Internet
Las siguientes notas periodísticas de
política y economía han sido seleccionadas, editadas y ordenadas
temáticamente. No se las debe citar como
tomadas directamente de sus fuentes originales, las mismas que se indican
sólo como una forma de reconocer el crédito
y agradecer la cortesía.
LIBERTAD ECONOMICA, GLOBALIZACION,
REFORMAS, INVERSION
La República
La
Ley de Homologación de Pensiones de Retirados de la Policía Nacional del Perú y
de las Fuerzas Armadas fue promulgada ayer por el Congreso de la República.
Su
presidente, el fujimorista Luis Galarreta, afirmó que su lideresa Keiko
Fujimori “le encargó” aprobar la norma.Dijo que la actual jefa del gabinete,
Mercedes Aráoz, se comprometió a plantear otra solución y jamás presentó una
propuesta. Ante este panorama, según Galarreta, el Congreso tomó la decisión de
aprobar la ley de homologación por insistencia.
El
congresista oficialista y presidente del partido Peruanos por el Kambio,
Gilbert Violeta, informó que el Ejecutivo presentará una demanda ante el
Tribunal Constitucional. “Lo que hace el fujimorismo es populismo fiscal. No
pueden generar iniciativa de gasto. Esto costará cada año 1,300 millones de soles”,
declaró.
Peru21
¿Popular o populista?
Juan
José Garrido
El
Congreso aprobó ayer, por insistencia, la ley sobre las pensiones de militares
y policías, observada, como sabemos, por el gobierno. Para el presidente del
Legislativo, Luis Galarreta, se trata de “un reclamo justo”; para la mayoría de
constitucionalistas consultados, la ley es inconstitucional, ya que se trata de
un gasto cercano a los S/1,100 millones y, como sabemos, el Parlamento no tiene
iniciativa de gasto.
(…)
Dos
cosas a anotar. La primera es que, sea patente o no, en efecto la ley será un
gasto, y no menor. Si ante ello el Legislativo señala razones “de justicia” o
“históricas” (señalando la ley humalista), pues vamos en mal camino. Si de
justicia se trata, mañana ese poder del Estado podría determinar el sueldo
mínimo, o crear algún programa social. Y si de historia se trata, pues
justamente por eso es que se eliminó la iniciativa de gasto: hasta las reformas
de 1990, el fisco era una piñata, y solo al limitar ello es que se pudo empezar
a ordenar la casa.
Preocupa
la facilidad con la cual Fuerza Popular reinterpreta un concepto vital para la
sanidad del erario nacional.
La
segunda anotación es más importante aún. Es notable el giro consistente de
Fuerza Popular hacia el populismo. Ayer fueron las pensiones militares, está en
la mesa el DU 003 plus (que, en el fondo, no es sino la justicia popular antes
que el debido proceso), la amenaza de leyes “antiprensa”, y así. El populismo,
ya sabemos, no responde a ideologías, sino al apetito de poder. El problema es
que se lleva por delante a las instituciones, las cuentas y al país al final.
El Comercio
El ex ministro de Economía, Alfredo Thorne, criticó el nivel de gasto de los proyectos de
ley planteados por el Congreso.
Con ello, Thorne se sumó a las alarmas que ya han hecho sonar el Ministerio de
Economía y Finanzas (MEF),
pues la entidad estima que los proyectos legislativos costarían al Estado entre
S/9.000 millones y S/15.000 millones
El Consejo Fiscal,
comisión autónoma y técnica del sector público, también fue criticado por Thorne, quien cuestionó que no haya
emitido opinión respecto al alto nivel de iniciativa de gasto.
Hoy, la comisión de Presupuesto discute los últimos
ajustes de la Ley del Presupuesto Fiscal de 2018, con la presencia de la
titular de MEF, Claudia Cooper.
Se espera que hoy se apruebe el texto final y pase al pleno del Congreso la
siguiente semana.
El Comercio
Entre agosto y octubre de este año, existen tres
proyectos de ley que perjudicarían la competitividad y productividad del
Perú, según un análisis del Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial
(IEDEP) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).
De los tres proyectos señalados por el análisis, dos
plantean modificar la Constitución Política del Estado. El proyecto de ley N°1875 propone
modificar el artículo 60, relacionado al pluralismo económico.
La iniciativa de la congresista Marisa Glave incorpora
la posibilidad de que "el Estado ejerza su actividad empresarial con el fin de promover la economía del
país, prestar servicios públicos y alcanzar los objetivos de desarrollo".
El proyecto
de ley N° 1944 busca modificar el artículo 58 referido al régimen
económico. La propuesta de la bancada de Nuevo Perú añade al artículo que el
Estado realizará "actividad empresarial directa o indirecta de manera
solidaria" en el sector agropecuario. Esta se encuentra en la comisión de
Constitución.
Otra iniciativa es el proyecto de ley N°1774, que propone modificar el artículo 425 del
Código Penal para considerar a los árbitros como funcionarios o servidores
públicos siempre que entidades del Estado formen parte de la controversia
arbitral. El proponente fue la Fiscalía de la Nación y
se encuentra en la comisión de Justicia.
De acuerdo al Semáforo de la Competitividad del IEDEP
de la CCL que analizó
los 332 proyectos presentados al Congreso, se detectaron
siete proyectos que favorecen la competitividad del
país.
PL N°1760, que facilita
la inversión en tierras ganadas
en el mar. Con ello se intenta recuperar territorio del mar peruano para
volveras las tierras habitables para uso humano.
PL N°2045, que promueve
el mecanismo de Obras por Impuesto (OxI). Esta iniciativa
permitirá la remedicación de pasivos ambientales dentro del Inventario Inicial
de Pasivos Ambientales Mineros.
PL N°1884, con el fin de incrementar
la transparencia de los servicios logísticos prestados a
la carga en las operaciones de comercio exterior. Para ello, se describirá los servicios, los precios y la lista de servicios que
ofrece cada operador.
PL N°1988, que apunta a
reducir la carga de la regulación gubernamental y
evitar los pagos irregulares.
PL N°1868, la ley de
Inclusión Laboral Pro Joven,
que propone fomentar la inserción de jóvenes en el mercado laboral formal
mediante incentivos al empleador.
PL N°2049, que permite la
realización de aportes
voluntarios sin fin previsional a los afiliados al sistema privado de pensiones,
sin necesidad de registrar un mínimo de cinco años de incorporado al sistema.
PL N°02028, que establece
disposiciones para que personas sentenciadas por tráfico ilícito de drogas,
lavados de activos, delitos de terrorismo y delitos contra la administración pública no puedan
prestar servicios para el Estado.
La República
Entrevista a Mauricio Cruz, superintendente
de Odebrecht en el Perú
-En
agosto se hablaba de la venta de la Hidroeléctrica Chaglla. ¿En qué ha quedado
este proceso?
El
comprador envió una carta al Ministerio de Justicia. Odebrechtno participa directamente
del proceso. Tuvimos una reunión con el Minjus en agosto, convocada por el
mismo comprador. En esta reunión ellos manifestaron su intención de comprar el
proyecto bajo el acuerdo del Ministerio. Desde esa fecha estamos esperando
respuesta.
-Esto
fue antes de los cambios en el gabinete. ¿Se han reunido con el actual ministro
de Justicia, Enrique Mendoza?
Hasta
ahora, no. Nosotros no hemos tenido ninguna respuesta directamente.
-¿Para
qué serviría el dinero de la venta de este proyecto?
No
tenemos ninguna intención de que ningún
céntimo vaya al vendedor,
es decir, a Odebrecht. Ese dinero se utilizará íntegramente para pagar a
trabajadores, proveedores, impuestos, todas las deudas que fueron listadas en
la carta que se envió.
-Tampoco
se ha logrado concretar la venta de Olmos.
En
ese caso hay más que un interés de compra, hay un contrato firmado en noviembre
del año pasado. Es una manifestación formal de su interés. Ellos están a la
espera de un pequeño ajuste en el decreto o en el reglamento para que se les
asegure que la concesión no estará sujeta a ninguna penalización o multa.
-Algunas
empresas han planteado la posibilidad de demandar al Estado por el Decreto 003,
al que consideran inconstitucional. ¿Ustedes plantearían alguna estrategia
similar?
No
tengo certeza de qué camino se tomará. Por ejemplo, en el caso del Gasoducto (GSP) somos parte de un
consorcio cuyo liderazgo no es de Odebrecht. Tendrían que ponerse de acuerdo
las tres empresas que lo integran.
-Ustedes
también han pedido que el Estado negocie las reparaciones civiles con
Odebrecht...
Lo
que nosotros creemos es que existe la posibilidad de que haya un acuerdo de
colaboración eficaz que incluya un acuerdo de reparación civil, algo usual que
practican varios países en procesos de colaboración.
-¿Qué
es lo que esperan para una colaboración eficaz?
Lo
que hemos visto es que existe una práctica internacional en la que las empresas
y las personas se someten a la colaboración eficaz y, en contrapartida, reciben
algunos beneficios. Para la empresa, lo principal es acelerar el proceso,
llegar a un fallo final y poder voltear la página. Y para el Estado, la ventaja
es que se acelera un proceso, que por la vía judicial y sin
colaboración eficaz puede durar años.
-En
otros países, siguen operando, ¿verdad?
En
ninguno de los otros países hay una prohibición para contratar. Esa es la base
del acuerdo de colaboración. En general, lo que buscan los países es tener la
información.
-Solo
para pagar sus deudas en Estados Unidos, Brasil y Suiza se había acordado 2 mil
600 millones de dólares. ¿Cómo están pensando pagar?
Hay
que hacer una precisión sobre ese número. Si fuera al contado, el total sería
de mil millones; sin embargo, se nos ha otorgado un plazo de 23 años para
pagar la suma de 2 mil 600 incluyendo los
intereses.
-¿Se
arrepienten de haberse sometido al proceso de colaboración en nuestro país?
Se
cree que el decreto es un desincentivo muy fuerte para que la empresa colabore,
pues estamos con todos los bienes bloqueados. Es algo que seguramente puede
estar asustando a muchas empresas, pero Odebrecht, el año pasado, tuvo el
compromiso de colaborar con todos los países en los que actuamos.
ANTICORRUPCION,
PERSECUCIÓN, JUDICIALIZAC ION POLITICA
Peru21
La jueza Elizabeth Arias Quispe declaró fundada la
solicitud de control de plazo presentada por la lideresa de Fuerza
Popular, Keiko Fujimori,
y su esposo Mark Vito y ordenó a la Fiscalía concluir la fase de investigación preliminar que se le sigue a ambos por
el caso cócteles.
En la resolución con fecha 17 de noviembre, a la que
accedió Perú21, la
magistrada acogió el sustento de la defensa de Fujimori, quien alegó que el
Ministerio Público abrió indagación a su patrocinada el 8 de marzo de 2016, con
un plazo de duración de 60 días. Es
decir, esa fase culminaba el 7 de mayo del mismo año.
En ese sentido, el Poder Judicial advirtió que los posteriores pedidos de ampliación de
tiempo —por 60 días más cada uno— formulados por el fiscal fueron posteriores
al periodo inicial concedido. El primer pedido (20 de mayo de 2016)
se hizo después de 13 días de vencido el plazo otorgado; la segunda solicitud
fue dos meses y 17 días después de concluido el plazo (6 de octubre de 2016); y
la tercera fue aplicada después de 8 meses.
El 27 de setiembre de este año, el fiscal José Pérez
dispuso adecuar el caso cócteles a la Ley de Crimen Organizado, con lo que se
otorgaba hasta 36 meses para indagar.
"En consecuencia, se puede evidenciar que el
Ministerio Público expidió diversas disposiciones fiscales de ampliación de
plazo de la investigación preliminar cuando ya se encontraban vencidos en exceso los plazos previstos
inicialmente", se lee en el documento.
La jueza, además, le dio un plazo de diez días al
fiscal Pérez para que "emita pronunciamiento correspondiente" y decida si formalizará o no investigación
preparatoria en el caso.
Como se sabe, la Fiscalía indaga la procedencia de los fondos que generaron los
cócteles realizados por el fujimorismo y que sirvieron para
financiar su campaña presidencial del 2016. En este proceso, también se incluye
a la ONG LVF Liberty Institute por registrar aportes en la misma campaña.
La República
El Poder Judicial finalizó la etapa de
investigación preliminar contra Keiko Fujimori y su esposo Mark
Vito Villanella por
lavado de activos, en el marco del caso de los cócteles y aportes de
Fuerza Popular.
La
jueza Elizabeth Arias Quispe dispuso que en un
plazo de 10 días el fiscal José Domingo Pérez Gómez, responsable de la
investigación, debe pronunciarse y proceder a formalizar investigación
o archivar el caso.
La
resolución N° 2, con fecha 17 de noviembre, de la jueza dice que cuando el
fiscal procedió a ampliar el plazo de investigación, en el marco de la Ley
Contra el Crimen Organizado, los plazos que señala la ley para una indagación
preliminar ya habían concluido.
Arias Quispe sostiene
que los jueces que vieron inicialmente el caso, es decir Germán Juárez,
debieron ampliar los plazos de investigación antes de que concluyeran. Dijo que
al no hacerlo cometen una arbitrariedad.
En
esa línea, la jueza establece que la investigación preliminar se inició el 8 de
marzo del 2006, que tuvo dos ampliaciones por 60 días, cada una, y una tercera
por 90 días adicionales.
"La
fiscalía no indicó que se trataba de una investigación de un caso compleja o de
crimen organizado (en ninguna de las disposiciones de ampliación) sino hasta,
recién después de transcurridos 18 meses y 20 días de iniciada la investigación
preliminar en que la fiscalía mediante disposición N° 13 establece que el
delito investigado debe adecuarse al de una organización criminal", dijo.
Esta
es la resolución que se emitió luego de la audiencia de control de plazo que
realizó el miércoles pasado, donde Keiko y su esposo
solicitaron que se disponga la conclusión de la etapa de investigación
preliminar del caso.
El Comercio
La fiscalía decidió el pasado 3 de noviembre reabrir
una investigación por presunto lavado de activos contra el ex secretario
general de Fuerza Popular Joaquín Ramírez, proceso donde también ha sido
incluida la ex candidata presidencial.
El Comercio
La Comisión Permanente aprobó ayer otorgar un plazo de
15 días (hábiles) para que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales
investigue la acusación contra el Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez.
Al ser esta una investigación por infracción a la
Constitución, en el pleno se requieren 69 votos (dos tercios del número de
miembros del Congreso sin participación de los de la Permanente). Fuerza
Popular, sin contar a sus 15 integrantes de la Comisión Permanente, tiene 56
votos. Es decir, requieren votos de 13 congresistas de otras bancadas para
destituir a Pablo Sánchez.
Si en el informe final de la subcomisión se recomienda
acusar constitucionalmente a Pablo Sánchez, esa propuesta debe verse en la
Comisión Permanente. Si esta la aprueba, deberá formarse un grupo acusador para
llevar el caso al pleno del Congreso.
Desde que la Subcomisión de Acusaciones
Constitucionales recibe una denuncia hasta que se envía el informe final de
esta a la Comisión Permanente, pueden pasar 50 días, según el libro “Manual del
Parlamento” (César Delgado-Guembes, 2012). En el caso de la denuncia contra el
fiscal de la Nación el proceso podría terminar en 37 días. La decisión fue
adoptada por la mayoría fujimorista: 13 de sus 15 miembros titulares votaron a
favor (los dos restantes no estuvieron en la sesión). En contra estuvieron los
oficialistas Vicente Zeballos y Gino Costa; Marco Arana y Wilbert Rozas (Frente
Amplio); Marisol Espinoza (Alianza para el Progreso); y Jorge del Castillo (Apra).
A diferencia de Del Castillo, su colega Mauricio Mulder optó por la abstención.
Igual decisión tomó Víctor Andrés García Belaunde (Acción Popular).
La República
Columna de Alvarez Rodrich
El debate de si Fuerza Popular
(FP) está demoliendo la democracia por torpeza o adrede, puede tener interés
académico, pero su implicancia real es la misma pues, torpeza o adrede, el
partido de Keiko Fujimori igual está demoliendo la democracia.
(…)
¿Acusar, simultáneamente, a
cuatro integrantes del TC por una decisión propia de su función, al fiscal de
la nación por la investigación a Joaquín Ramírez, y al ministro del interior
por el retiro de 37 generales en el marco de la ley; amenazar al periodismo con
una decena de torpedos contra la libertad de expresión; y acorralar al
presidente de la república con esa ganzúa institucional que es la comisión lava
jato, es nada más que colección de torpezas, o plan armado con un propósito
destructor obvio?
(…)
¿No sugiere algo el planteamiento
alambicado del secretario general de FP José Chlimper de que se “opondría a
cualquier tipo de intento político de vacancia”, lo cual deja abierta la puerta
para el patadón de salida…?
(…)
