martes, 11 de diciembre de 2018

ESTA NOCHE sábado 8 diciembre 2018



ESTA NOCHE, donde usted se entera no de todo lo que ocurre, sino de lo que necesita saber.


MEDIA COLUMNA
El éxodo caviar no basta


Jorge Morelli
@jorgemorelli1
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Renunció el ministro de Trabajo luego del discurso de su jefe en CADE, donde el Presidente dijo que en el 70% de informalidad existente en el mercado laboral “uno de los factores es el alto costo laboral no salarial” ante el que “el empleador opta por contratos temporales que desprotegen al trabajador”. Habló de construir los consensos políticos y sociales necesarios para la generación de empleo formal. “Aunque muchos tienen miedo de enfrentarlo, lo estamos haciendo”, remató el Premier al día siguiente.

Más claro no canta el gallo. Era un llamado a la necesidad de la reforma, al que el ministro reaccionó mal. Dijo que el Presiente solo estaba iniciando un debate para el cual la opinión del Premier era un insumo. Añadió que no existe ningún plan de reforma, que el Consejo Nacional del Trabajo tendría que estudiarlo, y que se mantendría en el puesto mientras el Presidente quisiera. Horas después presentó su renuncia.       

¿Significa la salida del ministro una redefinición de la línea política del gobierno?

No necesariamente. El éxodo caviar es una constante en todos los gobiernos. El entrismo los lleva siempre a hacerse reclutar por toda nueva administración a cambio de ministerios. Luego de algún tiempo de trabar toda reforma, obstaculizar el avance del país y pelearse con el resto del gabinete, terminan saliendo del gobierno dejando atrás la Tierra Prometida para volver al desierto. No hay nada que lamentar en la salida de los caviares del gobierno de Vizcarra.

Lo importante sería que el gobierno decida acometer la reforma. Bastaría, en tal caso, con que se allane a modificar, con el Tribunal Constitucional, la regla vigente de la reposición como compensación por el despido. Es la primera preocupación de los empresarios. Lo que corresponde a cambio del despido es la indemnización. Las situaciones posibles son muchas. No es lo mismo una discrepancia con el empleador que el caso de la empresa que necesita despedir al borde de la quiebra. Los laboralistas saben muy bien las causales. Ese no es el tema.

El asunto es que la discrecionalidad para imponer la reposición es una mala trampa que ha obstaculizado la evolución de las empresas peruanas y, en última instancia, frenado la economía por décadas desde que el Tribunal Constitucional dispusiera esa arbitrariedad. Es una de las peores decisiones de la historia económica del Perú.   

Y ha llegado el momento de tomar al toro por las astas. El éxodo ritual de la caviarada no es prueba suficiente. Siempre se van del gobierno dejando sembrados tras de sí en lugares clave a expertos en que las reformas se traben y terminen en el pantano. En efecto, hoy la meta de la izquierda caviar y radical es impedir a como dé lugar la inversión en el Perú de los cien mil millones de dólares o más que hacen falta para entrar a la economía global del siglo XXI.
  
Por lo mismo, si el Presidente ha tomado ya la decisión política de liderar la reforma que destraba la inversión, basta eso para justificar su gobierno.

 

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miércoles, 5 de diciembre de 2018

ESTA NOCHE miércoles 5 diciembre 2018


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MEDIA COLUMNA
Delatores premiados


Jorge Morelli
@jorgemorelli1
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Según parece, el anunciado acuerdo del Estado peruano con Odebrecht permitiría obtener de los funcionarios de la empresa brasileña nuevas evidencias de corrupción contra políticos y funcionarios peruanos.

 

A cambio, en primer lugar, el acuerdo permitiría a la empresa brasileña vender sus activos en el país, que ascenderían a unos 4,500 millones de dólares. Un caso típico sería el caso de la hidroeléctrica de Chaglla, que Odebrecht ha negociado vender al consorcio China Three Gorges por unos 1,300 millones de dólares, y que espera solo la firma del acuerdo con el Estado para proceder. La empresa y el Estado se repartirían en partes iguales el importe de la venta. La mitad del Estado iría a un fideicomiso administrado por el Banco de la Nación donde quedaría depositado provisionalmente como garantía del pago de una reparación civil.

 

El Perú estaría pactando con la empresa, en segundo lugar, el pago de la reparación civil por los actos contra el Estado peruano, cuyo monto hasta el momento no se conoce. En algún momento se estimó que el importe de la reparación civil sería una cifra aproximada al monto que quedaría en garantía en el fideicomiso del Banco de la Nación luego de la venta de Chaglla.

 

En tercer lugar, el Estado permitiría a la empresa brasileña seguir operando en el Perú.

 

La empresa estaría reconociendo, en cuarto lugar, que pagó sobornos en siete megaproyectos únicamente, y el Perú aceptaría ese hecho.

En quinto lugar, el Estado estaría asegurando a los ejecutivos brasileños que entreguen la información requerida lo que la prensa llama "excepciones de pena”, es decir la garantía de que no serán procesados en el Perú por lo que revelen. Es un valor entendido, además, que sus declaraciones no tendrán validez en Brasil y no pondrán en peligro, por lo tanto, su status de “delatores premiados” ante la justicia de su país.

 

A cambio de todo lo anterior, como se dijo líneas arriba, los ejecutivos brasileños entregarían nuevas evidencias contra políticos y funcionarios peruanos en el pago de sobornos. Se les estaría tomando sus declaraciones en enero.

 

¿Es esta una negociación equitativa? La pregunta es retórica, porque la verdad no tiene precio y no es negociable.

 

Los clásicos fundadores de la sociología y la historia del Derecho -Emile Durkheim, especialmente- escribieron que las sociedades evolucionan desde lo que llamaron el “derecho retaliatorio” hacia el “derecho restitutivo”. Como su nombre indica, se trata nada menos que de la transición del derecho primitivo -el de la Ley del Talión del “ojo por ojo y el diente por diente” que caracteriza a toda la justicia de la Antigüedad desde el Código de Hammurabi- a una justicia moderna que, sin poner como cuestión previa por delante el castigo de los culpables, se orienta a restituir en lo posible el estado de cosas anterior para reparar el daño infligido.

 

Es necesario tomar perspectiva para reflexionar en torno a esta pregunta: ¿no es el de la justicia restitutiva el principio que se halla detrás -y la justificación última, además- de la institución de la colaboración eficaz? Nunca es negociable la verdad. Pero hoy sí lo son el castigo y la reparación.

 

Lo justo y no solo lo práctico, sin embargo, es resolver primero el problema y buscar al culpable después. Nunca a la inversa. No pongamos la culpa por delante de la verdad.



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lunes, 3 de diciembre de 2018

ESTA NOCHE sábado 1 diciembre 2018



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MEDIA COLUMNA
Acto de fe


Jorge Morelli
@jorgemorelli1
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El Presupuesto 2019 del Estado peruano es de unos 168 mil millones de soles, un monto casi 7% mayor que el de 2018, pese a que la economía crecería 3.9% en el más delirante escenario del optimismo. Algo no está bien acá.

Algo más no está nada bien. El Presupuesto que se da el Estado peruano para 2019 equivale a unos 50 mil millones de dólares, y el tamaño de la economía peruana es de unos 200 mil millones de dólares. Es decir, se lleva de entrada una cuarta parte de la torta y a cambio -salvo por la excepcional calidad humana de personas individuales- ofrece a los peruanos una seguridad ciudadana, una salud y una educación inaceptables. Las virtudes de personas individuales, por mucho mérito que tengan, no no pueden compensar la ausencia de un sistema que sea fruto del trabajo humano organizado.

La tercera falla en el Presupuesto 2019 es que las entidades subnacionales -los gobiernos regionales y locales- consiguen para sí en esta ocasión lo que posiblemente sea el mayor presupuesto de su historia: 50 mil millones de soles, es decir el 30% del Presupuesto del Estado peruano (y el 35% del gasto en inversión).

Claramente, esta es una apuesta del gobierno con la complicidad del Congreso a que las entidades subnacionales pueden identificar y ejecutar mejor la inversión (y el gasto corriente) del Estado. ¿Será que tanto el presidente de la República como el del Consejo de Ministros provienen de gobiernos regionales -de Costa y Selva-  y”creen” en eso? Es un acto de fe.

Uno que, sin embargo, no estamos obligados a compartir. ¿Es esa realmente una buena idea?

Veamos. Los 50 mil millones de soles en cuestión se reparten en 24 mil para los gobiernos regionales y 16 mil para los locales. Es decir, los primeros se llevan dos tercios de todo eso.

Durante el gobierno de Toledo (es un decir), una regionalización fallida de nacimiento con una arquitectura fatalmente mal diseñada (que vino de la mano con la elección de presidentes de las regiones) desembocó durante el gobierno de García -en medio del colapso de la burbuja global de 2008 y ante el inminente desplome del crecimiento- en que el gobierno transfiriera a las regiones de manera vehemente la enorme mayor parte del Presupuesto.

Tal decisión solo podía ser acertada si estas se hallaban ya en condiciones de ejecutar mejor que otras entidades -ya fuera el gobierno central o las empresas mediante obras por impuestos-. Pero no lo estaban. Los gobiernos regionales ciertamente no estaban a salvo siquiera del virus de la corrupción, más cerca de Dios como los niños o el “buen salvaje” de Rousseau. El acto de fe fue un monumental error estratégico.

El hecho de la experiencia es que esa transferencia fue el origen de la más abrumadora ola de corrupción que el Perú ha conocido jamás. Comenzó en Ancash y se fue extendiendo como una mancha de aceite a otras regiones, sin ningún control. Pequeña escala, desde luego, al lado de lo que ocurría paralelamente con las empresas brasileñas en los megaproyectos de obra pública. La complicidad fue total, en todo el Estado peruano.

Pero, sin haber aprendido nada, aquí vamos de nuevo.

Los gobiernos subnacionales se llevan este año de 2019 no solo el mayor presupuesto de su historia -50 mil millones de soles-, sino un aumento de 20% respecto del año anterior. ¿Con qué argumento? ¿Ha mejorado su capacidad de gasto? ¿Ha sido erradicada la corrupción? ¿Esta la Contraloría, al menos, preparada ya para lidiar con esto?

Se trata de un nuevo acto de fe. Como decía Einstein, seguimos haciendo lo mismo y esperando resultados diferentes. Bien inteligente. 


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viernes, 30 de noviembre de 2018

ESTA NOCHE miércoles 28 noviembre 2018



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MEDIA COLUMNA
Trump es nuestro aliado

Jorge Morelli
@jorgemorelli1
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Crucemos los dedos. La reunión del G-20 en Buenos Aires este fin de semana, a la que asisten los presidentes Trump y Xi,  puede ser decisiva para la economía del Perú.

“Si Trump y Xi no llegan a un acuerdo en la reunión del G-20, veremos una pausa en los incrementos de la tasa de la Reserva Federal el próximo año (...) lo que, a cambio, contribuirá a un alza en los precios del oro”. Esta es la opinión de un experto: Walter Pehowich, de Dillon Gage Metals. Coincide con el banco de inversión Goldman Sachs, según el cual la Cumbre del G-20 de esta semana podría elevar los precios de las materias primas.

El oro permanece ahora en su punto más bajo, en 1,220 dólares la onza, a causa de la política monetaria de la Reserva Federal (FED). El presidente de EEUU se opone ya abiertamente al alza de la tasa de interés de la FED mientras esta sigue hablando de una cuarta alza este año y tres más el próximo. Cada una de ellas causa una alza global del dólar, lo que enfría el crecimiento de la economía de EEUU y abarata sus importaciones desde China.

No en balde Trump acaba de emplazar a la FED como nunca antes lo había hecho un presidente de EEUU. Dijo que gracias a la baja del petróleo la inflación está disminuyendo en EEUU, lo que deja a la FED sin su argumento principal para seguir subiendo la tasa de interés. Esta vez Trump, ya cansado, añadió: “¿Estás escuchando, FED?”.

Si Trump logra doblarle el brazo a la FED, la tasa de interés no subirá y el dólar detendrá su carrera. En la misma medida subirá el oro, que es el refugio del capital, y tal vez también el cobre por nuevas expectativas para el crecimiento de China, con lo que el Perú podrá respirar luego de largo tiempo bajo el agua.

Muchas veces los exportadores de las economías emergentes se felicitan del alza del dólar. Es un feo vicio. No es sostenible mejorar la posición relativa de uno con devaluaciones competitivas cuando la solución real es mejorar la productividad, lo que en las economías emergentes -desde Italia y Turquía hasta Brasil y Argentina- depende de las reformas que solo sus gobiernos pueden hacer.

Mucho se juega en la Cumbre del G-20 este fin de semana, pero no como se cree. La mayoría piensa que todo depende de la guerra comercial de EEUU con China y espera al menos una tregua si no una paz duradera. Si no las hubiera, sin embargo, todo dependerá de que Trump logre cambiar el curso de la política monetaria de la FED.

Sería un salto cualitativo  de EEUU desde una política monetaria centrada solo en su inflación y su empleo de corto plazo diseñada por una institución como la FED, que refleja intereses privados, a una verdadera política monetaria global de mediano plazo. Así lo ha dejado entrever hace muy poco la mismísima ex presidenta de la FED, Janet Yellen.

Si Trump, en cambio, permite que el ajuste en las economías emergentes se logre solo por la vía de la devaluación, alineando todas las monedas a la conveniencia del dólar, abrirá la puerta a la guerra monetaria. El yuan, entonces, -con respaldo en oro- le disputará el papel de reserva global de valor hasta desplazarlo quizá, tal como el dólar hizo con la libra esterlina hace exactamente cien años. 

Luchar por el comercio libre no consiste solo en eliminar aranceles, sino también los subsidios escondidos detrás de la falta de reformas económicas en todo el planeta, en China, en Europa y en América Latina.

Y lo divertido del caso es que Trump, el supuesto enemigo del comercio libre, podría terminar siendo por este camino el mejor aliado de la reforma de las economías emergentes a escala global.


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miércoles, 28 de noviembre de 2018

ESTA NOCHE sábado 24 noviembre 2018


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Hilos de seda


Jorge Morelli
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Lo que está ocurriendo ante nuestros ojos es un feroz nudo de guerra geopolítico entre Estados Unidos y China por la hegemonía en el Océano Pacífico, como hace doscientos años ocurrió en el Atlántico y hace dos mil en el Mediterráneo.

Este ha sido el telón de fondo de la última reunión de APEC en la isla que es quizá la economía mas pequeña de todas las naciones integrantes, Nueva Guinea. Tal es la tensión, que la Cumbre no pudo encontrar el lenguaje para una declaración final.

Desde las costas de Nueva Guinea hasta Panamá, el tema es el mismo. Xi Jinping, presidente de China, ha lanzado una hermosa propuesta a la comunidad global que gira en torno a una idea deslumbrante. Le llama la Iniciativa del Cinturón y la Ruta de la Seda y se refiere al camino que por siglos unió a China con Europa, que ya era antiquísimo cuando Marco Polo lo recorrió hasta la corte de Kublai Khan, emperador de Mongolia y conquistador de China, en el año 1271. Por ese camino circularon caravanas por siglos llevando y trayendo cosas e ideas, desde la pólvora hasta los fideos. Xi Jinping quiere extender en el siglo XXI ese camino con infraestructura en gran escala hasta formar un cinturón alrededor del globo.

Pero esto supone una inversión masiva en infraestructura en las economías emergentes. Nuestro tramo de la Ruta de la Seda, por ejemplo, es el ferrocarril desde Sao Paulo hasta Paita, que cuesta unos 10 mil millones de dólares. China está dispuesta a financiar la mega inversión alrededor del mundo, con crédito barato. A cualquier costo. No es una empresa económica solamente, es el acto de fundación política de un nuevo liderazgo global. 
    
A Nueva Guinea no fue Donald Trump. En lugar suyo, fue el vicepresidente, Mike Pence, y tomó al toro por las astas. Dijo en su discurso que los países no deberían aceptar deudas que comprometan su soberanía. “No ofrecemos un cinturón de restricción o un camino de una sola vía”, añadió en alusión evidente. Pence se refirió a la "opaca diplomacia de chequera" detrás de la Ruta de la Seda, y dijo que los proyectos son de "baja calidad" y "a menudo conllevan fuertes ataduras y una deuda abrumadora" que las economías emergentes no podrán pagar. Lo que está diciendo es que los países que entren a la Ruta de la Seda del siglo XXI van a quedar perpetuamente endeudados con China. Xi responde a esto, explícitamente, que la Ruta de la Seda no oculta una "agenda geopolítica" ni es una "trampa" para el dominio colonial de las economías emergentes.

El nudo de guerra entre las dos primeras economías del planeta vaticina lo que será el resto del siglo XXI. Esa competencia puede ser muy buena para nosotros si no nos atamos a una deuda impagable con hilos de seda.





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miércoles, 21 de noviembre de 2018

ESTA NOCHE miércoles 21 noviembre 2018



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MEDIA COLUMNA
Asilo con efecto


Jorge Morelli
@jorgemorelli1
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Conceder un asilo no supone formalmente un pronunciamiento sobre el fondo de la cuestión., pero el de hoy aquí pone en debate internacional la imparcialidad de la justicia en el Perú.

La decisión de Alan García ha convertido al gobierno uruguayo en árbitro involuntario de la situación política peruana. Y ese juicio puede tener efecto retroactivo para el gobierno de Martín Vizcarra.

Ante esto, el poder Ejecutivo y el Judicial necesitan tomar medidas urgentes. Dos, a saber.

La primera es que, concedido el asilo, el gobierno debe extenderle a García el salvoconducto que le permite trasladarse al aeropuerto y salir del país. De lo contrario, el ex presidente permanecería indefinidamente en la residencia de la Embajada de Uruguay en Lima -como ocurrió con Víctor Raúl Haya de la Torre en la Embajada de Colombia por años durante la dictadura de Manuel Odría-. Eso comprobaría la acusación de persecución política. Por eso mismo el gobierno habría tomado ya la decisión de no obstaculizar su partida. Pero, es más, debería abstenerse en lo sucesivo de hacer comentarios sobre las declaraciones públicas en la materia, vengan de donde vengan. No le corresponde al Ejecutivo hacer aclaraciones que no le competen sobre una presunta persecución política de la justicia. Eso le corresponde a la justicia. 

Más allá de eso, en segundo lugar, toca al poder Judicial corregir de inmediato sus excesos de las últimas semanas y subsanar sus omisiones. Tiene que haber estricta equidad en el procesamiento judicial de todos los casos que involucran a partidos y dirigentes políticos con la corrupción. Y ese trato equitativo tiene que ser evidente para todos. Cualquier otra cosa solo abonará la sospecha de parcialidad y sesgo político y en última instancia probará que la lucha contra la corrupción en el Perú no ha respetado el debido proceso de la justicia.

En cuanto a Alan García como animal político, por último, cada cual puede escoger lo que prefiera respecto de si evadió su deber de someterse a la justicia o si estaba en su derecho de pedir asilo, y si esto acaba con su carrera o se la devuelve. Esos no pasan de ser comentarios políticos.

Decía Hegel que la lechuza vuela al atardecer. Daba a entender que el verdadero significado de los hechos suele conocerse solo después, y que el conocimiento siempre llega con retraso. En otras palabras, que el sentido de los hechos de ayer depende de los actos de hoy.  


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martes, 20 de noviembre de 2018

ESTA NOCHE sábado 17 noviembre 2018




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MEDIA COLUMNA
Cuatro votos
por el “no”


Jorge Morelli
@jorgemorelli1
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El CNM no debió reformarse, debió cerrarse. Lo que se ha hecho es cambiar a los que eligen a sus miembros. Ahora la sociedad civil ya no tiene mayoría entre los que eligen. La mayoría es del Estado. Pero casi solo del Poder Judicial. El Legislatvo y el Ejecutivo siguen sin tener entrada alguna en el nombramiento de los jueces supremos. Sin embargo, eso es lo que hacen todas las democracias porque esa es una pieza imprescindible del equilibrio de poderes. Aca no hay equilibrio de poderes y la “reforma” que se propone no lo restablece. El problema subsiste. Pronto la corrupción se hará presente otra vez. A esta pregunta del referéndum, por lo tanto, mi respuesta es “no”.

La pregunta sobre el financiamiento privado de los partidos es la novedad de la fiesta. Se prohíbe la contratación directa de medios de comunicación por los partidos. En adelante, la contratación de medios la hace el Estado, que distribuye entre los partidos una franja electoral. En parte de manera igualitaria y en parte en proporción a los votos. En adelante. Además, los aportantes son personas, ya no empresas. A la luz de la experiencia reciente, sin embargo, ¿quién volverá a donar a una campaña electoral para terminar en la fiscalía? Dada la nueva situación de hecho, votar “sí” favorece a los candidatos con recursos propios, que tendrán una ventaja indebida. Si lo que se quiere es equidad, había que prohibir de plano las donaciones privadas. Lo que se propone no es equitativo. La respuesta a esta pregunta, por lo tanto, también es “no”.

La no reelección de congresistas es un error y todos lo saben. Los congresistas reelegidos son mejores. Creer que los nuevos son, por definición, ajenos a la corrupción no es más que un refrito de la idea infantil del “buen salvaje” de Rousseau. El pueblo votará igual por la no reelección, sin embargo, a pesar de saber que es un error, porque lo que quiere es castigar a los congresistas actuales cualquiera sea el costo. Quizá su santa ira sea comprensaible, pero no es justificable. A esta pregunta, por lo tanto, la respuesta es igualmente “no”.

Por último, es verdad, como dice Vizcarra, que el Congreso ha desnaturalizado la pregunta sobre la bicameralidad. Ha reintroducido vergonzosamente la reelección por la puerta falsa, a escondidas, de espaldas al pueblo, al disponer que los congresistas pueden postular al Senado. Se comprende que el gobierno, al ver que el Congreso tuerce burdamente el sentido de la pregunta, se retracte de su posición original y obligue a los congresistas a renunciar a la reelección trucha. Bien podría el Congreso jugar limpio, si quisiera, eliminando ese contrabando torpe y dando limpiamente la pelea por la reelección de manera transparente. Tendría a la razón de su lado. Si hiciera eso, a esta pregunta respondería “si”. Si el Congreso no lo hace, sin embargo, a pesar de que apoyo la bicameralidad, mi respuesta será “no”. Por no avalar este sucio truco y porque la bicameralidad, al cabo, no es un fin en sí mismo, sino un medio para alcanzar el verdadero fin, que es el equilibrio de poderes,  hay otros modos de conseguirlo.  


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