MEDIA COLUMNA miércoles 29 julio 2020

 

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Es lo que hay  

Jorge Morelli

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Martín Vizcarra no es un artista de la política, pero es un esforzado artesano. Su mensaje de 28, que inaugura el último año de su gobierno, ha estado destinado a agenciarse una gobernabilidad, aunque sea precaria, para este año imposible que trae una carga explosiva por desactivar.

De allí el llamado a las fuerzas políticas a un pacto patriótico -Pacto Perú, le llama- en torno a acuerdos básicos que nadie en su sano juicio objetaría: un sistema unificado de salud, una educación de mejor calidad de la educación con acceso virtual, un crecimiento sostenible en mercado de competencia, eliminar la pobreza extrema, una reforma de la justicia.

No hay tiempo ni espacio ya en su gobierno, sin embargo, para ninguna de estas cosas. Ya sería un logro histórico que para el 2021 todos los peruanos pudieran aceder a una atención de salud por medio del SIS aunque sea de emergencia.

Pero aquí y ahora, el hecho es que la pandemia y la economía están aún en su mayor medida fuera de control. Y se ven en Espinar ya los primeros intentos del radicalismo de agitar el bloqueo que impida la exportación de minerales. Es el intento de incubar acá la violencia que vimos en Chile, en Bolivia, en Ecuador y en Colombia antes de la pandemia. El radicalismo estima que el desplome de 14% de la economía ya inevitable este año es el caldo de cultivo perfecto para desorganizar el proceso electoral y hacer un fiasco de las elecciones en la creencia de estar creando las condiciones para la captura del poder. Es la fantasía usual del radicalismo que vive perpetuamente en una burbuja política delirante. No habrá tal cosa. Pero el solo intento basta para causar estragos, porque tiene eco fuera y espanta a las asustadizas aves del capital.     

Adentro, en cambio, el Perú cuenta con el mecanismo incorporado de la informalidad. Los peruanos están acostumbrados a recursearse. Es una válvula de escape ante las crisis. No es una solución, pero es un mecanismo útil de control de daños provisional. Uno con el que, lamentablemente, Chile no cuenta. Avanzar en la formalización del derecho a la propiedad es, en efecto, lo que debe hacerse en apoyo de esos millones de peruanos que se valen de la informalidad para salir adelante hoy.

Es lo que hay. Con título de propiedad y atención de salud ya los peruanos quedarían bastante agradecidos.  

  

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MEDIA COLUMNA domingo 26 julio 2020

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Rebote en la muralla

Jorge Morelli

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Lo he escrito antes y lo repito: la recuperación del Perú va a ser rápida, incluso puede ser espectacularmente rápida. Este no es un mega sismo ni un mega Niño, la economía está desarmada, no destruida. Puede rearmarse rápidamente si hay consenso entre trabajadores y empresarios. Y lo hay. Es el Estado el que no comprende.

Existe un escenario potencial de recuperación muy rápida porque no hay violencia. Ni la habrá si el gobierno comprende su papel. Los bloqueos en las minas –como en Espinar y Las Bambas- son amagos de dirigencias politizadas. Peligrosos, pero amagos. No hay violencia en las ciudades porque existe la válvula de escape de la informalidad.

Es un recurso desesperado, pero uno que permite llevarse un pan a la boca. Es la última red para detener la caída de millones de trabajadores ante el descomunal frenazo de la economía formal. Es un mecanismo incorporado que compartimos con China –un autoregulador del modo de producción asiático, digamos-, cuyo papel entiende perfectamente el primer ministro chino, Li Keqiang, quien lo elogia y alienta públicamente. Es una red que desgraciadamente no tienen Chile ni Estados Unidos. Allí la violencia puede desatarse súbitamente.

La informalidad no es una solución permanente, pero es un recurso provisional de control de daños ante la crisis. No debe ser ni impedido ni obstaculizado ni condicionado, sino apoyado y ordenado con espacios designados y limpieza por parte de los gobiernos locales. Es lo que hacen las ciudades en China con respaldo del gobierno.

Esto requiere decisión politica, un giro de timón, un mensaje explícito del jefe del Estado a todos los niveles de gobierno y todas las instancias de la administración pública. El gobierno parece haber comenzado a entender que cometió un error craso al tratar de matar dos pájaros de un tiro y aprovechar la reapertura para formalizar. Pero no lo ha hecho explícito. 

La informalidad es una respuesta ante las crisis endémicas de economías de frontera como la nuestra, donde más de la mitad de la población vive del otro lado de la muralla que marca el límite donde termina el territorio. Del otro lado están los que viven afuera y entran y salen estacionalmente. El problema no es la informalidad, sino la seudo formalidad de un Estado que no sabe lo que hace.

Ahora recrudece la pandemia y del control de daños dependen miles de  vidas. No se las puede traicionar en homenaje a prejuicios necios. El primer ministro chino lo dijo así, explícitamente: “hay en China 900 millones de bocas que alimentar o 900 millones de pares de brazos para trabajar”, hay que elegir. Es hora de abandonar los prejuicios.

El momento para plantearse la formalización no es ahora en la reapertura, sino más adelante cuando hayamos recuperado el crecimiento. Si hoy aprovechamos la marea de la informalidad, mañana volveremos con el reflujo de una formalización que no cierre las puertas a quienes aun viven del otro lado de la muralla.

Así conseguiremos reforzar el poderoso rebrote de la economía y en el camino ganar la autoridad moral de quien comprende la dinámica de una sociedad de frontera en proceso entre la modernidad y la tradición.

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MEDIA COLUMNA viernes 24 julio 2020

 

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De la soberanía a la propiedad:

deconstruyendo Escazú

Jorge Morelli

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Si el Congreso ratificara el Acuerdo de Escazú, las controversias ambientales en territorio peruano pasarían a ser resueltas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y administradas por la CEPAL, desconociendo la Constitución del Perú con el objeto de abrir una grieta para la injerencia política de esas organizaciones supranacionales en la soberanía peruana.

Escazú es un presente griego, el perfecto caballo de Troya de la astucia política caviar para recortar la soberanía del Perú en nombre de la supuesta defensa del ambiente convirtiéndola en un derecho humano.

Pero es una falacia: la defensa de los derechos humanos no necesita de una soberanía supranacional, que es su principal enemiga. Porque no necesita de ninguna soberanía –ni global ni nacional- que no sirva al reconocimiento del derecho de los ciudadanos a la propiedad de la tierra respaldado por el Estado para su puesta en valor en el mercado global.

Pero es necesario desmontar, deconstruir el engaño. Paradójicamente, este se funda en el mito de una mítica soberanía global sabia y omnisciente, que en realidad esconde una reinvención del absolutismo. Ese mito es reaccionario. Instrumenta a los ciudadanos de unos Estados a pensar que, en nombre de un refrito del derecho natural, puede abolirse legítimamente el derecho positivo de otros Estado y los derechos de sus ciudadanos. O sea, unas mentes ilustradas y magnánimas saben más que las de unos nativos mezquinos e ignorantes a los que hay que civilizar. Esta es la mentira detrás de la propuesta política de izquierda hoy en todas partes.    

Claro que la globalización trae beneficios para la libertad: mercados abiertos abaratan los costos de producir global y localmente, permiten un papel en la economía global para las economías emergentes. Cediendo incluso, cuidadosamente, competencias del Estado nacional a entidades supranacionales para prevenir que el proteccionismo mercantilista –como el que hoy vemos nuevamente- arrastre a todos inexorablemente a la guerra, como la historia demuestra. Y es innegable también que otras competencias son ventajosamente cedidas por los Estados -sobre todo las relativas a costumbres locales- a algunas pocas de las cinco mil etnías existentes en el planeta que han hecho de la descentralización su bandera. Así es como el Estado nacional ha ido despojándose de competencias en un proceso histórico de cuatro siglos para ir entregándolas progresivamente hacia arriba y hacia abajo, en dirección de entidades supranacionales y subnacionales.

Pero en este proceso hay fracasos, construcciones supranacionales fallidas –como hasta la fecha la Unión Europea o la Comunicad Andina-, y falsas descentralizaciones que disfrazan movimientos independentistas para crear nuevos Estados nacionales con los mismos vicios en el ejercicio de la soberanía. Y falsas regionalizaciones también, que reproducen localmente el centralismo, como en nuestro caso. Todos estos fracasos reproducen mecánicamente una seudo soberanía en el territorio que se impone por encima del derecho de los ciudadanos a la propiedad de la tierra, para comenzar. Y esto vale tanto para las organizaciones que pretenden imponer una soberanía supranacional al Estado nacional, como también para Estados nacionales que no reconocen el derecho de sus ciudadanos a la propiedad de la tierra. ¿Y no es esto acaso un atentado contra los derechos humanos?

El proceso histórico es uno que va gradual y libremente del concepto de la soberanía al de la propiedad.

“Invocamos al Congreso de la República a que no ratifique el Acuerdo de Escazú por ir en contra del espíritu y los principios de soberanía”, dice al respecto la alta oficialidad de las FFAA peruanas en el retiro. El Congreso debe enviar al tacho este burdo engaño. Es demasiado tarde para el burdo truco de Escazú. Quizás desgraciadamente aun funcione en otros lados, pero no en el Perú. Acá ya conocemos las malsanas ficciones jurídicas que esconden propósitos políticos. La CIDH y su brazo operativo, la CEPAL, no van a engañar a nadie acá con su pueril estratagema para capturar furtivamente el poder creyendo que nadie se da cuenta.

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MEDIA COLUMNA miércoles 22 julio 2020

 

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Arequipa por fin lo dijo

Jorge Morelli

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@jorgemorelli1

La realidad se muestra en todo lo puede.

Pero pasa inadvertido para la mayoría –incluso la prensa- que el punto central del diálogo del presidente Vizcarra con los médicos arequipeños fue la crítica indignada y demoledora del cuerpo médico a la gestión del gobernador regional, Cáceres Llica.

Una de las gotas que rebalsó el vaso fue el dato de que Cáceres habría rechazado la donación de oxígeno a Arequipa de Southern Copper, la empresa contra la cual Cáceres organizó y dirigió la asonada -con gente de fuera del valle del Tambo- para forzar a Vizcarra a detener el proyecto minero Tía María.

Si aquella fue su victoria pírrica como gobernador, su acto de hoy ya no tiene calificativo. Tampoco la poca valía del ex premier Vizcarra si fuera cierto, como se dice, que avaló el rechazo de la donación de Southern por temor a contradecir a Cáceres.      

La reacción natural de los médicos arequipeños contra la falta de humanidad del gobernador regional destaca, en cambio, por su sensatez y buen criterio. En vez de pedir al Presidente sancionar semejante acto, cosa que no se halla ni en su ánimo ni en su poder, cortaron por lo sano.

             Pidieron que les sean retiradas al gobierno regional todas las competencias relativas a la gestión                   pública de salud y que la rectoría del sistema regional vuelva al ministerio del ramo, 

es decir, a Salud, o sea al gobierno central.

En efecto, hace ya muchos años que todos en el Perú sabemos que la regionalización mal ensamblada de cualquier manera por el gobierno de Toledo significó la pérdida  del equilibrio interno del poder Ejecutivo, del que los gobiernos regionales son parte. Los actos de Cáceres Llica -desde Tia María hasta la pandemia- son prueba de que la regionalización siempre fue una descentralización fallida cuyo fracaso tiene que dar paso a un nuevo equilibrio interno del poder Ejecutivo.

Es indispensable reequilibrar la descentralización. Y ese rediseño necesita partir de la premisa de que hay ciertas funciones del Estado que deben ser conducidas por una sola cabeza y manejadas con un misma dirección y con prioridades claramente establecidas. Si bien la nave de la nación puede tener varias salas de máquinas localmente descentralizadas, el puente de mando de la nave solo puede y debe ser uno solo para poder llegar algún día a buen puerto.

Todos lo sabemos, pero no nos atrevemos a formularlo en voz alta para no quebrar la ficción y el autoengaño de que la administración del Estado corresponde a las regiones. Hemos creado un monstruo de dos docenas de cabezas, cada una de las cuales es un remedo grotesco de centralismo anacrónico donde son posibles todos los días actos de inhumanidad como el que ahora comprobamos.

Es hora de que tanto la gestión de Salud como la de Educación vuelvan cuanto antes a la rectoría de sus ministerios respectivos. Aquel mito ya nos ha hecho demasiado daño. 

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MEDIA COLUMNA domingo 19 julio 2020

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El giro

Jorge Morelli

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La ministra de Economía, María Antonieta Alva, ha sido ratificada en el cargo. Este es el punto fijo del cambio de gabinete. Es un acierto mantenerla. No se cambia al timonel en medio de la tormenta.

Si el giro ha servido para sacar a un sector de la caviarada del gabinete, como es siempre su destino inexorable en todos los gobiernos, hasta ahí podría decirse, según algunos, que hay un giro a la derecha y un rumbo pro inversión. Demasiado tarde. Ya no hay tiempo para reformas. Solo para tres pruebas ácidas: Tía María, suspensión perfecta, y Escazú.

El ministro de Energía y Minas, Rafael Belaunde, es consultor en negociación comunitaria, gestión de tierras y saneamiento físico y legal minero. Estas son experiencias clave para lo que hace falta en el Perú: consolidar la propiedad de las tierras sobre los recursos naturales. Pero, en el tiempo disponible, su prueba es destrabar Tía María.

En Trabajo, Martín Ruggiero es un joven abogado laboralista de un estudio privado a quien el premier Cateriano ha traido al gabinete, según confesión propia. Como no hay espacio para la reforma laboral, sin embargo, su prueba es flexibilizar el régimen de suspensión perfecta para salvar empresas y, paradójicamente, el empleo de más trabajadores.

Los demás cambios en el gabinete son enroques derivados del giro fundamental.  

La entrada de Pilar Mazzetti al Ministerio de Salud en reemplazo de Víctor Zamora es elocuente por sí misma. Y Rocío Barrios, ex ministra de la Producción, pasa ahora al Ministerio de Comercio mientras José Salardi, su viceministro en Produce, ocupa ahora la cartera que Barrios deja. Ambos, con Zamora, fueron los arquitectos del laberinto de protocolos que hasta la fecha frenan la reapertura de la economia. Salud y Produce se convirtieron en el principal obstáculo a la reactivación con el descabellado plan de matar dos pájaros de un tiro aprovechando la reactivación para formalizar al sector informal. Solo por semejante equivocación ambos deberían haber salido del gabinete, como Zamora. Pero ahora están a cargo de desmontar el tinglado que armaron.  

Finalmente, el canciller Gustavo Meza-Cuadra ha sido cambiado por otro diplomático de carrera, Mario López Chávarry. No se puede descartar que la decisión tenga relación con el despropósito de Escazú. La firma se le había encargado a la ministra de Ambiente, Fabiola Muñoz, quien ha dejado el gabinete junto con Meza-Cuadra. Existe un documento de Torre Tagle en que, para quien sabe leer el lenguaje, un párrafo deja constancia de las dudas de la Cancillería ante semejante abdicación de la soberanía del Perú. Ahora veremos si el Canciller entrante sostiene la postura de Torre Tagle o debe su cartera a la decisión política de suscribir el mamotreto. Si, alternativamente, se insiste en trasladarle el paquete tóxico al Ministerio de Ambiente, la trinchera caviar defensora de esa iniciativa, va a chocar con el rechazo unánime de las Fuerzas Armadas. Walter Martos, ministro de Defensa ratificado en el cargo, tiene la palabra.

Ahora veremos quién manda en este pueblo.

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MEDIA COLUMNA miércoles 15 julio 2020

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Versalles en Paracas

Jorge Morelli

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En el balnerario de Paracas las casas de playa con piscina se encuentran al lado de un pueblo que tiene una hora de agua al día. El agua potable la comparte solidariamente con Paracas el vecino pueblo de Pisco, que dispone de tres horas de agua al día.

Las falsedades sobre la Reserva con que se ha engañado a personas de buena fe se dirigen contra la empresa que ha modernizado el puerto, que da empleo, que no ha utilizado una gota de agua potable del pueblo, que ha invertido más bien en una cisterna para aumentarle las horas de agua diarias al pueblo de Santa Cruz y ha donado una planta de oxígeno y una ambulancia full equipo para atender a los pacientes de la pandemia. Una carta publicada con nombres y firmas, dirigida a la opinión públicada por más de 600 personas que viven y trabajan en Paracas, es el testimonio de que esto es verdad.   

¿Qué legitimidad tienen, en cambio, quienes alegan falsos peligros para la fauna de la Reserva pero no muestran ningún interés por los pescadores, agricultores y artesanos de los pueblos que rodean al balneario? ¿Qué autoridad muestran quienes acaparan el agua escasa de pozos y acumulan en silos bajo sus casas de playa residuos sólidos que, a 20 metros del mar, se filtran a la bahía de Paracas?

La atmósfera versallesca que rodea esta situación es verdaderamente grotesca.

La pregunta de sentido común para todos los que toman por primera vez conocimiento de este tema es la siguiente: ¿por qué debe tener el puerto de Paracas facilidades para exportar minerales?

La respuesta en lo inmediato es que así lo pidió el Estado en el contrato de concesión firmado en 2014 pensando en el desarrollo no solo agroindustrial sino minero del Centro del Perú. Previos estudios, claro está, para descartar todo peligro de contaminación. Esto es lo que se ha hecho en estos años. El puerto no embarcará ningún mineral tóxico.

Pero más fundamentalmente la respuesta es que, mientras mayor el movimiento del puerto, mayores serán también los recursos para gestionar ante el Estado agua para todos en Paracas; mayores las oportunidades para sus habitantes en empleo e ingresos del turismo marítimo que el puerto permite; mayores los recursos igualmente para regular mucho mejor la protección permanente de la Reserva de Paracas, y para la promoción de la memoria de su pasado milenario con un museo que potencie el que actualmente lleva el ilustre nombre de Julio C. Tello.

Ha llegado la hora de dejar atrás el miedo al cambio tras esta pequeña pesadilla versallesca y pensar en grande.    

   

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MEDIA COLUMNA viernes 10 julio 2020

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Inmunidad perdida

Jorge Morelli

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La pérdida de la inmunidad parlamentaria es percibida como una ofensa contra “la majestad del Congreso”, según la frase de manual.

Pero no parece cierto que la inmunidad haya servido nunca de escudo protector para parlamentarios inocentes. No se recuerda en los últimos 40 años que la inmunidad haya impedido que fuera detenido abusivamente o procesado indebidamente un parlamentario probo.

Más bien, en casi todos los casos lo que hubo fueron actos cometidos por parlamentarios contra la ley o el reglamento del Congreso, que alguien –el agraviado o la prensa- denunció y que, sin embargo, fueron sancionados solo ocasionalmente y solo cuando el responsable carecía de votos para blindarse.

Es la arbitrariedad lo que subleva a la opinión pública, el cinismo impune ante los ojos de todos.

Una y otra vez indefectiblemente, año tras año, aparece el asesor o el asistente parlamentario que denuncia que el congresista le ha recortado el sueldo. Pese a toda advertencia, contra todo buen juicio, el mismo acto es repetido cansinamente como un guión funesto. Uno creería que ya no queda nadie en el país que no haya aprendido la lección. Se equivoca. Nuevamente vemos lo mismo. Inevitablemente en cada nueva legislatura alguien cree que no será descubierto, que se saldrá con la suya, que el Congreso fue inventado con su llegada. Y cae. Es un acto fallido con una especie de fruición culposa que una risa tonta traiciona.

Por eso se perderá la inmunidad parlamentaria, que nació para ser una garantía de la justicia. Porque justos pagan por pecadores. No hay nada más que decir.

  

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