martes, 23 de noviembre de 2021

MEDIA COLUMNA domingo 21 noviembre 2021 "El poder y el bolsillo"

 


Donde usted se entera no de todo lo que ocurre, sino de lo que necesita saber.

 

 

MEDIA COLUMNA

El poder y el bolsillo

 

 

Jorge Morelli


jorgemorelli.blogspot.com

@jorgemorelli1

 

 

 

Claramente, el Congreso no piensa darle al gobierno facultades para una reforma tributaria. Y este recurrirá entonces al endeudamiento. Lo viene haciendo ya, con emisiones de bonos por miles de millones de dólares y euros, que ha colocado con relativa facilidad en el mercado global.

 

El candado puesto en los 90 establecía que la deuda externa no debía pasar del 30% del PBI. Esa valla quedó por los suelos desde comienzos de la pandemia. La deuda externa alcanzó el 39% del PBI ya antes de Castillo y, según Latinfocus, llegaría a 42% este año. Para fines comparativos, sin embargo, la deuda chilena llega a 72% de su PBI. En suma, el gobierno tiene techo aún para endeudar al país. Y lo hará.

 

Previniendo una inflación masiva -la actual ya llega a 6% anual, algo no visto en tres décadas-, el BCR se ha adelantado a subir la tasa de interés a 2%. Nadie sabe si realmente la inflación será transitoria y bajará cuando se recompongan las cadenas de la oferta global rotas por la pandemia -como creen Joe Biden y la Fed-. Puede  ser permanente en el Perú si no hay inversión y la oferta no es capaz de responder a un aumento inflacionario de la demanda. 

 

La decisión del BCR desatará las furias en ambas orillas, sin embargo. Porque el alza de la tasa para frenar la inflación frena también el crecimiento.  

 

La decisión del BCR no va a contentar ni a empresarios ni a emprendedores ni mucho menos a los trabajadores. Supone el retiro del estímulo monetario que les ha permitido sobrevivir en la travesía de la pandemia. Por gradual que sea, sentirán la pegada.

 

Por su lado, la izquierda en el gobierno se halla aún más descontenta con esta decisión del BCR, que marca el inicio del fin de la política monetaria expansionista en el Perú. No podrá impedirla. Comenzará a sospechar que está en el gobierno, pero no en el poder. Creerá que es objeto de una conspiración política y tramará una venganza.

 

La decisión del BCR no bastará, sin embargo. El banco no puede abatir la inflación por sí solo.

 

De un lado, el endeudamiento va a permitirle al gobierno el populismo a que se compromete a diario con sus ofrecimientos, que no sabe cómo cumplir. Es innecesario enumerarlos. De otro, la oposición radical cree que el gobierno planea una orgía demagógica y ha optado oportunistamente por una política de tierra arrasada, a la espera de que la inflación y el malestar popular se encarguen de la vacancia para la que no tiene votos en el Congreso.

 

Nada nuevo bajo el sol. Vacancia parlamentaria y renuncia por acción de la calle son, desde hace décadas, las formas latinoamericanas del golpe no tradicional. Las hemos sufrido todas en el corto plazo de tres años. Y no hemos aprendido nada. Más de lo mismo nunca produce resultados diferentes.

 

Nada resolverán la vacancia o la renuncia. Por el contrario, como sucedió en Iraq con el Estado Islámico, en Libia y en Egipto luego de la “primavera árabe”, lo que viene después puede ser peor si el pueblo es engañado. La extrema derecha está jugando con fuego.

 

Gobierno y oposición deberían pensar mejor, negociar las facultades legislativas y elaborar una estrategia para domar la inflación, que es el flagelo del pueblo. Si ambas orillas coinciden hoy, en cambio, en impedir el abatimiento de la inflación, estaremos ante la paradoja de que los extremos se tocan cuando se trata del poder o del bolsillo. 


Claramente, el Congreso no piensa darle al gobierno facultades para una reforma tributaria. Y este recurrirá entonces al endeudamiento. Lo viene haciendo ya, con emisiones de bonos por miles de millones de dólares o euros, que ha colocado con relativa facilidad en el mercado global.

 

El candado puesto en los 90 establecía que la deuda externa no debía pasar del 30% del PBI. Esa valla quedó por los suelos desde comienzos de la pandemia. La deuda externa alcanzó el 39% del PBI ya antes de Castillo y, según Latinfocus, llegaría a 42% este año. Para fines comparativos, sin embargo, la deuda chilena llega a 72% de su PBI. En suma, el gobierno tiene techo.

 

Previniendo una inflación masiva -la actual ya llega a 6% anual, algo no visto en tres décadas-, el BCR se ha adelantado a subir la tasa de interés a 2%. Nadie sabe si realmente la inflación será transitoria y bajará cuando se recompongan las cadenas de la oferta global rotas por la pandemia -como creen Joe Biden y la Fed-. Puede  ser permanente en el Perú si no hay inversión y la oferta no es capaz de responder a un aumento inflacionario de la demanda. 

 

La decisión del BCR desatará las furias en ambas orillas, sin embargo. Porque el alza de la tasa para frenar la inflación frena también el crecimiento.  

 

La decisión del BCR no va a contentar ni a empresarios ni a emprendedores ni mucho menos a los trabajadores. Supone el retiro del estímulo monetario que les ha permitido sobrevivir en la travesía de la pandemia. Por gradual que sea, sentirán la pegada.

 

Por su lado, la izquierda en el gobierno se halla aún más descontenta con esta decisión, que marca el inicio del fin de la política monetaria expansionista en el Perú. No podrá impedirla. Comenzará a sospechar que está en el gobierno, pero no en el poder. Creerá que es objeto de una conspiración política y tramará una venganza.

 

La decisión del BCR no bastará, sin embargo. El banco no puede abatir la inflación por sí solo. El endeudamiento va a permitirle al gobierno caer en el populismo a que se compromete a diario con sus ofrecimientos, que no sabe cómo cumplir. Es innecesario enumerarlos.

 

La oposición radical, por su parte, cree que el gobierno planea una orgía demagógica y ha optado oportunistamente por una política de tierra arrasada, a la espera de que la inflación y el malestar popular se encarguen de la vacancia para la que no tiene votos en el Congreso.

 

Nada nuevo bajo el sol. Vacancia parlamentaria y renuncia por acción de la calle son, desde hace décadas, las formas latinoamericanas del golpe no tradicional. Las hemos sufrido todas en el corto plazo de tres años. Y no hemos aprendido nada. Más de lo mismo nunca produce resultados diferentes.

 

Nada resolverán la vacancia o la renuncia. Por el contrario, como sucedió en Iraq con el Estado Islámico, en Libia o en Egipto luego de la “primavera árabe”, lo que viene después puede ser peor si el pueblo es engañado. La extrema derecha está jugando con fuego.

 

Gobierno y oposición deberían pensar mejor, negociar las facultades legislativas y elaborar una estrategia para domar la inflación, que es el flagelo del pueblo. Si ambas orillas coinciden hoy, en cambio, en impedir el abatimiento de la inflación, la paradoja es que los extremos se tocan cuando se trata del poder o del bolsillo.

 

 

La opinión en MEDIA COLUMNA representa exclusivamente a su autor. Usted puede reenviar y publicar libre y gratuitamente cualquier MEDIA COLUMNA tomándola de este correo o de

 

jorgemorelli.blogspot.co

jueves, 18 de noviembre de 2021

MEDIA COLUMNA miércoles 17 noviembre 2021 "!Abatir la inflación, ahora!"

 


Donde usted se entera no de todo lo que ocurre, sino de lo que necesita saber.

 

 

MEDIA COLUMNA

¡Abatir la inflación, ahora!

 

Jorge Morelli

jorgemorelli.blogspot.com

@jorgemorelli1

 

 

El gobierno se encuentra ante un dilema. Si no consigue la delegación de facultades del Congreso para la reforma tributaria -y ya sospecha que no la conseguirá-, no tendrá los 12 mil millones de soles que esperaba levantar de los contribuyentes. Recurrirá al endeudamiento. Lo viene haciendo con emisiones recientes de bonos peruanos por cuatro mil millones de dólares y mil millones de euros.

 

El candado puesto en los 90 establecía que la deuda externa no debía pasar nunca del 30% del PBI. Eso quedó por los suelos desde comienzos de la pandemia. La deuda externa alcanzó el 39% del PBI antes de Castillo y, según Latinfocus, llegaría a 42% este año y a 43% en el 2022. Para fines de comparación, según Latinfocus la deuda de Chile llegará a 72% y 72.5% de su PBI en los mismos años.

 

Pero la oposición radical ha llegado a la conclusión de que, ya sea vía deuda o reforma tributaria, lo que el gobierno planea es una orgía populista.

 

Previendo la inflación consiguiente -la actual ya llega a 6%-, el BCR se ha adelantado a subir la tasa de interés a 2%. Eso va a desatar a las furias en ambas orillas.

 

El alza de la tasa es para frenar la inflación, pero frena también el crecimiento. Eso explica el malestar venidero de la izquierda en el gobierno, descontenta con la decisión que marca el inicio del fin de la política monetaria expansionista en el Perú.

 

Es un giro de proporciones enormes. Uno que, con seguridad, tampoco dejará satisfechos a los empresarios, porque supone el retiro de los estimulos monetarios que han permitido a muchas empresas sobrevivir en la travesía difícil de la pandemia. Por gradual que sea el retiro de los estímulos, en adelante las empresas tendrán que adaptarse a la nueva normalidad.

 

Porque la inflación hay que pararla ahora, mañana será demasiado tarde.

 

Así, mientras la izquierda comienza a sospechar que se puede estar en el gobierno y no tener el poder, la derecha que optó por una política de tierra arrasada y esperaba que la inflación se encargue de tumbar al gobierno, verá que el telón de fondo ha cambiado con la decisión de comenzar a frenar hoy la inflación que es el flagelo del pueblo.  Udiean

 

Aquí es donde se pone hoy a prueba al Banco Central en la defensa del candado de las reglas fiscales puesto en su lugar 30 años atrás para que las furias de la inflación nunca más pudieran escapar de su prisión.

 

Si ambas orillas coinciden, en cambio, en impedir el abatimiento de esas furias aun encadenadas, la paradoja sería que los extremos se toquen cuando se trata de la ambición política o del bolsillo.

 

 

La opinión en MEDIA COLUMNA representa exclusivamente a su autor. Usted puede reenviar y publicar libre y gratuitamente cualquier MEDIA COLUMNA tomándola de este correo o de

 

jorgemorelli.blogspot.co

 

 

 

 

jueves, 11 de noviembre de 2021

MEDIA COLUMNA miércoles 10 noviembre 2021 "Baile del salón rancio"



Donde usted se entera no de todo lo que ocurre, sino de lo que necesita saber.

 

 

MEDIA COLUMNA

Baile del salón rancio

 

 

Jorge Morelli

jorgemorelli.blogspot.com

@jorgemorelli1

 

 

El paro de transportes del lunes pasado fue suspendido en Lima. Pero en el Cusco hubo bloqueo de carreteras.

 

Fue suspendido luego de “acuerdos” de los grandes transportistas formales con el gobierno. Firmaron un acta la Confederación de Transportistas Terrestres del Perú, el Gremio Nacional de Transportistas y Conductores (GNTC), la Asociación Nacional de Transporte Terrestre de Carga, y la Unión de Gremios de Transportes Multimodal. Los grandes gremios de carga suspendieron el paro a cambio de los “acuerdos” con el gobierno.

 

¿Cuáles fueron los “acuerdos”? El principal es incluir el diésel en el Fondo de Compensación de Precios de los Combustibles (FCPC) por tiempo indefinido. Así figura entre los puntos del acta firmada.

 

El galón está hoy entre S/11.5 y S/23, pero está por verse si habrá reducción. La experiencia al respecto es que el GLP envasado (balón de gas) que fue incluido en el FCPC hace dos meses, para bajar en 11 soles el balón, ha vuelto a subir. El balón de 10 kilos está entre S/ 38 y S/ 63. Es decir, la inclusión tiene un efecto nulo y es un engaño o terminará desembocando en un subsidio escondido.

  

Pero lo peor es que, si hubiera reducción, esta no es para todos. Solo para los “debidamente autorizados”.

 

Los gremios de carga no son los únicos con “acuerdo”, sin embargo. La reunión de los gremios formales de transporte urbano de Lima con el gobierno fue el 3 de noviembre, cinco días antes del paro. El “acuerdo” en ese caso renovó las rutas a los transportistas por 10 años. Comentó luego el ministro que el plazo de 10 años “se enmarca en el esquema de concesiones que permite a los transportistas títulos estables”. En verdad estas licencias son títulos nobiliarios del más rancio mercantilismo.   

 

El encono en el enfrentamiento permanente entre formales e informales hace perder de vista a los transportisas que el verdadero enemigo es el que tienen en común y es el Estado: el oligopolio público-privado de Petroperú y una empresa privada extranjera, que fija los precios finales de los combustibles al público sin que el organismo regulador pueda o intente siquiera impedirlo.

 

Tal es el margen de discrecionalidad del Estado que al gobierno de turno le resulta fácil enfrentar a los transportistas entre sí -formales versus informales, grandes versus pequeños- para llegar a “acuerdos” con unos contra los otros mientras sube los precios a todos. No es solo para acomodar las alzas internacionales sino para ir mucho más allá, a financiar planes políticos aun más rancios, como el retorno a los campos de La Brea y Pariñas para “abastecer a la refinería de Talara”.  

 

El 30 de noviembre habrá otra reunión de los transportistas formales con el gobierno para evaluar el cumplimiento de los “acuerdos” que suspendieron el paro. Allí se comprobará que -tal como ocurrió con los de marzo, en plena campaña electoral- los “acuerdos” no se habrán cumplido.

 

La nueva fecha del paro es el 1 de diciembre. Y así prosigue el baile del salón rancio.

 


jueves, 4 de noviembre de 2021

MEDIA COLUMNA miércoles 3 noviembre 2021 "Gas para dummies"

 

Donde usted se entera no de todo lo que ocurre, sino de lo que necesita saber.

 

 

MEDIA COLUMNA

Gas para dummies

 

Jorge Morelli

jorgemorelli.blogspot.com

@jorgemorelli1

 

 


La masificación del gas es contraria al interés de los consumidores, a la política energética correcta, a la política exterior del Perú y a las prioridades ambientales globales.

 

Es, primero, un craso error geopolítico que hará depender la energía del Sur del Perú de la decisión política boliviana mucho más allá de lo que dure este gobierno.

 

Igualmente, es un grave error estratégico de política energética, que compromete la matriz energética del Perú de manera permanente.

 

Un reciente informe del ex ministro Jorge Baca Campodónico sobre la masificación del gas señala que desde la decisión del Estado, años atrás, de pasar la matriz energética del Perú del petróleo al gas natural, la moratoria de diez años en la construcción de hidroeléctricas se hizo para permitir la colocación del gas de Camisea en la generación de electricidad.

 

Con ello, el Estado distorsionó el mercado de la energía. En 2001, más del 80% de la energía eléctrica era producida por hidroeléctricas. Quince años después, en 2016, la participación de las hidroeléctricas en la producción de electricidad se había reducido a menos de 50%.

 

Por si fuera poco, de una de las tarifas de electricidad más bajas de la región en los 90, hemos pasado a una de las más caras.

 

Pese a que el final de la moratoria en 2017 permitió recuperar en algo la participación de las hidroeléctricas en la producción de electricidad, la masificación del gas impedirá que la energía hidroeléctrica limpia recupere el lugar que debe ocupar en la producción de electricidad.

 

Baca señala además que, “contrario a lo que se nos ha hecho creer, el gas natural no es una fuente renovable de energía limpia sino, por el contrario, de emisión de gases de efecto invernadero (GEI). Incumpliremos, así, el compromiso de reducir los GEI en 30% para el 2030”, adelanta.

 

Los acuerdos firmados con Bolivia la semana pasada incluyen la interconexión de gasoductos -el peruano y el boliviano- y la construcción de redes de distribución de gas en el Sur peruano. El gasoducto boliviano es para hacer posible la exportación del gas boliviano a través de Ilo a los países del lado del Pacífico. Dado el retraso indeterminado y el enorme costo del frustrado Gasoducto del Sur peruano -que ni siquiera es licitado nuevamente aun-, la dependencia del gas boliviano se convertirá en una situación permanente para el Sur del Perú. 

 

El consorcio Camisea ha declarado que apoya sin reparos la masificación del gas natural. Camisea produce 1,600 millones de pies cúbicos diarios, de los cuales 600 se dirigen al consumo interno, una cantidad similar se exporta, y el 25% se reinyecta en el suelo. Al consorcio le conviene la masificación sencillamente porque solo así venderá más gas.

 

Pero la masificación es una inversión masiva que el Consorcio ha adelantado que no hará. Eso es responsabilidad del Estado, afirma. Esa será la negociación principal ahora y no solo un nuevo reparto de los beneficios entre el Estado y la empresa. Obviamente llegarán a un acuerdo. “El Estado es nuestro socio”, dice ahora Camisea, porque con la masificación el consorcio podrá colocar en el mercado masificado -creado por su “socio”- el 25% del gas que hoy reinyecta en el suelo porque no hay quién lo compre.

 

Qué se debería hacer con el gas de Camisea, pregunta Baca. La tendencia mundial es a derivar el gas natural a la producción de fertilizantes, dice. La lucha contra el cambio climático va a traer consigo el abandono del gas para generar electricidad. El gobierno va contra la tendencia mundial, añade. El G20 acaba de aprobar la nueva meta de reducir el calentamiento global a 1.5 grados centígrados sobre la temperatura anterior a la era industrial. La masificación del gas va contra ese objetivo.

 

En lugar de masificar el gas natural -dice Baca- deberíamos masificar la electrificación del país, pero con una matriz energética limpia y renovable. La propia Bolivia ha tomado ya esa misma decisión y anunciado un plan de electrificación masiva con energía solar para sustituir al gas natural que hoy genera el 70% de la electricidad de Bolivia. Así podrá volver a proveer gas a Brasil y a Argentina y exportárselo al Perú, que ha decidido masificar su uso.

 

Los “socios” -el público y el privado- están de acuerdo en todo esto a espaldas del mejor interés de los consumidores, de la política exterior del Perú, de la política energética de un país que tiene un porcentaje importante del agua del planeta, y de las prioridades ambientales globales

 

Y esto para depender de una fuente de energía que no es limpia y que irá desapareciendo de la economía global. Esta es la definición misma del mercantilismo, que consiste en poner al Estado al servicio de intereses económicos privados y fines políticos miopes.     

 

 

La opinión en MEDIA COLUMNA representa exclusivamente a su autor. Usted puede reenviar y publicar libre y gratuitamente cualquier MEDIA COLUMNA tomándola de este correo o de

 

jorgemorelli.blogspot.com

 

 

 

jueves, 28 de octubre de 2021

MEDIA COLUMNA miércoles 27 octubre 2021 "Ni vacancia ni constituyente"

 


Donde usted se entera no de todo lo que ocurre, sino de lo que necesita saber.

 

 

MEDIA COLUMNA

Ni vacancia ni constituyente

Jorge Morelli

jorgemorelli.blogspot.com

@jorgemorelli1

 

 

Blindada ya contra la disolución “fáctica” por la nueva ley, la oposición acaricia ahora la idea de vacar una vez más la Presidencia.

 

La ley, sin embargo, interpreta la Constitución y, por lo mismo, no está firme. El gobierno ha recurrido ya al Tribunal Constitucional y este puede perfectamente declararla inconstitucional por estar conflicto con sus propias competencias como "supremo intérprete" constitucional (pocos saben, sin embargo, que tal cosa no está en ninguna parte de la Constitución, sino solo en la ley orgánica del TC).

 

No obstante, el TC puede no tener hoy ya los cinco votos que hacen falta para declarar la ley inconstitucional. Tampoco tiene la intención, sin embargo, de pasar por alto el desafío del Congreso a sus competencias exclusivas. El TC se halla, pues, ante un dilema insoluble y probablemente decidirá no decidir. No se pronunciará sobre el asunto por ahora. La ley, que ya está vigente, seguirá estándolo mientras el TC no se pronuncie. Por lo mismo, la oposición no tiene que temer el cierre del Congreso. Es el momento de negociar.

 

“He venido a proponer un acuerdo, un pacto, un nuevo contrato social”, dijo la premier, Mirtha Vásquez, al pedir la confianza del Congreso. Hay que suponer que ella cree de buena fe lo que dice. Que sea verdad en un gobierno que tiene al comunismo de accionista es harina de otro costal. La palabra del gabinete está comprometida, no obstante y, si es falsa, hay legítima causal para censurarlo. El gobierno no podrá hacer cuestión de confianza sobre su permanenncia, porque la censura es una atribución del Congreso. 

  

La vacancia sin proceso, en cambio, es un hoyo negro, genera un vacío de poder que será llenado por algo que puede ser peor, como ya sabemos. Pero la oposición no quiere darle a la causal de vacancia por “incapacidad moral permanente” -que no está definida en la legislación peruana y significa lo que el Congreso quiera- el debido proceso que hace falta. No quiere darle el debido proceso que tiene el impeachment americano, por ejemplo. Y esto se debe a que -hablemos claro- la oposición no renuncia a vacar la Presidencia de Pedro Castillo.

 

No es sino más de lo mismo: poner en Palacio a otra persona cuya presidencia la oposición tendrá que vacar también, para finalmente, como es su tonto plan, colocar en el gobierno a la presidenta del Congreso, contra la cual se levantarán los votantes de Castillo convencidos de que les han robado el gobierno. Ese gobierno no podrá sostenerse, como no pudo el anterior -efímero gobierno del Congreso- acusado de ser producto de un golpe de Estado.  

 

Einstein decía que seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes es la definición del error. Es lo que estamos haciendo.

 

Este es el fruto amargo del conflicto de poderes permanente. Hay una falla en la arquitectura constitucional que origina nuestra democracia de baja gobernabilidad incapaz de resolver los problemas del pueblo. No hay equilibrio de poderes, nunca lo ha habido en la historia de la República. El Congreso ha sido y sigue siendo el “primer poder del Estado”. Este mote que ridículamente esgrime orgulloso el Congreso es precisamente su confesión. Lo es, sin embargo, solo hasta que es disuelto por el autoritarismo, como ha ocurrido tantas veces en nuestra historia.

 

Acicateados ambos  por la desconfianza y el miedo, el Congreso teme la disolución y el gobierno teme la vacancia. 

Hace falta voluntad de negociar de ambas partes para detener el conflicto antes de que se convierta en uno armado. Así comenzó la guerra civil española.

 

Los cambios constitucionales son necesarios, empezando por los que hagan posible acabar con el conflicto de poderes y escapar de la democracia de baja gobernabilidad para resolver los problemas del pueblo. Lo hizo Europa luego de la Guerra. pero Francia lo logró en paz al fundar su Quinta República.   

 

Si la voluntad de negociar existe en ambas orillas, como dice querer la premier Vásquez, la solución no es inalcanzable. Para detener este proceso degenerativo basta que la oposición -libre ya de la amenaza de la disolución- deje de lado la mala idea de vacar la Presidencia si Pedro Castillo renuncia de manera expresa y pública a fraguar una constituyente.

 

 

La opinión en MEDIA COLUMNA representa exclusivamente a su autor. Usted puede reenviar y publicar libre y gratuitamente cualquier MEDIA COLUMNA tomándola de este correo o de

jorgemorelli.blogspot.com