sábado, 9 de mayo de 2015

ESTA NOCHE sábado 9 mayo 2015




ESTA NOCHE, donde usted se entera no de todo lo que ocurre, sino de lo que necesita saber.

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MEDIA COLUMNA
Ver sin ser visto


Jorge Morelli
@jorgemorelli1
jorgemorelli.blogspot.com


Este recurso táctico, un clásico del militar peruano, parece explicar la extraña respuesta del presidente Ollanta Humala a la situación en Arequipa.

Ha ordenado la intervención de las Fuerzas Armadas para controlar la situación desbordada hace días tomando posesión de puntos estratégicos según un plan de operaciones diseñado por Defensa, Interior y Justicia y aprobado por él mismo.

La resolución suprema que dispone la intervención no dispone el estado de emergencia, sin embargo, que es el marco constitucional  del régimen de excepción (art.137°)  en el que normalmente se produce la intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo de la Policía.

El Presidente tampoco ha dispuesto que las Fuerzas Armadas asuman el control del orden interno, que permanece a cargo de la Policía.  

Tampoco descarta la posibilidad de declarar el estado de emergencia. Significa, en los hechos, que no hay suspensión de derechos expresamente señalados, como manda la Constitución. Las manifestaciones entonces van a continuar.

La Ministra de Energía anunció que cuando el orden retorne a Arequipa –¿por qué suena tan extraño?- se retomará el diálogo. Y, como para tomar al enemigo por sorpresa, los tres ministros involucrados aparecen de improviso en helicóptero en Matarani y se dirigen a Islay listos para retomar el diálogo.  
  
Como se ve, la estrategia del gobierno es una novedad. Nunca antes se había practicado una combinación de acciones en direcciones opuestas al mismo tiempo. Es la táctica del atarante. Aquella en la que nadie sabe a qué atenerse y todo el mundo está en vilo, una manera de ver sin ser visto.

Ante esto, la lideresa de la oposición, Keiko Fujimori, le ha pedido al Presidente que suspenda la intervención de las Fuerzas Armadas y que el propio mandatario busque el consenso. En otras palabras, que aparezca encabezando la búsqueda del consenso poniendo el peso de su autoridad en la balanza.

Es decir que, para poder ver, sea visto.  
  


REPORTE DE NOTICIAS en Internet
Las siguientes notas periodísticas de política y economía han sido seleccionadas, editadas y ordenadas
temáticamente. No se las debe citar como tomadas directamente de sus fuentes originales, las mismas que se indican sólo como una forma de reconocer el crédito y agradecer la cortesía.



AGUA, MINERIA, CONFLICTOS AMBIENTALES, REGIONALIZACION



Bankada prensa
La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, manifestó esta tarde su opinión en redes sociales con respecto al conflicto en Arequipa.  En su cuenta de twitter (@KeikoFujimori) publicó lo siguiente:
“Presidente Humala, los conflictos sociales se solucionan con la presencia oportuna del Estado y no con el uso abusivo de la fuerza.
“¡Suspenda la intervención de las fuerzas armadas y busque usted mismo el consenso!
Sea responsable y no le saque la vuelta al principio de autoridad. ¡Ud como militar sabe que paz a la fuerza no es paz, sino más violencia!”.



El Comercio
El cardenal Juan Luis Cipriani criticó hoy al Gobierno y las autoridades de Arequipa por el manejo del conflicto en Islay, generado por la oposición de un sector de la población al proyecto cuprífero Tía María.
“Todo señor que ha sido elegido tiene que dar cuenta a su pueblo. Creo que una llamada de atención a una situación política que no ha sabido controlar las cosas”, expresó el arzobispo de Lima en diálogo con RPP.
También consideró que “seguir llamando diálogo” al intento de las autoridades por controlar las protestas en Islay por el proyecto minero Tía María es “hacerles el juego [a los azuzadores] o ser cobardes”.
“Hacer el juego a que el diálogo es a pedradas no se puede. Decir que hay que seguir dialogando es decir: ‘No quiero resolver el problema’. Estamos aceptando una trampa: el diálogo con violencia o con chantaje no es diálogo”, añadió el cardenal.
Cipriani señaló que es imposible buscar el diálogo con aquel sector de manifestantes que cierra carreteras y comete actos violentos en Islay. “La violencia no es el camino para nada. Hay que poner un marco [para negociar]”, apuntó al respecto.
En otro momento, Juan Luis Cipriani lamentó la muerte del brigadier PNP Alberto Vásquez Durand, quien sufrió una grave herida en el cerebro durante un enfrentamiento de la Policía contra opositores a Tía María.
“Ellos [los policías] no son sujetos de un problema. Mi reflexión es un mayor respeto a las instituciones que están encargadas de velar por el orden público. Los policías son tan peruanos como nosotros”, destacó.
La protesta contra el proyecto cuprífero Tía María cumple hoy 48 días y el saldo hasta ahora es de tres muertos –dos manifestantes y un agente–, así como 166 efectivos y 80 civiles heridos. El foco de los enfrentamientos es la provincia de Islay.



El Comercio
El congresista fujimorista Carlos Tubino criticó duramente la estrategia del Ejecutivo frente al conflicto en la provincia de Islay, Arequipa, por la oposición de un sector de la población al proyecto cuprífero Tía María.
El legislador consideró que el Gobierno ha centrado sus esfuerzos en “evitar que los revoltosos se victimicen”, pero no ha tomado medidas adecuadas para erradicar la violencia en la zona, que deja hasta ahora un saldo de tres muertos, entre ellos un policía.
“La Policía sigue siendo enviada a la zona sin el equipamiento adecuado: solo con la vara de ley y escudo; con eso no se pueden hacer las cosas. Los policías van a la zona como carne de cañón, sin equipamiento”, sostuvo en diálogo con RPP.
Carlos Tubino consideró que la forma en que el Ejecutivo maneja el conflicto social en Islay pone al Perú como un “país del quinto mundo”. “Eso no se ve en ningún otro país del mundo, no estamos en la Edad Media”, agregó el parlamentario.
“El que ha fracasado [en Islay] es el Gobierno, ha dejado a la empresa sola con la ciudadanía. El Gobierno debió tener más presencia y hacer más obras”, añadió Carlos Tubino.






ANTICORRUPCION, PERSECUCION, JUDICIALIZACION POLITICA



El Comercio
Un demoledor informe que podría poner fin a la carrera del hoy suspendido fiscal de la Nación Carlos Ramos Heredia se empezaría a debatir a partir del próximo lunes en el seno de la Comisión de Procesos Disciplinarios del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).
Este documento, remitido por Pablo Sánchez, actual titular del Ministerio Público, recoge testimonios de colaboradores eficaces que participan en la investigación fiscal a Rodolfo Orellana. En ellos se da cuenta de que hubo más de una estrecha relación entre el controvertido Carlos Ramos Heredia y este presunto cabecilla de una gigantesca red de lavado de dinero.
Según fuentes de El Comercio, las declaraciones de los colaboradores señalan que el suspendido fiscal de la Nación, cuando estaba a cargo de la Fiscalía Suprema de Control Interno, puso su despacho al servicio de los intereses de Orellana, quien intentaba apartar de su camino a los fiscales que lo investigaban o denunciaban y que no se sometían a sus intereses ilícitos.
Orellana necesitaba la influencia y poder que tenía Carlos Ramos Heredia, pues como jefe de la Fiscalía Suprema de Control Interno podía sancionar o separar a los fiscales provisionales incómodos de esta presunta red criminal.
Estos favores, de acuerdo a los colaboradores eficaces de la fiscalía, se hacían a cambio de cuantiosas sumas de dinero, que estarían entre los US$10 mil y US$30 mil mensuales. Esta plata, según los testimonios, era cobrada por César Ramos Torero, hijo del suspendido fiscal, quien iba personalmente a la oficina del propio Rodolfo Orellana, en la avenida Guardia Civil, San Isidro.
Varios de estos colaboradores afirman que vieron a Ramos Torero, entre diciembre del 2013 y marzo del 2014, asistir en más de una oportunidad a esa oficina, conocida también como el búnker de Orellana, donde se editaba la revista "Juez justo", creada para difamar a los detractores de esta red.



El Comercio
Rodolfo Reyna no es el único personaje vinculado a Javier Velásquez Quesquén que aparece en la lista de colaboradores de la red de Rodolfo Orellana.
Además del ex asesor del congresista aprista, a quien se acusa de haber participado en una estafa, se encuentra Olga Gonzales Yaurivilca, hija del ex juez supremo Robinson Gonzales y recientemente apresada por sus conexiones a Rodolfo Orellana.
Ella registra contratos con el Estado por S/.26.000 en el 2010, cuando Javier Velásquez Quesquén era la cabeza de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).
El trabajo de Olga Gonzales con la PCM que más llama la atención fue el que realizó el 8 de setiembre del 2010 -cinco días antes de que Javier Velásquez Quesquén dejara la jefatura de la PCM- cuando firmó una orden, a la que accedió El Comercio, para "la elaboración de un informe sobre los avances de los sectores del Poder Ejecutivo en el cumplimiento del Plan Nacional Anticorrupción y sobre los aportes del Poder Ejecutivo a la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción". El precio: S/.10.000.
Velásquez ha sido enfático en decir que no conoce al ex vocal supremo Robinson Gonzales ni a su hija, y ha calificado como "patraña" las acusaciones. Esto después de que Heriberto Benítez señalara: "Robinson Gonzales siempre fue muy cercano a los integrantes de la llamada Célula Judicial Aprista que lideraban el juez superior César Vega Vega [fallecido]  y el actual juez superior Ángel Romero Díaz".

Lo único cierto hasta la fecha es que Robinson Gonzales y su hija Olga están detenidos por sus nexos con la red de Rodolfo Orellana.El Comercio accedió al Informe N° 035-04-2015-DIREAD-PNP en el cual se basó la detención de los recientes capturados en la Operación Tempestad contra la red Orellana.
En este documento se detallan los registros de egresos de dinero que fueron entregados impresos en formato Excel, por el colaborador eficaz con clave CELAV-010-2014, el 18 de diciembre del año pasado. Así, se ha podido determinar los pagos hechos, entre otros, al ex juez supremo Gonzales y a su hija.
A ello se suma el testimonio del colaborador eficaz CELAV 012-2014, quien sostuvo que padre e hija ocupaban oficinas en el búnker deRodolfo Orellana. Este colaborador ha sostenido que en la época en que Robinson Gonzales era vocal de la Corte Suprema se le entregaban entre US$20 mil y US$30 mil al mes.
Pero fuera del salario mensual, el informe muestra que Robinson Gonzales podía recibir hasta US$25 mil en un solo día, como el 23 de octubre del 2012 bajo el rubro "comisión Ucayali". Tres días antes, el 20 de octubre, recibió un "bono" de US$5 mil.
Según el documento, Rodolfo Orellana no solo le daba dinero por su "trabajo", también le pagaba los trámites y otros temas de índole más personal. Por ejemplo, el 17 de agosto del 2012 se registra un pago de S/.355 por "práctica de tiro". De igual manera, S/.270 por "licencia de arma" y S/.250 para "municiones" fueron entregados 5 días despupes.
Olga Gonzales, por su parte, en un día recibía hasta US$16 mil, como el 20 de octubre del 2011 "por indición del Dr. O-02", código deRodolfo Orellana. Luego registra una serie de entregas de dinero, pero para pagos a terceros. El 22 de agosto del 2012, por ejemplo, se consigna que recibió US$2.500 "para el pago a secretario del 52° Juzgado Penal, Caso Lurín".


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