sábado, 16 de mayo de 2015

ESTA NOCHE sábado 16 mayo 2015



ESTA NOCHE, donde usted se entera no de todo lo que ocurre, sino de lo que necesita saber.

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MEDIA COLUMNA
Coctel molotov


Jorge Morelli
@jorgemorelli1
jorgemorelli.blogspot.com


En otros lugares el dueño del suelo es dueño también del subsuelo y todos sus recursos. Aquí, el dueño del subsuelo es el Estado y el poseedor del suelo puede descubrir a su puerta un día a un representante de una empresa privada que dice que ha llegado con el Estado a un acuerdo para excavar en su suelo. Este es el primer ingrediente que pone presión a la negociación entre las comunidades y las empresas.

El segundo es que el dueño del suelo no tiene título de propiedad. El Estado se lo niega. ¿Cómo entonces va a negociar el poseedor con la empresa un alquiler, una participación en el accionariado o en las utilidades, un contrato de alquiler o una servidumbre de paso siquiera si, al no tener título, no tiene seguridad jurídica ni certidumbre alguna de que no se van a quedar con su tierra? Este es el segundo ingrediente.

Agréguele ahora el tercero. Si la empresa es estadounidense (no así las británicas, canadienses y australianas que tienen 150 años de Antropología en las bibliotecas de Oxford y de Cambridge), existe la probabilidad de que esta diga a la comunidad que ya negoció con el Estado que le ha dado una concesión, que paga puntualmente a sus trabajadores, que si hace falta una escuela o una posta médica eso es responsabilidad del Estado, que para eso paga sus impuestos (menos aun mostrará inclinación alguna por apadrinar la fiesta patronal de la comunidad). Así que hágase a un lado porque voy a excavar.

Los tres ingredientes sumados ponen una presión enorme a la negociación entre las comunidades y las empresas. Fracasa fácilmente. La agitación de los tres –por cúpulas políticas que engañan a los comuneros- produce un coctel molotov al que solo le hace falta una chispa para estallar.

Lo sorprendente es que, a pesar de todo eso, la mayoría de negociaciones entre comunidades y empresas lleguen a buen término. Existen muchos casos exitosos que nadie conoce porque la prensa no repara en ellos. El “modelo Ollachea”, por ejemplo, por el que esa comunidad de Carabaya, Puno, tiene el 5% de las acciones de la empresa creada para la operación minera por la canadiense IRL, que cotiza en la Bolsa de Lima. Otro “modelo” es el de la participación en las utilidades de la empresa, de 3% en el caso de la europea Xstrata en Espinar. Hay infinidad de variantes del “modelo”.

Lo que hace falta es una política de Estado que rodee de garantías la negociación entre las comunidades y las empresas. Este marco tiene tres piezas: titulación por el Estado de la propiedad de la tierra comunal (y de la propiedad familiar privada dentro de la comunidad); “siembra de agua” por la comunidad y la empresa en las punas comunales (mediante obras por impuestos); y participación de la comunidad en la renta que produce la explotación del recurso (lo que el desnaturalizado canon debió ser antes de convertirse en la estafa del siglo). 

La llamada “licencia social” o, en su caso, la “consulta previa” favorable no es sino el resultado exitoso del contrato comunal-privado cuando es libre. Paradójicamente, para ser libre requiere del marco de esa política de Estado.



REPORTE DE NOTICIAS en Internet
Las siguientes notas periodísticas de política y economía han sido seleccionadas, editadas y ordenadas
temáticamente. No se las debe citar como tomadas directamente de sus fuentes originales, las mismas que se indican sólo como una forma de reconocer el crédito y agradecer la cortesía.




GOBERNABILIDAD, DEMAGOGIA, AUTORITARISMO, DEMOCRACIA



El Comercio
El presidente del Consejo de Ministros Pedro Cateriano anunció que la empresa minera Southern Copper ha dispuesto el cese temporal del proyecto cuprífero Tía María.
"He sido informado de que la empresa [Southern Copper] acepta una pausa para que este proyecto pueda ser discutido técnicamente", manifestó al pleno del Congreso tras el mensaje a la Nación emitido minutos antes por el presidente Ollanta Humala.
"No podemos imponer por la fuerza el proyecto", anotó. Sin embargo, dijo que "es obligación de todo Gobierno aplicar la Constitución y hacer prevalecer el principio de autoridad y el Estado de derecho".
Cateriano no lamentó la intervención de las Fuerzas Armadas en Islay para apoyar a la Policía Nacional en su labor de resguardar el orden. "[No] es algo que desechemos [el estado de emergencia]”, dijo.



El Comercio
Oscar Gonzáles Rocha, presidente ejecutivo de Southern Peru, envió hoy un comunicado confirmando que la empresa "propone una pausa, un intervalo" de 60 días a la ejecución del proyecto Tïa María.
"Solicitamos el tiempo y las facilidades necesarias para poder socializar el proyecto y despejar todas las dudas existentes en los próximos 60 días", señaló. "La empresa está dispuesta a hacer todo lo necesario en pro de la gobernabilidad", dijo.
De otro lado, anotó que “una empresa que busca el desarrollo y es socialmente responsable, no puede ser indiferente a una realidad que afecta directamente a la zona donde se ubica uno de sus proyectos… Me refiero a los lamentables hechos de violencia que vienen afectando a la
población del Valle del Tambo y que ahora se han trasladado a la ciudad de
Arequipa", agregó.



RPP
Los accesos al distrito de Cocachacra, en la provincia arequipeña de Islay, permanecen bloqueados, pese a la propuesta de la empresa Southern Perú de una “pausa” en el proyecto Tía María.
Los policías están en la comisaría del distrito, pero no salen a patrullar para evitar enfrentamientos.



El Comercio
Diversas organizaciones sociales del sur del país se reunirán hoy al mediodía en Arequipa para decidir acciones en conjunto. El dirigente Jorge del Carpio informó que no se descarta un paro macrorregional en Arequipa, Puno, Moquegua, Tacna, Cusco y Apurímac, contra el proyecto Tía María.
“Las organizaciones que decretaron un paro de 72 horas ahora tienen la tarea de trabajar una huelga general indefinida y no solamente en Arequipa, sino también en toda la Macrosur”, dijo.
Señaló que el mensaje a la nación dado por el presidente Ollanta Humala es la reiteración de que no piensa cumplir su compromiso con el pueblo del Valle de Tambo en 2011.
“Lo único que ha ofrecido es represión. Ha pedido al Ministerio Público y al Poder Judicial que hagan su trabajo, es decir reprimir al pueblo”.



El Comercio
Nadine Heredia respaldó el mensaje a la Nación del presidente Ollanta Humala sobre el proyecto Tía María.
"El presidente Ollanta Humala sigue firme en la defensa del Estado de derecho y el orden jurídico. ¿Estaremos listos todos por encima de los intereses personales?", escribió en su cuenta de Twitter.
También cuestionó a quienes exigen al Ejecutivo paralizar Tía María. "No señalan cómo se haría [la suspensión] sin que ello impacte negativamente y siente un precedente", enfatizó.
"A los que demandan la autoridad del Estado, recordarles que esta se ejerce en conjunto: los poderes del Estado y los líderes políticos [...] ¿O seguiremos pateando responsabilidades mientras violentistas impiden las inversiones en el país, frenando el desarrollo de nuestros hijos?", destacó.



El Comercio
La pausa de 60 días propuesta por Southern Perú para socializar su proyecto cuprífero Tía María ha suscitado opiniones dispares en el empresariado.
La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SMPE) saludó la decisión de sus asociada.
El presidente de Confiep, Martín Pérez, manifestó que la propuesta de Southern abre una opción de diálogo que los peruanos estamos obligados a tomar.
Para el economista Pablo Bustamante, director de Lampadia, la decisión pone en riesgo la inversión que el país necesita. "Si Tía María se convierte en un Conga, pasará lo mismo con el próximo proyecto minero, y con el siguiente, y allí se acabó toda la inversión. No solo hablamos de que Arequipa retrocedería a la época del conflicto en torno a Egasa [2002], en que se paralizaron todas sus inversiones. Podría suceder lo mismo en el país", exclamó.



El Comercio
El desborde popular en acción
José Matos Mar
El proyecto Tía María es muy importante para el país. Por ello, es fundamental que los científicos sociales ayudemos a entender el conflicto en toda su dimensión. Para mí es un ejemplo vivo de lo que he llamado desborde popular. Con apoyo de un colaborador, propongo algunas claves de este drama.
Primer acto: Incomprensión de la realidad. Como todo valle costeño, el del río Tambo tiene tres sectores muy bien diferenciados: el bajo, formado por agricultores independientes; el medio, formado por los obreros de la Central Azucarera Chucarapi; y el alto, formado por campesinos. El sector bajo corresponde a los distritos de Deán Valdivia y Punta de Bombón, con 12 mil pobladores; mientras que el medio y alto corresponde al distrito de Cocachacra, con 10 mil pobladores.
Una consultora extranjera elabora el diagnóstico y trata a todos como si fueran una realidad homogénea. Como consecuencia, la negociación del estudio de impacto ambiental (EIA) se hace con los pobladores del sector bajo, sin tomar en cuenta al medio y al alto, que son las zonas de influencia directa del proyecto minero. Conclusión: sector alto y sector medio excluidos pese a ser tan numerosos como el sector bajo.
Segundo acto: Error empresarial. En diciembre del 2013, la empresa interesada lleva a cabo la audiencia pública que manda la ley y, conocedora de la resistencia del sector bajo, trae desde Arequipa a un centenar de jóvenes estudiantes que sustituyen a los agricultores. En 30 minutos exponen el EIA de 300 páginas y “absuelven” las 138 observaciones formuladas por la Oficina de Proyectos de las Naciones Unidas. Conclusión: sector bajo también excluido del conocimiento del proyecto. 
Como era lógico de esperar, en ese momento nace la protesta.
Tercer acto: Miopía del gobierno. Ajeno a estas dos realidades, en abril de este año el actual primer ministro visita Mollendo y demanda “orden”. Inmediatamente se desata la violencia. Si de verdad quería poner orden, hubiese sido más aconsejable no viajar a Mollendo y a cambio ir a la avenida Las Artes de San Borja para sancionar a los funcionarios del Ministerio de Energía y Minas que se prestaron al despropósito de no cumplir la ley en la audiencia de aprobación del EIA.
Además, el Ejecutivo forma una comisión con cuatro respetables técnicos, ministros de Estado, para negociar con los dirigentes opositores del proyecto. El supuesto implícito es que el problema es técnico y no político o social. Los opositores se dan el lujo de desairar a los ministros, a la presidenta del Congreso y a la gobernadora regional. Un incidente inadmisible que me hizo recordar que en el 2004, en el Caso Ilave, Luis Thais hizo llevar a Puno a los dirigentes renuentes en patrullero y luego de hablar con ellos se fue solo sin policía a la plaza de Ilave, donde saludó en aimara a la población e inició el diálogo. Una mezcla de firmeza y apertura democrática que ahora se hizo extrañar.
Conclusión: la protesta, lejos de aplacarse, se encrespa hasta hacerse inmanejable.
Luego nadie supo qué hacer. Los opositores extreman su violencia para provocar un muerto más y lo logran. El gobierno apuesta por la militarización. La empresa no sabe si continuar o paralizar el proyecto.
Colofón. Este resumido balance nos arroja tres factores claves: 1°. El punto de partida de la empresa estuvo errado; 2°. Debido a ello, en la negociación no están todos los actores sociales que deberían estar; y 3°. Quienes deben negociar políticamente por el gobierno no han sabido hacerlo bien.
¿Todo está perdido o hay salidas viables y racionales? Considero que sí las hay. 
Primero, el gobierno debe reconocer que este no es un problema técnico, que no se trata de ofrecer una obra de agua potable a un alcalde o de encarcelar a un extremista. Eso no resuelve el resentimiento histórico del valle con la empresa ni crea condiciones sostenibles para la inversión. La mejor solución sería designar a un alto comisionado, cercano a la Presidencia de la República, que dirija un nuevo proceso y realice ofertas y establezca compromisos políticos.
Segundo, en lugar de negociar con solo una parte del valle, debería incluirse a las organizaciones de los sectores medio y alto que también tienen algo que decir y que han estado al margen de este conflicto. Nótese que la violencia se ha producido del puente Pampa Blanca para abajo, en solo un tercio del valle, y entre Mollendo y Matarani la zona más lejana del proyecto.
Por último, si la empresa desea convivir en el largo plazo con el valle, debería comprometerse a apoyar un proyecto de desarrollo microrregional a 20 años. Si así lo hiciese, ¿alguien se opondría?



El Comercio
Antimineros (para dummies)
Carlos Meléndez
A estas alturas, Pepe Julio Gutiérrez se ha convertido en el dirigente social más (tristemente) célebre del país. Presumiblemente negoció con la Southern la desmovilización de las protestas contra Tía Maríapor unas millonarias “lentejas”. Su caso no debería ser novedad: la dirigencia social –sobre todo cuando carece de representatividad– no es ajena a la corrupción. Si esta llega a los funcionarios de cuello blanco, también alcanza –con mucha más razón– a la “burocracia” del reclamo social.
En tantos años de conflictividad, pocos han aprendido la lección. Comencemos el repaso. Primero: no existe líder, caudillo, agitador o “huaraquero” que pueda arrogarse algún nivel decente de representatividad del descontento. Ni Gutiérrez ni Marco Arana, ni Ollanta Humala –en su momento más “polo rojo”–. Ninguno. Los canales de intermediación política y social en el Perú están rotos. Por dicha debilidad, los dirigentes sociales ven reducidas sus funciones a las de simples operadores políticos –una suerte de brókeres de la demanda insatisfecha– sin capacidad real de control, ascendencia y dirección del movimiento social. (Sí, estimado minero-dueño-del-Perú, usted estuvo haciendo mal negocio).
Segundo, y aunque usted no lo crea, estos “azuzadores” son los menos radicales (no tendrían, de hecho, línea directa con emisarios de las mineras). La protesta social sostenida atrae a indignados y directos afectados tanto como a anarquistas y militantes de la violencia. La protesta legítima es, a la vez, una puerta falsa donde se infiltran operadores de la disfuncionalidad social. Normalmente estos portan una voz anómica que gana terreno conforme se socava la legitimación de los dirigentes más moderados y se perpetúa el enfrentamiento.
Así, llega el momento en que el colectivo se vuelve incontrolable. Gutiérrez lo expresa claramente (para diario “Gestión”): “Qué se puede hacer ante una masa, no son los alcaldes, no son los presidentes de las juntas, sino es una masa humana (la que dirige la protesta)”. La movilización violenta es el fracaso del bróker, no su capital, como interpreta cierta prensa. El comportamiento colectivo disruptivo desborda a dirigentes y autoridades. Los alcaldes distritales y la gobernadora Osorio son, especialmente, “testigos privilegiados” de brazos cruzados. El escalamiento de la protesta sobrepasa los “superpoderes” de los manipuladores o de quienes “engañan a la población”.
La causa del conflicto no es la desinformación sino la insatisfacción. No hay estrategia de comunicación de EIA (evaluación de impacto ambiental) que valga. Un 25% de peruanos –según Ipsos– cree que el país está retrocediendo, luego de tantos años de crecimiento económico. ¿Cuándo vamos a entender que mientras el ciudadano promedio se sienta perdedor, habrá espacio para sacar a la calle su bronca? Mientras proyectos como Conga y Tía María se conviertan en símbolos del mediocre statu quo (gracias al mandatario y a las ensimismadas élites empresariales, cuyo mayor contacto con la realidad es la “empleada doméstica”), existirán “antimineros”. No me refiero a esos “irracionales vándalos” amotinados en Arequipa, sino al 33% de peruanos que señala que un proyecto minero perjudica al país: 15% en el NSE A (¡!), 29% en B, 32% en C, 37% en D y 39% en E. Nada más viejo que la lucha de clases.






ANTICORRUPCION, PERSECUCION, JUDICIALIZACION POLITICA



El Comercio
El ex vocal supremo Robinson Gonzales, su hija Olga Gonzalez, Blanca Paredes y Álvaro Delgado, todos implicados en la red criminal de Rodolfo Orellana, fueron liberados hoy por el Poder Judicial, que revocó su detención preliminar.
La Sala Penal Nacional dispuso que Robinson Gonzales y los otros, que fueron capturados durante el operativo en contra del aparato legal de Rodolfo Orellana la semana pasada, llamado operación Tempestad; fueran puestos en libertad por no haber pruebas para mantenerlos en detenidos.
La sala integrada por las jueces Edita Condori (presidenta), Sonia Torre Muñoz y el ponente Rómulo Carcauto solicitó también investigar al juez que dispuso la captura de Robinson Gonzales y los otros implicados.
"Uno siente que estamos viviendo en un país en el que cualquier cosa puede suceder. Se está perdiendo la vergüenza", declaró el fiscal a El Comercio. Recordó que, pese a que presentó un recurso de recusación en contra de los jueces de la sala, estos resolvieron.
Detalló que la recusación se basó en que una jueza había trabajado cercanamente con Robinson Gonzales.
Consultado sobre si había peligro de fuga de los implicados, el fiscal respondió: "Cómo no va a haber peligro de fuga si es crimen organizado. El peligro de fuga era evidente".



El Comercio
El ex ministro aprista Aurelio Pastor fue condenado hoy a cuatro años de prisión efectiva por delito de tráfico de influencias.

Pastor fue hallado responsable de tráfico de influencias por haber solicitado el pago de S/.60 mil a la alcaldesa de Tocache Corina de la Cruz a cambio de ayudarla a solucionar su problemas en el Jurado Nacional de Elecciones y en una Fiscalía Suprema en el 2012.

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