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viernes, 3 de julio de 2015

ESTA NOCHE viernes 3 julio 2015




ESTA NOCHE, donde usted se entera no de todo lo que ocurre, sino de lo que necesita saber.


MENU DEL DIA


ü  Según Infobras –observatorio de obras públicas de la Contraloría– en mayo último había 560 proyectos paralizados en el país. Una inversión de 4,293 millones de soles

ü  Ministro de Economía: "la inversión del gobierno central ha aumentado 40%... Si el ministerio 'A' no tiene capacidad de gastar, entonces lo pasamos al ministerio 'B' de manera inmediata”

ü  Humala destacó en la Cumbre de la Alianza del Pacífico que su gobierno se ha dedicado a la educación. Ha aumenta la inversión de 3% a 3,5% del PBI y "hay más de 72 mil jóvenes becados en el país y el extranjero”, dijo

ü  Hildebrandt en sus trece: “según un documento contable interno alcanzado a este semanario, en el 2006, después de la campaña electoral, la Primera Dama y su entorno recibían y sacaban dinero del partido como si de sus cuentas personales se tratase”

ü  Mauricio Mulder: el gobierno de Ollanta Humala buscaría evitar que éste hable de temas financieros de la pareja presidencial y que, por ello, ablandarían su régimen carcelario


La opinión en MEDIA COLUMNA representa exclusivamente a su autor. Usted puede reenviar y publicar libre y gratuitamente cualquier MEDIA COLUMNA tomándola de este correo o de jorgemorelli.blogspot.com


MEDIA COLUMNA
Solución provisional


Jorge Morelli
@jorgemorelli1
jorgemorelli.blogspot.com


Es pavorosa la brecha entre el discurso autista del gobierno en la cumbre de la Alianza del Pacífico y la parálisis terminal de la obra pública. En mayo pasado, había 560 proyectos paralizados en todo el país (por valor de más de cuatro mil millones de soles). El gobierno hoy trata inútilmente de sustituir el nulo avance de los gobiernos regionales, en estado de coma, por el del gobierno central.

Pero no hay otro remedio que una solución provisional, de emergencia: que las empresas hagan obra pública. La herramienta institucional para esto es el mecanismo de obras por impuestos, que les permite financiar obras, ejecutarlas por convenio con la comunidad, el gobierno local o el regional, y deducir luego lo invertido de su impuesto a la renta.

Solución provisional, digo, porque la empresa no puede sustituir al Estado. Pero este necesita ser virtualmente reconstruido, y eso toma tiempo. Por el momento, no hay otro camino que dividirse el trabajo.

Las mineras necesitan hacer obra –de “siembra y cosecha de agua”, por ejemplo- no solo en las comunidades de su zona de influencia, sino también fuera de ella, en la periferia, donde la agitación política actúa contra ellas. Y el Estado debe proveer el marco de una nueva política pública que haga posible ese libre contrato entre comunidades -andinas y amazónicas- y empresas -mineras y energéticas-

Hay pruebas de sobra de que el Estado puede ejecutar esa política publica , que multiplique exponencialmente la inversión privada y pública en recursos naturales e infraestructura en los próximos diez años, mientras se reconstruye el Estado.

Lo hizo en el pasado, a través de Proinversión, en Las Bambas, en Michiquillay, en La Granja, donde se negoció primero un acuerdo con las comunidades y solo luego se licitó la concesión en paquete, incluyendo el acuerdo. Gracias a eso, las inversiones en esas minas de Glencore, Anglo American y Río Tinto, respectivamente, fueron casos de éxito, no de fracaso. El éxito estuvo en que los comités de promoción de inversión formaron equipos que hicieron trabajo de campo en las comunidades, casa por casa. Se adelantó obras antes de licitar la concesión, y se lo recuperó luego de la empresa ganadora. De lo pagado por la concesión de Las Bambas, el 50% fue a un fondo de fideicomiso para las comunidades de la zona de influencia, en Chalhuahuacho, Mara, los distritos de Cotabambas y de Grau. Administraba el fondo un comité al que las comunidades presentaron proyectos que canalizaron los distritos hacia sus presupuestos participativos. En la mina Magistral, de Ancash, un comité de profesionales, hijos de la comunidad, negoció con el Estado un acuerdo que dio 90 millones de soles a las comunidades de Conchucos (70%) y de Pampas (30% ). No mesas de díálogo, sino de desarrollo.

Hasta el 2011. Ese ya no fue el caso de Conga.  Aun entonces, Energía y Minas todavía se las arregló para encapsular Conga, desactivar el caso de La Oroya, advertir del caso Pichanaki (donde había bases del MRTA). Pero fue sistemáticamente saboteado por Ambiente y la PCM (de Vladimiro Huaroc, de Giesecke, Echave, Cabieses y Pulgar Vidal). El conflicto entre comunidades y empresas se trasladó luego al Consejo de Ministros del gobierno humalista y se convirtió en una guerra entre esos sectores. Hasta el final mismo, el gobierno humalista nunca pudo decidir, entre Ambiente y Energía y Minas, quién es Napoleón y quién es Josefina.

Ahora es tarea del próximo gobierno.



REPORTE DE NOTICIAS en Internet
Las siguientes notas periodísticas de política y economía han sido seleccionadas, editadas y ordenadas
temáticamente. No se las debe citar como tomadas directamente de sus fuentes originales, las mismas que se indican sólo como una forma de reconocer el crédito y agradecer la cortesía.



LIBERTAD ECONOMICA, GLOBALIZACION, REFORMAS, INVERSION



El Comercio
De mal en peor. Si hasta enero el estado de avance de las obras públicas era preocupante, debido a que 339 proyectos estaban paralizados, cinco meses después la situación ha empeorado. Según reporte de Infobras –el observatorio de obras públicas de la Contraloría General–, al 20 de mayo último se han identificado 560 proyectos paralizados. Una inversión comprometida de S/.4.293 millones.
Si bien los gobiernos locales encabezan la lista con 408 proyectos paralizados (por S/.3.037 mlls.), los regionales y el gobierno nacional no se quedan atrás.
Los primeros tienen 119 obras públicas (S/.1.178 mlls.) en la misma condición. El gobierno central 33 proyectos por S/.88 mlls.
A nivel de municipalidades, la distrital de Echarati y la provincial de Espinar, ambas en Cusco, tienen el mayor número de obras paralizadas. Y entre los gobiernos regionales, Cusco, Lima y Moquegua lideran. En el gobierno nacional encabezan la lista el Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social (Foncodes) y el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural (AgroRural).



El Comercio
El ministro de Economía y Finanzas (MEF), Alonso Segura, explicó que su cartera evalúa medidas, como parte del paquete de facultades legislativas, para promover, acelerar y asegurar la ejecución de inversiones en el país.
"Si el ministerio 'A' no tiene capacidad de gastar, entonces lo pasamos al ministerio 'B' de manera inmediata, No esperamos a fin de año cuando, efectivamente, no se puede gastar", informó en entrevista a RPP.
Segura agregó que se trabajan marcos normativos y obras por impuestos. "[Para] generar reglas mas claras, para que luego no tengamos la proliferación de adendas", señaló.
Sobre el avance en la ejecución, señaló que se reportó un crecimiento de más de 40% interanual en la inversión del gobierno nacional, si se considera a las carteras de Defensa y del Interior. No obstante, la ejecución de los gobiernos subnacionales está cayendo en más del 30%.
Respecto a cómo afrontará la Alianza del Pacífico la integración de la promoción de inversiones en infraestructura, en un contexto en el que Estados Unidos retirará, de forma inminente, su estímulo ocasionando un endurecimiento en las condiciones de financiamiento, el Ministro aseguró que se trabaja en atraer flujos de capital.
"Muchos fondos globales no necesariamente van a llegar al Perú, pese a que tenemos todas las condiciones menos una, que es tamaño. Ahí funciona la Alianza [del Pacídico] como bloque para generar escala", sostuvo Segura.



Peru21
Columna de Aldo Mariátegui
Es impresionante cómo la economía del país se ha frenado. Sin duda, existen factores externos preponderantes, pero lo que uno más percibe dentro es que los agentes económicos simplemente no invierten con el argumento de “esperar las elecciones” para tapar su desconfianza. Y eso se da básicamente porque los inútiles de Ollanta, Cateriano y Segura no motivan sus “animal spirits”. Como los dos primeros son cargos políticos (y tampoco van a ser reemplazados por algo mejor a corto plazo), como que urge que pongan a alguien con mejores capacidades que el autista de Segura.
(…)



Correo
El gobernador regional de Ica, Fernando Cillóniz motivó a los empresarios a apostar por el mecanismo 'obras por impuestos', que a su juicio representa la solución para dinamizar la ejecución de obras en las regiones.
La autoridad regional explicó que 'las obras por impuestos' es una modalidad de pago de impuestos, pero en vez de desembolsar dinero en efectivo la empresa paga a través de la ejecución de un proyecto de obra pública en una localidad municipal o regional. "Hoy en día el sector privado hace inversiones de servicio público como carreteras, puertos, aeropuertos, trasvases", enfatizó.
Cillóniz remarcó que esta modalidad, creada por ley 29230, representa la forma de desatar el nudo de la falta de ejecución en las regiones.



El Comercio
Fracasomanía
Roberto Abusada
En un extenso informe publicado el pasado domingo por el diario “Perú 21”, se reseñan los resultados más importantes de un último trabajo del Instituto Peruano de Economía (IPE), que intenta estimar de manera técnica cuál ha sido el costo en términos de progreso económico y social de no haber llevado adelante aquellos proyectos mineros programados para comenzar entre el 2010 y el presente. De todos estos proyectos considerados en el 2010, el IPE tomó únicamente al tercio de ellos que no se han ejecutado debido a algún grado de conflictividad social o la inhabilidad del gobierno en tener un marco legal predecible, dar información adecuada a los ciudadanos en las áreas de influencia del proyecto y algún mecanismo para enfrentar en el campo político a aquellos grupos interesados en promover el conflicto con fines ideológicos o personales.
Lo que el estudio encuentra es en síntesis una enorme pérdida económica y social en la que se ha incurrido, al no haber podido materializar inversiones por valor de US$21.500 millones –aproximadamente un tercio de la inversión cuantificada en el 2010–. Si estos proyectos se hubiesen llevado a cabo, solo en su etapa de construcción la economía habría aumentado su tamaño en US$31.000 millones al sumarle los efectos indirectos en todos los sectores relacionados.
Las exportaciones anuales a partir del año pasado, valoradas en US$14.800 millones, habrían elevado en 40% el total de las exportaciones peruanas. Significa también que el Perú hoy estaría produciendo 20% más oro y plata y 134% más de cobre, además de 60% más de molibdeno. También aquí el efecto indirecto de la producción minera al pagar salarios y demandar productos hubiera generado en cuatro años riqueza por valor de US$36.000 millones, que añadidos al producto obtenido en la etapa de construcción configuran la pérdida de US$67.000 millones en términos de PBI que el estudio estima.
Todo esto implica que el país pudo haber tenido tasas de crecimiento mucho mayores, agregando más de un millón de empleos a los que hoy existen y, mucho más importante que lo anterior, se hubiera disminuido el nivel de pobreza del actual 22,7% a 17%.
¿Qué actitud podemos adoptar después de conocer estos resultados? Una posible reacción es la de lamentarnos y decir que en el Perú nada funciona bien, que las instituciones son débiles y que no rige el imperio de la ley. A esa actitud se refería Albert Hirschman cuando acuñó el término ‘fracasomanía’ para describir el pesimismo al que son proclives los intelectuales latinoamericanos: una actitud que no reconoce el progreso gradual (aquel que se fundamenta en valorar lo que sí se ha logrado y entender los errores cometidos para construir hacia delante). Esa actitud es la que no debe prevalecer, ya que alienta a aquellos quienes quieren tirar por la borda todo lo logrado y regresar a las políticas desastrosas del pasado.
El Estado, los gobiernos regionales y las empresas deberán rediseñar la manera en que se lleve a cabo la explotación de los inmensos recursos naturales que posee el Perú, y ello pasa por reconocer que muchos compatriotas en lugares remotos dudan de los beneficios que les reportará el extraer de manera responsable esa riqueza que yace bajo sus pies. Se deberá entender que su incredulidad y suspicacia tienen muchas veces sustento en experiencias del pasado y en la mentira sistemática que propaga el movimiento antiminero. La manera en que se deberán llevar a cabo los grandes proyectos no podrá circunscribirse al proyecto mismo. En cambio, la mina deberá ser un componente más de un conjunto de varios otros proyectos promovidos por el Estado que se lleven a cabo simultáneamente con su construcción y la posterior explotación del recurso; proyectos de caminos, hospitales, escuelas y otras actividades productivas en que participe la comunidad.
Solo así podremos eliminar por completo el fértil terreno que el activismo antisistema encuentra para llevar a cabo su antipatriótica labor.



El Comercio
Paracas. Con la presencia de sus homólogos de México, Chile y Colombia, el presidente, Ollanta Humala, clausuró la Cumbre Empresarial de la la Alianza del Pacífico en Paracas. Dijo que el bloque se ha puesto como meta duplicar el comercio dentro de la región en los próximos dos años, de modo que pase del 4% al 8%.
Destacó la necesidad de que las pymes de los cuatro países de la Alianza del Pacífico se inserten en las cadenas globales de valor, para lo que se creará un fondo.
Destacó que el Estado ha incrementado la inversión en educación del 3% al 3,5% del PBI, e indicó que ha emprendido una reforma del sector que incluye un ambicioso sistema de becas. "Hay más de 72 mil jóvenes becados en el país y el extranjero”, dijo.



El Comercio
El tipo de cambio se mantuvo sin cambios en un contexto de cautela frente al futuro de Grecia. A las 10:00 hora local (1500 GMT), el tipo de cambio interbancario operaba a S/.3,172, el paralelo a S/.3,18 y en los bancos a S/.3,37.



El Comercio
Atenas. Cerca de 10 millones de griegos están convocados al referendo del domingo 5 de julio. Los electores deberán votar "sí" o "no" a las condiciones que los acreedores (Comisión Europea, BCE y FMI) presentaron la semana pasada para seguir financiando al país. En la papeleta, el "no", defendido por el gobierno, figura encima del "sí".
Los dos socios de gobierno, el izquierdista Syriza, y la derecha soberanista ANEL, apoyan el no para “negociar en mejores términos" con los acreedores. Los neonazis de Amanecer Dorado quieren también el "no".
A favor del sí están los opositores Nueva Democracia (centro-derecha), Pasok (centro-izquierda) y To Potami (centro), que plantean el referendo como un plebiscito sobre la permanencia en el euro.
 Desde el pasado lunes y hasta el 6 de julio rige un estricto control de capitales, por el que los clientes de los bancos pueden retirar en los cajeros un máximo de 60 euros por día y persona.
El martes expiró el programa europeo de asistencia financiera a Grecia, y el mismo día el país cayó en default con el Fondo Monetario Internacional al no poder abonar un pago de unos 1.550 millones de euros.
El referendo ha sido organizado en una semana, ya que fue anunciado la noche del viernes pasado por el primer ministro, Alexis Tsipras, y aprobado por el Parlamento al día siguiente.
Los colegios electorales estarán abiertos desde las siete de la mañana (12 am en el Perú) a las siete de la tarde (12 pm en el Perú). Sobre las nueve de la noche (1 pm del domingo en el Perú) se esperan los primeros datos.






AGUA, MINERIA, CONFLICTOS AMBIENTALES, REGIONALIZACION



El Comercio
No, ¡un tren para los peruanos!
Juan de Dios Olaechea
He leído atentamente el artículo de José Matos Mar, “¿Un tren para la China?”, aparecido en El Comercio el 27 de junio, sobre el tren bioceánico que conectará las costas del Perú con las de Brasil. Discrepo completamente con las premisas y conclusiones de dicho artículo. Aunque trabajo en el transporte ferroviario, quiero señalar que no tengo ningún interés económico en el proyecto del ferrocarril bioceánico.
En el artículo en cuestión, Matos Mar asegura que –aunque un megaproyecto de esta envergadura es necesario– el que China defina la ruta del tren es un exceso y el que Brasil lo ayude diseñando una vía sin consultar al Perú es un “rezago de un mayorazgo regional”. Aunque es cierto que el inversionista decidirá el trazo del ferrocarril, esto se justifica porque será él quien corra con el gasto, y riesgo, de construir lo que será una línea muy importante del sistema ferroviario. Además, tengamos en cuenta que el Estado aprueba y regula la concesión. Una concesión que tendrá un plazo máximo de 60 años, al vencimiento del cual los bienes revertirán inmediatamente al Estado.
Concuerdo con la afirmación del autor sobre cómo el impacto ambiental a la Amazonía debe ser mínimo. Ahora bien, hoy en día la población está pidiendo al Gobierno Peruano la construcción de una carretera interoceánica centro, que uniría Pucallpa con la carretera brasileña. El gobierno ha declarado que pronto licitará su construcción. El problema es que eso consumaría un crimen ecológico similar al que se efectuó en Madre de Dios con la construcción de la Carretera Interoceánica Sur, porque facilitaría el transporte de productos ilícitos. La solución es precisamente que, en lugar de construir una carretera, se construya una vía férrea. Esto porque su carga es fácil de controlar y no deja espacio para la informalidad.
La mayor parte del trazo del tren en el Perú sería en la selva alta, en el valle del Huallaga, hoy ocupado por plantaciones de coca. Un tren que recorra este valle ayudaría a acabar con este cultivo ilegal, al hacer rentables cultivos alternos, que tendrían una forma económica de ser transportados.
Pasando a temas específicos de la industria ferroviaria, no podemos concordar con que “las rutas no deben responder a criterios topográficos, sino al criterio de corredores económicos”.
Un tren que cruza los Andes a 1.500 metros sobre el nivel del mar tiene características completamente diferentes a aquel que lo hace a 4.800 metros. Un tren híbrido construido para pasar por lugares tan distintos tendrá serias limitaciones técnicas. Entre ellas, un alto consumo de petróleo y problemas de dispersión de energía en el frenado, curvas y contracurvas.
Matos Mar asegura también que debe escucharse la propuesta del presidente boliviano para que el tren pase por su país. Pero esto nuevamente no tiene sentido técnico, pues requeriría un tren que pueda ir por diferentes alturas.
La propuesta de que la ruta discurra por la costa peruana no es urgente ni prioritaria. Cuando se acabe de construir la Panamericana en doble calzada, se comprobará que muchos de los actuales problemas de transporte costeño han sido solucionados. Debemos apuntar más bien a la articulación homogénea del territorio nacional, en muchos lugares abandonados.
Finalmente, el desconocimiento del autor lo lleva al prejuicio de considerar el tren de carga como menos importante que el tren de pasajeros. Sin tren de carga no hay desarrollo, los fletes son prohibitivos, carreteras congestionadas y colapsadas, accidentes y muertes. Donde hay competencia directa entre una carretera y un ferrocarril, el tren de carga cumple una función social importantísima al garantizar la movilidad social por la carretera.
Espero por el bienestar futuro del Perú que se construya el ferrocarril del valle del Huallaga, única obra de infraestructura que sería un hito en la historia del Perú y su nación.



Expreso
Bosquejo de opciones
Arturo Seminario
Las opciones que contempla la Constitución para una obra como el tren bioceánico, con participación extranjera, son básicamente tres. Una es el tratado, al amparo de los artículos 56° y 57°. Otra es el contrato–ley, al amparo del artículo 62°. Y otra, la actividad empresarial estatal, al amparo del artículo 60°.
Los países inversionistas, señaladamente Brasil, podrían procurar un tratado. Este no podría ser al amparo del artículo 57°, en que no se requiere aprobación sino sólo dar cuenta al Congreso. Más bien tendría que darse al amparo del artículo 56°, lo que incidiría en cuestiones de soberanía. Con un tratado, habría usufructo conjunto –o, en su caso, servidumbre- con potencias extranjeras de bienes de dominio público peruano en el territorio recorrido. Conllevaría que el territorio recorrido no estuviera obligadamente gobernado por todas las reglas constitucionales y legales peruanas, ni las eventuales controversias sujetas a la jurisdicción interna, judicial o arbitral. Las eventuales diferencias se tendrían que resolver por vía diplomática. Se configuraría una situación próxima a las particularidades que tuvieron en su momento el Canal de Panamá (que se inició con la escisión de Panamá de Colombia en 1904) o el Canal de Suez (con acciones transferibles internacionalmente para ejercer su control), o el Corredor de Danzig (para que Polonia pudiera salir al Báltico, reclamado e invadido luego por Alemania).
Mediante un contrato-ley, de otra parte, se crearía un régimen estable sujeto a la jurisdicción interna, la judicial y la arbitral. La legislación arbitral permite el arbitraje internacional, conforme a las reglas del artículo 5| del Decreto Legislativo 1071, de 27 de junio de 2008. El asunto aduanero y de balanza de pagos de la mercadería, de ida o de vuelta, se salvaría con la figura del tránsito aduanero. La mercadería que pasaría por el Perú no se consideraría ni importada al Perú ni exportada desde el Perú. No se la contabilizaría en la balanza de pagos. Sería mercadería en tránsito aduanero, como la que atraviesa países navegando por el río Danubio hasta llegar al Mar Negro. Sólo se contabilizaría en la balanza de pagos peruana el eventual valor agregado que se pudiera dar a esa mercadería. Sobre todo, los servicios dados en el país. En su momento se establecería el régimen laboral, tributario, etc. para estos servicios.
La actividad empresarial del Estado, por último, supondría la participación del Estado en todo o en parte, vía una empresa, en la obra y en su servicio. Por la tecnología involucrada, esa empresa requeriría de tecnología del exterior. Ello se lograría mediante acuerdos plasmados en normas de Derecho Público. Si la empresa fuera mayoritariamente de particulares, estaría sujeta a la legislación común. Por la magnitud de la obra, este supuesto es en extremo remoto. En ese caso, además, sin duda se preferiría optar por el contrato–ley.






ANTICORRUPCION, PERSECUCION, JUDICIALIZACION POLITICA



Hildebrandt en sus trece
Las cuentas del Partido Nacionalista siguen complicándose y Nadine Heredia continúa en el centro del enredo financiero. Según un documento contable interno alcanzado a este semanario, en el 2006, después de la campaña electoral, la Primera Dama y su entorno recibían y sacaban dinero del partido como si de sus cuentas personales se tratase. Con el dinero del partido pagaban hasta a los empleados de la vivienda familiar.



El Comercio
El congresista Mauricio Mulder, integrante de la comisión Belaunde Lossio opinó que el gobierno de Ollanta Humala buscaría evitar que éste hable de temas financieros de la pareja presidencial y que, por ello, ablandarían su régimen carcelario.
"Lo que Martín Belaunde Lossio buscaba decir era que si lo mantenían en ese régimen [carcelario], iba a hablar. A cambio de no hablar, ahora pide que le ablanden el régimen y creo que así ocurrirá", dijo. Comentó que "el señor Belaunde Lossio es rehén de sus carceleros".



El Comercio
El suspendido congresista Heriberto Benítez demandó al Parlamento que lo deje votar en la elección de la Mesa Directiva, el próximo 26 de julio.
Dijo que, si la oposición se retira del hemiciclo como protesta por su eventual presencia, no podría votará por su candidato.


sábado, 16 de mayo de 2015

ESTA NOCHE sábado 16 mayo 2015



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MEDIA COLUMNA
Coctel molotov


Jorge Morelli
@jorgemorelli1
jorgemorelli.blogspot.com


En otros lugares el dueño del suelo es dueño también del subsuelo y todos sus recursos. Aquí, el dueño del subsuelo es el Estado y el poseedor del suelo puede descubrir a su puerta un día a un representante de una empresa privada que dice que ha llegado con el Estado a un acuerdo para excavar en su suelo. Este es el primer ingrediente que pone presión a la negociación entre las comunidades y las empresas.

El segundo es que el dueño del suelo no tiene título de propiedad. El Estado se lo niega. ¿Cómo entonces va a negociar el poseedor con la empresa un alquiler, una participación en el accionariado o en las utilidades, un contrato de alquiler o una servidumbre de paso siquiera si, al no tener título, no tiene seguridad jurídica ni certidumbre alguna de que no se van a quedar con su tierra? Este es el segundo ingrediente.

Agréguele ahora el tercero. Si la empresa es estadounidense (no así las británicas, canadienses y australianas que tienen 150 años de Antropología en las bibliotecas de Oxford y de Cambridge), existe la probabilidad de que esta diga a la comunidad que ya negoció con el Estado que le ha dado una concesión, que paga puntualmente a sus trabajadores, que si hace falta una escuela o una posta médica eso es responsabilidad del Estado, que para eso paga sus impuestos (menos aun mostrará inclinación alguna por apadrinar la fiesta patronal de la comunidad). Así que hágase a un lado porque voy a excavar.

Los tres ingredientes sumados ponen una presión enorme a la negociación entre las comunidades y las empresas. Fracasa fácilmente. La agitación de los tres –por cúpulas políticas que engañan a los comuneros- produce un coctel molotov al que solo le hace falta una chispa para estallar.

Lo sorprendente es que, a pesar de todo eso, la mayoría de negociaciones entre comunidades y empresas lleguen a buen término. Existen muchos casos exitosos que nadie conoce porque la prensa no repara en ellos. El “modelo Ollachea”, por ejemplo, por el que esa comunidad de Carabaya, Puno, tiene el 5% de las acciones de la empresa creada para la operación minera por la canadiense IRL, que cotiza en la Bolsa de Lima. Otro “modelo” es el de la participación en las utilidades de la empresa, de 3% en el caso de la europea Xstrata en Espinar. Hay infinidad de variantes del “modelo”.

Lo que hace falta es una política de Estado que rodee de garantías la negociación entre las comunidades y las empresas. Este marco tiene tres piezas: titulación por el Estado de la propiedad de la tierra comunal (y de la propiedad familiar privada dentro de la comunidad); “siembra de agua” por la comunidad y la empresa en las punas comunales (mediante obras por impuestos); y participación de la comunidad en la renta que produce la explotación del recurso (lo que el desnaturalizado canon debió ser antes de convertirse en la estafa del siglo). 

La llamada “licencia social” o, en su caso, la “consulta previa” favorable no es sino el resultado exitoso del contrato comunal-privado cuando es libre. Paradójicamente, para ser libre requiere del marco de esa política de Estado.



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GOBERNABILIDAD, DEMAGOGIA, AUTORITARISMO, DEMOCRACIA



El Comercio
El presidente del Consejo de Ministros Pedro Cateriano anunció que la empresa minera Southern Copper ha dispuesto el cese temporal del proyecto cuprífero Tía María.
"He sido informado de que la empresa [Southern Copper] acepta una pausa para que este proyecto pueda ser discutido técnicamente", manifestó al pleno del Congreso tras el mensaje a la Nación emitido minutos antes por el presidente Ollanta Humala.
"No podemos imponer por la fuerza el proyecto", anotó. Sin embargo, dijo que "es obligación de todo Gobierno aplicar la Constitución y hacer prevalecer el principio de autoridad y el Estado de derecho".
Cateriano no lamentó la intervención de las Fuerzas Armadas en Islay para apoyar a la Policía Nacional en su labor de resguardar el orden. "[No] es algo que desechemos [el estado de emergencia]”, dijo.



El Comercio
Oscar Gonzáles Rocha, presidente ejecutivo de Southern Peru, envió hoy un comunicado confirmando que la empresa "propone una pausa, un intervalo" de 60 días a la ejecución del proyecto Tïa María.
"Solicitamos el tiempo y las facilidades necesarias para poder socializar el proyecto y despejar todas las dudas existentes en los próximos 60 días", señaló. "La empresa está dispuesta a hacer todo lo necesario en pro de la gobernabilidad", dijo.
De otro lado, anotó que “una empresa que busca el desarrollo y es socialmente responsable, no puede ser indiferente a una realidad que afecta directamente a la zona donde se ubica uno de sus proyectos… Me refiero a los lamentables hechos de violencia que vienen afectando a la
población del Valle del Tambo y que ahora se han trasladado a la ciudad de
Arequipa", agregó.



RPP
Los accesos al distrito de Cocachacra, en la provincia arequipeña de Islay, permanecen bloqueados, pese a la propuesta de la empresa Southern Perú de una “pausa” en el proyecto Tía María.
Los policías están en la comisaría del distrito, pero no salen a patrullar para evitar enfrentamientos.



El Comercio
Diversas organizaciones sociales del sur del país se reunirán hoy al mediodía en Arequipa para decidir acciones en conjunto. El dirigente Jorge del Carpio informó que no se descarta un paro macrorregional en Arequipa, Puno, Moquegua, Tacna, Cusco y Apurímac, contra el proyecto Tía María.
“Las organizaciones que decretaron un paro de 72 horas ahora tienen la tarea de trabajar una huelga general indefinida y no solamente en Arequipa, sino también en toda la Macrosur”, dijo.
Señaló que el mensaje a la nación dado por el presidente Ollanta Humala es la reiteración de que no piensa cumplir su compromiso con el pueblo del Valle de Tambo en 2011.
“Lo único que ha ofrecido es represión. Ha pedido al Ministerio Público y al Poder Judicial que hagan su trabajo, es decir reprimir al pueblo”.



El Comercio
Nadine Heredia respaldó el mensaje a la Nación del presidente Ollanta Humala sobre el proyecto Tía María.
"El presidente Ollanta Humala sigue firme en la defensa del Estado de derecho y el orden jurídico. ¿Estaremos listos todos por encima de los intereses personales?", escribió en su cuenta de Twitter.
También cuestionó a quienes exigen al Ejecutivo paralizar Tía María. "No señalan cómo se haría [la suspensión] sin que ello impacte negativamente y siente un precedente", enfatizó.
"A los que demandan la autoridad del Estado, recordarles que esta se ejerce en conjunto: los poderes del Estado y los líderes políticos [...] ¿O seguiremos pateando responsabilidades mientras violentistas impiden las inversiones en el país, frenando el desarrollo de nuestros hijos?", destacó.



El Comercio
La pausa de 60 días propuesta por Southern Perú para socializar su proyecto cuprífero Tía María ha suscitado opiniones dispares en el empresariado.
La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SMPE) saludó la decisión de sus asociada.
El presidente de Confiep, Martín Pérez, manifestó que la propuesta de Southern abre una opción de diálogo que los peruanos estamos obligados a tomar.
Para el economista Pablo Bustamante, director de Lampadia, la decisión pone en riesgo la inversión que el país necesita. "Si Tía María se convierte en un Conga, pasará lo mismo con el próximo proyecto minero, y con el siguiente, y allí se acabó toda la inversión. No solo hablamos de que Arequipa retrocedería a la época del conflicto en torno a Egasa [2002], en que se paralizaron todas sus inversiones. Podría suceder lo mismo en el país", exclamó.



El Comercio
El desborde popular en acción
José Matos Mar
El proyecto Tía María es muy importante para el país. Por ello, es fundamental que los científicos sociales ayudemos a entender el conflicto en toda su dimensión. Para mí es un ejemplo vivo de lo que he llamado desborde popular. Con apoyo de un colaborador, propongo algunas claves de este drama.
Primer acto: Incomprensión de la realidad. Como todo valle costeño, el del río Tambo tiene tres sectores muy bien diferenciados: el bajo, formado por agricultores independientes; el medio, formado por los obreros de la Central Azucarera Chucarapi; y el alto, formado por campesinos. El sector bajo corresponde a los distritos de Deán Valdivia y Punta de Bombón, con 12 mil pobladores; mientras que el medio y alto corresponde al distrito de Cocachacra, con 10 mil pobladores.
Una consultora extranjera elabora el diagnóstico y trata a todos como si fueran una realidad homogénea. Como consecuencia, la negociación del estudio de impacto ambiental (EIA) se hace con los pobladores del sector bajo, sin tomar en cuenta al medio y al alto, que son las zonas de influencia directa del proyecto minero. Conclusión: sector alto y sector medio excluidos pese a ser tan numerosos como el sector bajo.
Segundo acto: Error empresarial. En diciembre del 2013, la empresa interesada lleva a cabo la audiencia pública que manda la ley y, conocedora de la resistencia del sector bajo, trae desde Arequipa a un centenar de jóvenes estudiantes que sustituyen a los agricultores. En 30 minutos exponen el EIA de 300 páginas y “absuelven” las 138 observaciones formuladas por la Oficina de Proyectos de las Naciones Unidas. Conclusión: sector bajo también excluido del conocimiento del proyecto. 
Como era lógico de esperar, en ese momento nace la protesta.
Tercer acto: Miopía del gobierno. Ajeno a estas dos realidades, en abril de este año el actual primer ministro visita Mollendo y demanda “orden”. Inmediatamente se desata la violencia. Si de verdad quería poner orden, hubiese sido más aconsejable no viajar a Mollendo y a cambio ir a la avenida Las Artes de San Borja para sancionar a los funcionarios del Ministerio de Energía y Minas que se prestaron al despropósito de no cumplir la ley en la audiencia de aprobación del EIA.
Además, el Ejecutivo forma una comisión con cuatro respetables técnicos, ministros de Estado, para negociar con los dirigentes opositores del proyecto. El supuesto implícito es que el problema es técnico y no político o social. Los opositores se dan el lujo de desairar a los ministros, a la presidenta del Congreso y a la gobernadora regional. Un incidente inadmisible que me hizo recordar que en el 2004, en el Caso Ilave, Luis Thais hizo llevar a Puno a los dirigentes renuentes en patrullero y luego de hablar con ellos se fue solo sin policía a la plaza de Ilave, donde saludó en aimara a la población e inició el diálogo. Una mezcla de firmeza y apertura democrática que ahora se hizo extrañar.
Conclusión: la protesta, lejos de aplacarse, se encrespa hasta hacerse inmanejable.
Luego nadie supo qué hacer. Los opositores extreman su violencia para provocar un muerto más y lo logran. El gobierno apuesta por la militarización. La empresa no sabe si continuar o paralizar el proyecto.
Colofón. Este resumido balance nos arroja tres factores claves: 1°. El punto de partida de la empresa estuvo errado; 2°. Debido a ello, en la negociación no están todos los actores sociales que deberían estar; y 3°. Quienes deben negociar políticamente por el gobierno no han sabido hacerlo bien.
¿Todo está perdido o hay salidas viables y racionales? Considero que sí las hay. 
Primero, el gobierno debe reconocer que este no es un problema técnico, que no se trata de ofrecer una obra de agua potable a un alcalde o de encarcelar a un extremista. Eso no resuelve el resentimiento histórico del valle con la empresa ni crea condiciones sostenibles para la inversión. La mejor solución sería designar a un alto comisionado, cercano a la Presidencia de la República, que dirija un nuevo proceso y realice ofertas y establezca compromisos políticos.
Segundo, en lugar de negociar con solo una parte del valle, debería incluirse a las organizaciones de los sectores medio y alto que también tienen algo que decir y que han estado al margen de este conflicto. Nótese que la violencia se ha producido del puente Pampa Blanca para abajo, en solo un tercio del valle, y entre Mollendo y Matarani la zona más lejana del proyecto.
Por último, si la empresa desea convivir en el largo plazo con el valle, debería comprometerse a apoyar un proyecto de desarrollo microrregional a 20 años. Si así lo hiciese, ¿alguien se opondría?



El Comercio
Antimineros (para dummies)
Carlos Meléndez
A estas alturas, Pepe Julio Gutiérrez se ha convertido en el dirigente social más (tristemente) célebre del país. Presumiblemente negoció con la Southern la desmovilización de las protestas contra Tía Maríapor unas millonarias “lentejas”. Su caso no debería ser novedad: la dirigencia social –sobre todo cuando carece de representatividad– no es ajena a la corrupción. Si esta llega a los funcionarios de cuello blanco, también alcanza –con mucha más razón– a la “burocracia” del reclamo social.
En tantos años de conflictividad, pocos han aprendido la lección. Comencemos el repaso. Primero: no existe líder, caudillo, agitador o “huaraquero” que pueda arrogarse algún nivel decente de representatividad del descontento. Ni Gutiérrez ni Marco Arana, ni Ollanta Humala –en su momento más “polo rojo”–. Ninguno. Los canales de intermediación política y social en el Perú están rotos. Por dicha debilidad, los dirigentes sociales ven reducidas sus funciones a las de simples operadores políticos –una suerte de brókeres de la demanda insatisfecha– sin capacidad real de control, ascendencia y dirección del movimiento social. (Sí, estimado minero-dueño-del-Perú, usted estuvo haciendo mal negocio).
Segundo, y aunque usted no lo crea, estos “azuzadores” son los menos radicales (no tendrían, de hecho, línea directa con emisarios de las mineras). La protesta social sostenida atrae a indignados y directos afectados tanto como a anarquistas y militantes de la violencia. La protesta legítima es, a la vez, una puerta falsa donde se infiltran operadores de la disfuncionalidad social. Normalmente estos portan una voz anómica que gana terreno conforme se socava la legitimación de los dirigentes más moderados y se perpetúa el enfrentamiento.
Así, llega el momento en que el colectivo se vuelve incontrolable. Gutiérrez lo expresa claramente (para diario “Gestión”): “Qué se puede hacer ante una masa, no son los alcaldes, no son los presidentes de las juntas, sino es una masa humana (la que dirige la protesta)”. La movilización violenta es el fracaso del bróker, no su capital, como interpreta cierta prensa. El comportamiento colectivo disruptivo desborda a dirigentes y autoridades. Los alcaldes distritales y la gobernadora Osorio son, especialmente, “testigos privilegiados” de brazos cruzados. El escalamiento de la protesta sobrepasa los “superpoderes” de los manipuladores o de quienes “engañan a la población”.
La causa del conflicto no es la desinformación sino la insatisfacción. No hay estrategia de comunicación de EIA (evaluación de impacto ambiental) que valga. Un 25% de peruanos –según Ipsos– cree que el país está retrocediendo, luego de tantos años de crecimiento económico. ¿Cuándo vamos a entender que mientras el ciudadano promedio se sienta perdedor, habrá espacio para sacar a la calle su bronca? Mientras proyectos como Conga y Tía María se conviertan en símbolos del mediocre statu quo (gracias al mandatario y a las ensimismadas élites empresariales, cuyo mayor contacto con la realidad es la “empleada doméstica”), existirán “antimineros”. No me refiero a esos “irracionales vándalos” amotinados en Arequipa, sino al 33% de peruanos que señala que un proyecto minero perjudica al país: 15% en el NSE A (¡!), 29% en B, 32% en C, 37% en D y 39% en E. Nada más viejo que la lucha de clases.






ANTICORRUPCION, PERSECUCION, JUDICIALIZACION POLITICA



El Comercio
El ex vocal supremo Robinson Gonzales, su hija Olga Gonzalez, Blanca Paredes y Álvaro Delgado, todos implicados en la red criminal de Rodolfo Orellana, fueron liberados hoy por el Poder Judicial, que revocó su detención preliminar.
La Sala Penal Nacional dispuso que Robinson Gonzales y los otros, que fueron capturados durante el operativo en contra del aparato legal de Rodolfo Orellana la semana pasada, llamado operación Tempestad; fueran puestos en libertad por no haber pruebas para mantenerlos en detenidos.
La sala integrada por las jueces Edita Condori (presidenta), Sonia Torre Muñoz y el ponente Rómulo Carcauto solicitó también investigar al juez que dispuso la captura de Robinson Gonzales y los otros implicados.
"Uno siente que estamos viviendo en un país en el que cualquier cosa puede suceder. Se está perdiendo la vergüenza", declaró el fiscal a El Comercio. Recordó que, pese a que presentó un recurso de recusación en contra de los jueces de la sala, estos resolvieron.
Detalló que la recusación se basó en que una jueza había trabajado cercanamente con Robinson Gonzales.
Consultado sobre si había peligro de fuga de los implicados, el fiscal respondió: "Cómo no va a haber peligro de fuga si es crimen organizado. El peligro de fuga era evidente".



El Comercio
El ex ministro aprista Aurelio Pastor fue condenado hoy a cuatro años de prisión efectiva por delito de tráfico de influencias.

Pastor fue hallado responsable de tráfico de influencias por haber solicitado el pago de S/.60 mil a la alcaldesa de Tocache Corina de la Cruz a cambio de ayudarla a solucionar su problemas en el Jurado Nacional de Elecciones y en una Fiscalía Suprema en el 2012.