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Según Infobras –observatorio de obras públicas de
la Contraloría– en mayo último había 560
proyectos paralizados en el país. Una inversión de 4,293 millones de soles
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Ministro de Economía: "la inversión del gobierno central
ha aumentado 40%... Si el ministerio 'A' no tiene capacidad de gastar, entonces
lo pasamos al ministerio 'B' de manera inmediata”
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Humala destacó en la Cumbre de la Alianza del Pacífico que
su gobierno se ha dedicado a la educación. Ha aumenta la inversión de 3% a 3,5%
del PBI y "hay más de 72 mil jóvenes becados en el país y el extranjero”,
dijo
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Hildebrandt en sus trece: “según un documento contable interno alcanzado
a este semanario, en el 2006, después de la campaña electoral, la Primera Dama
y su entorno recibían y sacaban dinero del partido como si de sus cuentas
personales se tratase”
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Mauricio Mulder: el gobierno de Ollanta Humala
buscaría evitar que éste hable de temas financieros de la pareja
presidencial y que, por ello, ablandarían su régimen carcelario
La opinión
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MEDIA COLUMNA
Solución provisional
Jorge Morelli
@jorgemorelli1
jorgemorelli.blogspot.com
Es pavorosa la brecha entre el discurso autista del
gobierno en la cumbre de la Alianza del Pacífico y la parálisis terminal de la
obra pública. En mayo pasado, había 560 proyectos paralizados en todo el país (por
valor de más de cuatro mil millones de soles). El gobierno hoy trata inútilmente
de sustituir el nulo avance de los gobiernos regionales, en estado de coma, por
el del gobierno central.
Pero no hay otro remedio que una solución provisional,
de emergencia: que las empresas hagan obra pública. La herramienta
institucional para esto es el mecanismo de obras por impuestos, que les permite
financiar obras, ejecutarlas por convenio con la comunidad, el gobierno local o
el regional, y deducir luego lo invertido de su impuesto a la renta.
Solución provisional, digo, porque la empresa no puede sustituir
al Estado. Pero este necesita ser virtualmente reconstruido, y eso toma tiempo.
Por el momento, no hay otro
camino que dividirse el trabajo.
Las mineras necesitan hacer obra –de “siembra y
cosecha de agua”, por ejemplo- no solo en las comunidades de su zona de
influencia, sino también fuera de ella, en la periferia, donde la agitación
política actúa contra ellas. Y el Estado debe proveer
el marco de una nueva política pública que haga posible ese libre contrato
entre comunidades -andinas y amazónicas- y empresas -mineras y energéticas-
Hay pruebas de sobra de que el Estado puede ejecutar
esa política publica , que multiplique
exponencialmente la inversión privada y pública en recursos naturales e
infraestructura en los próximos diez años, mientras se reconstruye el Estado.
Lo hizo en el pasado, a través de Proinversión,
en Las Bambas, en Michiquillay, en La Granja, donde se negoció primero un
acuerdo con las comunidades y solo luego se licitó la concesión en paquete, incluyendo
el acuerdo. Gracias a eso, las inversiones en esas minas de Glencore, Anglo
American y Río Tinto, respectivamente, fueron casos de éxito, no de fracaso. El
éxito estuvo en que los comités de promoción de inversión formaron equipos que
hicieron trabajo de campo en las comunidades, casa por casa. Se adelantó obras
antes de licitar la concesión, y se lo recuperó luego de la empresa ganadora. De
lo pagado por la concesión de Las Bambas, el 50% fue a un fondo de fideicomiso para
las comunidades de la zona de influencia, en Chalhuahuacho, Mara, los distritos
de Cotabambas y de Grau. Administraba el fondo un comité al que las comunidades
presentaron proyectos que canalizaron los distritos hacia sus presupuestos
participativos. En la mina Magistral, de Ancash, un comité de profesionales,
hijos de la comunidad, negoció con el Estado un acuerdo que dio 90 millones de soles
a las comunidades de Conchucos (70%) y de Pampas (30% ). No mesas de díálogo,
sino de desarrollo.
Hasta el 2011. Ese ya no fue el caso de Conga. Aun entonces, Energía y Minas todavía se las
arregló para encapsular Conga, desactivar el caso de La Oroya, advertir del caso
Pichanaki (donde había bases del MRTA). Pero fue sistemáticamente saboteado por
Ambiente y la PCM (de Vladimiro Huaroc, de Giesecke, Echave, Cabieses y Pulgar
Vidal). El conflicto entre comunidades y empresas se trasladó luego al Consejo
de Ministros del gobierno humalista y se convirtió en una guerra entre esos
sectores. Hasta el final mismo, el gobierno humalista nunca pudo decidir, entre
Ambiente y Energía y Minas, quién es Napoleón y quién es Josefina.
Ahora es tarea del próximo gobierno.
REPORTE
DE NOTICIAS en Internet
Las siguientes notas periodísticas de política y economía han sido
seleccionadas, editadas y ordenadas
temáticamente. No se las debe citar como
tomadas directamente de sus fuentes originales, las mismas que se indican sólo
como una forma de reconocer el crédito y agradecer la cortesía.
LIBERTAD ECONOMICA,
GLOBALIZACION, REFORMAS, INVERSION
El
Comercio
De
mal en peor. Si hasta enero el estado de avance de las obras públicas era preocupante, debido a que 339
proyectos estaban paralizados, cinco meses después la situación ha empeorado. Según
reporte de Infobras –el observatorio de obras
públicas de la Contraloría General–, al 20 de mayo último
se han identificado 560 proyectos paralizados. Una inversión comprometida
de S/.4.293 millones.
Si
bien los gobiernos locales encabezan la lista con 408 proyectos paralizados (por
S/.3.037 mlls.), los regionales y el gobierno nacional no se quedan atrás.
Los
primeros tienen 119 obras
públicas (S/.1.178 mlls.) en la
misma condición. El gobierno central 33 proyectos por S/.88 mlls.
A
nivel de municipalidades, la distrital de Echarati y la provincial de Espinar,
ambas en Cusco, tienen el mayor número de obras paralizadas. Y entre los gobiernos
regionales, Cusco, Lima y Moquegua lideran. En el gobierno nacional encabezan
la lista el Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social (Foncodes) y el
Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural (AgroRural).
El
Comercio
El
ministro de Economía y Finanzas (MEF), Alonso Segura, explicó que
su cartera evalúa medidas, como parte del paquete de facultades
legislativas, para promover, acelerar y asegurar la ejecución de inversiones
en el país.
"Si
el ministerio 'A' no tiene capacidad de gastar, entonces lo pasamos al
ministerio 'B' de manera inmediata, No esperamos a fin de año cuando,
efectivamente, no se puede gastar", informó en entrevista a RPP.
Segura agregó que se trabajan marcos
normativos y obras por impuestos. "[Para] generar reglas mas claras,
para que luego no tengamos la proliferación de adendas", señaló.
Sobre
el avance en la ejecución, señaló que se reportó un
crecimiento de más de 40% interanual en la inversión del gobierno nacional, si
se considera a las carteras de Defensa y del Interior. No obstante, la
ejecución de los gobiernos subnacionales está cayendo en más del 30%.
Respecto
a cómo afrontará la Alianza del Pacífico la integración de la promoción de
inversiones en infraestructura, en un contexto en el que Estados Unidos
retirará, de forma inminente, su estímulo ocasionando un endurecimiento en
las condiciones de financiamiento, el Ministro aseguró que se trabaja en atraer
flujos de capital.
"Muchos
fondos globales no necesariamente van a llegar al Perú, pese a que tenemos
todas las condiciones menos una, que es tamaño. Ahí funciona la Alianza
[del Pacídico] como bloque para generar escala", sostuvo Segura.
Peru21
Columna de Aldo
Mariátegui
Es impresionante cómo la economía del país se
ha frenado. Sin duda, existen factores externos preponderantes, pero lo que uno
más percibe dentro es que los agentes económicos simplemente no invierten con
el argumento de “esperar las elecciones” para tapar su desconfianza. Y eso se
da básicamente porque los inútiles de Ollanta, Cateriano y Segura no motivan
sus “animal spirits”. Como los dos primeros son cargos políticos (y tampoco van
a ser reemplazados por algo mejor a corto plazo), como que urge que pongan a
alguien con mejores capacidades que el autista de Segura.
(…)
Correo
El
gobernador regional de Ica, Fernando
Cillóniz motivó a los empresarios a apostar por el
mecanismo 'obras por impuestos', que a su juicio representa la solución
para dinamizar la ejecución de obras en las regiones.
La autoridad regional explicó que 'las obras por
impuestos' es una modalidad de pago de impuestos,
pero en vez de desembolsar dinero en efectivo la empresa paga a través de
la ejecución de un proyecto de obra pública en una localidad municipal o
regional. "Hoy en día el sector privado hace inversiones de servicio
público como carreteras, puertos, aeropuertos, trasvases", enfatizó.
Cillóniz
remarcó que esta modalidad, creada por ley 29230, representa la forma de
desatar el nudo de la falta de ejecución en las regiones.
El Comercio
Fracasomanía
Roberto Abusada
En un extenso informe publicado el pasado
domingo por el diario “Perú 21”, se reseñan los resultados más importantes de
un último trabajo del Instituto Peruano de Economía (IPE), que intenta estimar
de manera técnica cuál ha sido el costo en términos de progreso económico y
social de no haber llevado adelante aquellos proyectos mineros programados para
comenzar entre el 2010 y el presente. De todos estos proyectos considerados en
el 2010, el IPE tomó únicamente al tercio de ellos que no se han ejecutado
debido a algún grado de conflictividad social o la inhabilidad del gobierno en
tener un marco legal predecible, dar información adecuada a los ciudadanos en
las áreas de influencia del proyecto y algún mecanismo para enfrentar en el
campo político a aquellos grupos interesados en promover el conflicto con fines
ideológicos o personales.
Lo que el estudio encuentra es en síntesis
una enorme pérdida económica y social en la que se ha incurrido, al no haber
podido materializar inversiones por valor de US$21.500 millones
–aproximadamente un tercio de la inversión cuantificada en el 2010–. Si estos
proyectos se hubiesen llevado a cabo, solo en su etapa de construcción la
economía habría aumentado su tamaño en US$31.000 millones al sumarle los
efectos indirectos en todos los sectores relacionados.
Las exportaciones anuales a partir del año
pasado, valoradas en US$14.800 millones, habrían elevado en 40% el total de las
exportaciones peruanas. Significa también que el Perú hoy estaría produciendo
20% más oro y plata y 134% más de cobre, además de 60% más de molibdeno.
También aquí el efecto indirecto de la producción minera al pagar salarios y
demandar productos hubiera generado en cuatro años riqueza por valor de
US$36.000 millones, que añadidos al producto obtenido en la etapa de
construcción configuran la pérdida de US$67.000 millones en términos de PBI que
el estudio estima.
Todo esto implica que el país pudo haber tenido tasas de crecimiento mucho mayores, agregando más de un millón de empleos a los que hoy existen y, mucho más importante que lo anterior, se hubiera disminuido el nivel de pobreza del actual 22,7% a 17%.
Todo esto implica que el país pudo haber tenido tasas de crecimiento mucho mayores, agregando más de un millón de empleos a los que hoy existen y, mucho más importante que lo anterior, se hubiera disminuido el nivel de pobreza del actual 22,7% a 17%.
¿Qué actitud podemos adoptar después de
conocer estos resultados? Una posible reacción es la de lamentarnos y decir que
en el Perú nada funciona bien, que las instituciones son débiles y que no rige
el imperio de la ley. A esa actitud se refería Albert Hirschman cuando acuñó el
término ‘fracasomanía’ para describir el pesimismo al que son proclives los
intelectuales latinoamericanos: una actitud que no reconoce el progreso gradual
(aquel que se fundamenta en valorar lo que sí se ha logrado y entender los
errores cometidos para construir hacia delante). Esa actitud es la que no debe
prevalecer, ya que alienta a aquellos quienes quieren tirar por la borda todo
lo logrado y regresar a las políticas desastrosas del pasado.
El Estado, los gobiernos regionales y las
empresas deberán rediseñar la manera en que se lleve a cabo la explotación de
los inmensos recursos naturales que posee el Perú, y ello pasa por reconocer
que muchos compatriotas en lugares remotos dudan de los beneficios que les
reportará el extraer de manera responsable esa riqueza que yace bajo sus pies.
Se deberá entender que su incredulidad y suspicacia tienen muchas veces
sustento en experiencias del pasado y en la mentira sistemática que propaga el
movimiento antiminero. La manera en que se deberán llevar a cabo los grandes
proyectos no podrá circunscribirse al proyecto mismo. En cambio, la mina deberá
ser un componente más de un conjunto de varios otros proyectos promovidos por
el Estado que se lleven a cabo simultáneamente con su construcción y la
posterior explotación del recurso; proyectos de caminos, hospitales, escuelas y
otras actividades productivas en que participe la comunidad.
Solo así podremos eliminar por completo el
fértil terreno que el activismo antisistema encuentra para llevar a cabo su
antipatriótica labor.
El Comercio
Paracas. Con
la presencia de sus homólogos de México, Chile y Colombia, el presidente, Ollanta Humala, clausuró
la Cumbre Empresarial de la la Alianza del Pacífico en Paracas. Dijo que el bloque se ha
puesto como meta duplicar el comercio dentro de la región en los próximos dos
años, de modo que pase del 4% al 8%.
Destacó
la necesidad de que las pymes de los cuatro países de la Alianza
del Pacífico se inserten en las cadenas globales de valor,
para lo que se creará un fondo.
Destacó
que el Estado ha incrementado la inversión en educación del 3% al 3,5% del PBI,
e indicó que ha emprendido una reforma del sector que incluye un ambicioso
sistema de becas. "Hay más de 72 mil jóvenes becados en el país y el
extranjero”, dijo.
El
Comercio
El tipo de cambio se mantuvo sin cambios en un contexto
de cautela frente al futuro de Grecia. A las 10:00 hora local (1500 GMT), el tipo de cambio interbancario operaba a S/.3,172, el paralelo a S/.3,18 y en los bancos a S/.3,37.
El Comercio
Atenas. Cerca de 10 millones de griegos están convocados
al referendo del domingo 5
de julio. Los electores deberán votar "sí"
o "no" a las condiciones que los acreedores (Comisión Europea, BCE y FMI) presentaron la
semana pasada para seguir financiando al país. En la papeleta, el
"no", defendido por el gobierno, figura encima del "sí".
Los
dos socios de gobierno, el izquierdista Syriza, y la derecha soberanista ANEL,
apoyan el no para “negociar en mejores términos" con los acreedores. Los
neonazis de Amanecer Dorado quieren también el "no".
A
favor del sí están los opositores Nueva Democracia (centro-derecha), Pasok
(centro-izquierda) y To Potami (centro), que plantean el referendo como un plebiscito
sobre la permanencia en el euro.
Desde el pasado lunes y hasta el 6 de julio
rige un estricto control de capitales, por el que los clientes de los bancos
pueden retirar en los cajeros un máximo de 60 euros por día y persona.
El
martes expiró el programa europeo de
asistencia financiera a Grecia,
y el mismo día el país cayó en default con el Fondo Monetario Internacional al
no poder abonar un pago de unos 1.550 millones de euros.
El referendo ha sido organizado en
una semana, ya que fue anunciado la noche del viernes pasado por el primer
ministro, Alexis Tsipras, y
aprobado por el Parlamento al día siguiente.
Los
colegios electorales estarán abiertos desde las siete de la mañana (12 am en el
Perú) a las siete de la tarde (12 pm en el Perú). Sobre las nueve de la noche
(1 pm del domingo en el Perú) se esperan los primeros datos.
AGUA, MINERIA, CONFLICTOS AMBIENTALES,
REGIONALIZACION
El Comercio
No, ¡un tren para los peruanos!
Juan de Dios Olaechea
He leído atentamente el artículo de José Matos Mar, “¿Un tren para la China?”,
aparecido en El Comercio el 27 de junio, sobre el tren bioceánico que conectará
las costas del Perú con las de Brasil. Discrepo completamente con las
premisas y conclusiones de dicho artículo. Aunque trabajo en el transporte
ferroviario, quiero señalar que no tengo ningún interés económico en el
proyecto del ferrocarril bioceánico.
En el artículo en cuestión, Matos Mar asegura que
–aunque un megaproyecto de esta envergadura es necesario– el que China defina la ruta del tren es un exceso
y el que Brasil lo ayude diseñando una vía sin consultar al Perú es un “rezago
de un mayorazgo regional”. Aunque es cierto que el inversionista decidirá el
trazo del ferrocarril, esto se justifica porque será él quien corra con el
gasto, y riesgo, de construir lo que será una línea muy importante del sistema
ferroviario. Además, tengamos en cuenta que el Estado aprueba y regula la
concesión. Una concesión que tendrá un plazo máximo de 60 años, al vencimiento
del cual los bienes revertirán inmediatamente al Estado.
Concuerdo con la afirmación del autor sobre cómo el
impacto ambiental a la Amazonía debe ser mínimo. Ahora bien, hoy en día la
población está pidiendo al Gobierno Peruano la construcción de una carretera
interoceánica centro, que uniría Pucallpa con la carretera brasileña. El
gobierno ha declarado que pronto licitará su construcción. El problema es que
eso consumaría un crimen ecológico similar al que se efectuó en Madre de Dios
con la construcción de la Carretera Interoceánica Sur, porque facilitaría el
transporte de productos ilícitos. La solución es precisamente que, en lugar de
construir una carretera, se construya una vía férrea. Esto porque su carga es
fácil de controlar y no deja espacio para la informalidad.
La mayor parte del trazo del tren en el Perú sería en
la selva alta, en el valle del Huallaga, hoy ocupado por plantaciones de coca.
Un tren que recorra este valle ayudaría a acabar con este cultivo ilegal, al
hacer rentables cultivos alternos, que tendrían una forma económica de ser
transportados.
Pasando a temas específicos de la industria
ferroviaria, no podemos concordar con que “las rutas no deben responder a
criterios topográficos, sino al criterio de corredores económicos”.
Un tren que cruza los Andes a 1.500 metros sobre el
nivel del mar tiene características completamente diferentes a aquel que lo
hace a 4.800 metros. Un tren híbrido construido para pasar por lugares tan
distintos tendrá serias limitaciones técnicas. Entre ellas, un alto consumo de
petróleo y problemas de dispersión de energía en el frenado, curvas y
contracurvas.
Matos Mar asegura también que debe escucharse la propuesta
del presidente boliviano para que el tren pase por su país. Pero esto
nuevamente no tiene sentido técnico, pues requeriría un tren que pueda ir por
diferentes alturas.
La propuesta de que la ruta discurra por la costa
peruana no es urgente ni prioritaria. Cuando se acabe de construir la
Panamericana en doble calzada, se comprobará que muchos de los actuales
problemas de transporte costeño han sido solucionados. Debemos apuntar más bien
a la articulación homogénea del territorio nacional, en muchos lugares
abandonados.
Finalmente, el desconocimiento del autor lo lleva al
prejuicio de considerar el tren de carga como menos importante que el tren de
pasajeros. Sin tren de carga no hay desarrollo, los fletes son prohibitivos,
carreteras congestionadas y colapsadas, accidentes y muertes. Donde hay
competencia directa entre una carretera y un ferrocarril, el tren de carga
cumple una función social importantísima al garantizar la movilidad social por
la carretera.
Espero por el bienestar futuro del Perú que se construya
el ferrocarril del valle del Huallaga, única obra de infraestructura que sería
un hito en la historia del Perú y su nación.
Expreso
Bosquejo
de opciones
Arturo
Seminario
Las
opciones que contempla la Constitución para una obra como el tren bioceánico,
con participación extranjera, son básicamente tres. Una es el tratado, al
amparo de los artículos 56° y 57°. Otra es el contrato–ley, al amparo del
artículo 62°. Y otra, la actividad empresarial estatal, al amparo del artículo
60°.
Los
países inversionistas, señaladamente Brasil, podrían procurar un tratado. Este
no podría ser al amparo del artículo 57°, en que no se requiere aprobación sino
sólo dar cuenta al Congreso. Más bien tendría que darse al amparo del artículo
56°, lo que incidiría en cuestiones de soberanía. Con un tratado, habría
usufructo conjunto –o, en su caso, servidumbre- con potencias extranjeras de
bienes de dominio público peruano en el territorio recorrido. Conllevaría que
el territorio recorrido no estuviera obligadamente gobernado por todas las
reglas constitucionales y legales peruanas, ni las eventuales controversias
sujetas a la jurisdicción interna, judicial o arbitral. Las eventuales
diferencias se tendrían que resolver por vía diplomática. Se configuraría una
situación próxima a las particularidades que tuvieron en su momento el Canal de
Panamá (que se inició con la escisión de Panamá de Colombia en 1904) o el Canal
de Suez (con acciones transferibles internacionalmente para ejercer su
control), o el Corredor de Danzig (para que Polonia pudiera salir al Báltico,
reclamado e invadido luego por Alemania).
Mediante
un contrato-ley, de otra parte, se crearía un régimen estable sujeto a la
jurisdicción interna, la judicial y la arbitral. La legislación arbitral
permite el arbitraje internacional, conforme a las reglas del artículo 5| del
Decreto Legislativo 1071, de 27 de junio de 2008. El asunto aduanero y de
balanza de pagos de la mercadería, de ida o de vuelta, se salvaría con la
figura del tránsito aduanero. La mercadería que pasaría por el Perú no se
consideraría ni importada al Perú ni exportada desde el Perú. No se la
contabilizaría en la balanza de pagos. Sería mercadería en tránsito aduanero,
como la que atraviesa países navegando por el río Danubio hasta llegar al Mar
Negro. Sólo se contabilizaría en la balanza de pagos peruana el eventual valor
agregado que se pudiera dar a esa mercadería. Sobre todo, los servicios dados
en el país. En su momento se establecería el régimen laboral, tributario, etc.
para estos servicios.
La
actividad empresarial del Estado, por último, supondría la participación del
Estado en todo o en parte, vía una empresa, en la obra y en su servicio. Por la
tecnología involucrada, esa empresa requeriría de tecnología del exterior. Ello
se lograría mediante acuerdos plasmados en normas de Derecho Público. Si la
empresa fuera mayoritariamente de particulares, estaría sujeta a la legislación
común. Por la magnitud de la obra, este supuesto es en extremo remoto. En ese
caso, además, sin duda se preferiría optar por el contrato–ley.
ANTICORRUPCION, PERSECUCION,
JUDICIALIZACION POLITICA
Hildebrandt en sus trece
Las cuentas del
Partido Nacionalista siguen complicándose y Nadine Heredia continúa en el
centro del enredo financiero. Según un documento contable interno alcanzado a
este semanario, en el 2006, después de la campaña electoral, la Primera Dama y
su entorno recibían y sacaban dinero del partido como si de sus cuentas
personales se tratase. Con el dinero del partido pagaban hasta a los empleados
de la vivienda familiar.
El Comercio
El
congresista Mauricio Mulder,
integrante de la comisión Belaunde Lossio opinó que el gobierno de Ollanta
Humala buscaría evitar que éste hable de temas financieros de la pareja
presidencial y que, por ello, ablandarían su régimen carcelario.
"Lo
que Martín
Belaunde Lossio buscaba
decir era que si lo mantenían en ese régimen [carcelario], iba a
hablar. A cambio de no hablar, ahora pide que le ablanden el régimen y
creo que así ocurrirá", dijo. Comentó que "el señor Belaunde Lossio
es rehén de sus carceleros".
El Comercio
El
suspendido congresista Heriberto Benítez demandó al Parlamento que lo deje
votar en la elección de la Mesa Directiva,
el próximo 26 de julio.
Dijo
que, si la oposición se retira del hemiciclo como protesta por su eventual
presencia, no podría votará por su candidato.
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