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ü Denuncian plan para politizar al Ejército. “Es el plan Polo Verde… Tenía como propósito apoyar
la candidatura de Nadine Heredia y garantizar la continuidad del gobierno
nacionalista”
ü ¿Mordaza a la prensa? Ejecutivo promulgó un
decreto legislativo que sanciona con cárcel a quien “denuncie ante la autoridad un hecho punible a
sabiendas de que no se ha cometido…”
ü
Fiscal de la Nación aguarda que el Tribunal
Constitucional resuelva a favor del Ministerio Público y revoque el fallo que
impide investigar cuentas de Nadine Heredia y
otras 13 personas
ü Comisión
del Congreso ve mañana casos “agendas” y Fasabi. Ha citado al chofer de Humala
y a los forenses que hicieron la necropsia y evaluará exhumar los restos de
Fasabi
La opinión
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MEDIA COLUMNA
Récord tragando sapos
Jorge Morelli
@jorgemorelli1
jorgemorelli.blogspot.com
Cateriano es el garante de las próximas elecciones. No es el guardián del
Lote 192, ni de la gobernabilidad del país siquiera en estos últimos meses del gobierno
humalista, del que nada ya se espera.
Cateriano no puede renunciar al Premierato por motivo alguno que no
sea de fuerza mayor. Ni siquiera por algo que comprometa la gobernabilidad.
Basta su renuncia al cargo aún si es inmotivada, en cambio, para disparar
todas las señales de alarma de que existe un obstáculo grave en el camino de un
proceso electoral limpio que está más allá de sus facultades remover.
Cateriano es responsable de su misión en el cargo ante el país, no ante
el gobierno ni ante la oposición. No es un apoderado ni del gobierno ni de la
oposición. Es irónico, no habíamos visto nunca en el Perú un premier sin ningún
poder empoderado para cumplir una misión. Menos una como esta.
En ese empeño, ha tenido que aprender el sutil arte de la tolerancia. Decía
alguien esta mañana en la radio que Cateriano está rompiendo récords en tragar
sapos.
Se refiere, desde luego, a los despropósitos que a diario comete su gobierno
que, lejos de resolver problemas, no cesa de crearlos. Por ejemplo, un reciente
decreto legislativo castiga con cárcel a
quien “denuncie ante la autoridad un hecho punible a sabiendas de que no se ha
cometido o que ha sido cometido por una persona distinta a la denunciada”. ¿Qué
es esto? ¿Otro intento fallido de amordazar a la prensa, a Rosana Cueva, a
Milagros Leiva?
Es una sutil ironía que semejante papel le haya tocado en suerte precisamente
a Cateriano. El tiempo dirá si, cuando haya terminado, ha cambiado de personalidad
en el camino. Para mejor, después de esta ordalía.
REPORTE DE NOTICIAS en Internet
Las
siguientes notas periodísticas de política y economía han sido seleccionadas,
editadas y ordenadas
temáticamente. No se las debe citar como
tomadas directamente de sus fuentes originales, las mismas que se indican sólo
como una forma de reconocer el crédito y agradecer la cortesía.
GOBERNABILIDAD,
DEMAGOGIA, AUTORITARISMO, DEMOCRACIA
Correo
Entrevista al coronel en retiro Oswaldo
Zapata
-Usted ha denunciado que existe un plan para politizar
el Ejército. ¿En qué consiste?
Es
el plan Polo Verde, y este visualizaba que para el 2016 la promoción Héroes de
Pucará y Marcavalle (la del presidente Ollanta Humala) debía tener generales de
división. Cuando se concibe, tenía como propósito apoyar la candidatura de
Nadine Heredia y garantizar la continuidad del gobierno nacionalista. Tiene
tres fases.
-¿Cuáles son esas fases?
La
primera fase consistía en otorgar el grado de general de brigada a la mayor cantidad
de coroneles, y se concretaron 22 ascensos. La consigna del presidente Humala
fue que se privilegie el ascenso de coroneles del arma de artillería. La
segunda fase consistía en adecuar la normatividad para favorecer a la promoción
de Humala. Y la tercera fase se ejecutará en la quincena de octubre, cuando se
ascienda a cinco oficiales de su promoción a generales de división. Es la
“humalización” del Ejército.
-Nadine ya no va a postular a la Presidencia. ¿Cuál es
la finalidad ahora?
El
contexto inicial ya desapareció. Ahora se busca apoyar al candidato que el
Partido Nacionalista presente, que no necesariamente es Daniel Urresti. Humala
puede contar con cinco generales de división en el 2016, o sea, las cinco
divisiones del Ejército comandadas por gente de su promoción.
-¿Qué leyes variaron para este propósito?
El
Decreto Supremo 009-2013 es el que permite que los generales de brigada de la
promoción de Humala puedan ser candidatos al grado superior. O sea, tan solo
con cuatro años en el cargo y 32 de actividad. El decreto legislativo anterior
señalaba que se deben tener 35 años de servicio y cinco años en el grado, pero
aquí hay un objetivo político.
-Usted ha enviado cartas a los congresistas para que se
derogue esta norma...
Sí,
porque atenta contra la institucionalidad. Mire, en el 2012 el Ejecutivo pidió
facultades legislativas y emitió el Decreto 1143, que señala, entre otras
cosas, que el tiempo de permanencia en filas se ampliaba a 40 años. En el 2013,
emiten el Decreto 009, que establece que los generales de Humala pueden
ascender con solo 32 años. Se ha variado el espíritu de la ley. Se tiene que
derogar para que Humala no ascienda a quien le dé la gana.
-¿Qué respuesta ha recibido?
He
mandado cartas a los congresistas y a los líderes de agrupaciones políticas.
Hasta la fecha no he recibido respuesta. El presidente del Congreso, Luis
Iberico, debería convocar a un pleno para debatir esta problemática. Si las
autoridades políticas no hacen nada por la institucionalidad de nuestras
Fuerzas Armadas, serán identificadas en el futuro.
-Hace poco surgieron rumores de un golpe de Estado.
¿Hay una mala relación entre las Fuerzas Armadas y Humala?
En
el interior del Ejército no se está gestando nada. Lo que ocurrió fue que
Humala entró en pánico al ver la investigación de la Fiscalía contra su esposa
y ensayó una respuesta. Dispuso que el comandante general del EP, Carlos
Vergara, ejecutara una orden de inamovilidad absoluta para amedrentar a la
clase política, jueces y fiscales.
-¿Es usual que se ordene inamovilidad de las tropas
para revisar armamento?
No.
Me dio pena que el general Vergara se preste para caprichitos de Humala. Una
orden de inamovilidad absoluta se da cuando hay un riesgo inminente. Es penoso
que digan que eso fue para revisar granadas. Para eso está el canal logístico,
que realiza controles, e Inspectoría, que supervisa el consumo del stock.
-El
general EP (r) Leonardo Longa ha denunciado que hay un poder paralelo en las
Fuerzas Armadas encabezado por el viceministro Iván Vega. ¿Qué opina?
Es
cierto. Ese señor parece que fuera jefe del Comando Conjunto, porque se
constituye en el Vraem y quiere dar órdenes. En el retiro de Longa tuvo que
ver. Mire, me han revelado que Vega ha ordenado a un coronel a cargo de unos
viajes al exterior para misiones de paz que incluya a dos coroneles de la FAP,
pese a que esos cursos están diseñados para dos tenientes coroneles. Incluso va
contra la orden del ministro. Es un figureti de la Defensa.
-Usted
dijo hace poco que fue amigo de Humala cuando era un “apestado” en el Ejército.
¿Por qué tenía esa condición?
Humala
era un apestado. Siempre ha tratado de vender la idea de que después de Locumba
se convierte en un ícono en el Ejército. Mentira. El Ejército no lo quería.
Luego de la payasada de Locumba fue cambiado, en el 2001, a la Secretaría de
Defensa Nacional, que no es el Ejército. En el 2003 y 2004 estuvo de agregado
militar en Corea y cuando retornó, pasó a retiro. Nunca más regresó. Era el
marxista-leninista de la época, nadie se acercaba a él.
El Comercio
La
lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, rechazó la propuesta del expresidente
Alejandro Toledo de
que las Fuerzas Armadas salgan a las calles a combatir la delincuencia. “Están
entrenadas para otras tareas”, dijo.
Alan García,
ex presidente y líder del Partido Aprista, manifestó que, de ser necesario, las
Fuerzas Armadas (FF.AA.) deben apoyar a la Policía Nacional en el
patrullaje y la lucha contra la inseguridad ciudadana. "Sí creo que, de
ser necesario, debe utilizarse el impacto de las FF.AA. para arrinconar a la
delincuencia y hacer retroceder la inseguridad ciudadana", expresó,
concluido el diálogo que sostuvo con el primer ministro Pedro Cateriano.
Peru21
En
vísperas de cumplirse el plazo que le concedió el Congreso para legislar, el
Ejecutivo promulgó un decreto legislativo que sanciona con pena de cárcel y multa pecuniaria a
quien “denuncie ante la autoridad un hecho punible a sabiendas de que no se ha
cometido o que ha sido cometido por una persona distinta a la denunciada”.
Se
trata del artículo 402º contenido en el capítulo III del Código
Penal, referido a los delitos contra la administración de justicia.
En
opinión de Mauricio Mulder (Apra) y Juan Carlos Eguren (PPC), la norma constituiría una mordaza para
los medios de comunicación.
Mulder
dijo que el miércoles solicitará a la Comisión de Constitución que el subgrupo
de trabajo encargado de determinar
la constitucionalidad de los decretos legislativos se pronuncie
sobre esta norma a más tardar en una semana. Dijo, además, que pedirá que se
cite a la Comisión de Justicia al titular del sector, Gustavo Adrianzén, para
que explique el sustento de esta disposición.
Consultado
por este diario, el presidente de la Comisión de Justicia, Juan Carlos Eguren,
avaló la propuesta de citar a Adrianzén, y advirtió que el decreto legislativo en cuestión sería
inconstitucional debido a que el Congreso no delegó facultades para
una norma de sus características. “Está orientada a inhibir las denuncias, a
generar temor y miedo en los denunciantes”, subrayó.
El
Comercio
Alan García dijo que Ollanta Humala y Nadine Heredia "han perdido absolutamente la
confianza" del país y, por ende, corresponde a Pedro Cateriano
"garantizar unas elecciones limpias, un gobierno neutral y un manejo
económico que no agrave la situación del país".
El Comercio
(…)
—Entonces, no pierde la esperanza y cree que con la
disposición de Iberico, tengamos un mínimo de reformas. ¿Cuáles incluiría?
Dos cosas fundamentales. Primero, democracia interna. Un militante, un voto.
Elecciones simultáneas de todos los partidos políticos con participación de los
organismos electorales. El Reniec aprueba el padrón, la ONPE organiza el
proceso y el JNE fiscaliza y resuelve cualquier controversia. Si se respeta la
democracia interna, entonces cae el voto preferencial. Este no ha contribuido
para nada.
El
otro tema es hacer realidad, de una vez por todas, el financiamiento público
directo, que no tiene mayor impacto en el presupuesto. Son 60 millones en cinco
años. Que conviva con el financiamiento privado, que debe ser regulado,
individualizado e identificado cada aportante. Y que la prensa haga docencia,
pues para la franja electoral hay dinero que va a los medios.
—Y que el financiamiento privado no sea bajo la mesa,
como en la denuncia de los supuestos US$400 mil de Odebrecht.
Que sea bancarizado. Con un sistema de fiscalización y transparencia tanto de
los ingresos como de la rendición de cuentas. Hablo genéricamente. Que se sepa
quién aporta y cómo se gastan esos aportes y con un catálogo de infracciones no
solo económicas, sino políticas.
(…)
ANTICORRUPCION, PERSECUCION, JUDICIALIZACION
POLITICA
El Comercio
El
fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, afirmó
ayer que aguarda que el Tribunal Constitucional resuelva a favor del Ministerio
Público y revoque el fallo que impide investigar las cuentas de Nadine Heredia y
otras 13 personas.
Con
respecto al peritaje grafotécnico que se hará a Nadine Heredia, y que determinará
si son de su propiedad las cuatro agendas que se le atribuyen, Sánchez dijo que
el fiscal Germán Juárez decidirá qué peritos harán el examen. Remarcó que la
fiscalía cuenta con sus propios peritos, pero que es decisión de Juárez si
recurre a expertos de su institución, de la policía o se contrata a peritos
extranjeros.
Aseguró
que no hubo presión del gobierno cuando decidió que el fiscal Ricardo Rojas,
que investigaba a la primera dama, regresara a una fiscalía de Lurín.
El Comercio
Luis
de la Cruz Moreno, abogado de Óscar López Meneses,
también asesoró legalmente al aspirante a colaborador eficaz 01-2015 de la
recientemente archivada investigación fiscal contra Nadine Heredia.
De
la Cruz es el mismo letrado que, según el INPE, visitó 32 veces a Martín Belaunde Lossio en Piedras Gordas.
Un
escrito –al que este Diario tuvo acceso– firmado por De la Cruz el 16 de setiembre
pasado y enviado a Ricardo Rojas, fiscal que investigaba el caso, contiene un
pedido para celebrar en breve plazo el “convenio preparatorio” para establecer
los beneficios y obligaciones del candidato a colaborador.
El
apuro de De la Cruz obedecía a que cuatro días antes la Sexta Sala Penal para
Procesos con Reos Libres de Lima había archivado definitivamente la
investigación seguida a Nadine
Heredia, su hermano Ilan y el congresista Santiago Gastañaduí. En
esas condiciones, el defensor aducía que el aspirante a colaborador había
“puesto su integridad física y su vida en grave riesgo por haber brindado
información contra una de las personas más poderosas del gobierno”. “A fin de
cautelar a mi patrocinado, no tendremos más alternativa que proceder al
desistimiento del presente proceso para su conclusión y archivamiento”,
advertía el abogado al fiscal.
El
candidato a colaborador eficaz, a quien le han asignado el código 01-2015, le
dijo al fiscal Rojas que la constructora brasileña Odebrecht colaboró con
US$400 mil para la campaña de Ollanta Humala en el 2006 y que Martín Belaunde Lossio recogió el dinero en la oficina del
representante de esta empresa en nuestro país, Jorge Barata. Odebrecht y Humala
han negado las imputaciones.
Peru21
Ricardo
Pessoa, dueño de la empresa UTC Engenharia,
investigado debido a que su empresa habría pagado sobornos a Petrobras para
ganar licitaciones, declaró ante la justicia brasileña que un representante del
jefe de Estado peruano, Ollanta
Humala, se habría reunido con él en 2013 y que, luego de esa cita,
habría dispuesto abrir una sucursal de su constructora en del Perú.
Según
Cuarto
poder, la intermediaria a la que Pessoa hace referencia habría sido
la consultora brasileña Zaida Sisson. Pessoa indicó que este encuentro se produjo gracias a José Dirceu,
el también detenido ex hombre de confianza de Lula da Silva. De acuerdo con el
testimonio de Pessoa, Dirceu le
dijo que podía ayudarlo en el Perú, y que “Humala había sido electo y
sería fácil tener los accesos políticos”.
Luiz Eduardo de Oliveira e Silva, hermano de José
Dirceu, habría sido el contacto en el Perú. Ambos le habrían prometido a
Pessoa conseguirle entrevistas con el ministro de Vivienda y hasta con el mismo
presidente Ollanta Humala. Los hermanos presentaron a Sisson “como amiga de la
esposa del presidente de la República (Nadine Heredia)”.
Peru21
La Comisión de Fiscalización del Congreso, presidida por Gustavo
Rondón (SN), este martes tendrá
una sesión de carácter extraordinario para tratar las presuntas agendas de Nadine
Heredia y el caso Emerson Fasabi.
Entre
los invitados de hoy se encuentra el ex coordinador general de la ONG Prodin, Enrique Juscamaita. Este tema
está relacionado con las agendas porque en ellas existe información sobre Prodin.
Asimismo, la comisión recibirá a Juan José Peñafiel, chofer personal del
presidente Ollanta Humala, quien
deberá exponer al detalle sobre la extraña muerte de Fasabi. Luego asistirán
los médicos forenses del Instituto de Medicina Legal (IML) —oficina
que responde al Ministerio Público— que practicaron la necropsia al momento de
llegar a la morgue. Rondón dijo que, luego de hoy, el grupo fiscalizador
evaluará si se exhuma los restos de Fasabi.
Correo, El
Comercio
La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, en entrevista televisiva señaló que se
encuentra en el grupo de peruanos que cree que las agendas le pertenecen a la
primera dama Nadine Heredia. “Yo
me encuentro dentro del 65% que considera que las agendas son de ella. Han
habido ya pericias grafotécnicas en las que tres peritos indican que es su
letra. Creo que las pericias que se van a hacer en el futuro servirán para
corroborar lo que ya se ha dicho”, comentó.
Más
adelante, señaló que Nadine está en su derecho de plantear un hábeas corpus,
pero llama la atención la forma en la que el Poder Judicial resolvió beneficiando
“a su entorno, a sus familiares y sus amigos. Creo que esto está siendo
investigado por la OCMA. Esperemos esas investigaciones”, comentó.
Consideró
que Heredia ya fue acusada por supuesto lavado de activos, según el informe de
la comisión Belaunde, y por ello no ameritaría formar otra comisión ad hoc en
el Parlamento. “Creo que el tema ya le corresponde a la Fiscalía”, agregó.
"Estoy
de acuerdo con que Nadine
Heredia pase a ser investigada.
Hay muchísimos indicios como para que el fiscal haya tomado esta decisión. En
algún momento, con la salida del fiscal Rojas, a mí me generó una preocupación,
pero hay una hábeas corpus pendiente […] al fiscal Juárez se le ve muy serio,
fuerte, independiente, creo que está haciendo un gran trabajo", indicó en
el programa de televisión “Agenda Política”.
No
obstante, Keiko
Fujimori señaló
que la presidenta del Partido Nacionalista debe recibir "el beneficio de
la duda".
En
otro momento, Keiko Fujimori manifestó que ella ha sido investigada por
diferentes entes a lo largo de los últimos doce años, y que jamás presentó un
recurso de defensa para evitarlo.
El
Comercio
Alan
García se refirió al caso de las cuatro agendas que se atribuyen a Nadine
Heredia y dijo que se trata de algo "gravísimo".
"Afortunadamente parece que todavía subsiste la autonomía del Poder
Judicial y del Ministerio Público", añadió.
LIBERTAD ECONOMICA,
GLOBALIZACION, REFORMAS, INVERSION
El Comercio
Entrevista
a Alonso Segura, ministro de Economía
-¿Qué reuniones
de coordinación puntuales han tenido con el sector privado al momento de
diseñar todo el paquete de decretos legislativos?
Se
ha discutido. Hubo conversaciones
con el sector privado para conocer el diagnóstico de las problemáticas. De
ahí ya es competencia del sector público definir cómo se resuelve esas
problemáticas y cómo se mejora el marco normativo. Creo que eso es algo que a
veces no se entiende bien, las normas las escribe el Poder Ejecutivo.
-Conversando con ejecutivos, hay una sensación de que
el MEF ha estado encerrado, que no sale a hablar con el sector privado,
que es difícil reunirse con usted. ¿Cuál es el nivel de coordinación que
existe?
Creo
que a veces se confunde cuando se discuten diagnósticos de una problemática
con cuando se arriba a cuáles son las propuestas para resolver esa
problemática. A veces hay coincidencias (con el sector privado) y a
veces no. Cuando no hay esas coincidencias, se confunde y se dice
que no escuchamos. Sí lo hacemos. Lo otro es que en muchas ocasiones se
cree que las reuniones necesariamente tienen que ser con el ministro. Es
cuestión de metodología de trabajo. Yo hago que se reúnan con los equipos
técnicos primero, porque es como corresponde. Traen las propuestas
técnicas y se discute con los equipos técnicos. He estado en Confiep, por
ejemplo, y he tenido discusiones con gremios. Pero muchas veces lo
que traen no es una problemática sectorial, es su problemática puntual y
particular. Ese no es necesariamente nuestro rol. Acá estamos legislando
para los casos generales. Como te decía, si ha habido distintos grados de
apertura, se ha diagnosticado, se ha interactuado con el sector privado.
En normas más sectoriales hemos capturado la problemática y hemos
trabajado en pared con los sectores.
-Respecto a la observación a la ley que permitía la
explotación del lote 192 por parte de Petro-Perú, ¿Cuáles fueron los argumentos del MEF sobre ese
asunto?
Creo
que no hablamos de argumentos del Ministerio en particular. El Presidente,
como hace usualmente, recibe las autógrafas de ley y pide su opinión a sectores
competentes, entre ellos, Justicia, Energía y Minas y el MEF,
en este caso. Después, el Presidente acoge, evalúa esos informes y de ahí, finalmente,
fruto de una discusión a nivel de todo el Ejecutivo, es él quien toma la
decisión pero con el pleno respaldo de su gabinete. Creo que la posición del
Ejecutivo fue bastante clara desde el comienzo. Ha sido claro, público,
enfático; acá lo responsable es hacer lo que es mejor para el país,
lo que es mejor para Loreto y también lo que es mejor para Petro-Perú. Eso es lo que han recogido
los informes de observación que han sido plasmados en el documento
que remite el presidente al Congreso de la República hoy.
El Comercio
La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, aseveró
que su agrupación respalda que Petro-Perú explote el lote 192 a
causa de la inversión que se está haciendo en la refinería de Talara, por lo
que la complementación de ambos proyectos resultaría estratégica para el Estado
peruano. Negó que su bancada haya cambiado de parecer respecto a la administración
del yacimiento petrolero por populismo.
Argumentó que Fuerza Popular respalda la existencia de un “Estado que
acompañe, pero un Estado eficiente”.
"Tenemos
que tomar en cuenta la situación de Loreto. La región vive por los ingresos de
las regalías […] Mi preocupación también es que la empresa Pacific Stratus Energy le ha pagado el hotel a la ministra de
Energía y Minas. A mí me parece que hubo interés creado, pero no me corresponde
a mí señalarlo. Nosotros como grupo político hemos solicitado a la Contraloría
y a la Comisión de Fiscalización que se haga una investigación", apuntó.
Keiko Fujimori indicó
que el presidente Ollanta Humala tiene la obligación de ir a Iquitos, así como
a Arequipa y a Cajamarca, a conversar con la población respecto a los proyectos
energéticos. "El problema con el lote 192 es que se está convirtiendo en
un Conga 2", acotó.
También
se refirió al diálogo que sostuvo con el primer ministro Pedro Cateriano el
viernes pasado. Sostuvo que su agrupación se ha mostrado escéptica
sobre las diferentes iniciativas llevadas a cabo por el Gobierno, "pero
siempre hemos participado". "En el caso del señor Cateriano hay
grandes discrepancias políticas, pero creemos de buena fe en sus formas. Él,
cuando asume el cargo de primer ministro, dijo que iba a dejar los ataques de
lado y cumplió. Nosotros hemos decidido darle el beneficio de la duda, sobre
todo en estos momentos de crisis severa por la que atraviesa este
Gobierno", manifestó.
Señaló
que el jefe de la PCM es consciente de "la situación tan compleja por la
que está atravesando" la gestión humalista, y que Cateriano no ha sido
respaldado como debería. "El problema que yo veo es que no necesariamente
ha conseguido el respaldo de quien toma las decisiones. En este caso son dos,
la pareja presidencial. No solamente hay que decirlo en un discurso, sino
también hay que demostrar en decisiones cotidianas y no necesariamente ha sido
así", zanjó.
El
Comercio
Entrevista
a Diana Alvarez Calderón, ministra de Cultura
—El martes se publicó un decreto legislativo que
autoriza al Ministerio de Cultura otorgar a entidades públicas o privadas la
administración del Patrimonio Cultural de la Nación. ¿Qué va a implicar esa
administración?
En primer lugar, la administración de bienes culturales es un modelo que se ha
creado de manera ad hoc para Cultura. Es distinto a figuras como la concesión o
la cesión en uso. En este caso, los bienes arqueológicos seguirán siendo de
propiedad del Estado y se respetarán los tres principios de la Ley de
Patrimonio Cultural: intangibilidad, inalienabilidad e imprescriptibilidad de
los bienes culturales. El patrimonio arqueológico podrá ser gestionado tanto
por entidades públicas como por privados, que van a poder dar una serie de
servicios básicos en sitios arqueológicos.
— ¿Qué tipos de servicios van a poder prestar los privados?
Servicios de limpieza, seguridad, cafeterías, restaurantes, baños, museos de
sitio y otros servicios turísticos. La inversión podrá ser hecha por el
privado, por el Estado o en conjunto. Del resultado de la gestión del servicio
habrá un porcentaje que será directamente invertido en el sitio arqueológico
para su puesta en valor sostenible.
(…)
— ¿Por cuánto tiempo se otorgará la administración de
los bienes patrimoniales?
Por diez años.
(…)
…en
ningún caso se da la propiedad del bien, tampoco se cede en uso, ni el privado
va a poder decidir sobre el sitio arqueológico. Este sigue perteneciendo al
Estado y a los ciudadanos. La idea es promover que se invierta en estos sitios.
En todo caso, no es una ley obligatoria. La región que no quiera que se haga
inversión privada simplemente no la promoverá.
(…)
Correo
Entrevista a Jenik Radon,
mediador político, profesor de la Universidad de Columbia
(…)
-¿Qué es lo fundamental para entender a la comunidad
donde opera una minera?
Los
antropólogos, en el caso del Perú, son indispensables para comprender la manera
de pensar y de actuar de las personas. Es una pieza fundamental del equipo. Es
muy importante que el estudio social en la empresa lo esté haciendo un
antropólogo y no un ingeniero. En el caso de Tía María, la confianza en
Southern Perú de parte de las comunidades está muy fracturada.
-¿Cómo se puede reconstruir un lazo de confianza?
Esa
es la pregunta más difícil. Es necesario encontrar tierra común, es decir, algo
en común que ate a ambos grupos que se enfrentan.
(…)
-¿En qué erraron Southern Perú y el Gobierno?
Uno
puede gastar mucho dinero en ingenieros, abogados, logística y banca. Pero no
gastaron en construir una relación. Esa es una compilación de todos esos
factores. Yo creo firmemente en la antropología y en las emociones de las
personas, en la empatía. Por lo menos se necesita un año y medio antes de que
se comience a lucrar del proyecto para asegurar la confianza.
(…)
-Conga y Tía María ya son dos proyectos paralizados.
¿Cómo nos van a percibir los inversionistas?
Son
dos proyectos muy significativos y sí juegan un rol creciente; sin embargo, si
los inversionistas ven una oportunidad, van a entrar. El tema es que tienes
diferentes tipos de inversionistas: los que tienen una reputación buena y los
que no la tienen. Ahora no van a entrar los inversionistas de clase A.
Entonces, los que entran toman un riesgo y quieren más a cambio no tienen las
capacidades adecuadas y cortan caminos.
(…)
Expreso
El gran debate económico
Charles Philbrook
Para un grupo más que numeroso de economistas,
todo este caos financiero que precipitó la crisis de 2008, y que ya amenaza con
derribar a países y economías regionales –eso sugieren una serie de indicadores
crediticios–, tiene su origen en una falla del sistema capitalista; y para otro
muy reducido, en la intervención estatal en los mercados. Estas dos posturas,
diametralmente opuestas en lo que a la dirección de la causa y el efecto
concierne, nos llevan por dos escenarios posibles: si hay una falla intrínseca,
la intervención (el efecto) queda plenamente justificada; de lo contrario, la
intervención (esta vez la causa) produce la falla sistémica.
¿Es entonces lo uno o lo otro? ¿En qué
sentido va uno y otro?
Durante más de mil años la astronomía
tolemaica teorizó que el Sol giraba alrededor de la Tierra, y durante esas más
de diez centurias la mayoría de astrónomos eso fue lo que aceptaron como
verdad, como indiscutible verdad. Las predicciones astronómicas basadas en esta
falsa concepción cosmogónica, y como era de esperar, no eran de las más
acertadas. En todo ese tiempo, un muy reducido grupo de pensadores, que van
desde Apolonio y Aristarco en la Grecia clásica hasta Copérnico y Kepler en la
Edad Moderna, se atrevieron a disentir, postulando que el movimiento planetario
era heliocéntrico. Hoy sabemos que lo que la hipótesis tolemaica proponía que
debía ser central, en realidad, seguía una trayectoria orbital. Hoy, y gracias
a lo que sabemos sobre el movimiento de los cuerpos celestes, el pronóstico y
la precisión van por una sola línea.
Durante siglos entonces se dio por cierto
algo que era falso. El Sistema Solar era y sigue siendo el mismo, y la
definición de lo que es un sistema sigue siendo la misma, pero ahora nuestra
visión de éste es otra. Todo sistema –incluya el económico– es un conjunto
estructurado de unidades relacionadas entre sí. La idea de conjunto nos lleva a
pensar en multiplicidad, pluralidad, y lo que hay de estructurado en él, a su
vez, a intuir la existencia de una forma, de un orden predeterminado al que
conduce esa interrelación entre las diferentes unidades, las diferentes partes
del sistema. Juegue con una de estas partes y verá cómo todo deja de funcionar.
Pues bien, y yendo al grano: ¿cuál es el gran
debate en economía? ¿Uno de definición o uno de causa y efecto? Ni uno ni otro:
el gran debate es aquel que aún se da entre los economistas tolemaicos –la
inmensa mayoría– y los copernicanos; es decir, entre aquellos que aseguran que
la producción de bienes y servicios en la economía gira en torno a la demanda y
aquellos que dan por hecho que gira en torno a la oferta. Creer en lo primero
lleva a sobrestimar el papel que juega el consumo, y a ver en el ahorro no una
virtud, sino un vicio que debe ser vigorosamente combatido si un mayor
crecimiento es lo que se busca. Creer en lo segundo conduce a fomentar el
ahorro del cual sale la inversión que lleva a una mayor producción. Visto así,
¿qué efecto en el ahorro tienen las bajísimas tasas de interés arbitraria y
dictatorialmente impuestas por los tolemaicos bancos centrales desde la crisis
de 2008? Ese es el gran debate.
