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MEDIA COLUMNA
Coctel molotov
Jorge Morelli
@jorgemorelli1
jorgemorelli.blogspot.com
En otros lugares el dueño del suelo es dueño también del subsuelo y
todos sus recursos. Aquí, el dueño del subsuelo es el Estado y el poseedor del
suelo puede descubrir a su puerta un día a un representante de una empresa
privada que dice que ha llegado con el Estado a un acuerdo para excavar en su
suelo. Este es el primer ingrediente que pone presión a la negociación entre las
comunidades y las empresas.
El segundo es que el dueño del suelo no tiene título de propiedad. El
Estado se lo niega. ¿Cómo entonces va a negociar el poseedor con la empresa un
alquiler, una participación en el accionariado o en las utilidades, un contrato
de alquiler o una servidumbre de paso siquiera si, al no tener título, no tiene
seguridad jurídica ni certidumbre alguna de que no se van a quedar con su
tierra? Este es el segundo ingrediente.
Agréguele ahora el tercero. Si la empresa es estadounidense (no así
las británicas, canadienses y australianas que tienen 150 años de Antropología
en las bibliotecas de Oxford y de Cambridge), existe la probabilidad de que
esta diga a la comunidad que ya negoció con el Estado que le ha dado una
concesión, que paga puntualmente a sus trabajadores, que si hace falta una
escuela o una posta médica eso es responsabilidad del Estado, que para eso paga
sus impuestos (menos aun mostrará inclinación alguna por apadrinar la fiesta
patronal de la comunidad). Así que hágase a un lado porque voy a excavar.
Los tres ingredientes sumados ponen una presión enorme a la
negociación entre las comunidades y las empresas. Fracasa fácilmente. La
agitación de los tres –por cúpulas políticas que engañan a los comuneros-
produce un coctel molotov al que solo le hace falta una chispa para estallar.
Lo sorprendente es que, a pesar de todo eso, la mayoría de
negociaciones entre comunidades y empresas lleguen a buen término. Existen
muchos casos exitosos que nadie conoce porque la prensa no repara en ellos. El
“modelo Ollachea”, por ejemplo, por el que esa comunidad de Carabaya, Puno,
tiene el 5% de las acciones de la empresa creada para la operación minera por
la canadiense IRL, que cotiza en la Bolsa de Lima. Otro “modelo” es el de la
participación en las utilidades de la empresa, de 3% en el caso de la europea
Xstrata en Espinar. Hay infinidad de variantes del “modelo”.
Lo que hace falta es una política de Estado que rodee de garantías la
negociación entre las comunidades y las empresas. Este marco tiene tres piezas:
titulación por el Estado de la propiedad de la tierra comunal (y de la
propiedad familiar privada dentro de la comunidad); “siembra de agua” por la
comunidad y la empresa en las punas comunales (mediante obras por impuestos); y
participación de la comunidad en la renta que produce la explotación del
recurso (lo que el desnaturalizado canon debió ser antes de convertirse en la
estafa del siglo).
La llamada “licencia social” o, en su caso, la “consulta previa”
favorable no es sino el resultado exitoso del contrato comunal-privado cuando
es libre. Paradójicamente, para ser libre requiere del marco de esa política de
Estado.
REPORTE DE NOTICIAS en Internet
Las siguientes notas periodísticas de
política y economía han sido seleccionadas, editadas y ordenadas
temáticamente. No se las debe citar como
tomadas directamente de sus fuentes originales, las mismas que se indican sólo
como una forma de reconocer el crédito y agradecer la cortesía.
GOBERNABILIDAD,
DEMAGOGIA, AUTORITARISMO, DEMOCRACIA
El Comercio
El
presidente del Consejo de Ministros Pedro Cateriano anunció que la empresa minera Southern
Copper ha dispuesto el
cese temporal del proyecto cuprífero Tía
María.
"He sido informado de que
la empresa [Southern Copper] acepta una pausa para que este proyecto pueda ser
discutido técnicamente", manifestó al
pleno del Congreso tras el mensaje
a la Nación emitido
minutos antes por el presidente Ollanta Humala.
"No podemos imponer por la fuerza el
proyecto", anotó. Sin embargo, dijo que "es obligación de todo
Gobierno aplicar la Constitución y hacer prevalecer el principio de autoridad y
el Estado de derecho".
Cateriano no
lamentó la intervención de las Fuerzas Armadas en Islay para apoyar a la
Policía Nacional en su labor de resguardar el orden. "[No] es algo que
desechemos [el estado de emergencia]”, dijo.
El Comercio
Oscar
Gonzáles Rocha, presidente ejecutivo de Southern Peru,
envió hoy un comunicado confirmando que la empresa "propone una pausa, un intervalo" de 60 días
a la ejecución del proyecto Tïa María.
"Solicitamos el tiempo y las
facilidades necesarias para poder socializar el proyecto y despejar todas las dudas existentes
en los próximos 60 días", señaló. "La empresa está dispuesta a hacer todo lo necesario
en pro de la gobernabilidad",
dijo.
De otro lado, anotó que “una
empresa que busca el desarrollo y es socialmente responsable, no puede ser indiferente a una realidad que afecta
directamente a la zona donde se ubica uno
de sus proyectos… Me refiero a los lamentables hechos de violencia que vienen
afectando a la
población del Valle del Tambo y que ahora se han trasladado a la ciudad de
Arequipa", agregó.
población del Valle del Tambo y que ahora se han trasladado a la ciudad de
Arequipa", agregó.
RPP
Los
accesos al distrito de Cocachacra, en la provincia arequipeña de Islay, permanecen bloqueados, pese a la
propuesta de la empresa Southern Perú de una
“pausa” en el proyecto Tía María.
Los policías están en la comisaría del distrito, pero no salen a patrullar para evitar enfrentamientos.
Los policías están en la comisaría del distrito, pero no salen a patrullar para evitar enfrentamientos.
El Comercio
Diversas
organizaciones sociales del sur del país se reunirán hoy al mediodía en Arequipa para decidir acciones en conjunto. El
dirigente Jorge del Carpio informó que no se descarta un paro macrorregional en
Arequipa, Puno, Moquegua, Tacna, Cusco y Apurímac, contra el proyecto Tía María.
“Las organizaciones que decretaron un paro de 72 horas
ahora tienen la tarea de trabajar una huelga general indefinida y no solamente
en Arequipa, sino también en toda la Macrosur”, dijo.
Señaló que el mensaje a la
nación dado por el
presidente Ollanta Humala es la reiteración de que no piensa cumplir su
compromiso con el pueblo del Valle de Tambo en 2011.
“Lo único que ha ofrecido es represión. Ha pedido al
Ministerio Público y al Poder Judicial que hagan su trabajo, es decir reprimir
al pueblo”.
El Comercio
Nadine
Heredia respaldó el mensaje a la Nación del presidente Ollanta
Humala sobre el proyecto Tía
María.
"El
presidente Ollanta Humala sigue firme en la defensa del Estado de derecho y el
orden jurídico. ¿Estaremos listos todos por encima de los intereses
personales?", escribió en su cuenta de Twitter.
También
cuestionó a quienes exigen al Ejecutivo paralizar Tía María. "No señalan cómo se haría [la suspensión] sin que
ello impacte negativamente y siente un precedente", enfatizó.
"A
los que demandan la autoridad del Estado, recordarles que esta se ejerce en
conjunto: los poderes del Estado y los líderes políticos [...] ¿O seguiremos
pateando responsabilidades mientras violentistas impiden las inversiones en el
país, frenando el desarrollo de nuestros hijos?", destacó.
El Comercio
La pausa
de 60 días propuesta
por Southern Perú para socializar su proyecto cuprífero Tía María ha suscitado opiniones dispares en el
empresariado.
La
Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SMPE) saludó la decisión de
sus asociada.
El presidente de Confiep, Martín Pérez, manifestó que
la propuesta de Southern abre una opción de diálogo que los peruanos estamos
obligados a tomar.
Para el economista Pablo Bustamante, director de
Lampadia, la decisión pone en riesgo la inversión que el país necesita. "Si Tía María se convierte en un Conga, pasará lo
mismo con el próximo proyecto minero, y con el siguiente, y allí se acabó toda
la inversión. No solo hablamos de que Arequipa retrocedería a la época del
conflicto en torno a Egasa [2002], en que se paralizaron todas sus inversiones.
Podría suceder lo mismo en el país", exclamó.
El Comercio
El desborde popular en acción
José Matos Mar
El proyecto Tía María es muy importante para el país.
Por ello, es fundamental que los científicos sociales ayudemos a entender el
conflicto en toda su dimensión. Para mí es un ejemplo vivo de lo que he llamado
desborde popular. Con apoyo de un colaborador, propongo algunas claves de este
drama.
Primer
acto: Incomprensión de la realidad. Como todo valle costeño, el del río Tambo
tiene tres sectores muy bien diferenciados: el bajo, formado por agricultores
independientes; el medio, formado por los obreros de la Central Azucarera
Chucarapi; y el alto, formado por campesinos. El sector bajo corresponde a los
distritos de Deán Valdivia y Punta de Bombón,
con 12 mil pobladores; mientras que el medio y alto corresponde al distrito de Cocachacra,
con 10 mil pobladores.
Una
consultora extranjera elabora el diagnóstico y trata a todos como si fueran una
realidad homogénea. Como consecuencia, la negociación del estudio de impacto
ambiental (EIA) se hace con los pobladores del sector bajo, sin tomar en cuenta
al medio y al alto, que son las zonas de influencia directa del proyecto
minero. Conclusión: sector alto y sector medio excluidos pese a ser tan
numerosos como el sector bajo.
Segundo
acto: Error empresarial. En diciembre del 2013, la empresa interesada lleva a
cabo la audiencia pública que manda la ley y, conocedora de la resistencia del
sector bajo, trae desde Arequipa a un centenar de jóvenes estudiantes que
sustituyen a los agricultores. En 30 minutos exponen el EIA de 300 páginas y
“absuelven” las 138 observaciones formuladas por la Oficina de Proyectos de las
Naciones Unidas. Conclusión: sector bajo también excluido del conocimiento del
proyecto.
Como era lógico de esperar, en ese momento nace la protesta.
Como era lógico de esperar, en ese momento nace la protesta.
Tercer
acto: Miopía del gobierno. Ajeno a estas dos realidades, en abril de este año
el actual primer ministro visita Mollendo y demanda “orden”. Inmediatamente se
desata la violencia. Si de verdad quería poner orden, hubiese sido más
aconsejable no viajar a Mollendo y a cambio ir a la avenida Las Artes de San
Borja para sancionar a los funcionarios del Ministerio de Energía y Minas que
se prestaron al despropósito de no cumplir la ley en la audiencia de aprobación
del EIA.
Además,
el Ejecutivo forma una comisión con cuatro respetables técnicos, ministros de
Estado, para negociar con los dirigentes opositores del proyecto. El supuesto
implícito es que el problema es técnico y no político o social. Los opositores
se dan el lujo de desairar a los ministros, a la presidenta del Congreso y a la
gobernadora regional. Un incidente inadmisible que me hizo recordar que en el
2004, en el Caso Ilave, Luis Thais hizo llevar a Puno a los dirigentes
renuentes en patrullero y luego de hablar con ellos se fue solo sin policía a la
plaza de Ilave, donde saludó en aimara a la población e inició el diálogo. Una
mezcla de firmeza y apertura democrática que ahora se hizo extrañar.
Conclusión:
la protesta, lejos de aplacarse, se encrespa hasta hacerse inmanejable.
Luego nadie supo qué hacer. Los opositores extreman su violencia para provocar un muerto más y lo logran. El gobierno apuesta por la militarización. La empresa no sabe si continuar o paralizar el proyecto.
Luego nadie supo qué hacer. Los opositores extreman su violencia para provocar un muerto más y lo logran. El gobierno apuesta por la militarización. La empresa no sabe si continuar o paralizar el proyecto.
Colofón.
Este resumido balance nos arroja tres factores claves: 1°. El punto de partida
de la empresa estuvo errado; 2°. Debido a ello, en la negociación no están
todos los actores sociales que deberían estar; y 3°. Quienes deben negociar
políticamente por el gobierno no han sabido hacerlo bien.
¿Todo
está perdido o hay salidas viables y racionales? Considero que sí las hay.
Primero, el gobierno debe reconocer que este no es un problema técnico, que no se trata de ofrecer una obra de agua potable a un alcalde o de encarcelar a un extremista. Eso no resuelve el resentimiento histórico del valle con la empresa ni crea condiciones sostenibles para la inversión. La mejor solución sería designar a un alto comisionado, cercano a la Presidencia de la República, que dirija un nuevo proceso y realice ofertas y establezca compromisos políticos.
Primero, el gobierno debe reconocer que este no es un problema técnico, que no se trata de ofrecer una obra de agua potable a un alcalde o de encarcelar a un extremista. Eso no resuelve el resentimiento histórico del valle con la empresa ni crea condiciones sostenibles para la inversión. La mejor solución sería designar a un alto comisionado, cercano a la Presidencia de la República, que dirija un nuevo proceso y realice ofertas y establezca compromisos políticos.
Segundo,
en lugar de negociar con solo una parte del valle, debería incluirse a las
organizaciones de los sectores medio y alto que también tienen algo que decir y
que han estado al margen de este conflicto. Nótese que la violencia se ha
producido del puente Pampa Blanca para abajo, en solo un tercio del valle, y
entre Mollendo y Matarani la zona más lejana del proyecto.
Por
último, si la empresa desea convivir en el largo plazo con el valle, debería
comprometerse a apoyar un proyecto de desarrollo microrregional a 20 años. Si
así lo hiciese, ¿alguien se opondría?
El Comercio
Antimineros (para dummies)
Carlos Meléndez
A estas alturas, Pepe Julio
Gutiérrez se ha
convertido en el dirigente social más (tristemente) célebre del país.
Presumiblemente negoció con la Southern la desmovilización de las protestas
contra Tía Maríapor
unas millonarias “lentejas”. Su caso no debería ser novedad: la dirigencia
social –sobre todo cuando carece de representatividad– no es ajena a la
corrupción. Si esta llega a los funcionarios de cuello blanco, también alcanza
–con mucha más razón– a la “burocracia” del reclamo social.
En
tantos años de conflictividad, pocos han aprendido la lección. Comencemos el
repaso. Primero: no existe líder, caudillo, agitador o “huaraquero” que pueda
arrogarse algún nivel decente de representatividad del descontento. Ni
Gutiérrez ni Marco Arana, ni Ollanta Humala –en su momento más “polo rojo”–.
Ninguno. Los canales de intermediación política y social en el Perú están
rotos. Por dicha debilidad, los dirigentes sociales ven reducidas sus funciones
a las de simples operadores políticos –una suerte de brókeres de la demanda
insatisfecha– sin capacidad real de control, ascendencia y dirección del
movimiento social. (Sí, estimado minero-dueño-del-Perú, usted estuvo haciendo
mal negocio).
Segundo,
y aunque usted no lo crea, estos “azuzadores” son los menos radicales (no
tendrían, de hecho, línea directa con emisarios de las mineras). La protesta
social sostenida atrae a indignados y directos afectados tanto como a
anarquistas y militantes de la violencia. La protesta legítima es, a la vez,
una puerta falsa donde se infiltran operadores de la disfuncionalidad social.
Normalmente estos portan una voz anómica que gana terreno conforme se socava la
legitimación de los dirigentes más moderados y se perpetúa el enfrentamiento.
Así,
llega el momento en que el colectivo se vuelve incontrolable. Gutiérrez lo
expresa claramente (para diario “Gestión”): “Qué se puede hacer ante una masa,
no son los alcaldes, no son los presidentes de las juntas, sino es una masa
humana (la que dirige la protesta)”. La movilización violenta es el fracaso del
bróker, no su capital, como interpreta cierta prensa. El comportamiento
colectivo disruptivo desborda a dirigentes y autoridades. Los alcaldes
distritales y la gobernadora Osorio son, especialmente, “testigos
privilegiados” de brazos cruzados. El escalamiento de la protesta sobrepasa los
“superpoderes” de los manipuladores o de quienes “engañan a la población”.
La
causa del conflicto no es la desinformación sino la insatisfacción. No hay
estrategia de comunicación de EIA (evaluación de impacto ambiental) que valga.
Un 25% de peruanos –según Ipsos– cree que el país está retrocediendo, luego de
tantos años de crecimiento económico. ¿Cuándo vamos a entender que mientras el
ciudadano promedio se sienta perdedor, habrá espacio para sacar a la calle su
bronca? Mientras proyectos como Conga y Tía María se conviertan en símbolos del
mediocre statu quo (gracias al mandatario y a las ensimismadas élites
empresariales, cuyo mayor contacto con la realidad es la “empleada doméstica”),
existirán “antimineros”. No me refiero a esos “irracionales vándalos”
amotinados en Arequipa, sino al 33% de peruanos que señala que un proyecto
minero perjudica al país: 15% en el NSE A (¡!), 29% en B, 32% en C, 37% en D y
39% en E. Nada más viejo que la lucha de clases.
ANTICORRUPCION, PERSECUCION,
JUDICIALIZACION POLITICA
El Comercio
El ex
vocal supremo Robinson
Gonzales, su hija Olga Gonzalez, Blanca Paredes y Álvaro Delgado,
todos implicados en la red criminal de Rodolfo
Orellana, fueron liberados hoy por el Poder Judicial, que
revocó su detención preliminar.
La
Sala Penal Nacional dispuso que Robinson
Gonzales y los otros, que fueron capturados durante
el operativo en contra del aparato legal de Rodolfo Orellana la semana pasada, llamado operación
Tempestad; fueran puestos en libertad por no haber pruebas para mantenerlos en
detenidos.
La
sala integrada por las jueces Edita Condori (presidenta), Sonia Torre Muñoz y
el ponente Rómulo Carcauto solicitó también investigar al juez que dispuso la
captura de Robinson Gonzales y
los otros implicados.
"Uno
siente que estamos viviendo en un país en el que cualquier cosa puede suceder.
Se está perdiendo la vergüenza", declaró el fiscal a El Comercio. Recordó que, pese a que
presentó un recurso de recusación en contra de los jueces de la sala, estos
resolvieron.
Detalló
que la recusación se basó en que una jueza había trabajado cercanamente con Robinson Gonzales.
Consultado
sobre si había peligro de fuga de los implicados, el fiscal respondió:
"Cómo no va a haber peligro de fuga si es crimen organizado. El peligro de
fuga era evidente".
El Comercio
El
ex ministro aprista Aurelio
Pastor fue condenado hoy a cuatro años de
prisión efectiva por delito de tráfico de influencias.
Pastor fue hallado responsable de tráfico
de influencias por haber solicitado el pago de S/.60 mil a la alcaldesa de
Tocache Corina de la Cruz a cambio de ayudarla a solucionar su problemas en el
Jurado Nacional de Elecciones y en una Fiscalía Suprema en el 2012.
