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viernes, 20 de junio de 2014

ESTA NOCHE viernes 20 junio 2014


ESTA NOCHE, donde usted se entera no de todo lo que ocurre, sino de lo que necesita saber


MENU DEL DIA


ü  Por 52 votos a favor, siete en contra y siete abstenciones, el oficialismo aprobó acusar constitucionalmente a Alan García. Bancada fujimorista no votó, por respeto a una justicia sin mezcla de política

ü  En el CNM piden suspensión preventiva de José Peláez Bardales mientras investigan sus actos relativos a los fiscales que investigaban a César Alvarez en Ancash

ü  Víctor Andrés García Belaunde amenazado de muerte por denunciar a Orellana Rengifo. Congreso crea comisión investigadora

ü  Ollanta Humala envió hoy al Congreso un proyecto de ley que permitiría la firma de contratos de estabilidad tributaria por 15 años para proyectos mineros de más de US$500 millones


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MEDIA COLUMNA
Chapucerías del oficialismo  


Jorge Morelli
@jorgemorelli1
jorgemorelli.blogspot.com


Casi a la medianoche del jueves, con 52 votos del oficialismo a favor -34 nacionalistas, siete de Perú Posible, ocho de Acción Popular-FA, uno de Unión Regional, uno de Solidaridad Nacional y uno sin bancada-, el Pleno aprobó acusar constitucionalmente a Alan García por los narcoindultos.

Hubo, además, otros siete votos en contra y siete abstenciones. Es decir, votaron en total 66 congresistas de los 130 existentes.  

Los 36 congresistas de la bancada fujimorista, sin embargo, sentaron un precedente. Simplemente, no votaron. Ni a favor, ni en contra, ni por la abstención. Marcaron asistencia, pero no votaron. Que se sepa, no hay antecedentes de este tipo de expresión de voluntad de un grupo parlamentario. Pero es un acto impecablemente correcto.

La razón es que se halla pendiente una decisión del poder Judicial. Como se recuerda, existió una resolución judicial que anuló parte de lo actuado en la investigación de la megacomisión. Esto fue apelado por el Congreso. Está pendiente la decisión del poder Judicial sobre la apelación. Ante esto, optar como lo ha hecho la bancada de Fuerza Popular es no solo lícito, sino legítimo, por respeto a la decisión pendiente que el poder Judicial aun debe tomar.

Al precipitarse a aprobar una acusación constitucional sin esperar la decisión judicial, en cambio, el oficialismo –y solo el oficialismo- se ha hecho políticamente responsable ante la opinión pública de una interferencia del Legislativo en otro poder del Estado. La prensa debe tomar cuidadosa nota de eso a la hora de asignar responsabilidades.  
    
Independientemente de las responsabilidades que pudieran caberle a Alan García por actos de su gobierno, el oficialismo –el partido de gobierno y sus aliados- ha vuelto a mezclar la política con la justicia y a oscurecer los hechos en vez de echar luz sobre ellos.



REPORTE DE NOTICIAS
Las siguientes notas periodísticas de política y economía han sido seleccionadas, editadas y ordenadas
temáticamente. No se las debe citar como tomadas directamente de sus fuentes originales, las mismas que se indican sólo como una forma de reconocer el crédito y agradecer la cortesía.



GOBERNABILIDAD, DEMAGOGIA, AUTORITARISMO, DEMOCRACIA



ESTA NOCHE (tomado de El Comercio, Canal 10)
Cerca de las once de la noche del jueves se aprobó en el Congreso, con solo 52 votos a favor, 7 en contra y 7 abstenciones (66 votos en total), acusar constitucionalmente al ex presidente Alan García por las denuncias de los narcoindultos.
A favor votaron 34 congresistas del nacionalismo, siete de Perú Posible, ocho de Acción Popular-Frente Amplio, uno de Unión Regional, uno de Solidaridad Nacional y uno sin bancada (Heriberto Benítez).
Los 36 congresistas de Fuerza Popular no votaron. Héctor Becerril, vocero de Fuerza Popular, explicó que la decisión se debió a la necesidad de respetar el procedimiento que se sigue ante el Poder Judicial sobre su fallo relativo a García.
Dijo que “es una irresponsabilidad que se esté dando curso a la acusación constitucional en el Congreso. Se están adelantando al fallo del Poder Judicial”, subrayó.
La congresista Martha Chávez señaló que, de los 9 informes de la megacomisión, tres fueron observados por el Poder Judicial y el Congreso apeló, lo cual está pendiente. Por eso se anunció hace una semana que el fujimorismo no votaría esos tres informes, dijo.



Canal N
Sergio Tejada, ex presidente de la megacomisión, opinó que los congresistas de Fuerza Popular no votaron por el informe de los narcoindultos porque algunos están de acuerdo y otros no.



La República
Para Pedro Pablo Kuczynski es un tema político la aprobación del informe que recomienda la acusación constitucional contra Alan García.
Recomendó al Parlamento tener cuidado con las decisiones que tome al existir una resolución judicial que anula todo lo actuado en la investigación de la megacomisión.



La República
El expresidente Alan García no tardó en pronunciarse y asegurar que esta acción no tendrá ningún efecto en el plano jurídico porque carece de validez legal a raíz de la resolución judicial que ordena anular todo lo actuado por la Megacomisión en relación a su testimonio.
En opinión del líder aprista, la aprobación del informe se da por la supuesta intención del nacionalismo de impedir su candidatura en los comicios del 2006, en una estrategia conjunta con Perú Posible.
“Venganza conyugal. Ese acuerdo, ordenado por los Humala y Toledo, no tiene validez ni tendrá consecuencia jurídica”, escribió en Twitter.
Destacó la posición de algunos congresistas de diferentes bancadas de no aprobar en la votación el informe de la megacomisión. “Lo más positivo fue la voz de los congresistas de otras bancadas que con acierto jurídico y justicia no se sumaron a la venganza conyugal”, apuntó.



El Comercio
Luciana León denunció la existencia de una supuesta “alianza contra natura” entre el humalismo y el fujimorismo para sacar de la carrera electoral a Alan García.



El Comercio
El congresista Sergio tejada dijo que existen testimonios –de Nelson Rosales, Carmen Delgado Méndez, Sócrates Grillo Bockos y Julio Palco Chimoy– que señalan que los integrantes de la comisión de gracias cobraron a internos para tramitar sus solicitudes de conmutación de penas. Según los testigos, por año conmutado cobraban US$10 mil.
Según Tejada, durante el régimen aprista se otorgaron 5,246 indultos y conmutaciones de pena, 3,207 (61%) de ellos purgaban condena por tráfico de drogas.



El Comercio
Al acordarse denunciar constitucionalmente al ex presidente Alan García Pérez por infracción a la Carta Magna, el documento será derivado a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que preside Marco Tulio Falconí (Unión Regional).
Ese grupo de trabajo tiene un plazo de 10 días para calificar si procede la denuncia.
Si procede, el informe de calificación será derivado a la Comisión Permanente del Congreso. Si esa instancia aprueba el informe, el expediente regresa a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para investigar las pruebas y los hechos imputados.
Existe un plazo reglamentario de 15 días prorrogables para realizar este trámite, que terminaría con un informe final, el cual podría concluir con una acusación constitucional. Si esta acusación es aprobada, va de nuevo a la Comisión Permanente del Congreso para el debate y votación respectiva.
Si se aprueba, el caso va al pleno del Parlamento. En sesión plenaria, los acusados se defenderán y, si se aprueba, el caso va a la fiscalía y de ahí al Poder Judicial.






ANTICORRUPCION, PERSECUCION, JUDICIALIZACION POLITICA



El Comercio
Vladimir Paz de la Barra, miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, solicitó ayer la suspensión preventiva del fiscal supremo José Peláez Bardales mientras dure la indagación que se le ha abierto por su accionar frente a los fiscales que investigaron al presidente regional de Áncash, César Álvarez.
En el oficio remitido al presidente del CNM, Paz de la Barra dice que en el informe del consejero Gastón Soto Vallenas sobre la marcha de la investigación a Peláez se afirma que los fiscales ancashinos que declararon el último lunes proporcionaron información de suma relevancia. Indica que, “dada la gravedad de lo que informa el consejero Soto Vallenas”, se debería dictar la suspensión preventiva del ex fiscal de la Nación hasta que concluya la investigación preliminar.
El pedido de Paz de la Barra será debatido en el pleno del CNM que se llevará a cabo el martes.



La República
El coordinador de fiscalías especializadas contra el crimen organizado, Jorge Chávez Cotrina, ratifico que existen amenazas de muerte contra los fiscales encargados de investigar a las organizaciones criminales.
El congresista Mesías Guevara, que preside la comisión parlamentaria que investiga el caso, pidió al ministro del Interior, Walter Albán, proteger a los fiscales que corren peligro.



RPP, Peru21
El Pleno del Congreso aprobó anoche la creación de una comisión especial para investigar a Rodolfo Orellana Rengifo por acusaciones de corrupción y crimen organizado.
El plazo de la investigación es de 180 días en los que se indagarán cuatro casos. Uno es la transferencia de terrenos del Hospital Hermilio Valdizán y de la Fundación de los Niños por el Perú.
Aún está pendiente quienes conformarán la comisión.
Según informe de la Superintendencia de Banca, Seguros, Orellana, cuestionado por su presunta participación en el caso La Centralita en Ancash, estaría implicado en narcotráfico.
El congresista Víctor Andrés García Belaunde (AP-FA) denunció que él, su familia y sus asesores son víctimas de amenazas de muerte debido a sus denuncias contra Orellana Rengifo.
“Desde agosto de 2013 hasta la actualidad, a través de llamadas telefónicas me dicen: ‘Cuídate y cuida a tu familia’, o solo llaman y cuelgan en la madrugada. También nos hacen ‘reglaje’ desde el Congreso hasta nuestras casas. Nos toman fotografías”, explicó el parlamentario. Comenzaron a amedrentarlo desde que empezó a denunciar los actos ilícitos de Orellana. “Somos víctimas de persecución por parte del personal de la revista Juez Justo, vinculada a Orellana, “que realiza acusaciones de toda índole sin fundamento alguno”, añadió.
García Belaunde dijo esperar que pronto el Poder Judicial dicte orden de captura contra Orellana Rengifo. "La orden de captura contra Orellana tendrá que venir, dicen que inclusive está en camino. Cuando sea detenido todo este castillo inmenso que ha montado se va a desmoronar y ahí vamos a conocer esto que ya sabemos y mucho más de lo que hay detrás", expresó. “Ha hecho lo que ha querido durante 10 años", aseveró García Belaunde, al considerar que esto ha sido posible gracias a "un poder paralelo" dentro del Poder Judicial.



El Comercio
El presidente del Poder Judicial, Enrique Mendoza, pidió a los jueces penales analizar con más detalle las demandas presentadas contra periodistas por delito de difamación.
Fuentes judiciales indicaron a este Diario que el titular de la Corte Suprema se pronunció de esta manera a raíz de las numerosas denuncias que el abogado Rodolfo Orellana Rengifo, investigado por lavado de activos, presenta contra periodistas y medios.



Canal 10, El Comercio
Óscar López Meneses se presentaría hoy viernes 20 de junio a las 4 p.m. en el Congreso, citado por la comisión parlamentaria que investiga el resguardo policial a su domicilio.
El presidente, Juan José Díaz Dios, afirmó que López Meneses estaba citado la semana pasada, pero pidió que se le reprograme la fecha. De no acudir o no justificar su inasistencia, podría ser llevado de grado o fuerza.











ELECCIONES, ENCUESTAS, MEDIOS DE PRENSA, PSICOSOCIALES



RPP
El alcalde de La Victoria, Alberto Sánchez-Aizcorbe, es el candidato de Fuerza Popular a la alcaldía de Lima en las próximas elecciones.
En un gran evento popular realizado en Jicamarca, San Juan de Lurigancho, Keiko Fujimori dio a conocer el nombre. También anunció que el general Marco Miyashiro postula como teniente alcalde. Igualmente, dio a conocer a los postulantes a todas las alcaldías de los distritos de Lima.
Sánchez-Aizcorbe es un arquitecto y urbanista graduado de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI). En 2006 fue elegido alcalde de La Victoria y reelecto para el periodo actual.






NARCOTERRORISMO, INTELIGENCIA, DDHH, USO DE LA FUERZA



La República
Una patrulla del Ejército sorprendió a una columna de acarreadores de droga cuando se desplazaba por la selva cusqueña resguardada por terroristas que dispararon a los militares.
El choque registrado el último miércoles a las 9 y 50 de la noche,concluyó con la muerte de un efectivo y la detención de siete “mochileros” que trasladaban 300 kilos de pasta básica de cocaína, se produjo en Sankaureni, muy cerca del centro poblado Kepashiato, distrito de Echarate, provincia de La Convención, Cusco.
Según fuentes militares, cuando la patrulla divisó a la columna de “mochileros” cargando costales de droga –que tenía como destino Bolivia–, las fuerzas del orden dieron la voz de alto. En respuesta, los terroristas abrieron fuego y se produjo una refriega por unos 10 minutos. Los “chalecos” –como se conoce a los terroristas– se dieron a la fuga y abandonaron a los cargadores.
Durante los interrogatorios los “mochileros” manifestaron que fueron contratados por un sujeto de apelativo "Santos" para transportar la droga hasta la zona de Quillabamba, donde luego sería  transportada en camionetas con destino hasta Bolivia.
Los detenidos aseguraron que la droga venía de la zona de San Antonio, ubicada en la selva de Llochegua, parte del valle de los ríos, Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem).
Otra modalidad es la construcción de pistas clandestinas. El 17 de junio, agentes de la Dirección Antidrogas intervinieron una avioneta de matrícula boliviana CP-2813, que transportaba más de 300 kilos de droga. La nave fue interceptada en el mismo lugar donde otra avioneta intentaba alzar vuelo con 350 kilos de droga, a orillas del río Apurímac, en la zona de Santa Rosa, en el distrito de Llochegua, provincia de Huanta, Ayacucho.
El general Vicente Romero explicó que estos golpes forman parte de una nueva estrategia para interceptar el puente aéreo entre el Vraem y la frontera con Bolivia.



RPP
Una gran cantidad de viajeros a la zona sur de Puno se encuentran varados en los terminales zonal e interregional de esta ciudad en la vía Puno-Desaguadero a causa del bloqueo por pobladores aymaras de Ácora e Ilave, Puno, del puente internacional en la provincia El Collao-Ilave.






LIBERTAD ECONOMICA, INVERSION, GLOBALIZACION, REFORMAS



El Comercio
El índice de confianza empresarial volvió a caer en junio a un nivel por debajo del promedio registrado desde que se inició el gobierno de Ollanta Humala, mostró hoy un sondeo de Apoyo Consultoría.
La encuesta, aplicada a más 280 empresas entre el 16 y 19 de junio, reveló que solo un 17% estaría dispuesta a acelerar la ejecución de sus planes de inversión en los próximos seis meses, en tanto que otro 10% indicó que reducirá el ritmo de inversiones. El sondeo arrojó también que el 73% mantendrá el ritmo actual.
Con las cifras obtenidas, Apoyo Consultoría dijo que el índice trimestral de la confianza empresarial entre abril y junio tuvo una caída de 12 puntos porcentuales en relación a la medición del primer trimestre del año y 9 puntos por debajo del promedio calculado desde que se inició la gestión de Ollanta Humala.
"El Gobierno está trabajando en un paquete de medidas orientadas a reducir el costo de hacer negocios en el Perú. La rapidez del Ejecutivo y el Congreso en definir e implementar estas medidas puede contribuir a que la confianza empresarial se recupere", puntualizó el informe.



El Comercio
El Gobierno finalmente envió al Congreso dos normas que intentan dinamizar la economía. Se trata del proyecto de ley que establece medidas tributarias, simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de las inversiones en el país; y el proyecto de ley de contrataciones del Estado, para así revertir los resultados adversos experimentados en los primeros meses del año.
Dentro del paquete de medidas, llama poderosamente la atención la flexibilización de aspectos relacionados con la fiscalización ambiental, los que, en buena medida, estarían deteniendo el desenvolvimiento de las grandes inversiones. Estos trámites agobian al sector minero-energético.
Para destrabar este nudo, el Ejecutivo propuso un paquete de normas que flexibilizan la normativa ambiental y recortan las prerrogativas del Ministerio del Ambiente (Minam) y sus órganos de línea: el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y el Servicio Nacional de Áreas Protegidas por el Estado (Sernanp).
El Ejecutivo también plantea que sea el Consejo de Ministros, y no el Minam, el que decida en la creación de áreas reservadas. Dichas medidas serán tomadas en consenso con los sectores involucrados y se refrendarán mediante decreto supremo.
El paquete también prevé acortar a 30 días el plazo de emisión de las opiniones vinculantes y no vinculantes requeridas para aprobar los estudios de impacto ambiental (EIA) de los proyectos de inversión.



El Comercio
El presidente Ollanta Humala envió hoy al Congreso un proyecto de ley que permitiría la firma de nuevos contratos de estabilidad tributaria por un plazo de 15 años para proyectos mineros con inversiones de más de US$500 millones, dentro de un paquete de medidas para reactivar la economía.
Actualmente, la cartera estimada de inversión en proyectos mineros asciende a unos US$61.278 millones, según datos hasta mayo del Ministerio de Energía y Minas.



El Comercio
Reformas sin política
Jaime de Althaus
Es asombroso el contraste entre las ambiciosas reformas que quiere llevar adelante el gobierno y su aislamiento político. Apela, al final, al poder de la razón, a que los grupos políticos tendrán cabeza para reconocer la necesidad nacional de esas reformas pese a las acusaciones, resentimientos y enconos existentes y los intereses políticos particulares.
Los proyectos de ley enviados al Congreso para liberar las fuerzas productivas retirándoles amarras regulatorias, es, efectivamente, revolucionario; y por eso generará resistencias en algunas bancadas, defensoras del statu quo de sus clientelas gremiales o territoriales. La misma resistencia que genera la implementación de la Ley del Servicio Civil, que producirá también una revolución cultural en el Estado si se aplica bien y con la colaboración de todos. Dos reformas que se complementan a fin de que los resultados por los que trabaje un nuevo servicio civil meritocrático no sean el número de trámites y regulaciones, sino la solución de los problemas. Se necesita apoyo político para estos cambios, que transformarán el país.
Del mismo modo que se lo necesitará para dos grandes reformas pendientes: una ley general de trabajo que fomente el empleo y la formalización y libere a los trabajadores de la condena a bajos salarios sin derechos, y la reforma de la descentralización, para contener la anarquía, la corrupción y la proliferación de las mafias.
La descentralización requiere, por ejemplo, que el Gobierno Central tenga instrumentos de monitoreo, control, sanción e intervención cuando un gobierno regional o local desobedece o incumple políticas o normas sectoriales o no es capaz de ejecutarlas. El “Estudio del proceso de descentralización en el Perú”, publicado por la Contraloría de la República, propone que el ministerio en cuestión pueda hacerse cargo temporalmente de una función que un gobierno subnacional no pueda ejecutar por falta de capacidad.
Pero habría que ir más allá: se transfirieron apuradamente casi todas las competencias y funciones del Ejecutivo a los gobiernos subnacionales; pero hay gobiernos regionales que por su pequeño tamaño no pueden ejecutar muchas de ellas, o, alternativamente, hay competencias o funciones que por su naturaleza son más eficientemente manejadas a nivel central. El estudio de la contraloría no hace un análisis de este tipo para saber a qué nivel es mejor prestar cada función o servicio, pero podemos afirmar que la autorización y supervisión de la pequeña y mediana minería, por ejemplo, o de la pesca artesanal, no deberían estar a cargo de direcciones regionales sin personal especializado y muy cercanas a la fuente de corrupción. La administración de los derechos de agua y de bosques, por citar otros casos, no se pueden dividir territorialmente. La delimitación de competencias es confusa y es fuente de problemas. El canon también debe ser reformado.
Nada de esto se podrá hacer sin un respaldo político suficiente en el Congreso, que debería estar abocado a estos temas trascendentales en lugar de permanecer atrapado en una guerra de trinchera política. El primero que tiene que pedir paz es, sin embargo, el gobierno.



La República
Chocan dos facetas del chavismo
Mirko Lauer

En Venezuela esta vez la pita se ha roto por el lado más evidente. Jorge Giordani, durante 15 años uno de los zares del manejo económico, se ha despedido señalando que con Nicolás Maduro de presidente la cosa no va a ninguna parte. Invita además a no confundir la actual ineficiencia con la gestión de Hugo Chávez que, para Giordani, resolvía las cosas. No es oposición vs gobierno, sino un choque entre chavistas. Un sector que quiere seguir haciendo chavismo pero dentro de cierto orden y el sector lanzado a hacer cualquier cosa para contentar a Maduro. En el fondo los primeros son, con Giordani, más radicales/ortodoxos, mientras que los segundos viven el día a día esperando un milagro del cielo. Maduro ha respondido como era de esperar, tildando a su ex vicepresidente de Planeamiento de contrarrevolucionario que no entiende nada, es víctima de un “gran ego pequeño burgués” contrapuesto a la humildad del pueblo. La crítica de Giordani sorprende a Maduro en una gira pueblo por pueblo, que parece electoral, aunque no hay elecciones a la vista. La furia de Maduro es comprensible, no solo por el alto perfil de la disidencia, sino porque el contenido de la renuncia a todas luces habla del descontento de una suerte de sector chavista auténtico, que ve a Maduro como un dilapidador de varios capitales. El político, el ideológico y el económico, a los que ahora Maduro pretende salvar desde las calles. Lo de Giordani podría ser, pues, la primera clarinada de una oposición chavista abierta. Señal a su vez de que la pugna interna ya no da más, y que buscará otros cauces para resolverse. La confrontación sería entre la fuga hacia adelante y el costoso control de daños por la vía de algo parecido a un ajuste estructural. ¿Qué ocasionó la disputa? Para Francisco Rodríguez, economista principal para la zona andina en el Bank of America, “la salida de Giordani confirma que el ala radical del gobierno ha perdido influencia en la política económica”. Esto, declara para Bloomberg, “acelera las posibilidades de una más rápida devaluación del bolívar”. Son 73 por dólar en el mercado negro. En su extensa carta Giordani afirma haber fracasado en dos frentes: “El primero atacar la corrupción frenándola por un nuevo control de los grandes fondos del Estado. El segundo introduciendo nuevos mecanismos de manejo en el gasto público que le permitieran retornar a cauces sostenibles en el tiempo”. En otras palabras, algún límite a la pachanga fiscal. Para la oposición democrática la división es bienvenida, pero a la vez una situación en la que no cabe realmente tomar partido alguno. Sombras de la célebre frase recogida por Carlos Marx sobre la opción entre un final horrible y un horror sin fin.