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52 votos a favor, siete en contra y siete abstenciones, el oficialismo aprobó
acusar constitucionalmente a Alan García. Bancada fujimorista no votó, por respeto
a una justicia sin mezcla de política
ü
En el CNM piden suspensión preventiva de José Peláez
Bardales mientras investigan sus actos relativos a los fiscales que
investigaban a César Alvarez en Ancash
ü Víctor Andrés
García Belaunde amenazado de muerte por denunciar a
Orellana Rengifo. Congreso crea comisión investigadora
ü
Ollanta Humala envió hoy al Congreso un proyecto de
ley que permitiría la firma de contratos de estabilidad tributaria por 15
años para proyectos
mineros de más de US$500
millones
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MEDIA COLUMNA
Chapucerías del oficialismo
Jorge Morelli
@jorgemorelli1
jorgemorelli.blogspot.com
Casi
a la medianoche del jueves, con 52 votos del oficialismo a favor -34 nacionalistas,
siete de Perú Posible,
ocho de Acción Popular-FA,
uno de Unión
Regional, uno de Solidaridad
Nacional y uno sin bancada-, el Pleno aprobó acusar
constitucionalmente a Alan García por los narcoindultos.
Hubo,
además, otros siete votos en contra y siete abstenciones. Es decir, votaron en
total 66 congresistas de los 130 existentes.
Los
36 congresistas de la bancada fujimorista, sin embargo, sentaron un
precedente. Simplemente, no votaron. Ni a favor, ni en contra, ni por la
abstención. Marcaron asistencia, pero no votaron. Que se sepa, no hay antecedentes
de este tipo de expresión de voluntad de un grupo parlamentario. Pero es un
acto impecablemente correcto.
La razón
es que se halla pendiente una decisión del poder Judicial. Como se recuerda,
existió una
resolución judicial que anuló parte de lo actuado en la investigación de la megacomisión.
Esto fue apelado por el Congreso. Está pendiente la decisión del poder Judicial
sobre la apelación. Ante esto, optar como lo ha hecho la bancada de Fuerza
Popular es no solo lícito, sino legítimo, por respeto a la decisión pendiente que
el poder Judicial aun debe tomar.
Al precipitarse a aprobar una acusación
constitucional sin esperar la decisión judicial, en cambio, el oficialismo –y solo
el oficialismo- se ha hecho políticamente responsable ante la opinión pública de
una interferencia del Legislativo en otro poder del Estado. La prensa debe tomar
cuidadosa nota de eso a la hora de asignar responsabilidades.
Independientemente de las responsabilidades
que pudieran caberle a Alan García por actos de su gobierno, el oficialismo –el
partido de gobierno y sus aliados- ha vuelto a mezclar la política con la
justicia y a oscurecer los hechos en vez de echar luz sobre ellos.
REPORTE DE NOTICIAS
Las siguientes notas
periodísticas de política y economía han sido seleccionadas, editadas y
ordenadas
temáticamente. No se las
debe citar como tomadas directamente de sus fuentes originales, las mismas que
se indican sólo como una forma de reconocer el crédito y agradecer la cortesía.
GOBERNABILIDAD,
DEMAGOGIA, AUTORITARISMO, DEMOCRACIA
ESTA NOCHE (tomado de El Comercio, Canal 10)
Cerca de las once de la noche del jueves se aprobó en el Congreso, con
solo 52 votos a favor, 7 en contra y 7 abstenciones (66 votos en total), acusar
constitucionalmente al ex presidente
Alan García por las denuncias de los narcoindultos.
A favor votaron 34 congresistas del nacionalismo,
siete de Perú Posible,
ocho de Acción
Popular-Frente Amplio, uno de Unión
Regional, uno de Solidaridad
Nacional y uno sin bancada (Heriberto Benítez).
Los 36 congresistas de Fuerza
Popular no votaron. Héctor
Becerril, vocero de Fuerza Popular, explicó que la decisión se debió
a la necesidad de respetar el procedimiento que se sigue ante el Poder Judicial
sobre su fallo relativo
a García.
Dijo que “es una irresponsabilidad que se esté dando curso a la acusación constitucional
en el Congreso. Se están adelantando al fallo del Poder Judicial”, subrayó.
La
congresista Martha Chávez señaló que, de los 9 informes de la megacomisión,
tres fueron observados por el Poder Judicial y el Congreso apeló, lo cual está pendiente.
Por eso se anunció hace una semana que el fujimorismo no votaría esos tres informes,
dijo.
Canal N
Sergio Tejada, ex presidente de la megacomisión, opinó que los congresistas
de Fuerza Popular no votaron por el informe de los narcoindultos porque algunos
están de acuerdo y otros no.
La
República
Para Pedro Pablo Kuczynski es un tema político la aprobación del
informe que recomienda la acusación constitucional contra Alan García.
Recomendó
al Parlamento tener
cuidado con las decisiones que tome al existir una resolución judicial que
anula todo lo actuado en la investigación de la megacomisión.
La República
El
expresidente Alan García
no tardó en pronunciarse y asegurar que esta acción no tendrá ningún efecto en
el plano jurídico porque carece de validez legal a raíz de la resolución
judicial que ordena anular todo lo actuado por la Megacomisión
en relación a su testimonio.
En opinión
del líder aprista, la aprobación del informe se da por la supuesta intención
del nacionalismo de impedir su candidatura en los comicios del 2006, en una estrategia
conjunta con Perú Posible.
“Venganza
conyugal. Ese acuerdo, ordenado por los Humala
y Toledo, no tiene validez ni tendrá consecuencia jurídica”, escribió en
Twitter.
Destacó la
posición de algunos congresistas de diferentes bancadas de no aprobar en la
votación el informe de la megacomisión. “Lo más positivo fue la voz de los
congresistas de otras bancadas que con acierto jurídico y justicia no se
sumaron a la venganza conyugal”, apuntó.
El Comercio
Luciana
León denunció la existencia de una supuesta “alianza contra natura” entre el humalismo
y el fujimorismo para sacar de la carrera electoral a Alan García.
El
Comercio
El congresista Sergio tejada dijo que existen testimonios –de Nelson
Rosales, Carmen Delgado Méndez, Sócrates Grillo Bockos y Julio Palco Chimoy–
que señalan que los integrantes de la
comisión de gracias cobraron a internos para tramitar sus solicitudes de
conmutación de penas. Según los testigos, por año conmutado cobraban US$10
mil.
Según Tejada, durante
el régimen aprista se otorgaron 5,246 indultos y conmutaciones de pena,
3,207 (61%) de ellos purgaban condena por tráfico de drogas.
El
Comercio
Al acordarse denunciar constitucionalmente al ex presidente Alan García
Pérez por infracción a la Carta Magna, el documento será derivado a
la Subcomisión
de Acusaciones Constitucionales, que preside Marco Tulio Falconí
(Unión Regional).
Ese grupo de trabajo tiene un plazo de 10 días para calificar si procede
la denuncia.
Si procede, el informe de calificación será derivado a la Comisión
Permanente del Congreso. Si esa instancia aprueba el informe, el expediente
regresa a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para investigar las
pruebas y los hechos imputados.
Existe un plazo reglamentario de 15 días prorrogables para realizar este
trámite, que terminaría con un informe final, el cual podría concluir con una
acusación constitucional. Si esta acusación es aprobada, va de nuevo a la
Comisión Permanente del Congreso para el debate y votación respectiva.
Si se aprueba, el caso va al pleno del Parlamento. En sesión plenaria,
los acusados se defenderán y, si se aprueba, el caso va a la fiscalía y de ahí
al Poder Judicial.
ANTICORRUPCION,
PERSECUCION, JUDICIALIZACION POLITICA
El Comercio
Vladimir Paz
de la Barra, miembro del Consejo
Nacional de la Magistratura, solicitó ayer la suspensión preventiva
del fiscal supremo José Peláez
Bardales mientras dure la indagación
que se le ha abierto por su accionar frente a los fiscales que investigaron al
presidente regional de Áncash, César Álvarez.
En el oficio remitido al presidente del CNM, Paz de la Barra dice que en
el informe del consejero Gastón Soto Vallenas sobre la marcha de la
investigación a Peláez se afirma que los fiscales ancashinos que declararon el último
lunes proporcionaron información de suma relevancia. Indica que, “dada la
gravedad de lo que informa el consejero Soto Vallenas”, se debería dictar la suspensión
preventiva del ex fiscal de la Nación hasta que concluya la investigación
preliminar.
El pedido de Paz de la Barra será debatido en el pleno del CNM que se
llevará a cabo el martes.
La República
El
coordinador de fiscalías especializadas contra el crimen organizado, Jorge Chávez Cotrina, ratifico que existen amenazas de muerte contra los
fiscales encargados de investigar a las organizaciones criminales.
El
congresista Mesías Guevara, que preside la comisión parlamentaria que investiga el
caso, pidió al ministro del
Interior, Walter Albán, proteger a los fiscales que corren peligro.
RPP, Peru21
El Pleno del Congreso aprobó anoche la creación de
una comisión especial para investigar a Rodolfo
Orellana Rengifo por acusaciones de corrupción y crimen organizado.
El plazo de la investigación es de 180 días en los
que se indagarán cuatro casos. Uno es la transferencia de terrenos del Hospital
Hermilio Valdizán y de la Fundación de los Niños por el Perú.
Aún está pendiente quienes conformarán la comisión.
Según informe de la Superintendencia de Banca, Seguros, Orellana, cuestionado por su presunta participación en el caso La Centralita
en Ancash, estaría implicado en narcotráfico.
El congresista Víctor Andrés García Belaunde (AP-FA) denunció que él, su familia y sus asesores son víctimas de amenazas de muerte debido a sus denuncias contra Orellana Rengifo.
El congresista Víctor Andrés García Belaunde (AP-FA) denunció que él, su familia y sus asesores son víctimas de amenazas de muerte debido a sus denuncias contra Orellana Rengifo.
“Desde agosto de
2013 hasta la actualidad, a través de llamadas telefónicas me dicen: ‘Cuídate y
cuida a tu familia’, o solo llaman y cuelgan en la madrugada. También
nos hacen ‘reglaje’ desde el Congreso hasta nuestras casas. Nos
toman fotografías”, explicó el parlamentario. Comenzaron a amedrentarlo
desde que empezó a denunciar los actos ilícitos de Orellana. “Somos
víctimas de persecución por parte del personal de la revista Juez Justo,
vinculada a Orellana, “que realiza acusaciones de toda índole sin fundamento
alguno”, añadió.
García Belaunde dijo esperar que pronto el Poder Judicial dicte orden
de captura contra Orellana
Rengifo. "La orden de captura contra Orellana tendrá que venir, dicen que
inclusive está en camino. Cuando sea detenido todo este castillo inmenso que ha
montado se va a desmoronar y ahí vamos a conocer esto que ya
sabemos y mucho más de lo que hay detrás", expresó. “Ha hecho lo que ha querido durante
10 años", aseveró García Belaunde, al considerar que esto ha sido posible
gracias a "un poder paralelo" dentro del Poder Judicial.
El Comercio
El presidente del Poder
Judicial, Enrique
Mendoza, pidió a los jueces penales analizar con más detalle las
demandas presentadas contra periodistas por delito de difamación.
Fuentes judiciales indicaron a este Diario que el titular de la Corte Suprema se pronunció de esta manera a raíz de las
numerosas denuncias que el abogado Rodolfo
Orellana Rengifo, investigado
por lavado de activos, presenta contra periodistas y medios.
Canal 10, El Comercio
Óscar
López Meneses se presentaría hoy viernes 20 de junio a las 4 p.m. en el
Congreso, citado por la comisión parlamentaria que investiga el resguardo
policial a su domicilio.
El presidente, Juan José Díaz Dios, afirmó que López Meneses estaba citado la semana pasada, pero pidió que se le reprograme la fecha. De no acudir o no justificar su inasistencia, podría ser llevado de grado o fuerza.
El presidente, Juan José Díaz Dios, afirmó que López Meneses estaba citado la semana pasada, pero pidió que se le reprograme la fecha. De no acudir o no justificar su inasistencia, podría ser llevado de grado o fuerza.
ELECCIONES, ENCUESTAS, MEDIOS DE PRENSA,
PSICOSOCIALES
RPP
El alcalde
de La Victoria, Alberto Sánchez-Aizcorbe, es el candidato de Fuerza Popular a la alcaldía de Lima
en las próximas elecciones.
En un gran evento popular realizado en Jicamarca,
San Juan de Lurigancho, Keiko Fujimori
dio a conocer el nombre. También anunció que el general Marco Miyashiro postula como teniente alcalde. Igualmente, dio a
conocer a los postulantes a todas las alcaldías de los distritos de Lima.
Sánchez-Aizcorbe es un arquitecto y urbanista graduado
de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI). En 2006 fue elegido alcalde de
La Victoria y reelecto para el periodo actual.
NARCOTERRORISMO, INTELIGENCIA, DDHH,
USO DE LA FUERZA
La República
Una patrulla
del Ejército
sorprendió a una columna de acarreadores de droga cuando se desplazaba por la selva cusqueña resguardada por terroristas
que dispararon a los militares.
El choque registrado el último miércoles a las 9
y 50 de la noche,concluyó con la muerte de un efectivo y la detención de
siete “mochileros” que trasladaban 300 kilos de
pasta básica de cocaína, se produjo en Sankaureni, muy cerca del
centro poblado Kepashiato, distrito
de Echarate, provincia de La
Convención, Cusco.
Según
fuentes militares, cuando la patrulla divisó a la columna de “mochileros”
cargando costales de droga –que tenía como destino Bolivia–, las fuerzas del orden dieron la voz de alto.
En respuesta, los terroristas abrieron fuego y se produjo una refriega por unos
10 minutos. Los “chalecos” –como se conoce a los terroristas– se dieron a la
fuga y abandonaron a los cargadores.
Durante los
interrogatorios los “mochileros” manifestaron que fueron contratados por un
sujeto de apelativo "Santos" para transportar la droga hasta la zona
de Quillabamba, donde luego sería transportada en camionetas con destino
hasta Bolivia.
Los
detenidos aseguraron que la droga venía de la zona de San Antonio, ubicada en
la selva de Llochegua, parte del valle de los ríos, Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem).
Otra
modalidad es la construcción de pistas clandestinas. El 17 de junio, agentes de
la Dirección Antidrogas intervinieron una avioneta de matrícula boliviana
CP-2813, que transportaba más de 300 kilos de droga. La nave fue interceptada en el
mismo lugar donde otra avioneta intentaba alzar vuelo con 350 kilos de droga, a
orillas del río Apurímac, en la zona de Santa Rosa, en el distrito de
Llochegua, provincia de Huanta, Ayacucho.
El general
Vicente Romero explicó que estos golpes forman parte de una nueva estrategia
para interceptar el puente aéreo entre el Vraem
y la frontera con Bolivia.
RPP
Una gran cantidad de viajeros a la zona sur de Puno
se encuentran varados en los terminales zonal e interregional de esta ciudad en
la vía Puno-Desaguadero a causa del bloqueo por pobladores aymaras de Ácora e
Ilave, Puno, del puente internacional en la provincia El Collao-Ilave.
LIBERTAD ECONOMICA,
INVERSION, GLOBALIZACION, REFORMAS
El Comercio
El índice de confianza
empresarial volvió a caer en junio a un nivel por
debajo del promedio registrado desde que se inició el gobierno de Ollanta
Humala, mostró hoy un sondeo de Apoyo
Consultoría.
La encuesta, aplicada a más 280 empresas entre el 16 y 19 de
junio, reveló que solo un 17%
estaría dispuesta a acelerar la ejecución de sus planes de inversión
en los próximos seis meses, en tanto que otro 10% indicó que reducirá el
ritmo de inversiones. El sondeo arrojó también que el 73% mantendrá el
ritmo actual.
Con las cifras obtenidas, Apoyo Consultoría dijo que el índice
trimestral de la confianza empresarial entre abril y junio tuvo una caída de 12 puntos porcentuales en
relación a la medición
del primer trimestre del año y 9 puntos por debajo
del promedio calculado desde que se inició la gestión de Ollanta
Humala.
"El Gobierno está trabajando en un paquete de
medidas orientadas a reducir el costo de hacer negocios en el Perú.
La rapidez del Ejecutivo y el Congreso en definir e implementar estas medidas
puede contribuir a que la confianza empresarial se recupere", puntualizó
el informe.
El Comercio
El Gobierno finalmente envió al Congreso dos normas
que intentan dinamizar la economía. Se trata del proyecto de ley que
establece medidas tributarias, simplificación de procedimientos y permisos para
la promoción y dinamización de las inversiones en el país; y el proyecto de ley
de contrataciones del Estado, para así
revertir los resultados adversos experimentados en los primeros meses
del año.
Dentro del paquete de medidas, llama poderosamente la atención la flexibilización de aspectos relacionados
con la fiscalización ambiental, los que, en buena medida, estarían
deteniendo el desenvolvimiento de las grandes inversiones. Estos trámites
agobian al sector minero-energético.
Para destrabar este nudo, el Ejecutivo propuso un paquete de normas que
flexibilizan la normativa ambiental y recortan las prerrogativas del Ministerio
del Ambiente (Minam) y sus órganos de línea: el Organismo de
Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y el Servicio
Nacional de Áreas Protegidas por el Estado (Sernanp).
El Ejecutivo también plantea que sea el Consejo de
Ministros, y no el Minam, el que decida en la creación de áreas
reservadas. Dichas medidas serán
tomadas en consenso con los sectores involucrados y se refrendarán
mediante decreto supremo.
El paquete también prevé acortar a 30 días el plazo de emisión de las
opiniones vinculantes y no vinculantes requeridas para aprobar los estudios de
impacto ambiental (EIA) de los proyectos de inversión.
El Comercio
El presidente Ollanta Humala envió hoy al Congreso un proyecto
de ley que permitiría la firma de nuevos contratos de estabilidad
tributaria por un plazo de 15 años para proyectos
mineros con inversiones de
más de US$500 millones, dentro de un paquete de medidas para reactivar
la economía.
Actualmente, la cartera estimada de inversión en proyectos mineros
asciende a unos US$61.278 millones, según datos hasta mayo del Ministerio de
Energía y Minas.
El Comercio
Reformas
sin política
Jaime
de Althaus
Es
asombroso el contraste entre las ambiciosas reformas que quiere llevar adelante
el gobierno y su aislamiento político. Apela, al final, al poder de la razón, a
que los grupos políticos tendrán cabeza para reconocer la necesidad nacional de
esas reformas pese a las acusaciones, resentimientos y enconos existentes y los
intereses políticos particulares.
Los proyectos
de ley enviados al Congreso para liberar las fuerzas productivas
retirándoles amarras regulatorias, es, efectivamente, revolucionario; y por eso
generará resistencias en algunas bancadas, defensoras del statu quo de sus
clientelas gremiales o territoriales. La misma resistencia que genera la
implementación de la Ley del
Servicio Civil, que producirá también una revolución cultural en el
Estado si se aplica bien y con la colaboración de todos. Dos reformas que se
complementan a fin de que los resultados por los que trabaje un nuevo servicio
civil meritocrático no sean el número de trámites y regulaciones, sino la
solución de los problemas. Se necesita apoyo político para estos cambios, que transformarán
el país.
Del
mismo modo que se lo necesitará para dos grandes reformas pendientes: una ley
general de trabajo que fomente el empleo y la formalización y libere a los
trabajadores de la condena a bajos salarios sin derechos, y la reforma de la descentralización,
para contener la anarquía, la corrupción y la proliferación de las mafias.
La descentralización
requiere, por ejemplo, que el Gobierno Central tenga instrumentos de monitoreo,
control, sanción e intervención cuando un gobierno regional o local desobedece
o incumple políticas o normas sectoriales o no es capaz de ejecutarlas. El
“Estudio del proceso de descentralización en el Perú”, publicado por la Contraloría
de la República, propone que el ministerio en cuestión pueda hacerse
cargo temporalmente de una función que un gobierno subnacional no pueda
ejecutar por falta de capacidad.
Pero
habría que ir más allá: se transfirieron apuradamente casi todas las
competencias y funciones del Ejecutivo a los gobiernos subnacionales; pero hay
gobiernos regionales que por su pequeño tamaño no pueden ejecutar muchas de
ellas, o, alternativamente, hay competencias o funciones que por su naturaleza
son más eficientemente manejadas a nivel central. El estudio de la contraloría
no hace un análisis de este tipo para saber a qué nivel es mejor prestar cada
función o servicio, pero podemos afirmar que la autorización y supervisión de
la pequeña y mediana minería, por ejemplo, o de la pesca artesanal, no deberían
estar a cargo de direcciones regionales sin personal especializado y muy
cercanas a la fuente de corrupción. La administración de los derechos de agua y
de bosques, por citar otros casos, no se pueden dividir territorialmente. La
delimitación de competencias es confusa y es fuente de problemas. El canon
también debe ser reformado.
Nada
de esto se podrá hacer sin un respaldo político suficiente en el Congreso, que
debería estar abocado a estos temas trascendentales en lugar de permanecer
atrapado en una guerra de trinchera política. El primero que tiene que pedir
paz es, sin embargo, el gobierno.
La República
Chocan dos facetas del
chavismo
Mirko Lauer
En Venezuela esta vez
la pita se ha roto por el lado más evidente. Jorge Giordani, durante 15 años
uno de los zares del manejo económico, se ha despedido señalando que con
Nicolás Maduro de presidente la cosa no va a ninguna parte. Invita además a no
confundir la actual ineficiencia con la gestión de Hugo Chávez que, para
Giordani, resolvía las cosas. No es oposición vs gobierno, sino un choque entre
chavistas. Un sector que quiere seguir haciendo chavismo pero dentro de cierto
orden y el sector lanzado a hacer cualquier cosa para contentar a Maduro. En el
fondo los primeros son, con Giordani, más radicales/ortodoxos, mientras que los
segundos viven el día a día esperando un milagro del cielo. Maduro ha
respondido como era de esperar, tildando a su ex vicepresidente de Planeamiento
de contrarrevolucionario que no entiende nada, es víctima de un “gran ego pequeño
burgués” contrapuesto a la humildad del pueblo. La crítica de Giordani
sorprende a Maduro en una gira pueblo por pueblo, que parece electoral, aunque
no hay elecciones a la vista. La furia de Maduro es comprensible, no solo por
el alto perfil de la disidencia, sino porque el contenido de la renuncia a
todas luces habla del descontento de una suerte de sector chavista auténtico,
que ve a Maduro como un dilapidador de varios capitales. El político, el
ideológico y el económico, a los que ahora Maduro pretende salvar desde las
calles. Lo de Giordani podría ser, pues, la primera clarinada de una oposición
chavista abierta. Señal a su vez de que la pugna interna ya no da más, y que
buscará otros cauces para resolverse. La confrontación sería entre la fuga hacia
adelante y el costoso control de daños por la vía de algo parecido a un ajuste
estructural. ¿Qué ocasionó la disputa? Para Francisco Rodríguez, economista
principal para la zona andina en el Bank of America, “la salida de Giordani
confirma que el ala radical del gobierno ha perdido influencia en la política
económica”. Esto, declara para Bloomberg, “acelera las posibilidades de una más
rápida devaluación del bolívar”. Son 73 por dólar en el mercado negro. En su
extensa carta Giordani afirma haber fracasado en dos frentes: “El primero
atacar la corrupción frenándola por un nuevo control de los grandes fondos del
Estado. El segundo introduciendo nuevos mecanismos de manejo en el gasto
público que le permitieran retornar a cauces sostenibles en el tiempo”. En
otras palabras, algún límite a la pachanga fiscal. Para la oposición
democrática la división es bienvenida, pero a la vez una situación en la que no
cabe realmente tomar partido alguno. Sombras de la célebre frase recogida por
Carlos Marx sobre la opción entre un final horrible y un horror sin fin.
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