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MEDIA COLUMNA
19 años
Jorge Morelli
@jorgemorelli1
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Han pasado 19
años desde el día en que los dos grandes ausentes, aún hoy, Alberto Fujimori y
Jamil Mahuad, firmaron en Brasilia el Acuerdo de Paz que puso punto final a 170
años de conflictos entre el Perú y el Ecuador.
El modelo de esa
negociación debería estudiarse en las escuelas internacionales.
Primero, las dos
partes acordaron empoderar a un tercero como árbitro, los cuatro países
garantes.
Segundo, ese empoderamiento
dispudo que el árbitro pudiera proponer fórmulas de avenimiento.
Tercero, fue tan
importante el empderamiento que llegó al punto de dar a sus propuestas un
carácter vinculante para las partes, que fue escrupulosamente respetado por
ambos gobiernos y ambos legislativos.
Pocas veces se ha
visto algo parecido. Hay que tener valor para hacer algo así. En verdad, puede
ser el único modo en que dos países que han tenido un enfrentamiento total pueden
alcanzar, apenas tres años y medio después, una paz estable y duradera. Diecinueve
años después puede afirmarse esto con certeza.
Pero falta aun
ver nuevamente el abrazo de los dos grandes ausentes, ya sea en
Quito o en Lima,
cuando con toda justicia dentro de un año celebremos el vigésimo aniversario de
esta hazaña que es parte de la gran historia de nuestra patria común.
REPORTE DE NOTICIAS en Internet
Las siguientes notas periodísticas de
política y economía han sido seleccionadas, editadas y ordenadas
temáticamente. No se las debe citar como
tomadas directamente de sus fuentes originales, las mismas que se indican
sólo como una forma de reconocer el crédito
y agradecer la cortesía.
ANTICORRUPCION,
PERSECUCIÓN, JUDICIALIZAC ION POLITICA
El Comercio
El publicista brasileño Valdemir Garreta afirmó ante la
justicia peruana que las constructoras OAS y Odebrecht le
pagaron en total US$986 mil en efectivo para asesorar la campaña electoral del
ex presidente en el 2011.
La Unidad de
Investigación de El Comercio accedió
a la declaración que brindó Garreta ante el fiscal anticorrupción peruano
Sergio Jiménez en Brasil en setiembre de este año. De acuerdo a su testimonio,
fue Leo Pinheiro, el ex presidente de la constructora OAS, hoy recluido en prisión, quien lo
buscó para que prestara sus servicios de márketing político al entonces
candidato nacionalista. “Es a finales del 2010 cuando Leo Pinheiro me consultó
si tenía interés en realizar una campaña en el Perú para el candidato Ollanta Humala”,
indicó.
Garreta recordó el
papel protagónico que tuvo la ex primera dama desde el inicio de la campaña.
“Me facilitaron el número de Nadine Heredia, no recuerdo si fue el mismo Leo
Pinheiro u otra persona, pero la cuestión es que la llamé y quedamos en
reunirnos en Lima”, contó.
En esa reunión,
según Garreta, se conversó sobre la estrategia y la necesidad de preparar un
discurso para Humala porque
debía participar en una convención de empresarios. “La idea en ese momento era
flexibilizar el discurso, disminuir la radicalidad. Lo que pasaba es que él
había quedado impregnado como chavista en la campaña anterior”, detalló.
El testigo precisó
que contrató los servicios del también publicista y estratega en campañas
internacionales Luis Favre como coordinador, Arthur Muhlenberg como director de
arte y Celio Rodríguez como camarógrafo.
OAS, según Garreta, se encargó de pagarle los servicios de
asesoría a través de su empresa MEK durante la primera vuelta. “Me parece que
fue en la oficina de Armendáriz o en el hotel que tenía como parte de su nombre
la palabra ‘América’ en San Isidro. Allí [se habló con Nadine Heredia] el tema
de la contratación. Se acordó un pago de US$300 mil más gastos [US$150 mil] por
nuestros servicios de creación estratégica, hasta la primera vuelta”.
Garreta explicó a la
autoridad peruana cómo se efectuaron los pagos: “US$134 mil a través de
transferencias realizadas por el Partido Nacionalista Peruano y el saldo
[US$316 mil restantes] por parte de la empresa OAS, a través de un contrato que
se firmó con ellos”.
En la rendición de
gastos de campaña que el Partido Nacionalista presentó ante la ONPE, figura el
pago de S/360.100 [equivalentes a US$129.532 de la época] a la empresa FX
Comunicacao Global LTD , también de propiedad de Valdemir Garreta.
El publicista
ratificó que el contrato que suscribió OAS con su empresa MEK fue simulado: “El
objeto del contrato era el levantamiento de información, fue un objeto
genérico. Es más, se realizó un trabajo que fue entregado a OAS para justificar
su contabilidad […] sin embargo, ese contrato, en verdad, [fue] por los
servicios para la campaña de Ollanta
Humala”.
"Así, se pactó la suma de US$700 mil y en caso de
que ganaran un adicional de US$500 mil”, precisó.
“En abril del 2011,
Nadine Heredia me indica que entre en contacto con Jorge Barata, director de la
empresa Odebrecht, para
recibir los US$700 mil. Conseguí entrar en contacto con Fernando Migliaccio, el
cual me indicó que los pagos serían en efectivo, en hoteles en Sao Paulo,
probablemente [fueron] cuatro [entregas] de US$175 mil, pero en moneda nacional
[reales]”. Los pagos se hicieron efectivos entre abril y junio del 2011.
Fernando Migliaccio
era el responsable de la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, también conocida como la
caja 2, que servía para el pago de sobornos.
Para la segunda
vuelta, Garreta detalló que también contó con los servicios de los brasileños
Sandra Recalde y Juan Pessoa, responsables del manejo de las redes sociales. En
este punto hay que recordar que ambos personajes cumplieron el mismo rol en el
2013, durante la campaña por el No a la revocación de la entonces alcaldesa de
Lima, Susana Villarán.
Garreta explicó en
detalle que los pagos se hicieron bajo una estrategia pactada: “Los pagos en
los hoteles tenían la siguiente mecánica. Yo indicaba el nombre del hotel y la
habitación. La contraseña la daban ellos [Odebrecht]; esta última tenía que darse al momento de tocarse la
puerta de la habitación, al escucharla, entregaban el dinero [...] Yo creo que
recibí dinero solo una vez directamente, luego normalmente enviaba a una
persona de mi confianza”.
Después de la
victoria de Ollanta Humala en
la segunda vuelta, él y Nadine Heredia viajaron a Brasil para asistir a una
reunión que se realizó en el Instituto Lula, en Sao Paulo. “En ese viaje Fx
Comunicaciones pagó su estadía [de la pareja] en el hotel Unique en Sao Paulo.
Además, se pagó el pasaje de Brasil a Chile (Brasil-Montevideo-Santiago). Deseo
precisar que no solo se afrontó los gastos [...] de Ollanta y Nadine, sino
también los de Cynthya Montes (ex secretaria de prensa de la Presidencia) y
Luis Chuquihuara (ex secretario general de la Presidencia)”, señaló Garreta.
Estos datos fueron contrastados por este Diario con sus respectivos reportes
migratorios.
El Comercio
Una semana antes de la primera vuelta de las elecciones
presidenciales del 2011, el entonces candidato de Gana Perú Ollanta Humala reconoció
en una entrevista televisiva que estaba siendo asesorado por expertos
brasileños en márketing electoral.
Humala lo había
negado en varias ocasiones. Sin embargo, mientras estaba en una gira por el
norte del país, el diario brasileño “Folha de Sao Paulo” informó en ese
entonces que un grupo de asesores del Partido de los Trabajadores (PT) de
Brasil, la agrupación política del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva,
trabajaba en el Perú para ayudar en el ascenso del candidato nacionalista en
las encuestas.
El medio brasileño
precisó que Luis Favre y Valdemir Garreta –a quienes llamó los ‘petistas’, en
referencia al PT– eran los asesores que participaban en la campaña y habían
contribuido en alejar la imagen de nacionalista radical de Humala para atraer
apoyo de sectores conservadores y empresarios.
La nota explicaba
que la estrategia fue diseñada por el experto en márketing político Joao
Santana, quien ayudó a que Lula obtuviera la presidencia en el 2002. La
participación de Santana en la campaña se limitó a realizar una encuesta, en la
cual recomendaba alejar a su hermano Antauro Humala.
En el 2011, Humala
dijo también que conocía a Santana y comentó que en un momento hubo un
acercamiento con él, pero que no se llegó a concretar nada.
Años después, este Diario publicó que fue la ex primera dama Nadine Heredia quien contactó con Santana, pero que este hizo una oferta que el Partido Nacionalista no podía pagar. En Brasil, pidió recomendaciones y llegó al nombre de Garreta, quien había fundado la agencia FX Comunicacao Global LTD. El resto de la historia ya se conoce.
Años después, este Diario publicó que fue la ex primera dama Nadine Heredia quien contactó con Santana, pero que este hizo una oferta que el Partido Nacionalista no podía pagar. En Brasil, pidió recomendaciones y llegó al nombre de Garreta, quien había fundado la agencia FX Comunicacao Global LTD. El resto de la historia ya se conoce.
Actualmente, Santana
cumple una condena de ocho años de prisión junto a su esposa y socia Mónica
Moura por estar implicados en el Caso Lava Jato en Brasil.
Marcelo Odebrecht,
ex CEO de la constructora brasileña, mencionó a Garreta durante el
interrogatorio que respondió en mayo pasado ante los fiscales peruanos. Lo más
importante que declaró sobre los ex asesores –Garreta y Favre– fue que sabía
que ambos estuvieron involucrados en la campaña de Humala y que su
participación influyó en el pedido del PT para que Odebrecht entregara dinero.
Expertos en derecho
penal consultados por El Comercio coincidieron en que un nuevo testimonio sobre
la entrega de dinero de Odebrecht y OAS a la campaña presidencial de Humala,
como el que ha dado Garreta, reforzará la acusación fiscal en la investigación
por lavado de activos contra la pareja.
El ex procurador
Luis Vargas Valdivia y el abogado Luis Lamas Puccio coincidieron y aseguraron
que la declaración testimonial contra los Humala Heredia deberá ser contrastada
por la fiscalía para ser presentada como una prueba en un eventual juicio oral.
104 días es el tiempo que el ex presidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia llevan en prisión preventiva. La orden vence en el 2019.
104 días es el tiempo que el ex presidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia llevan en prisión preventiva. La orden vence en el 2019.
NARCOTERRORISMO, INTELIGENCIA, FFAA, DDHH,
USO DE LA FUERZA
Expreso
Un claro “temor”
demuestran los tres magistrados del Tribunal Constitucional (TC) que
denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un
supuesto amedrentamiento de parte del Congreso de la República por el fallo que
reabre el caso de los sucesos de “El Frontón”, ante una probable falta de
pruebas de su fallo en contra de los exmiembros de la Marina que han sido
implicados en delitos de “lesa humanidad”.
Así
opinó el expresidente del TC Ernesto Álvarez, quien dijo sentir pena por la
decisión de los jueces constitucionales, a quienes no les importa llevar un
problema institucional a instancias internacionales, aunque ello signifique
perjudicar la imagen del Perú.
“Tienen
temor, porque seguramente no han reunido los argumentos necesarios para
defenderse ante el Congreso, y, segundo, [está] el deseo de figuración… Es
penoso ver que magistrados lleven [al extranjero] problemas que se pueden
solucionar aquí, en un acto lesivo para la imagen del país”, acotó.
Los
magistrados Marianella Ledesma Narváez, Carlos Ramos Núñez y Eloy Espinoza
Saldaña estuvieron presentes en una audiencia pública efectuada el pasado lunes
en Montevideo, Uruguay, en el marco del 165º periodo ordinario de la CIDH.
Para
ello, a través de la resolución administrativa Nº 251-2017-P/TC, el presidente
del TC, Manuel Miranda, autorizó el viaje de los citados letrados a quienes se
les otorgó pasajes y los correspondientes viáticos.
El
TC fundamenta su decisión en lo siguiente: “El secretario general ha informado
al pleno, en su sesión del 10 de octubre de 2017, con base en un informe
emitido por la jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica, que la intervención en
la audiencia de la CIDH constituye un asunto de índole institucional, puesto
que está en juego la independencia jurisdiccional del TC”.
Agrega
que “por eso, adicionalmente a la participación de la magistrada Marianella
Ledesma, ha autorizado a los señores magistrados Carlos Ramos y Eloy Espinoza
para que viajen a la ciudad de Montevideo, Uruguay”.
De
acuerdo a esta resolución, se otorgó a Ramos S/ 2,893.57 para el pasaje aéreo y
US$ 740 de viáticos, en tanto que a Espinoza se le dio S/ 19,88.75 para el
pasaje y US$ 740 para viáticos.
Para Álvarez Miranda,
también existe un afán de figuretismo en los magistrados al querer presentarse
como víctimas o perseguidos políticos.
“Es
importante, es interesante, tiene su glamur, tres magistrados yendo a un evento
internacional [de la CIDH] quejándose o siendo aparentes víctimas de una
persecución política de un Congreso, aunque se deje al país como si fuese una
dictadura”, agregó.
Quien
también coincidió con Álvarez en su crítica contra los viajeros a Uruguay fue
el jurista y parlamentario andino Rolando Sousa Huanambal, cuando señala que
los miembros del TC habrían violentado la Constitución.
“Creo
que sienten que han violado las normas de la cosa juzgada, han infraccionado la
Constitución y en el fondo piensan que el Congreso puede defenestrarlos, y
están poniendo el parche y utilizando todo lo que esté a su alcance para
presionar a la opinión pública internacional sobre este tema”, subrayó.
Sousa, además, dijo que
existe una actuación indebida de parte de los magistrados y peculado de uso de
los fondos del Estado, situación en la que han incurrido los miembros que
acudieron a la CIDH.
“Es
anticonstitucional, es ilegal, no existe ninguna habilitación legal para que
vayan a sostener una queja, a denostar del Congreso de la República, cuando
esta entidad no ha hecho absolutamente nada, simplemente ha admitido a trámite
una denuncia en su contra”, indicó.
El
también constitucionalista sostuvo que no existen antecedentes de magistrados
que presenten su queja ante la CIDH por una investigación congresal, a
sabiendas que se encuentran en un sistema democrático.
“Es
la primera vez que ocurre, no hay antecedentes, han dejado al TC como el
tribunal de un país bananero, eso los deslegitima ética y moralmente a los
miembros del Tribunal”, concluyó.
¿Cuál es la historia? La recuerda el letrado Sergio Tapia, abogado de los 34
marinos que estuvieron entre los que lucharon contra los terroristas de “El
Frontón”, en junio de 1986, que obtuvieron en 2013 una sentencia favorable
sobre su demanda de hábeas corpus de prescripción del presunto delito de
homicidio calificado.
Sin
embargo, el 3 de marzo de este año, cuatro magistrados nuevos del TC de
tendencia izquierdista –Manuel Miranda, Marianella Ledesma, Carlos Ramos y Eloy
Espinosa-Saldaña– decidieron dejar sin efecto esa sentencia por medio de la
interpretación ‘creativa’ del voto del magistrado Juan Vergara Gotelli, y
decidieron que en “El Frontón” sí hubo crimen de lesa humanidad.
Otros
tres magistrados, y el mismo Vergara Gotelli, sostuvieron en su momento que en
la debelación de motín de los terroristas de Sendero Luminoso no hubo delito de
lesa humanidad porque el Estatuto de Roma que legisla sobre esta materia, entre
otras razones jurídicas, rige en el Perú recién desde el 2002.
Ante
este hecho, los 34 marinos interpusieron ante el Congreso una denuncia
constitucional por infracción de la Constitución (violación de la garantía de
inmutabilidad de la cosa juzgada) y delito de función (prevaricato por
contravenir la prohibición expresa de recurso contra las sentencias del TC). La
denuncia duerme el sueño de los justos.
Aunque no podía dar
crédito al insólito comportamiento de los miembros del TC, Fernando Calle Haysen,
exintegrante de este Tribunal, opinó que con esta decisión se estaría
desconociendo la autonomía del Poder Judicial, lo que es un hecho grave para la
imagen del país.
“Me
resisto a creer esta noticia, porque el TC es un organismo constitucional
autónomo y se estaría desconociendo la existencia autónoma del Poder Judicial y
del Poder Legislativo. Me extrañaría que la Comisión Interamericana, de ser
cierta, admita esta queja, porque uno de los ideales de la OEA es la defensa
del sistema representativo y el equilibrio de poderes”, reflexionó Calle.
Afirmó
que la CIDH es clara al señalar que las denuncias se efectúan por las
violaciones de derechos individuales y no institucionales.
“No
olvidemos que la CIDH señala que se acude ante ella, por [quejas de violaciones
de] derechos individuales, no en forma institucional, menos si es un organismo
del Estado, incluso sostiene que cuando son organismos no gubernamentales
podrían acudir en representación de terceros”, comentó.
Por
su parte, la expresidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales
Karina Beteta lamentó las acciones de tres magistrados del TC quienes “se creen
intocables”.
“Es
lamentable la acción de los miembros del TC de recurrir a otra instancia, lo que
nos quiere decir que en el Perú tenemos dos tipos de ciudadanos: los intocables
y los que pueden ser sometidos a cualquier tipo de investigación. Como es de
conocimiento público los congresistas, el Presidente de la República y
cualquier otro funcionario pueden ser denunciados según la Constitución”,
recordó.
El Perú suscribió el
Estatuto de Roma, que legisla sobre crímenes de lesa humanidad, el 7 de
diciembre de 2000, mediante Resolución Legislativa Nº 27517 del 13 septiembre
2001. Fue promulgada por el entonces presidente Alejandro Toledo el 15 de
septiembre de 2001 y entró en vigor el 13 de noviembre de 2001. La figura de la
imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad rige en el recién Perú
desde el 9 de noviembre de 2003. Los sucesos de “El Frontón” tuvieron lugar
mucho antes, en junio de 1996, por lo que no rige en este caso
LIBERTAD ECONOMICA, GLOBALIZACION,
REFORMAS, INVERSION
La República
La
congresista fujimorista Karla Schaefer propondrá que la exoneración tributaria aprobada el jueves
pasado para las aerolíneas alcance también a las empresas grandes. Aquella vez,
el pleno del Congreso acordó en primera votación eximir del pago de impuestos a
las empresas micro, pequeñas y medianas que importen aeronaves y repuestos. Es
decir, a aquellas que facturan hasta 9
millones 315 mil soles.
“Yo lo voy a
plantear en mi bancada, lo voy a explicar porque también de repente dentro de
la bancada hay desconocimiento […] Decían que esta era la ley Latam ,cuando LATAM es el que menos se beneficia porque programa sus aeronaves para
sacarlas y hacerles su servicio técnico afuera”, declaró a RPP Noticias.
Lo cierto es que, cuando pudo, Latam le
sacó el jugo a los beneficios tributarios. Entre el 2010 y el 2015, mientras
estuvo vigente la exoneración que el fujimorismo pretende revivir, Lan Perú
S.A. (hoy LATAM) dejó de pagar al fisco 1.341.452.468 dólares. El 75,8% de lo
que se dejó de percibir en ese periodo, un total de 1.767.529.430 dólares.
Siguen en la lista
de beneficiados Trans American Airlines (Taca, que dejó de pagar 255 millones
de dólares) y Helicópteros del Sur (que se ahorró 37 millones). Las otras 63
empresas que se acogieron a la ley muestran montos bastante menores (ver
infografía). Esto de acuerdo a un informe técnico que le envió la Superintendencia
Nacional de Aduanas y Administración Tributaria al congresista Horacio Zevallos.
LATAM quiere repetir
el plato. El martes último publicó un comunicado junto a Avianca y otras
empresas aéreas en el que solicitaba que la exoneración les
alcance también a ellos. “Una restricción como la planteada no generaría un
beneficio para el sector aéreo ni para el sector turismo y exportador”,
indicaron. El mismo día, Schaefer anunció que conversaría con su bancada para
retomar el proyecto primigenio.
El proyecto de ley
551, presentado por ella el 7 de noviembre del 2016, fue aprobado primero por
la Comisión de Economía y luego por la de Transportes. En esencia planteaba restituir un artículo de la desaparecida Ley 29624, que
fue la que dispuso la exoneración durante cinco años. Cuando el fujimorismo vio
que ninguna otra fuerza política lo respaldaba el jueves pasado, planteó
limitar el beneficio a las micro, pequeñas y medianas empresas. La próxima
semana, cuando la norma se discuta en segunda votación, Fuerza Popular podría
proponer restituir el proyecto de ley original.
De aprobarse la exoneración solo
para las micro, pequeñas y medianas empresas aéreas, esto no impediría que
LATAM, Avianca y otras aerolíneas puedan crear empresas específicamente para
importar aeronaves y piezas aeronáuticas. “Es un despropósito técnico legislar
por tamaño de empresa, así no se legisla. Las empresas grandes ya encontrarán
el mecanismo de dividirse en dos o tres para gozar de la exoneración”, explicó
el economista Luis Arias Minaya, exjefe de la Sunat a La República.
Arias, quien también
ha sido viceministro de Hacienda, indicó que el proyecto de ley de la
congresista Karla Schaefer no explica cómo se compensarán los ingresos que el
Estado dejará de percibir por la exoneración,
algo que constituye una grave omisión.
“El que aprueba
tiene que decir de dónde va a salir la plata para financiar la exoneración. La exoneración es
como un gasto. Uno no puede aprobar una exoneración y pensar que la plata va a
venir sola, la plata tiene que venir de una ley que apruebe el incremento de
impuestos a alguien”, señaló.
De hecho, el MEF envió un oficio al Congreso el 20 de
diciembre pasado en el que recomienda no aprobar la propuesta fujimorista.
Sus argumentos son cuatro:
la exoneración reactivaría en el mercado las distorsiones creadas por la
desaparecida Ley 29624; el proyecto es innecesario porque la legislación hoy
contempla mecanismos de suspensión de pago de impuestos para las aerolíneas; la
medida crearía expectativas en otros sectores que también buscarían tener sus
propios beneficios; y la exoneración generaría perjuicio económico al Estado
peruano.
“Las compañías de
aviación son absolutamente rentables, ellas no pierden, no estamos hablando de
un sector vulnerable que necesite incentivos para poder desarrollarse. Por
ejemplo, en el Perú los pensionistas que son dueños de un solo predio y ganan
menos de una Unidad Impositiva Tributaria no pagan impuesto predial, eso se
entiende. Pero no logro entender el motivo por el cual el Congreso da estas
exoneraciones”, comentó la abogada especialista en derecho tributario Carmen
Robles.
El ministro de
Transportes y Comunicaciones, Bruno Giuffra, se ha mostrado en desacuerdo con
el mentado beneficio. “Estamos debajo del 13% en términos de recaudación de IGV
y Renta, y eso [la exoneración] evidentemente es una perforación al sistema de
ingresos. No es el momento más adecuado para exoneraciones tributarias”,
señaló.
Veremos si el
Parlamento le hace caso. Por lo pronto, la congresista Marisa Glave dijo que el proyecto ley tiene nombre propio, mientras
que su colega Javier Velásquez Quesquén lo calificó de despropósito.
El Comercio
La ministra de Economía y Finanzas (MEF),
Claudia Cooper, manifestó que su sector se opone al proyecto de ley 551, que
busca reponer las exoneraciones tributarias para aeronaves y
bienes afines para las empresas pequeñas y medianas.
La funcionaria explicó que su sector "siempre se opondrá a cualquier
cosa que haga más complicada la recaudación". En ese sentido, consideró
que estas exoneraciones complican el régimen general del impuesto a la renta.
Más aun, Cooper
recordó que su cartera emitió a la comisión de Transporte del Congreso opinión
desfavorable respecto del proyecto, pues se busca tener un sistema tributario
con menos huecos y "menos instrumentos que faciliten la elusión".
"Lo que sí es
claro es que (las exoneraciones tributarias) nos hacen más complicado el pago
de impuestos y mucho más complicada la fiscalización a la Sunat", dijo.
Ayer el ministro de
Transporte y Comunicaciones, Bruno Giuffra realizó observaciones similares a la
propuesta.
"Eso es
claramente una perforación al sistema de ingresos. En ese sentido creeríamos
que no es el momento más adecuado para tener exoneraciones tributarias por su
impacto en la estructura de ingresos, en la recaudación", dijo, recordando
que los niveles de recaudación vienen cayendo hace cuatro años.
