jueves, 26 de octubre de 2017

ESTA NOCHE jueves 26 octubre 2017


ESTA NOCHE, donde usted se entera no de todo lo que ocurre, sino de lo que necesita saber.

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19 años


Jorge Morelli
@jorgemorelli1 
jorgemorelli.blogspot.com


Han pasado 19 años desde el día en que los dos grandes ausentes, aún hoy, Alberto Fujimori y Jamil Mahuad, firmaron en Brasilia el Acuerdo de Paz que puso punto final a 170 años de conflictos entre el Perú y el Ecuador.

El modelo de esa negociación debería estudiarse en las escuelas internacionales.  

Primero, las dos partes acordaron empoderar a un tercero como árbitro, los cuatro países garantes.

Segundo, ese empoderamiento dispudo que el árbitro pudiera proponer fórmulas de avenimiento.

Tercero, fue tan importante el empderamiento que llegó al punto de dar a sus propuestas un carácter vinculante para las partes, que fue escrupulosamente respetado por ambos gobiernos y ambos legislativos.

Pocas veces se ha visto algo parecido. Hay que tener valor para hacer algo así. En verdad, puede ser el único modo en que dos países que han tenido un enfrentamiento total pueden alcanzar, apenas tres años y medio después, una paz estable y duradera. Diecinueve años después puede afirmarse esto con certeza.

Pero falta aun ver nuevamente el abrazo de los dos grandes ausentes, ya sea en
Quito o en Lima, cuando con toda justicia dentro de un año celebremos el vigésimo aniversario de esta hazaña que es parte de la gran historia de nuestra patria común.   


  
REPORTE DE NOTICIAS en Internet

Las siguientes notas periodísticas de política y economía han sido seleccionadas, editadas y ordenadas
temáticamente. No se las debe citar como tomadas directamente de sus fuentes originales, las mismas que se indican
sólo como una forma de reconocer el crédito y agradecer la cortesía.



ANTICORRUPCION,  PERSECUCIÓN, JUDICIALIZAC ION POLITICA



El Comercio
El publicista brasileño Valdemir Garreta afirmó ante la justicia peruana que las constructoras OAS y Odebrecht le pagaron en total US$986 mil en efectivo para asesorar la campaña electoral del ex presidente en el 2011.
La Unidad de Investigación de El Comercio accedió a la declaración que brindó Garreta ante el fiscal anticorrupción peruano Sergio Jiménez en Brasil en setiembre de este año. De acuerdo a su testimonio, fue Leo Pinheiro, el ex presidente de la constructora OAS, hoy recluido en prisión, quien lo buscó para que prestara sus servicios de márketing político al entonces candidato nacionalista. “Es a finales del 2010 cuando Leo Pinheiro me consultó si tenía interés en realizar una campaña en el Perú para el candidato Ollanta Humala”, indicó.
Garreta recordó el papel protagónico que tuvo la ex primera dama desde el inicio de la campaña. “Me facilitaron el número de Nadine Heredia, no recuerdo si fue el mismo Leo Pinheiro u otra persona, pero la cuestión es que la llamé y quedamos en reunirnos en Lima”, contó.
El publicista brasileño llegó a Lima el 15 de diciembre del 2010 acompañado por quien, en ese momento, era su socio: Marcelo Parada. “Nos hospedamos en el Miraflores Park (ahora creo que se llama Belmond Miraflores Park). No recuerdo si fue al día siguiente, pero fue muy rápido que fuimos a cenar con ellos [Ollanta Humala y Nadine Heredia] a un lugar en las afueras de Lima, era un lugar reservado”, aseguró.
En esa reunión, según Garreta, se conversó sobre la estrategia y la necesidad de preparar un discurso para Humala porque debía participar en una convención de empresarios. “La idea en ese momento era flexibilizar el discurso, disminuir la radicalidad. Lo que pasaba es que él había quedado impregnado como chavista en la campaña anterior”, detalló.
El testigo precisó que contrató los servicios del también publicista y estratega en campañas internacionales Luis Favre como coordinador, Arthur Muhlenberg como director de arte y Celio Rodríguez como camarógrafo.
OAS, según Garreta, se encargó de pagarle los servicios de asesoría a través de su empresa MEK durante la primera vuelta. “Me parece que fue en la oficina de Armendáriz o en el hotel que tenía como parte de su nombre la palabra ‘América’ en San Isidro. Allí [se habló con Nadine Heredia] el tema de la contratación. Se acordó un pago de US$300 mil más gastos [US$150 mil] por nuestros servicios de creación estratégica, hasta la primera vuelta”.
Garreta explicó a la autoridad peruana cómo se efectuaron los pagos: “US$134 mil a través de transferencias realizadas por el Partido Nacionalista Peruano y el saldo [US$316 mil restantes] por parte de la empresa OAS, a través de un contrato que se firmó con ellos”.
En la rendición de gastos de campaña que el Partido Nacionalista presentó ante la ONPE, figura el pago de S/360.100 [equivalentes a US$129.532 de la época] a la empresa FX Comunicacao Global LTD , también de propiedad de Valdemir Garreta.
El publicista ratificó que el contrato que suscribió OAS con su empresa MEK fue simulado: “El objeto del contrato era el levantamiento de información, fue un objeto genérico. Es más, se realizó un trabajo que fue entregado a OAS para justificar su contabilidad […] sin embargo, ese contrato, en verdad, [fue] por los servicios para la campaña de Ollanta Humala”. 
"Así, se pactó la suma de US$700 mil y en caso de que ganaran un adicional de US$500 mil”, precisó.
“En abril del 2011, Nadine Heredia me indica que entre en contacto con Jorge Barata, director de la empresa Odebrecht, para recibir los US$700 mil. Conseguí entrar en contacto con Fernando Migliaccio, el cual me indicó que los pagos serían en efectivo, en hoteles en Sao Paulo, probablemente [fueron] cuatro [entregas] de US$175 mil, pero en moneda nacional [reales]”. Los pagos se hicieron efectivos entre abril y junio del 2011.
Fernando Migliaccio era el responsable de la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, también conocida como la caja 2, que servía para el pago de sobornos.
Para la segunda vuelta, Garreta detalló que también contó con los servicios de los brasileños Sandra Recalde y Juan Pessoa, responsables del manejo de las redes sociales. En este punto hay que recordar que ambos personajes cumplieron el mismo rol en el 2013, durante la campaña por el No a la revocación de la entonces alcaldesa de Lima, Susana Villarán.
Garreta explicó en detalle que los pagos se hicieron bajo una estrategia pactada: “Los pagos en los hoteles tenían la siguiente mecánica. Yo indicaba el nombre del hotel y la habitación. La contraseña la daban ellos [Odebrecht]; esta última tenía que darse al momento de tocarse la puerta de la habitación, al escucharla, entregaban el dinero [...] Yo creo que recibí dinero solo una vez directamente, luego normalmente enviaba a una persona de mi confianza”.
Después de la victoria de Ollanta Humala en la segunda vuelta, él y Nadine Heredia viajaron a Brasil para asistir a una reunión que se realizó en el Instituto Lula, en Sao Paulo. “En ese viaje Fx Comunicaciones pagó su estadía [de la pareja] en el hotel Unique en Sao Paulo. Además, se pagó el pasaje de Brasil a Chile (Brasil-Montevideo-Santiago). Deseo precisar que no solo se afrontó los gastos [...] de Ollanta y Nadine, sino también los de Cynthya Montes (ex secretaria de prensa de la Presidencia) y Luis Chuquihuara (ex secretario general de la Presidencia)”, señaló Garreta. Estos datos fueron contrastados por este Diario con sus respectivos reportes migratorios.



El Comercio
Una semana antes de la primera vuelta de las elecciones presidenciales del 2011, el entonces candidato de Gana Perú Ollanta Humala reconoció en una entrevista televisiva que estaba siendo asesorado por expertos brasileños en márketing electoral.
Humala lo había negado en varias ocasiones. Sin embargo, mientras estaba en una gira por el norte del país, el diario brasileño “Folha de Sao Paulo” informó en ese entonces que un grupo de asesores del Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil, la agrupación política del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, trabajaba en el Perú para ayudar en el ascenso del candidato nacionalista en las encuestas.
El medio brasileño precisó que Luis Favre y Valdemir Garreta –a quienes llamó los ‘petistas’, en referencia al PT– eran los asesores que participaban en la campaña y habían contribuido en alejar la imagen de nacionalista radical de Humala para atraer apoyo de sectores conservadores y empresarios.
La nota explicaba que la estrategia fue diseñada por el experto en márketing político Joao Santana, quien ayudó a que Lula obtuviera la presidencia en el 2002. La participación de Santana en la campaña se limitó a realizar una encuesta, en la cual recomendaba alejar a su hermano Antauro Humala.
En el 2011, Humala dijo también que conocía a Santana y comentó que en un momento hubo un acercamiento con él, pero que no se llegó a concretar nada.
Años después, este Diario publicó que fue la ex primera dama Nadine Heredia quien contactó con Santana, pero que este hizo una oferta que el Partido Nacionalista no podía pagar. En Brasil, pidió recomendaciones y llegó al nombre de Garreta, quien había fundado la agencia FX Comunicacao Global LTD. El resto de la historia ya se conoce.
Actualmente, Santana cumple una condena de ocho años de prisión junto a su esposa y socia Mónica Moura por estar implicados en el Caso Lava Jato en Brasil.
Marcelo Odebrecht, ex CEO de la constructora brasileña, mencionó a Garreta durante el interrogatorio que respondió en mayo pasado ante los fiscales peruanos. Lo más importante que declaró sobre los ex asesores –Garreta y Favre– fue que sabía que ambos estuvieron involucrados en la campaña de Humala y que su participación influyó en el pedido del PT para que Odebrecht entregara dinero.
Expertos en derecho penal consultados por El Comercio coincidieron en que un nuevo testimonio sobre la entrega de dinero de Odebrecht y OAS a la campaña presidencial de Humala, como el que ha dado Garreta, reforzará la acusación fiscal en la investigación por lavado de activos contra la pareja.
El ex procurador Luis Vargas Valdivia y el abogado Luis Lamas Puccio coincidieron y aseguraron que la declaración testimonial contra los Humala Heredia deberá ser contrastada por la fiscalía para ser presentada como una prueba en un eventual juicio oral.
104 días es el tiempo que el ex presidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia llevan en prisión preventiva. La orden vence en el 2019.






NARCOTERRORISMO, INTELIGENCIA, FFAA, DDHH, USO DE LA FUERZA



Expreso
Un claro “temor” demuestran los tres magistrados del Tribunal Constitucional (TC) que denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un supuesto amedrentamiento de parte del Congreso de la República por el fallo que reabre el caso de los sucesos de “El Frontón”, ante una probable falta de pruebas de su fallo en contra de los exmiembros de la Marina que han sido implicados en delitos de “lesa humanidad”.
Así opinó el expresidente del TC Ernesto Álvarez, quien dijo sentir pena por la decisión de los jueces constitucionales, a quienes no les importa llevar un problema institucional a instancias internacionales, aunque ello signifique perjudicar la imagen del Perú.
“Tienen temor, porque seguramente no han reunido los argumentos necesarios para defenderse ante el Congreso, y, segundo, [está] el deseo de figuración… Es penoso ver que magistrados lleven [al extranjero] problemas que se pueden solucionar aquí, en un acto lesivo para la imagen del país”, acotó.
Los magistrados Marianella Ledesma Narváez, Carlos Ramos Núñez y Eloy Espinoza Saldaña estuvieron presentes en una audiencia pública efectuada el pasado lunes en Montevideo, Uruguay, en el marco del 165º periodo ordinario de la CIDH.
Para ello, a través de la resolución administrativa Nº 251-2017-P/TC, el presidente del TC, Manuel Miranda, autorizó el viaje de los citados letrados a quienes se les otorgó pasajes y los correspondientes viáticos.
El TC fundamenta su decisión en lo siguiente: “El secretario general ha informado al pleno, en su sesión del 10 de octubre de 2017, con base en un informe emitido por la jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica, que la intervención en la audiencia de la CIDH constituye un asunto de índole institucional, puesto que está en juego la independencia jurisdiccional del TC”.
Agrega que “por eso, adicionalmente a la participación de la magistrada Marianella Ledesma, ha autorizado a los señores magistrados Carlos Ramos y Eloy Espinoza para que viajen a la ciudad de Montevideo, Uruguay”.
De acuerdo a esta resolución, se otorgó a Ramos S/ 2,893.57 para el pasaje aéreo y US$ 740 de viáticos, en tanto que a Espinoza se le dio S/ 19,88.75 para el pasaje y US$ 740 para viáticos.
Para Álvarez Miranda, también existe un afán de figuretismo en los magistrados al querer presentarse como víctimas o perseguidos políticos.
“Es importante, es interesante, tiene su glamur, tres magistrados yendo a un evento internacional [de la CIDH] quejándose o siendo aparentes víctimas de una persecución política de un Congreso, aunque se deje al país como si fuese una dictadura”, agregó.
Quien también coincidió con Álvarez en su crítica contra los viajeros a Uruguay fue el jurista y parlamentario andino Rolando Sousa Huanambal, cuando señala que los miembros del TC habrían violentado la Constitución.
“Creo que sienten que han violado las normas de la cosa juzgada, han infraccionado la Constitución y en el fondo piensan que el Congreso puede defenestrarlos, y están poniendo el parche y utilizando todo lo que esté a su alcance para presionar a la opinión pública internacional sobre este tema”, subrayó.
Sousa, además, dijo que existe una actuación indebida de parte de los magistrados y peculado de uso de los fondos del Estado, situación en la que han incurrido los miembros que acudieron a la CIDH.
“Es anticonstitucional, es ilegal, no existe ninguna habilitación legal para que vayan a sostener una queja, a denostar del Congreso de la República, cuando esta entidad no ha hecho absolutamente nada, simplemente ha admitido a trámite una denuncia en su contra”, indicó.
El también constitucionalista sostuvo que no existen antecedentes de magistrados que presenten su queja ante la CIDH por una investigación congresal, a sabiendas que se encuentran en un sistema democrático.
“Es la primera vez que ocurre, no hay antecedentes, han dejado al TC como el tribunal de un país bananero, eso los deslegitima ética y moralmente a los miembros del Tribunal”, concluyó.
¿Cuál es la historia? La recuerda el letrado Sergio Tapia, abogado de los 34 marinos que estuvieron entre los que lucharon contra los terroristas de “El Frontón”, en junio de 1986, que obtuvieron en 2013 una sentencia favorable sobre su demanda de hábeas corpus de prescripción del presunto delito de homicidio calificado.
Sin embargo, el 3 de marzo de este año, cuatro magistrados nuevos del TC de tendencia izquierdista –Manuel Miranda, Marianella Ledesma, Carlos Ramos y Eloy Espinosa-Saldaña– decidieron dejar sin efecto esa sentencia por medio de la interpretación ‘creativa’ del voto del magistrado Juan Vergara Gotelli, y decidieron que en “El Frontón” sí hubo crimen de lesa humanidad.
Otros tres magistrados, y el mismo Vergara Gotelli, sostuvieron en su momento que en la debelación de motín de los terroristas de Sendero Luminoso no hubo delito de lesa humanidad porque el Estatuto de Roma que legisla sobre esta materia, entre otras razones jurídicas, rige en el Perú recién desde el 2002.
Ante este hecho, los 34 marinos interpusieron ante el Congreso una denuncia constitucional por infracción de la Constitución (violación de la garantía de inmutabilidad de la cosa juzgada) y delito de función (prevaricato por contravenir la prohibición expresa de recurso contra las sentencias del TC). La denuncia duerme el sueño de los justos.
Aunque no podía dar crédito al insólito comportamiento de los miembros del TC, Fernando Calle Haysen, exintegrante de este Tribunal, opinó que con esta decisión se estaría desconociendo la autonomía del Poder Judicial, lo que es un hecho grave para la imagen del país.
“Me resisto a creer esta noticia, porque el TC es un organismo constitucional autónomo y se estaría desconociendo la existencia autónoma del Poder Judicial y del Poder Legislativo. Me extrañaría que la Comisión Interamericana, de ser cierta, admita esta queja, porque uno de los ideales de la OEA es la defensa del sistema representativo y el equilibrio de poderes”, reflexionó Calle.
Afirmó que la CIDH es clara al señalar que las denuncias se efectúan por las violaciones de derechos individuales y no institucionales.
“No olvidemos que la CIDH señala que se acude ante ella, por [quejas de violaciones de] derechos individuales, no en forma institucional, menos si es un organismo del Estado, incluso sostiene que cuando son organismos no gubernamentales podrían acudir en representación de terceros”, comentó.
Por su parte, la expresidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales Karina Beteta lamentó las acciones de tres magistrados del TC quienes “se creen intocables”.
“Es lamentable la acción de los miembros del TC de recurrir a otra instancia, lo que nos quiere decir que en el Perú tenemos dos tipos de ciudadanos: los intocables y los que pueden ser sometidos a cualquier tipo de investigación. Como es de conocimiento público los congresistas, el Presidente de la República y cualquier otro funcionario pueden ser denunciados según la Constitución”, recordó.
El Perú suscribió el Estatuto de Roma, que legisla sobre crímenes de lesa humanidad, el 7 de diciembre de 2000, mediante Resolución Legislativa Nº 27517 del 13 septiembre 2001. Fue promulgada por el entonces presidente Alejandro Toledo el 15 de septiembre de 2001 y entró en vigor el 13 de noviembre de 2001. La figura de la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad rige en el recién Perú desde el 9 de noviembre de 2003. Los sucesos de “El Frontón” tuvieron lugar mucho antes, en junio de 1996, por lo que no rige en este caso






LIBERTAD ECONOMICA, GLOBALIZACION, REFORMAS, INVERSION



La República
La congresista fujimorista Karla Schaefer propondrá que la exoneración tributaria aprobada el jueves pasado para las aerolíneas alcance también a las empresas grandes. Aquella vez, el pleno del Congreso acordó en primera votación eximir del pago de impuestos a las empresas micro, pequeñas y medianas que importen aeronaves y repuestos. Es decir, a aquellas que facturan hasta 9 millones 315 mil soles.
“Yo lo voy a plantear en mi bancada, lo voy a explicar porque también de repente dentro de la bancada hay desconocimiento […] Decían que esta era la ley Latam ,cuando LATAM es el que menos se beneficia porque programa sus aeronaves para sacarlas y hacerles su servicio técnico afuera”, declaró a RPP Noticias.
Lo cierto es que, cuando pudo, Latam le sacó el jugo a los beneficios tributarios. Entre el 2010 y el 2015, mientras estuvo vigente la exoneración que el fujimorismo pretende revivir, Lan Perú S.A. (hoy LATAM) dejó de pagar al fisco 1.341.452.468 dólares. El 75,8% de lo que se dejó de percibir en ese periodo, un total de 1.767.529.430 dólares.
Siguen en la lista de beneficiados Trans American Airlines (Taca, que dejó de pagar 255 millones de dólares) y Helicópteros del Sur (que se ahorró 37 millones). Las otras 63 empresas que se acogieron a la ley muestran montos bastante menores (ver infografía). Esto de acuerdo a un informe técnico que le envió la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria al congresista Horacio Zevallos.
LATAM quiere repetir el plato. El martes último publicó un comunicado junto a Avianca y otras empresas aéreas en el que solicitaba que la exoneración les alcance también a ellos. “Una restricción como la planteada no generaría un beneficio para el sector aéreo ni para el sector turismo y exportador”, indicaron. El mismo día, Schaefer anunció que conversaría con su bancada para retomar el proyecto primigenio.
El proyecto de ley 551, presentado por ella el 7 de noviembre del 2016, fue aprobado primero por la Comisión de Economía y luego por la de Transportes. En esencia planteaba restituir un artículo de la desaparecida Ley 29624, que fue la que dispuso la exoneración durante cinco años. Cuando el fujimorismo vio que ninguna otra fuerza política lo respaldaba el jueves pasado, planteó limitar el beneficio a las micro, pequeñas y medianas empresas. La próxima semana, cuando la norma se discuta en segunda votación, Fuerza Popular podría proponer restituir el proyecto de ley original.
De aprobarse la exoneración solo para las micro, pequeñas y medianas empresas aéreas, esto no impediría que LATAM, Avianca y otras aerolíneas puedan crear empresas específicamente para importar aeronaves y piezas aeronáuticas. “Es un despropósito técnico legislar por tamaño de empresa, así no se legisla. Las empresas grandes ya encontrarán el mecanismo de dividirse en dos o tres para gozar de la exoneración”, explicó el economista Luis Arias Minaya, exjefe de la Sunat a La República.
Arias, quien también ha sido viceministro de Hacienda, indicó que el proyecto de ley de la congresista Karla Schaefer no explica cómo se compensarán los ingresos que el Estado dejará de percibir por la exoneración, algo que constituye una grave omisión.
“El que aprueba tiene que decir de dónde va a salir la plata para financiar la exoneración. La exoneración es como un gasto. Uno no puede aprobar una exoneración y pensar que la plata va a venir sola, la plata tiene que venir de una ley que apruebe el incremento de impuestos a alguien”, señaló.
De hecho, el MEF envió un oficio al Congreso el 20 de diciembre pasado en el que recomienda no aprobar la propuesta fujimorista.
Sus argumentos son cuatro: la exoneración reactivaría en el mercado las distorsiones creadas por la desaparecida Ley 29624; el proyecto es innecesario porque la legislación hoy contempla mecanismos de suspensión de pago de impuestos para las aerolíneas; la medida crearía expectativas en otros sectores que también buscarían tener sus propios beneficios; y la exoneración generaría perjuicio económico al Estado peruano.
“Las compañías de aviación son absolutamente rentables, ellas no pierden, no estamos hablando de un sector vulnerable que necesite incentivos para poder desarrollarse. Por ejemplo, en el Perú los pensionistas que son dueños de un solo predio y ganan menos de una Unidad Impositiva Tributaria no pagan impuesto predial, eso se entiende. Pero no logro entender el motivo por el cual el Congreso da estas exoneraciones”, comentó la abogada especialista en derecho tributario Carmen Robles.
El ministro de Transportes y Comunicaciones, Bruno Giuffra, se ha mostrado en desacuerdo con el mentado beneficio. “Estamos debajo del 13% en términos de recaudación de IGV y Renta, y eso [la exoneración] evidentemente es una perforación al sistema de ingresos. No es el momento más adecuado para exoneraciones tributarias”, señaló.
Veremos si el Parlamento le hace caso. Por lo pronto, la congresista Marisa Glave dijo que el proyecto ley tiene nombre propio, mientras que su colega Javier Velásquez Quesquén lo calificó de despropósito.



El Comercio
La ministra de Economía y Finanzas (MEF), Claudia Cooper, manifestó que su sector se opone al proyecto de ley 551, que busca reponer las exoneraciones tributarias para aeronaves y bienes afines para las empresas pequeñas y medianas.
La funcionaria explicó que su sector "siempre se opondrá a cualquier cosa que haga más complicada la recaudación". En ese sentido, consideró que estas exoneraciones complican el régimen general del impuesto a la renta.
Más aun, Cooper recordó que su cartera emitió a la comisión de Transporte del Congreso opinión desfavorable respecto del proyecto, pues se busca tener un sistema tributario con menos huecos y "menos instrumentos que faciliten la elusión".
"Lo que sí es claro es que (las exoneraciones tributarias) nos hacen más complicado el pago de impuestos y mucho más complicada la fiscalización a la Sunat", dijo.
Ayer el ministro de Transporte y Comunicaciones, Bruno Giuffra realizó observaciones similares a la propuesta.

"Eso es claramente una perforación al sistema de ingresos. En ese sentido creeríamos que no es el momento más adecuado para tener exoneraciones tributarias por su impacto en la estructura de ingresos, en la recaudación", dijo, recordando que los niveles de recaudación vienen cayendo hace cuatro años.

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