miércoles, 4 de octubre de 2017

ESTA NOCHE miércoles 4 octubre 2017


ESTA NOCHE, donde usted se entera no de todo lo que ocurre, sino de lo que necesita saber.

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MEDIA COLUMNA
La FED perdió la batalla


Jorge Morelli
@jorgemorelli1 
jorgemorelli.blogspot.com


La FED habla de subir las tasas de interés y de comenzar a retirar la montaña de dinero que puso en circulación para evitar la quiebra de la economía global. Habla, pero no lo hace.  

Donald Trump tiene otros planes. Se prepara, a más a tardar en tres semanas, para sacar a la académica señora Janet Yellen de la presidencia de la FED.

Ha habido una batalla porque la FED –un organismo controlado por el sector privado- ha estado subiendo las tasas de interés, lo que hace subir al dólar. Pero Trump necesita dólar barato y tasas de interés bajas para reactivar la economía real de su país. La economía virtual de las finanzas no es su negocio. Ese es el negocio de los banqueros que controlan la FED.

De modo que la FED ha estado obstaculizando las políticas de la Casa Blanca. Y puestos uno contra otro, ojo con ojo, la FED pestañeó primero.
  
Ahora Trump se prepara para lanzar una rebaja de impuestos que, junto con tasas bajas está destinada a reactivar masivamente la onversión privada en la economía real.

Por eso mismo, advierte Ricardo Lago, se halla en crecimiento una nueva burbuja global que colpasará tal como lo hizo la de 2008, nueve años atrás. Yesta vez no hay margen de maniobra para responder con políticas fiscal y monetaria. Lago vaticina  que la caída está cercana y será terrible, peor que la del 2008.

El mercado financiero global no ha aprendido nada. De manera que es perfectamente posible que vayamos nuevamente camino del colapso.

Ajeno a todo esto, el gobierno peruano anuncia que se propone reactivar la economía con gasto público llevando el déficit fiscal a un nuevo récord y a la deuda por encima del techo en que el riesgo se vuelve excesivo.

Pero haría mejor en guardar ese pan para mayo. Mantener esos recursos a la espera, de manera que las políticas fiscal y monetaria tengan margen de maniobra cuando lleguen las vacas más flacas que estas. Es mejor ue gastarlos en cebar unas vacas gordas que no durarán. 

Lo que el país necesita es reactivar la inversión privada más que la pública. Para esto debe dar la madre de todas las batallas en conseguir que el Tribunal Constitucional modifique su sentencia y establezca que la indemnización es una justa compensación del despido en vez de la reposición en el puesto. Porque la inversión pública no basta ni remotamente para mover la economía y sin ese cambio estratégico no habrá inversión privada.

En medio de un banquete de ebrios que celebran  los precios del cobre, Casandra está diciendo que esto no va a durar.




REPORTE DE NOTICIAS en Internet

Las siguientes notas periodísticas de política y economía han sido seleccionadas, editadas y ordenadas
temáticamente. No se las debe citar como tomadas directamente de sus fuentes originales, las mismas que se indican
sólo como una forma de reconocer el crédito y agradecer la cortesía.



LIBERTAD ECONOMICA, GLOBALIZACION, REFORMAS, INVERSION



Peru21
La caída va a ser terrible
Ricardo Lago
La recuperación más longeva que ha vivido la economía de EE.UU. –desde el punto mínimo de una previa recesión– duró 120 meses, abarcó de marzo de 1991 a noviembre de 2001. Dicha onda expansiva trajo consigo el “bull market” bursátil también más largo de la historia, de octubre de 1990 a marzo del 2000, es decir, 113 meses; período durante el cual la cotización del S&P500 –el índice de la bolsa más popular– se quintuplicó.
¿Y dónde estamos en el ciclo actual en comparación con el más duradero? Después de la crisis financiera de 2008-09, bolsa y PBI alcanzaron sus puntos mínimos, respectivamente, en marzo y junio de 2009; por la que el “bull market” actual tiene 102 meses de vida (frente al máximo de 113) – la cotización del S&P se ha multiplicado por 3.6– y la recuperación del PBI cumple 99 meses (frente al record de 120).
Si bien no es imposible que, en el ciclo actual, ambos indicadores pudieran marcar nuevos máximos históricos de duración, yo lo veo altamente improbable. El ciclo 1990-2000 se agotó porque se pinchó la gigantesca burbuja bursátil gestada en los años del dot.com. Sin embargo, las principales economías del planeta –EE.UU., Unión Europea , China– presentaban entonces cimientos relativamente sólidos y márgenes de acción para combatir la recesión con políticas monetarias y fiscales activistas.
Ahora estamos frente a una situación mucho más complicada. La recuperación del PBI desde 2009 ha sido raquítica: PBI y comercio mundiales han ido creciendo a la mitad del ritmo de ciclos anteriores; además, se arrastran los problemas que dieron lugar a la crisis del 2008 como exceso de endeudamiento y sobrevaloración de las bolsas; y, para complicar el panorama, ya no queda margen de maniobra suficiente para las políticas fiscales y monetarias porque se ha abusado de ellas –sobre todo de la monetaria– para sostener la renqueante economía mundial.
Un activismo monetario que, como explicaba el Nobel de Economía Robert Shiller, hace unos días, ha llevado la valoración de las bolsas –de acuerdo con su índice CAPE– a niveles solo vistos en los últimos 140 años, antes del crash de 1929 y en los años 1997-2002 de exuberancia racional.
Y todo esto dejando de lado los difíciles problemas políticos que no son pocos: Corea del Norte, Brexit, secesionismos en Europa, terrorismo de ISIS, neoproteccionismo, etc. Mi conclusión es que la recesión y el “bear market” bursátil están a la vuelta de la esquina y que van a ser más largos y profundos que en 2008. De difícil salida.



El Comercio
El miércoles empezó a circular un documento de nueve páginas escrito por miembros de la Casa Blanca y líderes republicanos del Congreso con detalles de la tan esperada reforma fiscal. Esa misma tarde, el mandatario dio un discurso en Indianápolis, Indiana, donde calificó el plan de “revolucionario” y aseguró que este beneficiaría, especialmente, a las familias de clase media.
Entre los tres cambios más importantes del plan figuran las profundas reducciones de impuestos que pagan los negocios, con lo cual la tasa impositiva de las grandes firmas pasaría de 35% a 20%; las deducciones, que se limitarán y en algunos casos se eliminarán –tanto por el lado corporativo como por el personal, para que el déficit fiscal de Estados Unidos no aumente–; y la repatriación de capitales, que estará sujeta a un impuesto único aún no revelado.
“The New York Times” resaltó que el presidente no ofreció ninguna aproximación al costo del plan ni dio mayor detalle de cómo los trabajadores se beneficiarían de una propuesta que sí muestra recompensas explícitas y sustanciales para las corporaciones y también para los ciudadanos más adinerados, como la eliminación de impuestos sobre grandes herencias.
El Comité de Finanzas del Senado de Estados Unidos tendrá hasta finales de octubre para pulir el plan y agregar mayor detalle de cómo esperan ejecutarlo (por ejemplo, explicar de qué forma se compensará la reducción de ingresos fiscales a raíz de los recortes).
El viernes, la bancada republicana del Senado dio a conocer su propuesta presupuestaria para el 2018, que contempla aumentar el déficit en US$1,5 billones.



El Comercio
Jaime de Althaus entrevista a la ministra de Economía, Claudia Cooper
—El crecimiento en julio fue de 1,7%, muy bajo. ¿Cuándo vamos a empezar a crecer?
Lo que se nos ha empezado a disipar un poco es el crecimiento basado en los sectores primarios: estamos ya sin impulso de la pesca y de la minería, pero lo que se viene es… que ya empiezan a funcionar los motores de inversión pública que van a liderar el crecimiento en los próximos meses.
(…)
—Buena noticia que la inversión pública esté empezando a crecer después de años, pero la inversión privada todavía no despega. 
Va a empezar a despegar, ya los indicadores adelantados son interesantes: la importación de bienes de capital ha crecido en julio y agosto 11,4%; la producción local de hierro y acero está alrededor de 6% y 8% y por fin en agosto el consumo interno de cemento está cercano al 5%. El ciclo parece haberse empezado a revertir.
(…)
—La inversión pública se está recuperando, pero hay muchas dudas sobre la calidad del gasto. Hemos pasado del SNIP a Invierte.pe. Muchos no conocen cómo funciona el Invierte.pe. 
Si le preguntas a cualquier entidad que ha tenido que hacer un proceso de inversión pública está feliz con el cambio. El SNIP era tortuoso. Se ha simplificado. Lo que se ha fortalecido es que solo se priorizan los proyectos que ayudan a cerrar una brecha, queremos eliminar piscinas en zonas donde no hay agua…
—¿Ya se sabe cuáles son las brechas en cada sector o cada territorio? 
Por supuesto, hemos ido donde cada ejecutor, donde cada sector y cada gobernador regional y hemos armado la programación multianual de cada uno de ellos. En el presupuesto estamos incorporando aquellos proyectos que cierran brechas. El otro tema importante en el Invierte.pe es la evaluación ex post, vamos a ver si ese proyecto efectivamente se hizo bien y si está funcionado. En el SNIP no se tenía idea de qué había pasado con el proyecto.
(…)
—En Pro Inversión se ha hecho una reforma, pero ha salido Álvaro Quijandría. ¿Por qué salió? 
Álvaro Quijandría entró para poner a la institución en orden, estaba parada cuando nosotros la recibimos. No estaba en capacidad de sacar ningún proyecto adelante. Con Álvaro Quijandría ya tenemos casi tres mil millones de dólares que posiblemente serán adjudicados este año. El tubo ya se destrabó. La próxima semana estamos sacando la norma para que Pro Inversión pueda reforzar su equipo con personas especializadas en adjudicación de obras y también en ejecución y diseño de contratos, que ha sido el principal problema que ha tenido Pro Inversión en el pasado.
—Se supone que la economía crece algo, pero los ingresos fiscales siguen cayendo. ¿Qué está pasando? 
Hemos tenido mayores devoluciones en la minería, que deberían normalizarse en los próximos meses; menor Impuesto a la Renta por saldos a favor de las empresas; ingresos extraordinarios el año pasado producto de la venta de empresas peruanas a no domiciliados.
También concesiones en telecomunicaciones que se deprecian todas en un año, pero esa depreciación obviamente nos baja el impuesto. Y, por otro lado, la mayor competencia en el sector hace que bajen los precios y bajen los márgenes con lo cual hay menos Impuesto a la Renta. También tenido pérdidas en el sector construcción por Lava Jato y el fenómeno de El Niño costero [en emergencias se posterga el pago de impuestos]. Como ves, son causas temporales y algunas son, en medio de todo, buenas noticias porque están asociadas a una mayor inversión. Si a la recaudación le quitas esos efectos, está creciendo a montos interesantes.
—Hablando de nuevos motores, Fernando Zavala pasó al MEF la mesa ejecutiva forestal y la mesa acuícola. ¿Van a seguir en Economía? 
Van a seguir acá. Nosotros estamos desarrollando un plan de competitividad. El impulso público complementado con competitividad nos permitirá crecer a tasas de 5% o más. La estrategia de competitividad tiene como uno de sus pilares estas mesas ejecutivas. Lo primero que tenemos que hacer es mejorar la institucionalidad pública. El Estado tiene que ser un articulador de los agentes privados. Nos hemos llenado de complicaciones regulatorias y de entidades que se interponen unas a otras. Lo que buscan las mesas es entender y resolver eso.
—Pero resulta que seguimos bajando desde hace tiempo en el índice global de competitividad, estamos yendo para atrás. 
En el tema de competitividad ha habido una inercia en los últimos años que nos ha hecho retroceder, pero estamos atendiendo cada una de esas bajadas. Hemos empeorado en el tema regulatorio y por eso hemos dado un montón de decretos legislativos que buscan crear un Estado que articule a los agentes económicos y no un Estado que los bloquee. Esos decretos legislativos van a dar sus frutos en los próximos meses.
(…)
—Ha declarado que hay que reducir o eliminar exoneraciones. ¿Cuáles? 
Dije racionalizar. Lo principal ahora es parar las iniciativas y presiones para crear nuevas.
—Una reforma importante es la reforma laboral que beneficiaría al 74% de los peruanos, pero nadie la plantea. 
La reforma laboral requiere un consenso de todas las fuerzas políticas. Allí tendremos que actuar coordinando con el Congreso. Este es un tema que lo está liderando el ministro de Trabajo, Alfonso Grados. Tiene un plan de reformas laborales muy interesante, pero requiere el acuerdo total de las fuerzas políticas.
—¿Mercedes Aráoz está buscando ese acuerdo?
Seguramente, y lo ha planteado también Fernando Zavala, y lo ha planteado el ministro Grados.
—Están proponiendo la eliminación del RUS y el RER y la simplificación de todo el sistema. ¿Cómo va a ser esto y qué efectos va a tener?
El objetivo es la simplicidad para las empresas. La idea es que haya un solo régimen. Si una empresa pequeña está en un régimen y cuando crece tiene que cambiarse a otro régimen, eso crea un problema. Como ocurre en algunas economías asiáticas, lo que queremos tener es un solo régimen que vaya complejizándose conforme crece la empresa. Los regímenes especiales solo sirven para erosionar ese régimen general.
—Hacer eso significa que todos paguen IGV, por ejemplo.
La idea es tratar que todos paguen IGV.
—Cómo haces para que un microempresario pague IGV, haga sus cálculos, tenga su libro de contabilidad…
No quiero entrar en el detalle de cómo va a ser. El objetivo nuestro es tener un solo régimen, que la empresa no esté pensando en cómo se adecúa a la Sunat, sino esté pensando en cómo hacer negocios.
(…)
—Víctor Shiguiyama, jefe de la Sunat, me dijo que la propia Sunat le hará su declaración de impuestos al microempresario, en la medida que se generalicen los comprobantes electrónicos… 
Exacto, tú vas a poner tu RUC y va a salir inmediatamente cuánto es lo que debes a la Sunat con el detalle correspondiente para que, si la empresa tiene algún problema, vaya y pregunte qué pasó.
—También dijo que para incentivar a los microempresarios a emitir o pedir comprobante electrónico –lo que podrán hacer desde cualquier celular– podrán aportar al sistema de pensiones o a Essalud parte del IGV que pagan al comprar algo, una propuesta de Lampadia. 
Esa es una propuesta que hemos recibido. El consumo es mucho más estable que el ingreso en los países de América Latina. Entonces, hace sentido pensar en los pagos más estables a través del consumo que del ingreso. El tema es que para conseguir eso vamos a tener que digitalizar al país primero, porque sino, no es viable la propuesta.
—Pero es al revés. Eso es un incentivo para que uno entre al sistema de comprobantes electrónicos. Es decir, la posibilidad de tener una pensión o tener Essalud a través…
Mira, muchas personas dicen que en realidad nadie está interesado en tener pensión. La mitad de la población…
—Habría que hacer una campaña de medios, entusiasmar... Se formó una comisión que elaboró una propuesta de reforma de la protección social. ¿Qué ha pasado con esa propuesta?
Este va a ser un tema de la sociedad en el futuro. Esta comisión va a producir una primera aproximación que nos va a servir a nosotros de insumo para empezar a ver hacia dónde queremos ir en eso. Estamos en este momento discutiendo con ellos el informe y lo vamos a publicar en breve.
—El tema pensionario, por ejemplo, es absolutamente vital. La ley esta del 95,5% mata al sistema de pensiones.
Es que esa es la consecuencia de no abordar el tema. Lo que necesitamos es una solución integral. Necesitamos más gente aportando y no menos gente aportando y menos gente gozando de pensión.
—¿Y cuál es el planteamiento de esta comisión?
Esta es una reforma tan grande que requerimos el compromiso social de la reforma. Este informe lo que nos da es una primera luz hacia adelante. Obviamente no vamos a tener pensión universal y salud universal el próximo año.
—Uno de los planteamientos era un seguro universal integrando los sistemas y que Essalud vea solo lo complejo, reduciendo la aportación a 5%, bajando de paso los costos no salariales del trabajo. 
Necesitamos crear la institucionalidad para eso. Nosotros podemos decir que queremos salud universal, pero si no tengo la entidad que va a otorgar eficientemente esa salud universal, vamos a terminar con una entidad más de la que ya tenemos.
—¿Y fiscalmente es posible? 
Obviamente hacerlo todo de un porrazo no es fiscalmente viable.
(…)



El Comercio
La precariedad en el empleo
Roberto Abusada
La solidez que ostenta la economía peruana le permitiría, en teoría, promover el crecimiento sin el lastre de las dificultades macroeconómicas que agobian por igual a muchos países en vías de desarrollo y a economías avanzadas. Sin embargo, la existencia de débiles instituciones y la pobre calidad de las políticas públicas conspiran en contra de ese crecimiento.
Dentro de esas políticas, el Perú tiene en sus normas laborales el obstáculo esencial que impide la generación de empleo de calidad, el aumento de la productividad y, consecuentemente, el mayor crecimiento. Es bien sabido que el 72% de la fuerza laboral peruana trabaja en la informalidad con niveles de productividad bajísimos y, por lo tanto, obtiene ingresos que son, muchas veces, una pequeña fracción de los que perciben los trabajadores del sector formal. Definitivamente existen otras causas que deprimen la productividad laboral, pero no cabe duda de que en países con características socioeconómicas y grado de desarrollo similares al peruano, los niveles de formalidad en el empleo y la productividad laboral son sustancialmente mayores.
La causa determinante de esta situación es la existencia de una política laboral que ha llevado la inflexibilidad a niveles absurdos, particularmente en aspectos como los que rigen la contratación y el despido de trabajadores. Se trata de un hecho sobre el cual existe una sorprendente unanimidad entre economistas. Más aun, de acuerdo al último reporte de competitividad entre 137 economías que publicó la semana pasada el Foro Económico Mundial, el Perú figura entre los nueve países del mundo con las prácticas más rígidas de contratación y despido.
Las consecuencias de esta situación están a la vista de todos. El año pasado, la economía peruana creció 4% respecto al año anterior, pero en el sector privado solo se crearon 56.000 empleos formales. Se trata de una cifra insignificante frente a los casi 300.000 jóvenes que alcanzaron la edad de trabajar y a los millones de peruanos que se encuentran permanentemente subempleados (es decir, que trabajan en tareas con una productividad deficiente que les impide tener un ingreso adecuado para cubrir necesidades básicas). Este inaceptable estado de cosas se repetirá este año en que la economía crecerá menos que en el 2016.
Si la evidencia de estos hechos es tan clara y sus efectos tan devastadores para millones de peruanos, ¿qué impide a nuestros políticos corregir una situación tan absurda? La respuesta podemos encontrarla en el discurso de la izquierda conservadora que predica la idea de que eliminar la estabilidad absoluta que hoy existe en el Perú es ‘precarizar el empleo’ sin admitir que no existe empleo más precario que el empleo informal o el subempleo que incluye a la abrumadora mayoría de los trabajadores peruanos.
Sorprende igualmente que el nuevo gobierno, dentro del pedido de facultades legislativas que hiciera al iniciar su mandato el año pasado, no haya incluido la reforma laboral. Esto es tanto más grave si tenemos en cuenta la equivocada interpretación del artículo 27 de la Constitución que por más de 15 años viene haciendo el Tribunal Constitucional al considerar que la protección adecuada contra el despido arbitrario consiste en la reposición en el puesto de trabajo.
En sus fallos impregnados de ideología, el tribunal declara como inconstitucional el artículo 34 del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo 728 que establece la indemnización como única reparación frente al despido arbitrario. Es más, al elegir la reposición frente a la indemnización, el tribunal viola muchos de los preceptos incluidos en el Régimen Económico de la Constitución. Restablecer de facto la estabilidad laboral absoluta ha hecho que aún dentro de la escasa creación de empleos formales, el 68% no sea por tiempo indefinido sino a plazo fijo o temporal.
El nombramiento del nuevo Gabinete ministerial por parte del 
presidente Kuczynski debe ser aprovechado para pedir nuevamente facultades legislativas para remediar este y otros aspectos de la política laboral incluyendo, entre otros, aspectos que promuevan la capacitación laboral y el fomento del empleo juvenil. Es imposible que una economía moderna funcione eficientemente sin flexibilidad para contratar y despedir trabajadores.
La eliminación de la estabilidad absoluta se traducirá en una mayor generación de empleo de calidad al ayudar a la creación de nuevas empresas. Y permitirá que las empresas existentes tengan alternativas de adaptación ante las fluctuaciones del mercado o cambios tecnológicos que no sean, como sucede hoy, la quiebra, el cierre de la actividad y la pérdida total del empleo.



El Comercio
El Ministerio de Ambiente publicó hoy en El Peruano una resolución que modifica el listado de proyectos de exploración minera sujeto al Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental (EIA).
La norma anterior establecía que todo tipo de exploración minera estaba sujeto al EIA. Ahora, solo deben cumplir este requisito seis clases de proyectos de exploración minera de empresas grandes y medianas; y un tipo de proyecto de exploración de minera de compañías pequeñas y artesanales.



El Comercio
Dos ánimos
Richard Webb
Conversábamos con el chofer que nos llevaba a visitar poblaciones rurales en el distrito minero de la Encañada en Cajamarca.
-¿Las condiciones de vida han mejorado?, preguntamos. 
-Sí. Hay trabajo y las minas realizan obras.
-¿Por quién votó la población?
-Por Santos (el candidato antiminero).
-¿Cómo se explica eso?
-Es que los de aquí somos de dos ánimos.
Un tiempo después asistí a la presentación de una estupenda obra titulada “Cuentos feos de la reforma agraria peruana”, del antropólogo Enrique Mayer, una colección de entrevistas a personas afectadas de una o de otra manera por la reforma. Meses antes había leído una primera versión del libro buscando pistas acerca del impacto de la reforma sobre la producción del campo. Mi objetivo era descubrir la realidad de los instrumentos productivos, la tierra, las capacidades humanas y las herramientas de producción. Pero la obra consistía más bien en historias de las experiencias personales y las reacciones emotivas y perceptivas que ellas provocaban. La palabra “cuentos” del título reflejaba acertadamente un estilo narrativo y sugerente, y en especial, un objetivo que buscaba iluminar las subjetividades de cada caso reportado. La única inexactitud fue la palabra “feos” del título porque algunas experiencias habían sido más bien felices.
Fui entonces para escuchar la presentación de la segunda versión del libro, esperando encontrar, de boca del mismo autor, algunas respuestas que se me habían escapado en la primera lectura. En cuanto a economía, seguí decepcionado, pero descubrí algo de mucho más valor –la importancia de tener más de un par de ojos–. Los ojos del antropólogo Mayer descubren una realidad subjetiva de emociones, mitos, recuerdos e intuiciones que escapa a la visión del economista. ¿Quién podrá decir cuál de esos pares de ojos aportó más para entender el comportamiento humano de nuestra población rural desde los años setenta? Para explicar la dramática historia de nuestras áreas rurales desde la reforma agraria necesitamos las dos miradas, la del economista, más terrenal, y la del antropólogo, menos tangible, cada una con sus correspondientes “ánimos”.
Desde hace un par de décadas, la ciencia económica viene reconociendo la necesidad de ayudarse con la óptica de la psicología, la antropología y otras especialidades entrenadas para captar realidades que escapan a la mirada de los economistas tradicionales. El reconocimiento se hizo particularmente visible cuando un psicólogo, Daniel Kahneman, recibió el Premio Nobel de Economía. Además, el debate económico, trátese de la inflación o el crecimiento, incluye hoy referencias a realidades subjetivas como la confianza, las expectativas y el capital social.
Nunca antes se había puesto tanta atención a la realidad subjetiva de la gente. Las opiniones, creencias y preferencias antes escondidas en las personas se expresan hoy hasta agresivamente ante el resto de la sociedad. En esto colaboran las encuestas de opinión, las marchas, las redes sociales, los nuevos derechos a la consulta y la masificación de las noticias. La retroalimentación e interactividad están a la orden del día, en la economía, en la política, y en casi todo aspecto de la vida social. Con tanta facilidad para la expresión, me atrevo a pronosticar un futuro de cada día más ánimos.



El Comercio
¿Cuerdas separadas?
Elmer Cuba
Mucho se ha escrito sobre la relación entre la economía peruana y la política. La verdad es que a largo plazo no es posible que sigan cuerdas separadas. Si las instituciones políticas no producen reglas de juego creíbles y que incentiven la creación de riqueza, la tendencia será declinante, como ha venido ocurriendo en América Latina y en particular en la economía peruana en los últimos años. En el plano de las reformas estructurales, política y economía forman una sola cuerda.
Puede que en algunas coyunturas aparentemente se desliguen la economía por un lado y la política por el otro, pero en plazos más largos están irremediablemente unidas. No son posibles buenas políticas públicas si las instituciones políticas no representan a los ciudadanos y no los ponen en el centro de sus preocupaciones.
En el caso de los ciclos económicos, desde el 2001, cada gobierno ha tenido su propia historia. La aprobación presidencial ha tenido ciclos muy distintos al ciclo económico. Una cosa es lo que piensan los ciudadanos sobre su presidente y otra lo que piensan los empresarios sobre la marcha de sus negocios.
Con Toledo las expectativas empresariales estuvieron en general en el terreno optimista. Sin embargo, la aprobación presidencial se mantuvo en mínimos de 10% en promedio durante el 2004 y 2005. Así, mientras Toledo presentaba cifras de aprobación mínimas históricas de apenas 6% en junio del 2004, la economía crecía 5% ese mismo año y 6,3% en el 2005.
Con García se mantuvo la separación de caminos. Las expectativas económicas se mantuvieron en el tramo optimista. En promedio, algo por encima que las de Toledo. Sin embargo, por el desgaste de todo gobierno, la aprobación presidencial cayó y fue empujada además por el Caso ‘Petroaudios’ y el llamado ‘baguazo’. De ahí, no subió más hasta las postrimerías del gobierno a cifras parecidas a las que alcanzó Toledo.
Con Humala, en general, ambos caminos siguieron un patrón similar. La aprobación cayó 50 puntos entre el 2011 y 2015. Al principio, las expectativas económicas se mantuvieron estables, pero desde el 2013 comenzaron a caer y entraron en terreno pesimista en el 2015. Los choques externos tuvieron mucho que ver, así como las tardías y poco eficaces respuestas de política económica. Humala sufrió una drástica reversión de los términos de intercambio y una fuerte salida de capitales. El valor de las exportaciones cayó US$10.000 millones y los capitales externos cayeron en otros US$10.000 millones. Para colmo, la postura fiscal fue entre neutral y contractiva.
Es prematuro contar la historia de PPK. En lo que va de su gestión, la aprobación presidencial y las expectativas económicas se han deteriorado. Pero desde julio se han vuelto a cruzar. Mientras que las últimas mejoran, las primeras bajan.
En definitiva, como se sabe, correlación no es causalidad. La correlación entre la aprobación presidencial y las expectativas económicas es baja para Toledo y García (0,31), mientras que es alta para Humala y PPK (0,71 y 0,78, respectivamente). Alta para Humala, pero más atribuible a factores externos, y alta para PPK, pero más atribuible a factores internos.
En los últimos meses han comenzado a soplar buenos vientos desde el exterior. Los términos de intercambio han vuelto a subir y los capitales externos han vuelto a entrar. Por ahora no se sabe si este contexto externo será o no duradero, pero es suficiente para empujar a la economía peruana a una mayor velocidad.
El 2018 se puede parecer algo al 2004, aunque en menor escala: baja popularidad presidencial y recuperación del crecimiento económico. El problema ahora es el 2019.



El Comercio
Rigidez y flexibilidad
Alfredo Torres
(…)
…las empresas grandes no solo deben pagar una serie de sobrecostos asociados al salario, sino que están amenazadas con la reposición en el puesto por un fallo del Tribunal Constitucional del año 2002. La consecuencia de ese funesto fallo es que desde entonces se crean más empleos a plazo fijo que a plazo indeterminado.
El problema es que la rigidez en el empleo es uno de los mayores frenos a la creación de puestos de trabajo según los empresarios y, al mismo tiempo, uno de los temas que más une a gremios como la CGTP.
Sin embargo, contra lo que seguramente creen los líderes sindicales, solo el 23% de la opinión pública respalda la estabilidad laboral absoluta. Para el 66% lo que corresponde en caso de despido es una indemnización.
El Tribunal Constitucional debería corregir pronto el grave error que cometió al abrir la puerta a las reposiciones si quiere contribuir a la reactivación del empleo a plazo indeterminado en nuestro país.
(…)



Peru21
La tercera revolución
Juan José Garrido
(…)
Al final, el debate se divide en dos visiones. En la primera, es el Estado quien debe proveer de servicios y obras que nivelen la cancha social. Para ello, por obvias razones, quienes más ganan deben contribuir en mayor medida. La deficiencia de la provisión de servicios no sería por culpa de los burócratas ni de los gobernantes, sino por la falta de recursos; ergo, el cielo es el límite impositivo (y, como ya vemos, 95% les parece razonable). En la segunda, el crecimiento del tamaño del Estado es una degradación de los derechos y deberes al nivel individual; son los individuos quienes deben definir sus objetivos de vida y el Estado debe facilitar dichas expectativas, para lo cual se deben nivelar no los resultados, sino los procesos. Ergo, los niveles tributarios deben ser tales que promuevan la inversión y el desarrollo, así como iguales de tal forma que promuevan la cooperación.
(…)
…por algo, entonces, nuestra informalidad es cercana al 45% del PBI y al 75% de la población económicamente activa. La evasión de impuestos en el Perú es altísima: 89% de la PEA no paga Impuesto a la Renta (IR), 50% en el IR empresarial y 71% del Impuesto General a las Ventas. En total se dejan de recaudar casi S/60,000 millones, mientras se recauda “solo” S/94,000 millones (una evasión total de 39%).
(…)
El problema es que la presión tributaria esconde una nociva concepción ideológica: la única manera de incrementar la presión tributaria sin ampliar la base de contribuyentes es incrementando las tasas impositivas, y en el Perú estas ya están en un punto donde desincentivan la inversión y la producción.
(…)



El Comercio
Cuando la tierra tiembla
Fernando Berckemeyer
El miércoles se presentó la encuesta anual de Proética sobre la corrupción en el Perú.
El tema abordado tiene un peso enorme: es el segundo problema más grande del país según los peruanos, pisando los talones a la delincuencia.
Preparando mi participación en el panel que presentó la encuesta, pensé en dos ideas que acá comparto en el intento de contribuir en algo a la discusión sobre el tema.
La primera es esta: las explicaciones sociológicas de la ubicuidad del fenómeno de la corrupción entre nosotros, aunque importantes, son insuficientes. La viveza criolla existe, pero requiere de un ambiente institucional ad hoc para poder reinar. Alguna vez leí a Alfredo Bullard destacando cómo los peruanos, que en las calles de nuestras ciudades somos conductores notablemente salvajes, nos atenemos muy bien a las leyes del tránsito ni bien migramos o viajamos a Estados Unidos. Me pareció un ejemplo enormemente sugerente. Se trata de las mismas personas, con la misma cultura, a uno y otro extremo de un vuelo al Primer Mundo. ¿De dónde vienen las diferencias en el comportamiento? Me atrevería a apostar que vienen de una certeza: si violamos las reglas de tránsito allá recibiremos una multa; y esa multa, en lugar de ser ‘negociable’, será cobrada; para pasar luego a ser un antecedente que, de repetirse, nos pondrá igual de inevitablemente frente a un juez.
Es verdad que también influye en cómo manejamos el comportamiento de los otros autos: cuando todo el mundo “mete el carro” llega el momento en que aun el conductor más cívico concluye que nunca podrá pasar, salvo haciendo lo mismo. Pero eso solo nos regresa al tema de la existencia de autoridades –o instituciones, si se prefiere– que sean confiables en su función de aplicar la ley: los otros autos niegan el paso al conductor cívico solo cuando estas autoridades no existen.
Dicho de otra forma, las personas solemos empujar hasta donde nos dejan. O, para ponerlo en términos sociales, hasta donde no aparezca la autoridad que nos pare. No es por gusto que en los países anglosajones a las autoridades encargadas de ese rol se les denomine ‘enforcers’; una palabra que no existe en español pero que vendría a significar algo así como “los que hacen valer la ley por la fuerza”. Cuando estas instituciones –centralmente, la policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial– no funcionan bien, la cancha está abierta para la transgresión. Así en el tráfico como en la corrupción.
Puede pensarse que plantear las cosas de esta forma es solo mover el problema de lugar: ¿qué sacamos con decir que para combatir la corrupción necesitamos que las instituciones mencionadas funcionen si ellas mismas están tomadas por la corrupción? Pero pienso que más que moverlo, es centrarlo: en lo que hay que concentrarse es en la reforma de estas instituciones, de las que depende la corrección de todos los demás.
Lo que conecta con la segunda idea. El costo de la corrupción cuando esta alcanza a las instituciones aplicadoras de la ley es mucho mayor a lo que hace pensar cualquiera de las mediciones específicas que habitualmente se hacen. Mucho mayor, por ejemplo, a lo que se pueda gastar anualmente en coimas en una economía. Lo que ocurre cuando estas instituciones están marcadas por la corrupción (igual, por cierto, que cuando lo que las marca es la ausencia de recursos, la impericia técnica o la simple ineficiencia) es que todos y cada uno de los derechos que existen en el país del que se trate cargan sobre sí una importante cuota de incertidumbre y, por lo tanto, un castigo sobre su valor.
Si no es seguro que uno podrá sacar a cualquier eventual invasor de su terreno, entonces ese terreno vale menos de lo que de otra forma valdría, tanto a ojos de su propietario como a los de los terceros con los que este pueda querer contratar –sea un eventual arrendador o comprador, sea el banco al que quería hipotecarlo–.
Pues bien, ese es el caso del Perú. En él nadie puede predecir con algún grado de razonabilidad si es que, en caso alguien decida desconocer su derecho, la policía lo hará valer o el juez le dará la razón. Como consecuencia, aunque sea solo inconscientemente, todos castigamos el valor de cualquier cosa que esté sometida a jurisdicción peruana y estamos dispuestos a invertir menos en ella.
Tienen razón, luego, quienes señalan la gravedad de la agenda pendiente de reformas institucionales. Particularmente cuando hablamos de las instituciones custodias de la ley. Mientras la piedra angular esté rota, toda construcción que se le ponga encima siempre será temblorosa y los movimientos de quienes la habitan, inseguros. Y esto es todo lo contrario de lo que requieren para florecer tanto el mercado como el desarrollo.






ANTICORRUPCION,  PERSECUCIÓN, JUDICIALIZAC ION POLITICA



El Comercio
El fiscal de lavado de activos José Domingo Pérez, quien está a cargo de la investigación a la ex candidata presidencial Keiko Fujimori por los cocteles que realizó su partido en la campaña electoral del 2016, interrogaría en las próximas semanas a todos los parlamentarios de Fuerza Popular sobre sus aportes.
Fuentes de El Comercio indicaron que los congresistas fujimoristas que han sido considerados por el fiscal Pérez para las declaraciones testimoniales son quienes figuran como aportantes de Fuerza Popular y compraron entradas a los cocteles que realizó la organización política para financiar su actividad proselitista.
Los 71 congresistas que conforman la bancada de Fuerza Popular aportaron para la campaña electoral del 2016. El monto entregado asciende a S/1’928.041 entre dinero en efectivo y especies, según reporte de la ONPE.
Los parlamentarios deberán sustentar con documentos las donaciones que hicieron a su partido.
Los parlamentarios Becerril, Beteta, Chacón, Karla Schaeffer y Freddy Sarmiento ya han sido notificados a través de un oficio por el fiscal Pérez de la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Lavado de Activos.
La semana pasada, el fiscal Pérez dispuso que la investigación contra Keiko Fujimori y su esposo Mark Vito Villanella se adecúe a la Ley N° 30077 de Crimen Organizado y al Nuevo Código Procesal Penal.
El fiscal Pérez está a la espera de que la fiscal provincial penal María Peralta cumpla con remitirle la investigación contra Fuerza Popular por los aportes de la campaña electoral 2011, que también estará a su cargo.



El Comercio
El ex presidente de la República Alan García está siendo investigado por la Primera Fiscalía Corporativa Especializada en Lavado de Activos como si fuera el líder de una presunta organización criminal dedicada a cometer este tipo de delitos desde 1991.
Según documentos a los que tuvo acceso el diario "La República", el fiscal José Antonio Castellanos Jara adecuó esta investigación en el marco de la Ley contra el Crimen Organizado al haber encontrado indicios de que hay unas 31 personas involucradas.
"Se presume que el investigado Alan Gabriel Ludwig García Pérez es el líder de la presunta organización criminal cuyo objetivo es la comisión del delito de lavado de activos, y este habría dispuesto se ejecuten los actos de lavado de activos originados en actividades criminales de cohecho contra la administración pública y otros, apoyado en una sólida organización delictiva que habría funcionado de manera regular y que estaba integrada permanentemente por los demás investigados y otras personas", dice la resolución de la fiscalía.
En la investigación se considera que esta presunta organización delictiva cuenta con tres niveles, con Alan García a la cabeza. En el primer nivel consideran a Hernán Garrido Lecca, Aurelio Pastor, José Antonio Chang, Luis Nava y Pilar Nores.
En el segundo estrato habría 10 personas, entre ellas Carlos Arana Vivar, Jorge Barco, Miguel Facundo Chinguel y Umberto Olcese. En el tercer nivel habría grupos empresariales y unas 15 personas naturales que no fueron funcionarios públicos. También habrían otras firmas usadas para esconder y blanquear el dinero proveniente de actos de corrupción.



Expreso
La constructora Graña y Montero (GyM) trabajó durante 20 años con Odebrecht en la construcción de seis megaobras, señaló el expresidente del directorio de GyM, José Graña Miró Quesada, ante la comisión Lava Jato.
Graña hizo la precisión ante la pregunta que formuló la presidenta de ese grupo investigador, congresista Rosa Bartra (FP), quien le insistió que si podría revelar el monto global de la inversión ejecutada durante los gobiernos pasados.
El empresario le respondió que no tenía la cifra exacta pero aseguró que la iba a remitir a la comisión, a la cual asistió ayer por segunda vez en calidad de invitado.
Graña Miró Quesada también desveló que el expresidente Alejandro Toledo llamaba a GyM para preguntar por qué se demoraban los proyectos de obras y cuál era el motivo por el cual todavía no se habían hecho las licitaciones respectivas.
“Generalmente los presidentes nos llamaban a Palacio para acelerar los proyectos. En el caso de [Alejandro] Toledo también sucedió lo mismo, llamaba a los ministros, a los posibles postores, para saber qué cosa pasaba, por qué no se había hecho la licitación todavía, eso era lo normal”, dijo.
Ante tan insólita revelación, fue la congresista Alejandra Aramayo quien le preguntó cómo era posible que se pueda tratar de procesos de licitación en dichas reuniones palaciegas si ellos –los de Graña y Montero– eran los postores.
“Si, por ejemplo, en esa reunión había convocado a ministros y a otros funcionarios, obviamente el ministro tenía que dar la respuesta”, replicó Graña.
La titular de Lava Jato, Bartra Barriga, le dijo que sus palabras generaban más interrogantes que aclaraciones y por eso le preguntó que si en la época de Alejandro Toledo se llamaba a los postores para acelerar los procesos.
“Obviamente, los procesos los dirigía el Gobierno, pero se necesitaba saber qué capacidades había, por eso nos convocaba [a los postores]”, respondió.
En otro momento, Bartra le preguntó sobre su reunión con Nadine Heredia y en qué contexto se efectuó, a lo que Graña Miró Quesada le contestó que fue para pedirle que cambie la línea editorial de El Comercio.
“Con Nadine Heredia la reunión no tuvo que ver con Graña y Montero, sino por su preocupación por la línea editorial de El Comercio y le expliqué que [yo] no era un accionista importante y que había un director periodístico que tenía independencia muy grande. Era un mito urbano lo que ella interpretaba de que GyM era accionista de El Comercio o al revés”, añadió.
Agregó que fue por esa situación que decidió renunciar a ser miembro del directorio del citado diario ya que podría interpretarse como un conflicto de intereses al estar involucrado en el proyecto del Gasoducto Sur.
“Tuve una reunión con ella [Nadine], ya habiendo renunciado, cosa que le expliqué y si ella o el Gobierno consideraban que había conflicto de intereses porque GyM tiene acciones en Nueva York, yo por eso decidí renunciar”, detalló.
Recordó que en una oportunidad, la entonces primera dama lo recibió con un folder inmenso con una serie de recortes periodísticos que consideraba contrarios a su pensamiento y pensó que él podía resolver esa situación.
“Se trataba de muchos temas políticos. Recuerdo de modo anecdótico la visita a Chile y no recuerdo si ella debía pasar o no por la alfombra roja, eso la molestó”, indicó.
Posteriormente, a la pregunta sobre la exoneración del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) en el proyecto de la Carretera Interoceánica Sur y del Tren Eléctrico, Graña Miró Quesada sostuvo que le parecía normal el hecho que grandes obras tengan mayores facilidades.
En la sesión había caras de asombro y no pocos recordaban, ya que se hablaba del SNIP, que cierta prensa y los lobbies apoyaron esa política de saltarse el SNIP, incluido la metodología del análisis y evaluación de proyectos, como sucedió en la Interoceánica, que se hizo además  sin un estudio adecuado del mercado, como ahora se sabe.
Circunstancias parecidas  se vieron en el Gasoducto del Sur, al que se dio luz verde sin conocer las reservas de gas ni el mercado, tal como lo investigó el economista Manuel Romero Caro quien, por ejemplo, probó que  el gasoducto tiene un tubo que triplica su oferta sin que haya demanda de gas para su ejecución.
No olvidemos otro dato clave en esta historia. El 27 de marzo de 2017 la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en delitos de Corrupción de Funcionarios, que jefatura Hamilton Castro, rechazó el pedido hecho por la Procuraduría Pública Ad Hoc de incluir al representante de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, y a José Graña Miró Quesada,  de GyM,  en las investigaciones por el delito de colusión desleal.
¿Por qué colusión desleal? Porque Jorge Barata había declarado en su colaboración eficaz ante la justicia peruana que las empresas que integraban los consorcios Odebrecht y GyM tenían conocimiento del pago de coimas a los políticos, según declaró la procuradora ad hoc Catherine Ampuero.
El pedido fue rechazado no solo por Hamilton Castro, sino por el mismo fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, blindando a Barata y Graña -al parecer- por acuerdos secretos que tendría la fiscalía con colaboradores eficaces tipo Barata, acuerdos que nadie conoce, ni el Congreso.
El legislador acciopopulista Víctor Andrés García Belaunde indicó a EXPRESO que Graña y Montero hizo una división de “coimas”, cuando esta empresa ejecutó un acuerdo reservado con la empresa brasileña Odebrecht.
“Cuando hay un acuerdo de esta naturaleza que se firma de manera reservada y se dice que  son riesgos adicionales sin precisar por qué, ya que  en construcción hay seguros para eso, entonces es una manera de aceptar que es una repartición de coimas”, sostuvo el integrante de la Comisión Lava Jato”.
El parlamentario dijo que esa es la información que él maneja de acuerdo a los datos proporcionados por José Graña Miró Quesada a tenor del “lenguaje que manejan las empresas brasileñas”.
“Los brasileños buscan la simulación y el ocultamiento y no pueden hablar de comisiones ilegales, entonces hablan de riesgos adicionales. Esa es la mejor prueba de que ellos sabían de las coimas que efectuaba Odebrecht y, además, está firmada la repartición de las coimas”, añadió. (MTG)
La Fiscalía informó, a través de Twitter, que la jueza de Principado de Andorra, Canolic Mingorance, entregó al fiscal superior Alonso Peña la información solicitada a ese país sobre los presuntos pagos ilícitos que habría hecho Odebrecht a exfuncionarios peruanos



El Comercio, editorial
Casi desde su nacimiento, la comisión investigadora del Congreso denominada Lava Jato ha sido materia de controversia. Los cuestionamientos suscitados alcanzaban desde su utilidad para indagar asuntos de naturaleza penal que ya vienen siendo objeto de atención de autoridades fiscales y judiciales con mayor conocimiento y experiencia, hasta el aprovechamiento que podría acarrear la singular circunstancia de que rivales y aliados políticos de todas las tiendas presentes en el Parlamento intercambiaran turnos en los banquillos de acusados y acusadores.
Frente a esta tesitura, la labor de la Comisión Lava Jato –se pronosticaba– tendría que ser especialmente prolija en su manejo técnico y aséptica en el componente político para alcanzar no solo el éxito en sus funciones, sino también el respaldo de la ciudadanía.
Hasta el momento, sin embargo, es poco lo que dicha comisión puede exhibir en cuanto a descubrimientos relevantes se refiere, y son más bien las frases altisonantes en algunas sesiones, los episodios bochornosos por actitudes ofensivas de los interrogadores de turno y los conflictos con otras autoridades –como el que surgió con el fiscal de la Nación– los elementos que han marcado el derrotero parlamentario.
Esta semana, además, la discusión sobre la posibilidad de que dos ex candidatos presidenciales pertenecientes a partidos políticos que se encuentran representados en la comisión investigadora sean citados a la misma generó una nueva polémica. Ello a raíz de una declaración de Rosa María Bartra, integrante de Fuerza Popular y presidenta del grupo de trabajo, recogida en el diario “Perú 21”, en la que adelanta que aún no se pensaba citar a Alan García y Keiko Fujimori. “Aún nos faltan los elementos necesarios” para citarlo, manifestó respecto al ex presidente aprista, y que aún se encuentran “recolectando la mayor información posible”, indicó sobre la lideresa de su partido.
Previsiblemente, esto trajo las críticas de quienes consideraron que las declaraciones de Bartra traslucían un doble estándar, al tratar de evitar hacer pasar a García y Fujimori por el mismo trance que sí habían deparado a otras personas, incluyendo a sus contendientes políticos. Más aun cuando en anteriores oportunidades el propio García había manifestado su disposición para acudir al Congreso.
Frente a ello, la ex vicepresidenta del Congreso realizó algunas precisiones a sus declaraciones iniciales e indicó que no se había descartado la presencia de los mencionados líderes políticos en la comisión. “El señor Alan García va a venir, qué duda cabe”, señaló, pero añadió que eso se realizaría más adelante pues “hay personajes clave que deben venir antes que Alan García”. Y sobre Keiko Fujimori, señaló que aún se estaba “construyendo una teoría que nos permita vincular la posibilidad de que las donaciones –si es que acaso hubieran existido, porque es algo que no está probado– puedan estar vinculadas como coima adelantada, que es la coima que hemos trabajado en el caso de Nadine Heredia”. Sobre ambos casos, afirmó que se está “trabajando en una línea de tiempo” aunque sin señalar una fecha cierta en el calendario para una eventual convocatoria.
La aclaración de la señora Bartra es oportuna para procurar librar a la comisión que ella preside de las acusaciones de parcialidad y blindaje que ya se le achacan. Pero para cumplir cabalmente dicho cometido, habrá que esperar las acciones concretas, la diligencia para programar las referidas entrevistas y la actitud de los integrantes de la Comisión Lava Jato, de los que se esperaría la misma tenacidad y minuciosidad que han mostrado cuando han tenido que inquirir a otras figuras políticas.



El Comercio
Soy político, perdón
Federico Salazar
La señora Keiko Fujimori ha puesto el grito en el cielo. El Ministerio Público adecuó la investigación en su contra bajo la ley de crimen organizado. Es “inaceptable”, ha dicho.
“Es el colmo”, ha comentado la lideresa de Fuerza Popular, “calificarnos de organización criminal por hacer cocteles” (en su cuenta Twitter).
Alguien en su partido debería asesorar a la aspirante a la Presidencia de la República.
La fiscalía la está investigando. Tal investigación debe tener un marco legal. El Ministerio Público ha decidido que este sea el de la ley contra el crimen organizado.
Nadie, que se sepa, ha atribuido a la señora Fujimori ser culpable del delito de crimen organizado. Si después de la investigación se encontrara fundamento para ello, recién entonces se haría una acusación fiscal.
Una acusación fiscal tampoco es una sentencia. El fiscal acusa, pero si el juez no ve fundamento, no hay sentencia en contra. La señora Fujimori se queja como si la adecuación legal del expediente fuera una sentencia.
Si la señora Fujimori fuera presidenta hoy, ¿cómo reaccionaría ante una acusación? ¿Respetaría la independencia de poderes? ¿Esperaría tranquila a que se demuestren las acusaciones eventualmente falsas?
La señora ha adelantado la respuesta. Si ella llegara a ser presidenta, cabe esperar de ella hacerse la ofendida, pero no respeto a la justicia ni serenidad frente a la fiscalización.
La presidenta de Fuerza Popular reacciona así ante la investigación. Y si reacciona así sin ser funcionaria, ¡cómo lo haría de serlo!
No tengo un prejuicio contra ella. Me sorprende, sí, que tenga poca ecuanimidad quien pretende el voto popular.
La señora Fujimori, además, debe saber a qué va. Ser político en el Perú es ser sospechoso.
Yo sospecho de Alejandro Toledo. Yo sospecho de Alan García. Yo sospecho de Ollanta Humala. ¡Y todos han sido presidentes del Perú!
Un político no debe pretender que se lo considere un ser prístino venido de la esfera celestial. Los peruanos tenemos derecho a sospechar. Los políticos se lo han ganado con esmero y dedicación.
Un político en el Perú, más bien, debe dedicarse a demostrar que también hay gente honesta en la política. La presunción de inocencia es un principio que deben respetar los jueces; la opinión ciudadana no está obligada a ello.
Rasgarse las vestiduras cuando a uno lo investigan es la peor estrategia para un político en el Perú de hoy. Si quiere conquistar el voto popular, debe aceptar su condición de político. Debe esforzarse por recuperar la confianza del votante.
La señora Fujimori reconoce que está en política, pero no quiere que la traten como política. “Estoy en política, nunca me negaré a que me investiguen, pero calificarnos de organización criminal por hacer cocteles es el colmo”.
La señora Fujimori debería decir: “Estoy en política, no me niego que me investiguen y, por eso mismo, agradezco que me investiguen bajo la ley que sea”.
“Que me investiguen, pero no me investiguen” no es una expresión lógica. Recomendamos a todos los políticos recuperar un poquito de la lógica más elemental.
La señora Fujimori tiene futuro, por lo joven que es. Debe aprender, sin embargo, algunas cosas.
Si Keiko Fujimori quiere ser lideresa nacional, debe cambiar de táctica. No debe hablar para escándalo de sus seguidores, sino para convencer a los ciudadanos en general.
Debe ser duro que a uno lo consideren sospechoso de antemano. A los políticos, sin embargo, nadie los obliga a meterse en esa actividad.
Los políticos deben saber que ese es el punto de partida. Y si no quieren ver la realidad, están ciegos. Los que están (o se hacen) los ciegos no pueden guiar a los demás.
Más de una decena de gobernadores regionales están o estuvieron presos. La cantidad de alcaldes involucrados en casos de corrupción es enorme, para no hablar de los involucrados en asesinato. Tenemos dos ex presidentes presos y uno fugado de la justicia. ¿Puede haber alguna investigación que sea “el colmo”?
Pidan perdón, primero, y ya veremos si recuperan la confianza.



Expreso

Se debe investigar a exministra de Justicia Marisol Pérez Tello por  beneficiar a empresa Odebrecht, sostiene la legisladora.

La comisión Lava Jato del Congreso tiene suficientes indicios y documentación para pasar a la calidad de investigado al mandatario Pedro Pablo Kuczynski (PPK) en las indagaciones en torno al proyecto IIRSA, ya que fue él quien dirigió Proinversión cuando se dio el visto bueno a la megaobra concesionada a favor de la empresa brasileña Odebrecht, dijo a EXPRESO la congresista independiente Yeni Vilcatoma.
Sostuvo que  por su experiencia como ex procuradora anticorrupción resulta irrelevante lo que pueda señalar el hoy mandatario PPK ante la Comisión Lava Jato, cuando el grupo investigador vaya a interrogarlo por el proyecto de la Carretera Interoceánica.
“Hasta ahora no incluyen a Kuczynski como investigado, pese a que hay suficiente documentación. Sus declaraciones son irrelevantes para lo que ya se tiene, por los hechos y su actuación en la Carretera Interoceánica, como presidente de Proinversión en el Gobierno de [Alejandro] Toledo”,  enfatizó la parlamentaria.
Vilcatoma recordó que el exministro y expremier en el Gobierno toledista, René Cornejo, confirmó que fue Kuczynski, como titular de Proinversión, quien permitió que en un tiempo record se le conceda la obra a la citada constructora brasileña.
“Cornejo ha señalado que el presidente de Proinversión, que en ese momento era PPK, había dirigido una reunión en la que en 18 minutos, el 4 de agosto de 2005, en Palacio de Gobierno, se hizo un informe que le permitió a Odebrecht contratar con el Estado cuando había una prohibición expresa”, detalló.
Vilcatoma se refirió, además, a otros testimonios y documentación sobre este tema, como la entregada por la exvicecontralora Rosa Urbina Mancilla sobre esa reunión de agosto de 2005 cuando el ente de control informó a Proinversión sobre los procesos judiciales en giro que el Estado afrontaba con las tres empresas integrantes del consorcio ganador de la concesión de la Carretera Interocéanica-sur, por lo que, según la normativa de contrataciones del Estado, no procedía ninguna firma de contrato.
El oficio de Contraloría del 3 de agosto de 2005 comunicó esa verdad material y jurídica en que estaban incursas las constructoras Norberto Odebrecht, Graña y Montero y Queiroz Galvao por sus procesos judiciales con el Estado por un monto de 7.3 millones de dólares, añadió Vilcatoma.
Además de las declaraciones de Cornejo y Urbina, testimonios similares brindaron en la comisión investigadora el expremier Carlos Ferrero y el exviceministro de Energía, Glodormiro Sánchez, quienes también implicaron al hoy mandatario, abundó.
Al margen de lo anterior, es de subrayar que en febrero de este año, Jorge Barata, exdirectivo de Odebrecht en Perú, declaró ante la Fiscalía que las empresas consorciadas con Odebrecht para la Carretera Interoceánica Sur tramos 2 y 3, Graña y Montero S.A.A., JJC Contratistas Generales S.A., Ingenieros Civiles y Contratistas (ICCGSA), no solo tenían conocimiento de los pagos de sobornos sino que estos se distribuían entre los consorciados.
La parlamentaria independiente también le pidió  al grupo indagador incluir en sus investigaciones a la exministra de Justicia Marisol Pérez Tello, por, según opinó, haberse prestado  a beneficiar a las empresas de Odebrecht causando un gran daño al Estado peruano.
“La Comisión Lava Jato debería incluir a Marisol Pérez Tello como parte de la investigación por haber participado en el Decreto de Urgencia 003-2017 y  del Decreto Ley 1109, y a PPK por haber suscrito estas leyes”, añadió.
Vilcatoma criticó a  Pérez Tello por  la dación de los citados decretos por beneficiar de forma directa a la brasileña Odebrecht.
“Debe ser investigada por la dación del Decreto Supremo  003, y promover el Decreto Ley N° 1109 que limita las facultades de la Procuraduría de participar en los interrogatorios de los colaboradores”, dijo.
“También pone trabas para que el Estado cobre la reparación civil. Es un contrasentido que el mismo Gobierno haya sacado normas  a la medida de Odebrecht”, sostuvo.
La abogada Cecilia Blume tuvo un episodio de amnesia y no recordó en qué condiciones se exceptuó del SNIP al proyecto IIRSA y hasta se olvidó de quiénes eran los viceministros de Economía que estuvieron en el gobierno de Alejandro Toledo, pese a que ella se desempeñaba como jefe del gabinete de asesores del MEF cuyo ministro, en esa época, era Pedro Pablo Kuczynski.
Tuvieron que pasar varios minutos y después de buscar en internet “recordó que fueron Fernando Zavala y Luis Castilla los citados viceministros”, esto durante su presentación de este lunes en la Comisión Lava Jato.
Lo que sí recordó fue que  nunca ha contratado con el Estado desde el 2006 (en que dejó la administración pública), ni ha asesorado a empresas constructoras de Brasil.
Sobre su participación en la concesión de IIRSA Sur, dijo que asistió  a las reuniones de ProInversión pero en el caso de la concesión de IIRSA, no asistió a Palacio de Gobierno y tampoco recordó quién fue el ministro que pidió trasladarse del Ministerio de Economía a Palacio de Gobierno.
Aseguró que fueron muchas las oportunidades en que no se tomó en cuenta su opinión como jefa del gabinete, porque las decisiones las tomaban directamente los viceministros de Economía y de Hacienda en algunos casos, como sucedió con la exoneración del SNIP en la ejecución de la carretera binacional.
La Comisión Lava Jato recibirá la tarde de hoy a José Graña Miró Quesada, Hernando Graña Acuña y Mario Alvarado Pflucker, exdirectivos de Graña y Montero, quienes responderán sobre la concesión y ejecución de los tramos 2 y 3 del proyecto IIRSA.



Expreso
El fiscal de la Nación Pablo Sánchez Velarde señaló que evaluará la actuación de la fiscal Sara Vidal, quien archivó la investigación por presunto lavado de activos contra el exparlamentario y ex secretario general de Fuerza Popular, Joaquín Ramírez.
Tras la inauguración de la Convención de Fiscales y Procuradores Generales 2017, Sánchez indicó que ha pedido un informe sobre el trabajo de la titular de la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa de Lavado de Activos.
“Yo he pedido un informe sobre el trabajo de la fiscal y voy a evaluar su actuación en ese caso”, sostuvo el titular del Ministerio Público.
La decisión de archivamiento comprende también a otros implicados en este caso, como la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y Fidel Ramírez, tío del ex legislador fujimorista.
La fiscal Vidal amparó su resolución en la casación  92-2017-Arequipa, del Poder Judicial, que ha cuestionado el Ministerio Público al considerar que afectará las investigaciones por presunto lavado de activos.
De otro lado, Sánchez sostuvo que el Perú mantiene relaciones estrechas con países como Brasil, Panamá, Andorra, Suiza y Estados Unidos para las investigaciones por el caso Odebrecht.
Esa labor, precisó, permitió tener resultados positivos, dado que hay mayor información y mayores elementos de prueba para sostener las acusaciones fiscales.
Reiteró que a Brasil se ha pedido entrevistar al empresario Marcelo Odebrecht, sobre los escritos en su agenda que tienen anotaciones como Keiko, AG y Humala.
“Se ha pedido cooperación a Brasil, esperamos la respuesta para que los fiscales viajen. Los fiscales establecen las estrategias de trabajo y con esa información viajan”, refirió Pablo Sánchez



Expreso
En un plazo máximo de tres semanas, el Poder Judicial se pronunciará sobre la casación respecto al delito de lavado de activos, luego de la intervención pública de tres fiscales, en representación del Ministerio Público, en el Pleno Casatorio Penal realizado ayer en el edificio Carlos Zavala del Poder Judicial.
Así lo anunció, luego de la diligencia, el juez César San Martín Castro, presidente de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia y coordinador general del Pleno Casatorio Penal.
Durante la audiencia pública, los fiscales Tomás Gálvez Villegas, Frank Almanza Altamirano y Rafael Vela Barba pronunciaron sus informes ante los 15 jueces titulares de las tres salas supremas penales del Poder Judicial.
Los representantes del Ministerio Público expresaron su desacuerdo con el fallo casatorio 92-2017-Arequipa, emitido el mes pasado por la Segunda Penal Transitoria Suprema, que preside el juez César Hinostroza Pariachi.
Según lo anunció San Martín Castro, el lunes 9 -en audiencia reservada- los jueces supremos Víctor Prado Saldarriaga y Aldo Figueroa Navarro darán a conocer sus ponencias sobre el tema casatorio mencionado respecto al ámbito del derecho penal material.
En tanto, los magistrados César Hinostroza Pariachi y José Antonio Neyra Flores lo harán en el área del derecho procesal penal, con lo cual se completará la cuota de informes.
Posteriormente, los jueces supremos realizarán la primera sesión de deliberación para debatir con sus pares los temas en curso y luego proceder a la votación correspondiente.
El magistrado César San Martín Castro precisó que el pronunciamiento del Pleno Casatorio será sobre tres puntos: la autonomía del delito de lavado de activos en función al artículo 10 del Decreto Legislativo 1106; la noción de “gravedad” en los delitos que generan activos ilegales y el estándar de prueba.
El juez supremo explicó que el propósito de una sentencia plenaria casatoria es uniformizar la jurisprudencia e implica que “todos los jueces penales del país tienen la obligación de acatarla”.



El Comercio
El fiscal superior coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio, Rafael Vela, descartó alguna motivación política en la investigación que se le sigue a Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, bajo la Ley de Crimen Organizado.
Como se recuerda, la decisión de investigar a Fujimori y a su esposo Mark Villanella con esos términos fue tomada por el fiscal José Pérez Gómez, encargado de la pesquisa contra la ex candidata presidencial por el presunto delito de lavado de activos, ello a raíz del Caso Odebrecht y por los supuestos aportes irregulares que la organización política habría recibido para la campaña electoral del 2016.
Según explicó Vela a la prensa esta mañana, la medida del fiscal Pérez corresponde a una decisión autónoma que responde a su propia planificación y gestión de la investigación.
“El fiscal José Domingo Pérez tiene todo el respaldo para hacer su trabajo conforme a las necesidades logísticas que se le pueda proporcionar, de tal manera que él llegue a tomar una decisión estrictamente en función de lo que aprecia y de lo que eventualmente la investigación vaya arrojando en su forma progresiva de incorporación de una serie de elementos”, señaló.
Asimismo, indicó que el trabajo del fiscal es estrictamente técnico y argumentativo. “Está motivada la decisión de cualquier fiscal en términos también de su autonomía. Y esto responde a una estrategia correspondiente en las indagaciones que en toda libertad deben, más bien, ser hechas por el Ministerio Público, y los ciudadanos someterse con el conocimiento claro de que el Ministerio Público tiene en perfecto equilibrio los derechos de las personas investigadas”, acotó Vela.
Más temprano, el vocero alterno de Fuerza Popular, Héctor Becerril, dio cuenta de que le llegó una citación del fiscal a fin de que brinde su declaración testimonial como parte de la investigación preliminar que se sigue a Keiko Fujimori, el partido político y otros por el presunto delito de lavado de activos en agravio del Estado.
“Quieren tenerla investigada hasta seguramente las elecciones que vienen con el afán de destrozar su imagen”, dijo Becerril a la prensa sobre Keiko Fujimori. Asimismo, manifestó que hará uso de los instrumentos legales para hacer frente a lo que llamó una “patraña” e “infamia”. Según se supo, a otros congresistas de la bancada también ya les llegaron respectivas situaciones.
Para Cecilia Chacón, “hay una intencionalidad política” y, según afirmó, se estaría utilizando al Ministerio Público y al Poder Judicial “para fines políticos”.
“Es lamentable, no es la primera vez que lo vemos, no sé de dónde vendrá, no sé si será de la misma gente de la fiscalía, el Poder Judicial, el Ejecutivo. No me atrevo a señalar específicamente de dónde está saliendo esto, pero legaremos al fondo del asunto”, señaló a la prensa esta mañana. Según agregó, la investigación bajo la Ley de Crimen Organizado solo busca ampliar el tiempo de investigación a 36 meses, porque hasta el momento “no han encontrado absolutamente nada”.



El Comercio
La subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congresoconfirmó que en su próxima sesión del lunes 9 de octubre tiene programado dar resolución a las 34 denuncias que se encuentran en su agenda.
Dichas acusaciones se verán en orden cronológico según hayan ingresado a la mesa de partes del Congreso, según el acuerdo al cual llegaron los integrantes de dicho grupo de trabajo presidido por la congresista de Fuerza Popular Milagros Takayama.



Expreso
El pedido del fiscal José Pérez para levantar el secreto bancario de Keiko Fujimori y su esposo, Mark Vito, es un “exceso inaceptable”, consideró el excongresista fujimorista Alejandro Aguinaga, quien advirtió que este mismo trato no se da con otros líderes políticos investigados por presuntos actos de corrupción.
“Hay un exceso innecesario en todo sentido… ¿por qué no han puesto nada contra Susana Villarán o Luis Castañeda? Acuérdese del caso OAS con Villarán o el caso Comunicore que fue archivado. Eso fue grosero. A ella [Keiko] la quieren usar de chivo expiatorio”, opinó.
Aguinaga dijo a EXPRESO que no sabe exactamente el porqué de este pedido del Ministerio Publico. “A nadie le pueden levantar el secreto bancario sin haber causales fundadas. Me parece un exceso que en el caso de ella [Keiko] saquen hasta un tuit en la web del Ministerio Público informando que se le inicia investigación”, agregó.
Pérez Gómez ordenó que se levante el secreto bancario a Keiko Fujimori y su esposo Mark Vito en el marco de la investigación preliminar por los supuestos aportes irregulares a la campaña “naranja” en 2016.
La Comisión de Ética del Congreso abrió indagación preliminar contra el legislador fujimorista Luis López Vilela por enviar un oficio a la FAP en el que pide ejecutar resolución sobre una denuncia presentada por su hermano, Alexander López.



El Comercio
La decisión del fiscal José Domingo Pérez, de investigar a Keiko Fujimori y a su esposo Mark Villanella bajo la Ley contra el Crimen Organizado por los cocteles de la campaña electoral del 2016, desencadenó un cruce de frases el fin de semana pasado.
Como sucedió con otros dos procesos fiscales iniciados a Fujimori –por los presuntos aportes fantasmas de la campaña del 2011 y por el Caso Odebrecht–, tanto opositores como partidarios políticos esgrimieron sus argumentos a favor y en contra de la medida. Argumentos que, sin embargo, contienen ciertas inexactitudes detalladas a continuación:
1. “El fiscal calificó a Fuerza Popular como red criminal”
A pesar de lo dicho por diversos congresistas de Fuerza Popular y por su propia lideresa, el Ministerio Público no los acusó de ser una red criminal. Lo que hizo fue abrir una investigación preliminar para determinar si es que existen indicios para concluir eso.
“La fiscalía solo abrió una investigación preliminar y esta no constituye una acusación. El único ámbito en el cual se puede establecer si una organización es criminal o no es en el judicial [ante un juez]”, detalla el abogado penalista Carlos Caro.
La acusación atribuida por los miembros de Fuerza Popular a la fiscalía recién podría darse como parte de una investigación preparatoria o en una eventual acusación fiscal por lavado de activos contra Keiko Fujimori.
2. “La fiscalía no está obligada a sustentar el cambio a crimen organizado”
Si bien el Ministerio Público está facultado para tomar esa decisión, los expertos consultados coinciden en que esta debe tener una mínima argumentación.
“Es una garantía de la administración de justicia basada en la jurisprudencia de la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional. En el Perú, ningún juez o fiscal puede actuar arbitrariamente y una decisión inmotivada es una decisión arbitraria”, comenta el jurista y ex diputado Enrique Ghersi.
3. “No puede existir lavado porque la ONPE ya auditó las finanzas partidarias”
Es uno de los principales argumentos utilizados por los fujimoristas para defender a su lideresa ante las tres investigaciones preliminares iniciadas por la fiscalía. Sin embargo, la función de la ONPE se circunscribe a encontrar posibles desbalances en las cuentas partidarias.
“Las auditorías de la ONPE son puramente formales. En ellas no se verifica la licitud del dinero recibido. No son una garantía y el ejemplo más claro es el del ex presidente Ollanta Humala y Nadine Heredia”, indica el abogado penalista y ex procurador Luis Vargas Valdivia.
Como parte de su indagación, el Ministerio Público podría desconocer las auditorías realizadas a las finanzas de Fuerza 2011 y Fuerza Popular (en el 2016).
4. “Keiko Fujimori ha colaborado con las investigaciones”
Si bien la lideresa de Fuerza Popular ha asistido en distintas ocasiones a declarar ante el Ministerio Público, en otras no lo ha hecho.
Por ejemplo, el 8 de noviembre del 2016 no asistió a la tercera citación de la fiscalía de lavado de activos para declarar acerca de los cocteles organizados por su partido en el 2016. El 30 de mayo del 2017 tampoco se presentó para declarar en la investigación preliminar por lavado de activos que se le seguía a Joaquín Ramírez, ex secretario general de Fuerza Popular.
A través de su cuenta de Twitter, Keiko Fujimori también se ha mostrado en contra del accionar de la fiscalía y llamó “el colmo” a la decisión del fiscal José Domingo Pérez.
5. “La anotación de Odebrecht comprueba el vínculo con Fujimori”
Aunque algunos la toman como prueba de la presunta relación, esta no es, por sí misma, suficiente. Y, hasta el momento, tampoco lo es la declaración de Marcelo Odebrecht.
“Ni la anotación ni esa vaga declaración bastan para una investigación preparatoria. Son indicios que llevan a varias conclusiones. Ahora, lo que necesita la fiscalía es la prueba indiciaria: el conjunto de hechos que te lleva a una sola dirección”, concluye Vargas Valdivia.



Gestión
Entrevista a Patricia Donayre
(…)
-¿Keiko decide por toda la bancada?
No sé si la bancada ha modificado su rglameto interno. De no haberlo hecho, ahí hay un  tema controversial por que, por definición de rgloamentos, los grupos parlamentarios son conformados por legisladores. En todo caso, lo tendría que dirigir un congresista y no un presidente del partido.
-Los parlamentarios dicen que Keiko dirige las reuniones…
Puede participar, conversar, pero no dirigir la bancada. Ahií hay un tema de usurpación de funciones.
-¿Podría ser investigaa?
Sí, por la Fiscalía. Se podría asimilar a la figura del caso Humala-Heredia.
(…)



El Comercio
El presidente de la sala que condenó a Alberto FujimoriCésar San Martín, se pronunció sobre el eventual indulto al ex mandatario. En primer lugar el magistrado señaló que el indulto es una decisión exclusiva del presidente de la República y tiene como efecto jurídico eliminar lo que queda de una sentencia condenatoria.
Seguidamente explicó que no se trata de una institución política, sino fundamentalmente jurídica. "Hay un marco jurídico que se debe respetar y dentro del respeto a ese marco se puede ejercer la potestad del indulto", indicó en entrevista a Ideeleradio.
Por lo tanto, César San Martín subrayó que el presidente tiene la gran responsabilidad de decidir de acuerdo a los márgenes [jurídicos] y que no le corresponde a él formular opiniones puntuales sobre si está a favor o en contra de esta gracia presidencial para Alberto Fujimori, quien fue condenado a 25 años de prisión por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta.
"Si no se respetan esos cánones será un indulto ilegítimo que podrá se impugnado, pero no es un tema que corresponde ahora al Poder Judicial", comentó.
César San Martín también consideró que si una persona está muy enferma, "sería inhumano desde el punto de vista de valores democráticos mantenerlo en prisión".
El fin de semana el presidente Pedro Pablo Kuczynski reiteró que evalúa la salud de Alberto Fujimori y que una decisión sobre su situación sería un indulto humanitario y no un perdón.
Los requisitos para un indulto por razones humanitarias se encuentran en el artículo 31 del Reglamento de la Comisión de Gracias Presidenciales. Por ejemplo cuando el reo padece de enfermedades terminales, o cuando padece enfermedades no terminales graves, “que se encuentran en etapa avanzada, progresiva, degenerativa e incurable; y además que las condiciones carcelarias puedan colocar en grave riesgo su vida, salud e integridad”.






GOBERNABILIDAD, DEMAGOGIA, AUTORITARISMO, DEMOCRACIA



El Comercio
La bancada de Acción Popular presentó un proyecto de ley para regular las mociones de censura y las cuestiones de confianza. El uso de estos mecanismos de control político han entrado al debate por las cifras dadas en este primer año del gobierno: un ministro censurado y dos ministros a los que se les rechazó la confianza. 
La iniciativa propone tres cambios en específico sobre los artículos 132, 133 y 134 de la Constitución Política del Perú. Para aprobar esta reforma constitucional se requiere obtener un mínimo de 87 votos en dos legislaturas consecutivas.
A continuación los principales cambios de la iniciativa de Acción Popular:
La primera modificación que propone el proyecto es que la aprobación de una censura contra un ministro se apruebe con "al menos dos tercios" del número de miembros hábiles del Congreso. Teniendo en cuenta que los 130 estén hábiles, se requerirá de 87 votos.
Hasta la fecha, la aprobación de la censura requiere del voto de más de la mitad del número legal de miembros del Congreso. Es decir, 66 votos.
Todo lo demás se mantiene igual. La moción de censura debe ser presentada por no menos del 25% del número legal de congresistas (33 firmas), y se debate y vota entre el cuarto y el décimo día natural después de su presentación.
Otra propuesta de la iniciativa es que los ministros censurados, o a los que les rechazó la confianza, no podrán ser nombrados en cualquier cartera durante el resto del período presidencial.
Actualmente, esto no se encuentra regulado. En la cuestión de confianza rechazada al ex presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, existió una polémica por este tema. Algunos legisladores como Mauricio Mulder dijeron que ninguno de los miembros del ex Gabinete Zavala podía repetir el plato.
Asimismo, la iniciativa legislativa indica que el presidente del Consejo de Ministros solo podrá presentar una cuestión de confianza a nombre de su gabinete "cuando esté referida a la política general del gobierno y las principales medidas que requiere su gestión".
La última modificación que manifiesta Acción Popular en su proyecto está referida a la disolución del Congreso. En la Constitución vigente se señala que "el presidente de la República está facultado para disolver el Congreso si este ha censurado o negado su confianza a dos Consejos de Ministros".
La nueva iniciativa propone que ya no sean dos sino tres los Consejos de Ministros censurados o negados la confianza para que recién el presidente de la República pueda hacer uso de la facultad de disolver el Congreso. Todo el resto se mantiene igual.
Desde 1990 hasta hoy, solo se negó la confianza a dos ministros, ambos en el actual gobierno. La censura a Jaime Saavedra fue la quinta más rápida de la historia de uso de este mecanismo que data desde 1849.



El Comercio
Entrevista a Luis Galarreta
—En solo dos meses de gestión ya enfrentó controversias como la de la ley antitránsfugas y la de la cuestión de confianza al Gabinete. ¿Qué evaluación hace de lo sucedido?
Ha sido una etapa corta pero muy rica en lo político. Hubo una cuestión de confianza inédita e histórica. Quedará para el debate académico si corresponde plantearla con una censura ya anunciada. El nuevo ministro de Educación dice que va a continuar las políticas. Entonces, ¿cuál era la materia que estaba en jaque? Pero ambas decisiones están dentro del marco constitucional: la innecesaria e irresponsable decisión de apretar el botón rojo, por parte del ex presidente del Consejo de Ministros Fernando Zavala, y la que finalmente tomó el Parlamento en su mayoría: no otorgar la confianza. Y aprovecho para dejar en claro algo. Yo di una opinión sobre quiénes podrían o no regresar al Gabinete porque eso no está escrito [en la Constitución]. Nadie dijo que estaba prohibido. La decisión es del presidente de la República.
—¿Se pudo evitar la crisis política desencadenada hace quince días?
Por supuesto. El señor Zavala estuvo en esta sala un día antes de plantear la cuestión de confianza. Si el presidente Kuczynski quería hacer cambios [en su Gabinete], se pudo conversar para decir: “Oye, esperemos un poco”. Pero como su propia bancada pedía la salida del primer ministro, él decidió que esta era su mejor forma de salir.
—¿Qué cree que le faltó al Gabinete Zavala para evitar esa situación?
Una visión más política y olfato social en temas como salud y educación.
—¿Y al Congreso?
Cualquier Congreso tiene la obligación de hacer control político. Y este es un Parlamento en el cual, de siete bancadas, seis son de oposición. Es un equilibrio real de poderes. Los gobiernos anteriores tuvieron siempre mayoría en el Parlamento. ¿Qué tan exagerado puede ser el control político? Ahí no hay ninguna medida.
—Entonces, reconoce un exceso en las formas de hacer dicho control.
Lo importante, y todos los partidos tenemos que hacer ahí una autocrítica, es que nuestra gente, cuando haga el control político, tenga un discurso al nivel del Parlamento. Porque en algunos casos el discurso parlamentario no ha estado al nivel. Es bueno que la ciudadanía y sobre todo los políticos vayamos aprendiendo a tener un equilibrio de poder real, que nos obliga a ser responsables. Me refiero a las formas y al estilo.
—¿Apoyaría, como algunos miembros de su bancada, una modificación constitucional para regular si los ministros pueden ser ratificados tras una crisis total de Gabinete?
Hay un vacío por corregir para no usar mal las herramientas constitucionales. Ahorita no es necesario. Podríamos verlo más adelante, pero queda para la academia y que las universidades puedan ir debatiendo.
—Tanto para usted como para la nueva primera ministra, “se cerró un capítulo”. ¿El nuevo Gabinete suple las carencias del anterior?
Al haber un recambio, hay un refresco en sectores que estaban complicados. Aunque creo que si los cambios se daban en 28 de julio, evitábamos esta crisis política. Porque, salvo que haya una situación particular, el nuevo Gabinete suele ser aprobado y tiene por lo menos un par de meses de aire para trabajar antes de pedirle resultados.
—Parece difícil que se le niegue el voto de confianza al Gabinete liderado por Mercedes Aráoz. ¿Es así?
Sí. Hay una buena sensación para recibir la propuesta de la titular de la PCM. Después de una crisis fuerte, evidentemente el Ejecutivo y el Congreso dicen: “Vamos a poner paños fríos de nuevo”. Ahora hay que escuchar [al Gabinete]. Es una oportunidad para que se plantee una propuesta interesante, sobre todo en educación, salud o seguridad ciudadana.
—Hace dos meses el ex ministro Zavala también hablaba de “una nueva etapa” con el Congreso y lo sucedido es historia. ¿Por qué creer que esta vez sí será distinto?
Este es un Gabinete con una visión política –y, ojalá, también social– que no tuvo el otro. Ellos pecaron al no ver que el diálogo es permanente. El Congreso hace su acción de control político cuando tiene que hacerla. Eso no quiere decir que se rompa el diálogo.
—En entrevista con El Comercio, la ministra Aráoz adelantó que espera menos censuras.
Las censuras o las interpelaciones dependerán de las acciones del Ejecutivo. Además la presidenta del Consejo de Ministros, a quien le vuelvo a desear éxito, espera menos censuras y el Parlamento el año anterior solo ha censurado a un ministro. O sea, espera cero censuras. Yo también espero que haya menos censuras, pero si aparece un audio de un ministro como el del contralor o un ministro no reacciona ante la caída de hospitales...
—¿Lo que quiere decir es que espera menos motivos para censurar?
El Parlamento espera menos motivos para censurar, pero al final vuelvo a repetir que no estamos acostumbrados porque en los congresos anteriores se hicieron alianzas para no tener control del Ejecutivo; llámese [gobierno de] Toledo, García o Humala. ¿El resumen? Odebrecht, adendas, OAS. Nosotros estamos obligados a que no exista un nuevo Odebrecht, por eso tenemos que accionar. Entonces, los políticos no debemos asustarnos cuando nos dicen obstruccionistas.
—Para la primera ministra, ciertos sectores quieren que se eleve la tensión y se cierre el Congreso. ¿Coincide con ella?
Hay sectores que quieren un enfrentamiento más duro. Pero confiaba en que el presidente de la República iba a dar un giro para presentar una propuesta [de Gabinete] que va a ser aceptada rápidamente en el voto de confianza. En esa misma línea, confío en que el Ejecutivo no va a caer en el juego de ver si se cierra el Congreso y el Legislativo tampoco. Sería un mensaje negativo. Nuestra democracia se ha asentado cada vez más.
—¿Considera que sería un golpe a la democracia una disolución del Congreso, a pesar de ser un mecanismo constitucional?
Sí, es constitucional. Pero sería innecesario. Lo importante es que ni el Ejecutivo ni el Legislativo escuchen esas voces que tratan de envenenar.
—¿Qué espera del Gabinete en su presentación ante el Parlamento?
Ahí nos vamos a dar cuenta de si el gobierno identificó sus errores para plantear alguna solución.
—¿Cuál es su expectativa en torno al debate parlamentario?
Podemos buscar que el lenguaje vaya de acuerdo a la situación y no usar algunos términos o expresiones que puedan ser más que control político.
—¿Se refiere a menos cuestionamientos personales?
Claro. Cuestionamientos personales, no. Aunque no esperemos que todo el mundo se levante a aplaudir. Seguro algunos van a decir: “Miren los 14 meses que nos hizo perder Zavala”.
—La ministra Aráoz ha señalado que Fernando Zavala podría volver al Gabinete más adelante. ¿Qué le genera dicha afirmación?
No está en este Gabinete, por lo cual podría formar después [parte de] otro. Es decisión del Ejecutivo.
—¿También lo sería un eventual regreso de Martín Vizcarra?
Sí, claro.
—Parlamentarios han cuestionado su designación como embajador en Canadá. ¿Suscribe esas críticas?
No me parece la decisión más institucional. Uno elige a un presidente y a dos vicepresidentes. Si yo postulo como uno de estos, no ando mirando si ya no tengo mucho peso en el gobierno para irme a una embajada. Que alguien diga: “Oye, ya no tienes ninguna cartera, te damos una embajada” lo veo poco institucional.
—Sostuvo en su discurso por los 195 años del Parlamento que “se necesita un Congreso más cercano al pueblo”. ¿Qué falta para tenerlo?
Para empezar, que niños y jóvenes conozcan más de lo que es el Parlamento. Mucha gente dice: “¿Para qué está el Congreso?”. La ciudadanía se entera a través de los medios. Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo distinto a las noticias que se generan, que no están mal, pero no son lo que el Parlamento quiere transmitir.
—¿Cree que a eso responde el actual porcentaje de desaprobación del Congreso que bordea el 80%?
Eso tiene cierta incidencia y también estamos repotenciando que los congresistas tengan facilidades para estar más con sus ciudadanos. Nosotros tenemos una semana [de representación] al mes, pero parlamentos como el alemán tienen 15 días.
—¿Eso será suficiente para romper la tendencia histórica de descrédito del Legislativo?
El Parlamento de ninguna parte del mundo es popular. Pero si las noticias que salen son las del ‘comepollo’ o ‘el mataperro’, el esfuerzo tiene que ser dar a conocer otras cosas.
—O evitar que las primeras pasen.
Eso de todas maneras. Y es un tema en el cual los mecanismos de control de los candidatos que llegan al Congreso también deben funcionar.
—Kenji Fujimori acaba de protagonizar un nuevo enfrentamiento con Fuerza Popular al ausentarse de la citación por su proceso disciplinario. ¿Cómo tomó ese hecho?
Si bien no voy a hablar en detalle, tampoco puedo ser ajeno [al tema]. Yo sé qué pasaría si un miembro del Partido Popular en España hace un avioncito con la resolución que le envía su bancada. Los invito a ver cómo ven los medios este tipo de casos [ríe]. Espero que el congresista reflexione sobre la imagen [que está dando].
—Él aduce que, luego de la última modificación del reglamento parlamentario, Fuerza Popular está obligado a ratificar su reglamento interno ante el Consejo Directivo.
Si tiene razón o no, lo evaluará la comisión que ve el caso. Como presidente, me preocupa la imagen que se pueda estar dando sobre procesos que demandan una seriedad a la altura de congresistas de la República.
—Cuestiona la cobertura de la prensa a las reacciones de Kenji Fujimori. ¿También es crítico con los congresistas que opinan sobre estas?
No, porque a los congresistas les preguntan. Por ejemplo, el Partido Aprista presentó un proyecto sobre bicameralidad. Pero cuando el congresista Fujimori habla del tema, llaman a la señora [Luisa María] Cuculiza y le dan cincuenta minutos al señor Jorge Trelles. Al nivel del Parlamento espero que se tome el cauce para que la discrepancia que hay dentro de una bancada la arreglen internamente y lo más rápido posible.
—La fiscalía anunció la decisión de investigar a la lideresa de su partido y a su esposo como parte de una organización criminal dedicada al lavado de activos. ¿Cuál fue su reacción al conocer esa información?
Esto lo digo ya no como presidente del Congreso, sino como congresista o ciudadano. Yo tengo la absoluta certeza de la honestidad de Keiko Fujimori y de todo lo que está alrededor de su proyecto político. Respeto lo de la fiscalía, pero me sorprende que no haya un manejo mucho más prolijo o cuidadoso.
—Las diversas voces críticas desde el fujimorismo no se condicen con el discurso de su lideresa, quien se comprometió a colaborar con las investigaciones. ¿Por qué?
Keiko Fujimori está totalmente dispuesta. La crítica, que es válida porque estamos en un país libre, es hacia la forma y la circunstancia. Casi toda la clase política está cuestionada por la corrupción de Odebrecht. Keiko Fujimori no tiene nada que ver con eso. Entonces, hay una desesperación de un sector para tratar de equiparar la cancha.
—Ese sector tendría que estar infiltrado en la fiscalía. ¿Usted cree eso?
La crítica es al manejo de la información de la investigación [por parte de la fiscalía]. Yo respeto a las instituciones, pero tal vez ese manejo permite que existan sectores que quieran aprovecharse del tema.
—¿Citar a Keiko Fujimori a la Comisión Lava Jato, por ejemplo, no acabaría con las especulaciones?
Es que ese tema, respecto al cual ella ya se puso a disposición, está desinflado. Ya dijo que no se reunió y que no recibió ni un solo centavo de ninguna empresa. Hay que investigar todo, pero siempre hay que tener cuidado con esta idea de querer equiparar.



El Comercio
Luna de miel
Federico Salazar
(…)
A pesar de la serena gestión de Luz Salgado, el primer año la mayoría fujimorista obstaculizó la gestión de gobierno. Contaminó la atmósfera política con interpelaciones y censuras, y con acritud y destemplanzas.
La democracia es balance de poderes, no desbalance de poderes. Lo que estuvo haciendo el fujimorismo el primer año fue eso. Se aprovechó, por supuesto, de un Ejecutivo débil y desorientado.
Hoy la tensión bajó. Los que hacían ‘bullying’ ahora rezan a la santa democracia.
El cambio de Gabinete ha oxigenado el ambiente. No han cambiado, sin embargo, sus condiciones básicas. No es que el gobierno de pronto haya encontrado la ruta de la recuperación.
El calmante que ha apaciguado al fujimorismo está escondido, probablemente, en uno de los cambios ministeriales. O quizá venga de una promesa de indultar a Alberto Fujimori.
La mayoría congresal pasó de exigir sacar a todo el Gabinete a aplaudir el remplazo de cinco de ¡19 ministros! Obviamente, ha habido un cambio mayor, como en los conciertos, en el ‘backstage’ (en la trastienda).
Para el país, sin embargo, nada ha cambiado. El gobierno no tiene nuevos planes, el fujimorismo no tiene una nueva fe política, y la situación económica y social continúa deteriorándose.
La declaración del presidente del Congreso sobre la democracia debe tomarse en cuenta. Él cree que el Parlamento debe representar un “contrapeso político”.
El “contrapeso” es una figura del equilibrio de poderes, no del desequilibrio de poderes. Pasada la luna de miel con el nuevo Gabinete, ¿regresaremos a la virulencia y la obcecación?
La virulencia del lenguaje crea daño en el ámbito político y en el ámbito económico. Nos acerca, más que nos aleja, de las situaciones de interrupción institucional de las que habla Galarreta.
El fujimorismo debe saldar cuentas con su pasado. Solo así podremos creer que adquirió una vocación democrática. Solo así sabremos si vamos hacia el equilibrio de poderes o hacia el “contrapeso” entre pesos desiguales.



El Comercio
Mechita, por tu bien, ¡aterriza!
Pedro Tenorio
Pocos dudan de que la Mercedes Aráoz de hoy sea muy distinta de la economista que en julio del 2006 asumió la cartera de Comercio Exterior y Turismo, a inicios del segundo gobierno aprista. Once años después es vicepresidenta de la República y titular del Consejo de Ministros en uno de los momentos más críticos del mandato de Pedro Pablo Kuczynski. Su tacto para conversar con distintos sectores políticos, sobre todo el fujimorista, le viene garantizando el voto de investidura del Congreso, donde comparecerá con su Gabinete el próximo jueves 12. Con ella al frente de la PCM se ha iniciado un período de “pax política” aún incierto en cuanto a su duración, pero sobre el que el Gobierno debería trabajar para que el paso de PPK por el poder tenga, a fin de cuentas, mayor trascendencia.
Para ello es necesario que Aráoz –o “Mechita”, como la llaman sus amigos– exhiba una mayor perspicacia política que su antecesor en el cargo. Se trata de ejercer, pero sobre todo proyectar, liderazgo. Y he aquí algunas acciones que ella y sus ministros podrían tomar en los próximos días:
Lo primero: caminar más y hablar menos. Siempre es tentador aparecer en las portadas noticiosas, pero si no hay anuncios que beneficien directamente a la población, difícilmente subirá la aprobación del Gobierno (y, con ello, su capacidad de impulsar reforma alguna). Recorrer el país, acelerar el gasto allí donde hay buenos presupuestos pero pobre ejecución ministerial es imperativo. PPK necesita más acción y un Gabinete fuera de sus escritorios, corriendo la cancha de verdad.
Segundo, transformar el “entusiasmo” fujimorista por su nombramiento en compromisos concretos para los siguientes meses. Tómeles la palabra a Luis Galarreta y Daniel Salaverry, entre otros, que saludan su designación al frente del Gabinete. Hágalo antes de que caigan en la cuenta de que una buena gestión puede convertirla en una futura amenaza para las pretensiones de llevar a Keiko Fujimori al poder. Hoy parece una opción muy, muy lejana, pero nunca se sabe.
Tercero, si tal como parece están cocinando un indulto humanitario a favor de Alberto Fujimori, deberán librar una batalla en medios para explicarlo y defenderlo, dado que terminará exacerbando los ánimos de muchos opositores fuera de Fuerza Popular. PPK insiste y habla de “un tema médico, no de un perdón”, y ese podría ser un punto de partida. Si lo dejan librado al azar o a la libre comprensión de la gente, les irá fatal.
Nadie espera que Aráoz se transforme en una Margaret Thatcher, pero determinación, claridad y liderazgo vaya que hacen falta en el Gobierno. Pronto sabremos si está a la altura del reto.



El Comercio
Kenji, el candidato feliz
Juan Carlos Tafur
Kenji Fujimori navega orondo, aupado por el fujimorismo del cual es legítimo heredero y sin sufrir las inclemencias del antifujimorismo, que respecto de él ha rebajado todas las cautelas y filtros, entusiasta por el daño que le pueda conferir a su hermana Keiko.
El protagonismo del menor de los Fujimori causa irritación en las huestes del keikismo, por la aparición de alguien que no solo compite por los afectos históricos, sino que evidentemente amenaza con trazar una carrera política en desmedro de la hasta hoy fallida candidata de Fuerza Popular.
Kenji ha logrado instalar la idea de que es el preferido del padre y que él representa mejor que su hermana el legado histórico de los 90. En eso, no parece faltarle razón. Keiko ha olvidado que la identidad fujimorista involucra no solo un apego a las propuestas económicas ortodoxas o a la mano dura, sino que su enorme éxito deriva también del recuerdo ciudadano por una opción que en simultáneo generaba apego popular por políticas asistencialistas y también por políticas públicas relativamente progresistas.
Eso era y es el alma popular del fujimorismo, muy lejos de esta mixtura de rigidez macroeconómica con radical conservadurismo moral en la que Keiko ha convertido a su heredad. La ex candidata presidencial posee algunos atributos personales semejantes al padre (frialdad, enorme desconfianza, parquedad, etc.), pero es su hermano quien recoge mejor el ánimo auroral del fujimorismo.
Así, sorprende cómo esta versión algo más desenfadada del fujimorismo duro de los 90 ha logrado conquistar los ánimos mediáticos de sectores claramente identificados como antifujimoristas.
Al menos Keiko, bajo presión, pergeñó su discurso de Harvard. Kenji engolosina con temas como la unión civil, la bicameralidad u otros, pero en lo esencial recoge el legado del padre. Tanto así que nada de los 90 le es extraño, que es el principal propulsor del indulto a su padre y que se rodea de personajes identificados con el ala dura del fujimorismo.

No obstante ello, los filtros políticos y morales del antifujimorismo se han relajado con Kenji Fujimori, contribuyendo a crear un fenómeno capaz de sorprender en términos electorales en la venidera carrera presidencial. Kenji quiere el poder y construye una carrera política para lograrlo.
Hoy por hoy, sea que finalmente se lo expulse o no de Fuerza Popular –camino al parecer inevitable–, estamos frente a un potencial candidato presidencial sobre el cual, sin embargo, no recae ninguna interpelación política.
Fuera de algunas ideas algo peregrinas sobre el impulso forestal como medio de sacar al país de la pobreza (¿?), no se aprecia detrás de Kenji un tabladillo orgánico de ideas sociales, políticas o económicas. ¿No merecería algún auscultamiento en ese sentido, alguna confrontación polémica?
No se le debe subestimar. Navega sobre la ola política más importante del país, el fujimorismo, y de ese modo, si los astros se alinean, tiene probabilidades de convertirse en el presidente del bicentenario. Y sus posibilidades crecerán en la medida que la prensa y la clase política prefieran mirarlo con una mezcla de calculado embobamiento o desdén.
La del estribo: a ver si PPK mira lo ocurrido en Cataluña y cómo la inmensa torpeza de Mariano Rajoy ha escalado el conflicto y ahora sí se asoma la separación catalana de España. La política existe, pues, presidente, y su mal ejercicio produce consecuencias.

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