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martes, 21 de febrero de 2017

ESTA NOCHE martes 21 febrero 2017



ESTA NOCHE, donde usted se entera no de todo lo que ocurre, sino de lo que necesita saber.

La opinión en MEDIA COLUMNA representa exclusivamente a su autor. Usted puede reenviar y publicar libre y
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jorgemorelli.blogspot.com


MEDIA COLUMNA
Desorden prefabricado


Jorge Morelli
@jorgemorelli1
jorgemorelli.blogspot.com


Se está desordenando la investigación de la corrupción. La política se está metiendo en las decisiones.

Es el Ministerio Público el que está introduciendo el desorden.

El caso Toledo se frena porque puede terminar comprometiendo a Pedro Pablo Kuczynski. El caso Humala no avanza. El caso Villarán no aparece por ningún lado.   

¿Están el gobierno o los partidos presionando al Ministerio Público para desorientar la investigación?

Es descartable que el gobierno pepekausista, en su orfandad, tenga palancas con qué manipular a la Fiscalía. Y menos los partidos, que no tienen hoy en día el poder para descaminar la investigación. Ni siquiera el Congreso puede.

La conclusión es, entonces, evidente: es el propio Ministerio Público el que está desorientando sus propias investigaciones.

Y lo hace porque está siendo llevado de las narices a ello por los medios de comunicación cuyo rabo de paja comienza a aparecer vinculado a las empresas brasileñas de la corrupción.

La estrategia es generar en la opinión pública la sensación de que lo equitativo es meter a todos los partidos por igual en el fango, de manera que parezca que son los medios de comunicación los únicos que tienen la autoridad moral para fijar la agenda de lo que viene.

La verdad, sin embargo, es que los medios de comunicación que pretenden apoderarse de la agenda y aparentan ser la reserva moral son justamente aquellos cuyos intereses empresariales están directamente involucrados por la corrupción brasileña y amenazados por las investigaciones.

El objetivo de esos medios es detener este huaico como sea ante sus puertas e impedir que la investigación ingrese a sus cuartos oscuros de modo que no se esclarezca jamás cómo exactamente ocurrieron anños atrás los oscuros cambios de manos de esos mismos medios.

Que es, dicho sea de paso, exactamente lo que Toledo amenaza con revelar si lo arrastran de vuelta al país.
El Ministerio Público, temeroso y pusilánime, trata entonces de servir diligentemenmte a esos clientes ayudando a desviar el huaico hacia cualquier otra parte, por absurda que parezca, para atarantar a la opinión pública y aburrirla hasta que, harta de no entender, tire la toalla y declare que la política es una basura en la que nadie debe meterse.  

A nadie engaña esa treta, sin embargo. Solo pone en evidencia la insensatez de este desorden prefabricado.



ANTICORRUPCION, PERSECUCION, JUDICIALIZACION POLITICA



Expreso
El presidente Pedro Pablo Kuczynski no supo explicar a los integrantes de la Comisión de Fiscalización del Congreso, ante los que declaró por más de tres horas,  el motivo por el cual otorgó una resolución especial a su entonces asesor en asuntos de Salud, Carlos Moreno, con la que le abrió las puertas de todas las instituciones del Estado, aunque negó haberle propuesto ser ministro de Salud en su primer Gabinete de julio de 2016.
Tampoco pudo aclarar el motivo por el que se le dieron las gracias por los servicios prestados, cuando ya se conocían los audios del denominado “negociazo” con el Sistema Integrado de Salud (SIS).
Los integrantes de la Comisión de Fiscalización del Parlamento llegaron a las 10 de la mañana a Palacio de Gobierno para entrevistarse con el jefe de Estado, quien los recibió en compañía de su abogado.
El mandatario respondió aproximadamente 30 preguntas referidas a la investigación que realiza el grupo.
Estuvieron presentes los legisladores Héctor Becerril (FP), titular de este grupo de trabajo, Mauricio Mulder (CPA), Yonhy Lescano (AP), Jorge Castro (FA), Víctor Albrecht (FP), entre otros. También los oficialistas Vicente Zevallos, Janet Sánchez y Ana María Choquehuanca.
De acuerdo a los miembros del grupo fiscalizador, el mandatario tuvo problemas para contestar dos interrogantes: ¿por qué concedió una resolución especial para Moreno? ¿Por qué se le dieron las gracias por los servicios prestados cuando ya se conocía el escándalo en el que estaba envuelto Moreno?
“No ha dicho nada que no haya dicho antes. Contestó con evasivas, porque cuando se le preguntó por la resolución en la que se le da las gracias por los servicios prestados, [PPK] dijo que eso siempre se pone porque todavía no se le ha condenado. Cuando se le preguntó por qué lo nombró ad honorem [a Moreno], dijo que porque iba a seguir trabajando en el otro lado y que iba a ir poco  [a Palacio]”, señaló Mauricio Mulder.
El representante del Apra indicó que los parlamentarios le preguntaron en varias oportunidades sobre la resolución en la que se solicitaba a todas las instituciones brindarle apoyo a Moreno, pero los oficialistas Zevallos y Sánchez contestaron por él.
El presidente de la Comisión de Fiscalización, Héctor Becerril, dijo que las respuestas del mandatario Pedro Pablo Kuczynski no pudieron satisfacer al grupo investigador. “No nos pudo explicar cómo, después de conocer estos graves hechos, le da las gracias por los servicios prestados [a Moreno]”, dijo a su salida de Palacio de Gobierno.



Expreso
El titular de la comisión fiscalizadora del Congreso, Héctor Becerril, reiteró que en los próximos días citará al exministro de Salud Óscar Ugarte, pues las transcripciones de los audios del “negociazo” del Sistema Integrado de Salud (SIS) habrían venido de su computadora personal.



El Comercio
El presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, manifestó que una eventual extradición desde los Estados Unidos (EE.UU.) del cuestionado ex presidente Alejandro Toledo es un proceso que demora y que inicia desde que la persona con mandato detención “está ubicada”.
“Este trámite demora, porque se arma un expediente una vez que ha sido ubicada la persona que está con mandato de detención. Es decir, si no lo ubican, no se va a armar aún ningún cuaderno de extradición”, expresó.
Rodríguez detalló que Toledo estaría en EE.UU., pero “físicamente no ha sido ubicado”. “Una vez la Interpol en coordinación con la policía norteamericana lo haga, se iniciará el proceso de extradición”, reiteró.
Frente a todo ello, el presidente del Poder Judicial afirmó que EE.UU. cuenta con normas que facilitarían la expulsión de un ciudadano extranjero de su territorio sin recurrir al mecanismo de la extradición.





  

  



REPORTE DE NOTICIAS en Internet
Las siguientes notas periodísticas de política y economía han sido seleccionadas, editadas y ordenadas
temáticamente. No se las debe citar como tomadas directamente de sus fuentes originales, las mismas que se indican sólo como una forma de reconocer el crédito y agradecer la cortesía.



GOBERNABILIDAD, DEMAGOGIA, AUTORITARISMO, DEMOCRACIA



Gestión
El Ministerio de Energía y Minas corre contra el tiempo en un “objetivo difícil de cumplir”: tener un nuevo concesionario que opere el Gasoducto Sur Peruano en los próximos nueve meses.
El sector ha encargado un informe para saber si Graña y Montero y Enagás podrán volver a participar con las bases nuevas que tendrá el concurso. Respecto de la posible participación en el concurso de empresas del consorcio anterior, Tamayo señaló que las bases del nuevo concurso establecerán los requisitos de las empresas hábiles de participar.
“Hemos encargado informes legales para que nos digan específicamente si las empresas que ustedes mencionan [ Graña y Enagás ] tendrían una limitación”, comentó.



La República
El contralor general de la República, Edgar Alarcón, informó que en los cinco tramos de la Interoceánica Sur se detectó un incremento de 2,980 millones de dólares, lo que representa 257% adicional sobre el monto inicial de inversión, que se estimó en solo 1,161 millones de dólares.
Indicó que dicha obra viene costando 4,141 millones de dólares y que si se mantienen las condiciones del contrato por los catorce años de concesión que falta, llegará a costar 4,662 millones de dólares.
Precisó que el aumento de los costos en la Interoceánica Sur ha sido producto de adendas, gastos de mantenimiento, arbitrajes, obras adicionales y complementarias.
En tal sentido, el jefe de la Contraloría propuso revisar los términos del contrato.
Las empresas que participan son Odebrecht, Graña y Montero, JJC Contratistas y Ingenieros Civiles y Contratistas Generales.
Alarcón indicó que la inversión señalada en el estudio de factibilidad reveló que el costo por kilómetro de vías sin asfaltar supera en promedio en más de 100% los costos por kilómetro en rehabilitación de vías ejecutadas por Provías en proyectos similares.



Gestión
La Contraloría supervisa el proyecto de modernización de la Refinería de Talara, cuya inversión asciende a US$ 4,800 millones, y ha identificado a la fecha un retraso de más de dos años.



Gestión
Los avances en la Línea 2 del Metro son mínimos. Hasta la fecha no culminan las obras del tramo 1A, que va de la Vía Evitamiento hasta el Óvalo Santa Anita, señaló el contralor general de la República, Edgard Alarcón.
“Los plazos para aprobar los 32 Estudios Definitivos de Ingeniería –EDI- se han vencido”, señaló. El retraso es de 15 meses en trabajos clave, lo que genera el riesgo de prolongar la etapa de inversiones en más de 2 años y medio.
A enero, el concesionario ha ejecutado el 14,8% de la inversión total, cuando debió registrar un avance de 36,48%.
La Línea 2 tiene 34.5 kilómetros y 35 estaciones y unirá Ate con el Callao.



El Comercio
El contralor Edgar Alarcón informó que la institución que dirige hará una auditoría de cumplimiento al proyecto del aeropuerto de Chinchero, incuida la adenda que firmó el gobierno hace algunas semanas.
"No pretendemos paralizar ni el aeropuerto de Chinchero ni ninguna otra obra. Nosotros estamos y nos mantenemos vigilantes para que se respeten las normas. Estamos comunicando los riesgos. No voy a esperar a que se culminen las obras para decir que se hizo mal las cosas", manifestó.
Alarcón informó que también el MTC ha solicitado esta auditoría a todo el proceso.
"Evidentemente se habría podido esperar una semana más para tomar la decisión de firmar la adenda. La auditoría de cumplimiento determinará si es que hubiese funcionarios responsables", agregó.
Al igual que con la Carretera Interoceánica, Edgar Alarcón consideró que entre las conclusiones de esta auditoría de control esté la revisión del contrato. "La contraloría no puede decir que deje sin efecto el contrato. Haremos algunas recomendaciones y pueden ser que se revise el contrato. La decisión es del Ministerio de Transportes", precisó.



Peru21
Columna de Aldo Mariátegui
Leer ayer el artículo (¿o comunicado?) en EC de Bonifaz y Urrunaga de la U del Pacífico, justificando los “estudios técnicos” que hicieron por encargo de Odebrecht para demostrar los “beneficios” de las Interoceánicas me hizo recordar a esos choferes de combi que te meten el carro con todo y después, incluso medio asombrados e irritados, te espetan “¿qué pasa?”.
El artículo linda con el cinismo, el mercenarismo intelectual y la amoralidad por el lado que a uno le queda la impresión de que es “normal” éticamente que una empresa te contrate, avalado por un centro de TU universidad, para que ESPECÍFICAMENTE le hagas un estudio a la medida de sus intereses; mismo sastre con un terno. Y también linda con la ciencia ficción, pues mañana bien que se les podría encargar el estudio de una carretera transoceánica Conchán-Tokio, que estaría sustentada no por el tráfico, sino por el “desarrollo de los beneficios sociales” (¡se nota que no era su plata!). ¡Plop!
Antes se tenía más vergüenza para quedarse callados (no se advierte la palabra “disculpas” por ningún lado). O para renunciar ambos por lo menos a Proinversión, ya que seguramente permanecerán tranquilos en la Pacífico, trabajando junto a la profesora Sanborn, la firmante del contrato IRSA Centro. ¿Y el Patronato, los jesuitas y la rectora? ¡Bien, gracias!
Es que se ha perdido la sindéresis: ya es “normal” que Odebrecht financie los premios de IPYS. Ya es “normal” que Apoyo tenga un director por las AFP en Graña –señor que no defendió los intereses de los aportantes como debía– y que al mismo tiempo les vea Imagen y hagan consultorías.
(…)






ANTICORRUPCION, PERSECUCION, JUDICIALIZACION POLITICA



Expreso
El presidente Pedro Pablo Kuczynski no supo explicar a los integrantes de la Comisión de Fiscalización del Congreso, ante los que declaró por más de tres horas,  el motivo por el cual otorgó una resolución especial a su entonces asesor en asuntos de Salud, Carlos Moreno, con la que le abrió las puertas de todas las instituciones del Estado, aunque negó haberle propuesto ser ministro de Salud en su primer Gabinete de julio de 2016.
Tampoco pudo aclarar el motivo por el que se le dieron las gracias por los servicios prestados, cuando ya se conocían los audios del denominado “negociazo” con el Sistema Integrado de Salud (SIS).
Los integrantes de la Comisión de Fiscalización del Parlamento llegaron a las 10 de la mañana a Palacio de Gobierno para entrevistarse con el jefe de Estado, quien los recibió en compañía de su abogado.
El mandatario respondió aproximadamente 30 preguntas referidas a la investigación que realiza el grupo.
Estuvieron presentes los legisladores Héctor Becerril (FP), titular de este grupo de trabajo, Mauricio Mulder (CPA), Yonhy Lescano (AP), Jorge Castro (FA), Víctor Albrecht (FP), entre otros. También los oficialistas Vicente Zevallos, Janet Sánchez y Ana María Choquehuanca.
De acuerdo a los miembros del grupo fiscalizador, el mandatario tuvo problemas para contestar dos interrogantes: ¿por qué concedió una resolución especial para Moreno? ¿Por qué se le dieron las gracias por los servicios prestados cuando ya se conocía el escándalo en el que estaba envuelto Moreno?
“No ha dicho nada que no haya dicho antes. Contestó con evasivas, porque cuando se le preguntó por la resolución en la que se le da las gracias por los servicios prestados, [PPK] dijo que eso siempre se pone porque todavía no se le ha condenado. Cuando se le preguntó por qué lo nombró ad honorem [a Moreno], dijo que porque iba a seguir trabajando en el otro lado y que iba a ir poco  [a Palacio]”, señaló Mauricio Mulder.
El representante del Apra indicó que los parlamentarios le preguntaron en varias oportunidades sobre la resolución en la que se solicitaba a todas las instituciones brindarle apoyo a Moreno, pero los oficialistas Zevallos y Sánchez contestaron por él.
El presidente de la Comisión de Fiscalización, Héctor Becerril, dijo que las respuestas del mandatario Pedro Pablo Kuczynski no pudieron satisfacer al grupo investigador. “No nos pudo explicar cómo, después de conocer estos graves hechos, le da las gracias por los servicios prestados [a Moreno]”, dijo a su salida de Palacio de Gobierno.



Expreso
El titular de la comisión fiscalizadora del Congreso, Héctor Becerril, reiteró que en los próximos días citará al exministro de Salud Óscar Ugarte, pues las transcripciones de los audios del “negociazo” del Sistema Integrado de Salud (SIS) habrían venido de su computadora personal.



El Comercio
El presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, manifestó que una eventual extradición desde los Estados Unidos (EE.UU.) del cuestionado ex presidente Alejandro Toledo es un proceso que demora y que inicia desde que la persona con mandato detención “está ubicada”.
“Este trámite demora, porque se arma un expediente una vez que ha sido ubicada la persona que está con mandato de detención. Es decir, si no lo ubican, no se va a armar aún ningún cuaderno de extradición”, expresó.
Rodríguez detalló que Toledo estaría en EE.UU., pero “físicamente no ha sido ubicado”. “Una vez la Interpol en coordinación con la policía norteamericana lo haga, se iniciará el proceso de extradición”, reiteró.
Frente a todo ello, el presidente del Poder Judicial afirmó que EE.UU. cuenta con normas que facilitarían la expulsión de un ciudadano extranjero de su territorio sin recurrir al mecanismo de la extradición.






LIBERTAD ECONOMICA, GLOBALIZACION, REFORMAS, INVERSION



Expreso
Competencia desleal en importaciones de calzado
Jorge Peschiera Cassinelli
El modelo en que se ha sustentado el crecimiento económico del Perú en las últimas décadas tiene una diversidad de componentes entre los que figuran la apertura de las importaciones y la reducción de aranceles. Sin embargo son conocidas las distorsiones que se pueden dar en el mercado internacional que dan lugar a competencia desleal y, por ese motivo, existen mecanismos para que los Estados puedan defenderse. Entre esos mecanismos se encuentran las medidas anti-dumping, las medidas para-arancelarias y los aranceles.
Las medidas anti-dumping penalizan la importación de bienes a precios inferiores a los precios de mercado en su país de origen. Algunos países fomentan el dumping para promover sus exportaciones, especialmente en actividades intensivas en mano de obra. También ocurre que los fabricantes de esos países subsidian sus ventas al exterior aprovechando los buenos márgenes que obtienen en sus ventas dentro de sus propios países.
Los procesos anti-dumping llevados a cabo en el Perú desde fines de los años noventa hasta la fecha han permitido evidenciar la subvaluación de calzado importado en desmedro de la producción nacional (Ver Recuadro). Sin embargo, las medidas anti-dumping no han sido suficientes para frenar las importaciones de calzado que, desde el 2006 hasta el 2016, han crecido de 6 a 45 millones de pares al año y en la actualidad representan cerca del 50% del consumo de calzado en el Perú. Como consecuencia, la producción de calzado nacional ha caído, perdiéndose miles de empleos.
La lucha contra la subvaluación utilizando las regulaciones anti-dumping debe continuar pero es importante reconocer que su efectividad es limitada y que el Estado debe utilizar otras herramientas que tiene a su disposición para defender el empleo en este sector de la economía.
El Perú podría, como en otros países, imponer medidas para-arancelarias, pero no lo hace. Por ejemplo, si bien existe un reglamento de etiquetado de calzado desde 2004, el mismo no contiene penalidades en caso de incumplimiento. La única penalidad que existía era la obligación a reexportar calzado mal etiquetado. Sin embargo, esa penalidad se eliminó en el 2015. Más aún, en enero de 2017 se eliminó totalmente el control de etiquetado en aduanas, pasándolo a INDECOPI. No está claro de qué forma podrá INDECOPI fiscalizar, por ejemplo, la falsedad de una etiqueta “Made in Italy” si no la detecta al ingresar el producto al país. ¿Cómo sabrá si un producto con esa etiqueta no es en realidad chino? Además, sin el debido control aduanero, ¿cómo se garantiza que un calzado importado es verdaderamente de cuero y no de algún material sintético?
Finalmente, una importante herramienta con la que cuentan los países para defenderse de la competencia desleal de las importaciones son las tasas arancelarias. Los países pueden establecer aranceles libremente sin violar regulaciones y acuerdos con la Organización Mundial de Comercio y diversos países con los que suscrito tratados, siempre y cuando no excedan  35 %. Elevar aranceles no afecta importaciones provenientes de países con los que existen TLCs, excepto en partidas arancelarias excluidas de dichos acuerdos. Justamente por ese motivo las partidas arancelarias correspondientes a las confecciones y el calzado fueron excluidas en el TLC suscrito con China, tomando en consideración su carácter sensible en la generación de empleo.
A diferencia del Perú, otros países tienen una actitud más vigilante para defender sus mercados ante la competencia desleal de productos importados, haciendo un efectivo control aduanero, especialmente cuando se trata de productos “sensibles” que compiten con sectores productivos que generan muchos empleos. Países como México y Colombia, aparte de ejercer un estricto control aduanero y aplicar seriamente sus reglamentos de etiquetado, tienen aranceles superiores para 30% al calzado y otros productos que consideran sensibles.
En el Perú, sin embargo, desde el 2011 la tasa arancelaria aplicada a la importación de calzado es 11%, que es la máxima tasa arancelaria vigente para cualquier producto. Es interesante destacar que la única finalidad mencionada en el dispositivo que bajó el arancel máximo de 20% a 11% fue “promover la  eficiencia y competividad de la economía”. Sin embargo, la reducción de aranceles  a productos de consumo no contribuye la finalidad señalada. Ciertamente la baja de aranceles no mejoró la capacidad de los fabricantes nacionales de calzado para competir contra las importaciones, sino todo lo contrario.
El Estado tiene a su disposición diversas herramientas para luchar contra la competencia desleal de las importaciones, en defensa de los puestos de trabajo que generan actividades que por naturaleza son intensivas en mano de obra, como la fabricación de calzado. Ante la dificultad de aplicar medidas anti-dumping y la insuficiente efectividad de las mismas, para nivelar la cancha el Estado peruano debe utilizar efectivamente las otras herramientas con las que cuenta, especialmente la elevación de tasas arancelarias y la debida aplicación de medidas para-arancelarias. Para ser consecuente con su objetivo declarado de generar empleos, el Estado no debe desaprovechar la exclusión de los TLCs de partidas donde puede elevar tarifas arancelarias.
Limitada efectividad de las medidas anti-dumping
El organismo responsable de aplicar las medidas anti dumping es INDECOPI. Cumpliendo con acuerdos internacionales, antes de establecer medidas anti-dumping, INDECOPI requiere que se demuestre a) la existencia de dumping y b) que el dumping ha causado daño a la producción nacional.
Desde 1998 los fabricantes nacionales de calzado han gestionado ante INDECOPI, en diversas oportunidades, la aplicación de medidas anti-dumping. No es fácil evidenciar dumping porque se debe demostrar que los precios a los cuales se exporta el calzado de algunos países son menores a los precios de venta dentro de esos países. Además, no solamente se debe demostrar la caída en producción nacional, sino que haya causalidad entre esa caída y las importaciones subvaluadas.
Los fabricantes nacionales han logrado, en algunas oportunidades y por períodos limitados, que INDECOPI establezca medidas anti-dumping para ciertos tipos de calzado provenientes de algunos países. En los procesos, que son largos y engorrosos, los fabricantes han debido enfrentar a los importadores de calzado y a representantes de países que exportan calzado hacia el Perú, quienes han presentado fuerte oposición. Por esos motivos, en la actualidad solamente persisten medidas anti-dumping para algunos tipos de calzado, importados dentro de ciertos rangos de precio, procedentes de China.
A pesar de todos estos esfuerzos, las medidas antidumping han tenido efectos limitados y las importaciones de calzado han venido incrementándose inexorablemente. Las medidas anti-dumping han frenado las importaciones pero su efecto ha sido limitado por diversas razones. Las penalidades anti dumping no han cubierto todas las partidas todo el tiempo y eso ha permitido a los importadores evadirlas, acomodando descripciones hacia partidas arancelarias que no tienen medidas antidumping. Esto ha sido facilitado porque la fiscalización en aduanas ha ido disminuyendo año a año y en la actualidad es casi nula. El 95% de despachos de calzado no se inspeccionan (canal verde) y PRODUCE ya no tiene veedores para calzado.
Otro factor que puede haber contribuido a restar efectividad a estas medidas es la sobrevaluación, que permite evadir las medidas anti-dumping basadas en rangos de precio por par. Por ejemplo, al ser las tasas arancelarias (11%) inferiores a las tasas de impuesto a la renta y dividendos, (hoy día 29.5% y 5% respectivamente), puede ser rentable para un importador reportar un mayor precio en los productos importados para evitar las penalidades anti-dumping, obteniendo, además, utilidades libres de impuesto en el exterior. También puede darse que un importador declare un mayor precio en artículos cuyos precios se encuentran en rangos afectados por las medidas y compense ese mayor precio con precios menores en artículos no afectados