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La Contraloría pide al MEF mantener
la suspensión de las cuentas bancarias de los gobiernos regionales de Ancash y
de Tumbes, investigados por corrupción. El ministro del
Interior propone un debate sobre la existencia de la Onagi. Alan García dice que
es hora de suprimir a los gobernadores.
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Alberto Fujimori y Susana Higuchi internados en la misma clínica para exámenes
y operación quirúrgica, respectivamente
· Carlos Meléndez: “creo que el fujimorismo es la fuerza nacional más importante hoy en el país. Tiene lo que muchos envidian: militancia, presencia regional, candidata con voto sólido”.
· Carlos Meléndez: “creo que el fujimorismo es la fuerza nacional más importante hoy en el país. Tiene lo que muchos envidian: militancia, presencia regional, candidata con voto sólido”.
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Desde Santiago de
Chile, Nadine Heredia descarta su candidatura el 2016 e insinúa que va al 2021. "He descartado una candidatura
presidencial el 2016", dice.
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“No voy a dar un paso al costado”, reitera Carlos Ramos Heredia. El
lunes jura como Fiscal de la Nación.
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MEDIA COLUMNA
Por qué es emblemática
la elección de Cajamarca
Jorge Morelli
@jorgemorelli1
jorgemorelli.blogspot.com
www.facebook.com/JorgeMorelliSalgado
Las elecciones municipales de Lima este año son
importantes, pero políticamente significan poco al lado de las de algunos gobiernos
regionales. Ciertas regiones, incluso, se han convertido en emblemáticas para
el resultado de las elecciones generales.
Cajamarca es la principal. El fujimorismo es allí hoy la
única fuerza política democrática que se alza contra los antimineros que, aun divididos
ahora, pretenden reelegirse en el gobierno regional.
Lo que hay en Cajamarca es un conflicto entre la
tradición y la modernidad. Su replanteamiento necesita un lenguaje. Algunas empresas
mineras globales –las inglesas y, por extensión, sus pares de Canadá y Australia,
que fueron parte del Imperio Británico- han desarrollado ese lenguaje. Tienen 150
años de antropología en las bibliotecas de Oxford y de Cambridge y consultan
esas obras antes de cualquier proyecto en Latinoamérica, el Sudeste asiático o
Africa. Saben cuáles errores no cometer. Errores que sí cometen, en cambio, otras
empresas globales que creen poder desentenderse de los lazos tradicionales reduciendo
el problema a uno de salarios e impuestos para que el Estado se encargue de los
conflictos locales. Estas empresas han tenido que aprender duramente a comunicarse
con las comunidades, obligadas por la fuerza de las cosas. Es el conflicto entre
los dos hermanos -el ingeniero de minas y el hacendado- magistralmente descrito
por José María Arguedas en “Todas las sangres”.
La dinámica política en Ancash es otra, en cambio. Allí
el tema minero –mucho mejor manejado- está en segundo plano, pero el conflicto adopta
formas que han desembocado en la corrupción y el crimen. Mientras Junín parece
seguir los pasos de Cajamarca, Tumbes sigue los de Ancash. Frente a Ancash y a Tumbes
–como a Cajamarca en los días de Conga-, el gobierno nacional no ha tenido
hasta hoy otra herramienta a su alcance que la suspensión de las cuentas bancarias
del gobierno regional. Es un recurso de última instancia, no una solución permanente
del problema creado por una regionalización fallida que este gobierno ya no resolverá.
Es responsabilidad del próximo plantearlo y resolverlo. Las elecciones regionales
de Cajamarca son emblemáticas precisamente por eso.
REPORTE DE NOTICIAS
Las siguientes notas
periodísticas de política y economía han sido seleccionadas, editadas y
ordenadas
temáticamente. No se las
debe citar como tomadas directamente de sus fuentes originales, las mismas que
se indican sólo como una forma de reconocer el crédito y agradecer la cortesía.
GOBERNABILIDAD, DEMAGOGIA, AUTORITARISMO,
DEMOCRACIA
El Comercio
La Contraloría General solicitó al Ministerio
de Economía y Finanzas que mantenga la suspensión de las cuentas bancarias de
los gobiernos regionales de Áncash y Tumbes, investigados
por delitos de corrupción. Así lo informó a través del Twitter el organismo de
control.
Afirmó que las "auditorías en los gobiernos regionales de Áncash y
Tumbes revelan que se mantendrían situaciones que ponen en riesgo el adecuado
uso de fondos públicos".
El MEF congeló las cuentas bancarias del gobierno regional de Áncash el
pasado 2 de abril, a solicitud de la Contraloría. Lo propio ocurrió con el
gobierno regional de Tumbes que dirige el también cuestionado Gerardo Viñas.
RPP, El Comercio
El ex presidente Alan García Pérez consideró
que la ex jefa de la Onagi,
Dacia Escalante, ‘no
renunció sino que la echaron’.
Dijo
que debe eliminarse a los gobernadores, debido a que generan ‘aprovechamiento
político’.
“Creo que es el momento de suprimir eso”, añadió. “Para qué tener un representante
en el más lejano distrito. Naturalmente, hay tentación de usarlo
políticamente”, opinó.
El ministro
del Interior, Walter Albán, planteó ayer al Congreso iniciar un
debate en torno a la conveniencia de mantener una
institución como la Onagi. Dijo que si se toma la
decisión de mantenerla, “sería entonces consecuencia lógica apartarla de su
actual adscripción al sector Interior”.
Anunció que promoverá
reformas normativas para
dejar sin efecto algunas funciones de la Onagi, relativas a las promociones
comerciales y la entrega de bienes de rifas y sorteos.
Para el titular del Congreso, Fredy Otárola, el ministro del Interior, Walter Albán, exageró cuando afirmó durante
su interpelación en el Congreso que cuatro de cada diez gobernadores son del partido
Nacionalista. “No creo que lleguen al 20%", afirmó.
El Comercio
La primera dama, Nadine Heredia, dio a entender en Chile que
podría ser candidata presidencial en las elecciones del 2021. Al salir de La
Moneda, donde se reunió con la presidenta Michele Bachelet, fue abordada por la
prensa. "Usted ha descartado muchas veces una candidatura presidencial. ¿Por qué descarta una candidatura presidencial?",
se le preguntó. Su respuesta fue: "he
descartado una candidatura presidencial el 2016". No dio tiempo
para la repregunta.
El Comercio
Para el analista político Carlos Meléndez, “no existen evidencias
sustantivas” de una división entre ‘albertistas’ y ‘keikistas’. “Si el nuevo movimiento tuviera vida activa
autónoma, candidatos distintos a la lista de Fuerza Popular, militancia
distinta, estaríamos ante una escisión. Por el momento solo es parte de una
estrategia legal […] Es gracioso ver como analistas se detienen en el color
del polo de Fujimori o en las notas que toma durante los juicios”, opinó.
Consideró que la renovación de la dirigencia de Fuerza Popular “es un
ajuste apuntando a las elecciones regionales”, por lo que se eligió al
cajamarquino Ramírez como el nuevo secretario general.
“Yo creo que el
fujimorismo es la fuerza nacional más importante hoy en el país. Tiene lo que
muchos envidian: militancia, presencia regional, candidata con voto sólido.
Solo el APRA y el fujimorismo pueden jactarse de eso. Los otros están rogando
que el outsider -así como la virgen-- se les aparezca milagrosamente”,
concluyó.
RPP, Canal 10
Alberto
Fujimori ha sido internado en la clínica La Luz, donde también se encuentra internada
su ex esposa, Susana Higuchi.
José
Ore Maldonado, director de la Clínica, dijo que el ex presidente se encuentra
estable. De otro lado, Alberto Fujimori escribió en su cuenta de red social que
se encuentra lúcido.
El ex presidente es sometido a una
evaluación médica mientras personal del Inpe y la Policía custodia al
exmandatario. El director de la Clínica
estima que el ex presidente permanecerá un par de días.
En
la Clínica se encuentra internada también su ex esposa, Susana Higuchi, para
una intervención quirúrgica en la cadera.
El Comercio
¿Realmente qué es lo que sucede en el
fujimorismo? A continuación se lo contamos: una fuente cercana a la
lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, negó que ella y su padre
estén distanciados. Señaló que la compra del kit electoral y el nacimiento de
Avanza Frente Libertad solamente constituyen una estrategia del abogado para
tener presencia en los medios. “Es muy
complicado que inscriba a ese movimiento. Tiene que juntar al menos 2 millones
de firmas para que pase la cuarta parte de estas, eso es mucho tiempo y dinero”,
dijo.
Existe un sinsabor y fastidio en los dirigentes y congresistas de Fuerza
Popular por el presunto uso político por el abogado
William Paco Castillo de la imagen del ex presidente Alberto Fujimori. Los
congresistas Héctor Becerril y Juan Díaz Dios le han pedido enfocarse a la
defensa legal del ex jefe de Estado. El portavoz de Fuerza Popular ha dicho que
el letrado usa como “trampolín político” a Fujimori.
También el nuevo secretario general de Fuerza Popular, Joaquín Ramírez Gamarra, opinó que el
movimiento Avanza Frente Libertad obedece a “los apetitos políticos” del
abogado del ex presidente. “Usa a Fujimori, que es vulnerable por su
encarcelamiento”, refirió. Dejó en claro que ni la dirigencia ni los militantes
naranjas respaldarán la creación de un movimiento fujimorista paralelo.
El Comercio
Entrevista a Carlos Ramos Heredia
(…)
Yo no voy a dar un paso al costado frente a especulaciones y afirmaciones falsas…
Yo no voy a dar un paso al costado frente a especulaciones y afirmaciones falsas…
(…)
Una persona que ha recibido primeras planas en un mes y medio, mientras
al fallo de La Haya le dieron cuatro días, eso es algo extraño.
(…)
¿Cuál será su actitud frente al Gobierno? ¿No tendrá reparos en
investigar, por ejemplo, a la señora Nadine Heredia o algún ministro de Estado?
Mi posición frente a todos los gobiernos siempre va a ser la misma: yo actúo con dureza, a mí no me va a temblar la mano al momento que tenga que investigar.
Mi posición frente a todos los gobiernos siempre va a ser la misma: yo actúo con dureza, a mí no me va a temblar la mano al momento que tenga que investigar.
(…)
El CNM lo investiga por el Caso ‘La Centralita’ y quien tiene a su cargo
el caso es el consejero Máximo Herrera, que es muy cercano a usted. Son amigos
de promoción y, además, usted lo recomendó para ese puesto. Al parecer, no
habrá una investigación imparcial
Sí, el magistrado Herrera ha estudiado conmigo en la universidad, somos de la misma promoción. Y sí, yo lo propuse para el CNM, y salió elegido por votación de la Junta de Fiscales. Sin embargo, él es quien tiene que decidir si se excusa en este caso.
Sí, el magistrado Herrera ha estudiado conmigo en la universidad, somos de la misma promoción. Y sí, yo lo propuse para el CNM, y salió elegido por votación de la Junta de Fiscales. Sin embargo, él es quien tiene que decidir si se excusa en este caso.
(…)
Usted enfrenta una denuncia en el Congreso por no haber investigado al
fiscal Hugo Farro, pese a que el CNM se lo pidió en agosto del 2012.
Ese tema está siendo visto por esa autoridad competente. No le puedo contestar porque usted no es autoridad…
(…)
Ese tema está siendo visto por esa autoridad competente. No le puedo contestar porque usted no es autoridad…
(…)
El Comercio, RPP
Aunque el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM)
señaló que el lunes recién acordará su posición sobre la nueva resolución del Tribunal
Constitucional (TC), el consejero Vladimir Paz de la Barra adelantó que
planteará que se rechace la parte del fallo en que el TC nos quiere obligar a
nombrar, dijo.
Señaló que también planteará que el CNM pida que el recurso que
presenten sea resuelto no por los actuales miembros del TC, sino por los próximos magistrados.
El “TC medianamente ha corregido una medida ilegal
contra el CNM”, sostuvo el Fiscal de la Nación, José Peláez Bardales.
Wordpress
Columna
de Víctor Robles
(…)
En el CNM las cosas están mal
desde hace tiempo. Seis veces ha desacatado fallos del TC que le obligan a
motivar las resoluciones en las que se negó a nombrar fiscales supremos a los
doctores Mateo Castañeda y César Hinostroza, a pesar de que ocuparon lor
primeros puestos en los exámenes de rigor.
El CNM ha justificado su
desacato alegando que Castañeda e Hinostroza están cuestionados por un sector
de la prensa, pero resulta que las dos fiscales nombradas en lugar de los
aquellos también son cuestionadas por la prensa.
Lo extraño es que dichas
fiscales, Zoraida Avalos y Nora Mirabal, votaron a favor de Carlos Ramos
Heredia -primo de Nadine heredia- como Fiscal de la Nación, y que la bancada
humalista ha asumido la defensa del CNM acusando de “aprista” al TC pese a que
ninguno de los magistrados que votaron contra el CNM (Ernesto Álvarez, Gerardo
Eto y Carlos Masías) es aprista. ¿Se ha subordinado el CNM a la agenda
nacionalista?
El CNM está obligado a motivar
sus resoluciones citando las normas en que se basa para aprobar o negar un
nombramiento. No lo ha hecho en el caso de Castañeda e Hinostroza, por lo tanto
ha violando la ley, según lo ha señalado el TC. Esto hace a los miembros del
CNM pasibles de una acusación constitucional.
Al TC le asiste la razón, pero
se ha excedido en su última sentencia al nombrar fiscales supremos a Castañeda
e Hinostroza, y cesar a Avalos y Mirabal. Este error, sin embargo, podía ser
corregido por el propio Tribunal, tal como lo aclaró su presidente, el doctor
Óscar Urviola, y lo hizo después el propio TC.
El TC se han excedido amparado
en el cuestionado artículo de la ley orgánica del TC que sostiene que dicho
Tribunal es el “supremo intérprete” de la Constitución. La única manera de
poner alto a estos excesos en el futuro es que el Congreso rectifique dicha ley
y restablezca los límtes precisos de las prerrogativas constitucionales del TC.
AGUA, CONFLICTOS AMBIENTALES, DESCENTRALIZACION, REFORMAS
Canal N
El
congresista de Fuerza Popular Juan Díaz Dios anunció que su bancada evaluará
una moción de interpelación contra el ministro de Energía y Minas, Eleodoro
Mayorga, debido a que ha tenido una presentación deslucida en la Comisión de
Fiscalización, donde hizo descargos por presuntamente haber favorecido a la
empresa Interoil al ampliarle el contrato que tiene con el Estado.
Convenio 169, consulta previa y pueblos indígenas
César Humberto Cabrera
A fines de la década del noventa, algunos activistas
antimineros empezaron a referirse a las comunidades campesinas de la sierra
como a pueblos indígenas o tribales. Ello lo hacían con el propósito de que las
comunidades campesinas fueran consideradas dentro del ámbito del Convenio 169 de la OIT sobre pueblos
indígenas y tribales y se les aplicara el mecanismo de la consulta previa sobre
decisiones legislativas y administrativas del Estado. Por cierto, la razón de
este súbito interés no era un renovado entusiasmo por las comunidades
campesinas, los pueblos indígenas, la OIT o
los métodos de consulta. En realidad, la consulta previa fue vista como
un mecanismo para demorar o impedir la inversión minera que había renacido en
la década del noventa en la región andina.
(…)
A partir de la segunda mitad de la década del noventa,
los grupos contestatarios - algunos de ellos antiextractivistas - de
Washington, Londres, Berlín y Ámsterdam pasaron a ser la fuente de inspiración
y financiamiento de estos activistas. Por cierto, hubo otros que los siguieron,
en relación a la consulta previa, como una expresión de buena voluntad hacia el
mundo andino, pero sin detenerse a pensar en las implicancias del tema.
(…)
En la medida en que los miembros de las comunidades
campesinas disfruten de los mismos derechos que los demás ciudadanos y sean
parte constitutiva, esencial, de la
sociedad y del Estado en el Perú, este convenio no es aplicable. Por ello, los
activistas antimineros tenían que romper con el pensamiento social y político
del país que consideraba a lo indígena y, en particular, a las comunidades
campesinas parte esencial de la sociedad y el Estado en el Perú.
Ahora bien, si las comunidades campesinas podían ser
incluidas dentro del ámbito de este convenio, ellas no podrían ser en modo
alguno parte de la mayoría de la población del país, menos aún parte del tronco
central de la nación, como es el caso en el Perú. Esto es precisamente lo que
había recogido el pensamiento social y político peruano a través de la
historia: lo indígena es el principal componente de la población al que se han
sumado otros para definir nuestro mestizaje racial y cultural. No hay forma de considerar a la población de
las comunidades campesinas de la sierra un pueblo indígena o tribal ajeno al
resto del Perú, salvo para forzar la aplicación del Convenio 169 de la OIT y el
mecanismo de consulta allí establecido. Al considerar a las comunidades campesinas
como un cuerpo social no integrado al cuerpo nacional, ajeno y diferente al
mismo, que además se sentiría o identificaría como tal, se iba en contra de la
realidad, lo que al parecer no les interesaba mucho a estos activistas. Los
antiextractivistas se empeñaron en hacer un esfuerzo porque la realidad se
ajuste a una norma internacional, con la que a todas luces no tenía relación,
pero que consideraban que les podía ser útil para frenar la inversión minera.
(…)
…excluir a las comunidades campesinas del cuerpo
nacional – considerándolas pueblos a diferenciar por su cultura a fines del
siglo XX e inicios del siglo XXI- solo podía ser una acción discriminatoria,
que no tenía en cuenta la historia del Perú y de su población. Lamentablemente,
este planteamiento se abriría paso con la aparición de los activistas
antimineros a fines del siglo XX, muy poco interesados realmente en las
poblaciones indígenas, mucho más en los mecanismos que podían utilizar para
frenar o detener la inversión minera.
(…)
Ahora bien, sucede que en la costa y en la sierra,
nadie o casi nadie, como es esperable, se considera indígena.
De acuerdo a una encuesta oficial comentada por la Viceministra de
Interculturalidad, menos del 1% de la población de las comunidades campesinas
se considera indígena (reunión del Grupo de Diálogo Minero el 27/04/14). Para
ponerlo en términos claros y directos, las comunidades campesinas de la sierra,
incluso las quechuahablantes, no se consideran indígenas. Sin embargo, esta es
una de las condiciones – la autoidentificación – que exige el Convenio 169 de
la OIT para considerar un pueblo como indígena. Por ello, sorprende que el
Ministerio de Cultura esté realizando procesos de consulta “interculturales” en
comunidades campesinas de la sierra, aunque por el momento sea sobre temas que
no han suscitado ni divergencias ni conflictos. De hecho, en el Ministerio de
Cultura se han limitado, probablemente para medir la reacción del país, a hacer
consultas en comunidades campesinas de la sierra sobre decisiones
administrativas del Estado; por ejemplo, la creación de un parque nacional.
Pero lo que parece que les interesa a algunos funcionarios del Ministerio de Cultura
es dejar sentado el precedente de que la consulta previa a los pueblos
indígenas y tribales debe aplicarse a las comunidades campesinas de la sierra.
(…)
Otro rasgo distintivo que deben tener las comunidades
campesinas de la sierra para ser sujeto de consulta previa, de acuerdo al
Ministerio de Cultura, es el idioma. Al respecto, hay que notar que la mayoría
de la población, cuya primera lengua es el quechua, no vive en comunidades
campesinas de acuerdo al censo del 2007. Cerca de la mitad vive en las ciudades
y, por lo menos un 30% más en el medio rural, fuera de las comunidades
campesinas, como parceleros independientes. Tener al quechua y al aymara como
lengua materna no es por tanto una característica distintiva de comunidades
campesinas que, en base a ese criterio, pretenden considerar indígenas.
(…)
En última instancia, la pertenencia a una comunidad
campesina no es un signo de diferenciación cultural, un punto de partida para
el diálogo intercultural.
(…)
En verdad, el estado debería darles a los miembros de
las comunidades campesinas la posibilidad de que las parcelas que poseen tengan
títulos de propiedad que puedan inscribirse en los registros públicos y se
pueda poner fin al sistema informal de compra–venta que se ha establecido.
Se trata pues de ajustar la legislación a la realidad,
esto es a las exigencias reales de la población campesina, no a la inversa,
esto es a los puntos de vista y propósitos de los activistas antimineros y de
algunas personas de buena voluntad que los acompañaban.
(…)
El gobierno debería concentrar la aplicación del
convenio 169 de la OIT en aquellos pueblos indígenas y tribales que habitan la
Amazonía, que son los únicos que se han mantenido ajenos a la vida nacional y
al estado y con los que éste puede establecer un diálogo intercultural. En realidad,
estos pueblos no llegaron a ser conquistados por los Incas y tampoco fueron
integrados a la Colonia; simplemente quedaron dentro del territorio que le tocó
al Perú en la distribución realizada después de la independencia.
En el caso de las comunidades campesinas de la sierra,
que son parte esencial del Perú, impulsoras de nuestro mestizaje y creadoras de
la nación, lo que corresponde es aplicar
el sistema de participación y consulta – hoy muy bien desarrollado - establecido por las leyes vigentes para todos
los peruanos cuando una operación minera busca instalarse en las proximidades
de su propiedad.
(…)
Por supuesto, se trata de que el otorgamiento de
títulos en cada comunidad campesina sea un proceso decidido única y
exclusivamente por los miembros de las mismas y por nadie ajeno a ellas.
(…)
Se pretende aplicar las mismas consideraciones – la
supuesta pertenencia a una cultura diferente - a las rondas campesinas, creadas
en 1976 como auxiliares de las fuerzas del orden en la región Cajamarca. A
partir de allí, activistas políticos locales, que piensan en términos de la
constitución de poderes duales y paralelos, pretenden darles a las rondas
atribuciones para administrar justicia. Para ello, han desarrollado una
propuesta para convertirlas en responsables de la aplicación de una supuesta
justicia intercultural, incluso con la participación activa del poder judicial.
Así, se busca impulsar una “justicia rondera” y
atribuirle características de justicia
intercultural, como si las rondas campesinas fueran expresión de una cultura
diferente. Solo faltaría hacer la equivalencia entre las rondas y las
comunidades campesinas, la que no está muy lejos. En todo caso, por allí vienen
las cosas y, por lo menos, han avanzado hasta lograr sustraer a algunos
peruanos del sistema regular de justicia.
Hay fallos en Cajamarca y el Chiclayo que sustraen a
algunos campesinos del sistema de justicia del país. Los campesinos
cajamarquinos, como todos los campesinos y ciudadanos peruanos deben estar
sometidos a la justicia ordinaria. La aplicación de la justicia intercultural
tiene en Cajamarca menos sentido que en la sierra centro y sur. Esperemos que se definan con precisión las
funciones de las rondas campesinas como auxiliares de las fuerzas del orden.
El
Comercio
La
gran reforma política
Jaime
de Althaus
En
la Comisión de Constitución hay un debate de
máxima importancia: la posibilidad de introducir distritos uninominales (es
decir, crear distritos electorales pequeños en los que solo se elige a un
representante). Tal sistema tiene tres grandes virtudes: reduce el número de
partidos, apuntando al bipartidismo; establece una relación mucho más cercana
entre los electores y su representante, enraizando la democracia y los
partidos; y permite elegir mejor porque se elige entre pocos candidatos. En un
país en el que no hay partidos o no tienen presencia local, y donde la
feudalización política se acerca ya a la anarquía, un sistema como este tendría
un claro efecto regenerador.
Fernando Tuesta, sin embargo, pone reparos.
Dice que en América Latina ningún país tiene circunscripciones uninominales.
Pero justamente la región no es un ejemplo de sistemas partidarios estables. Y,
además, no es tan cierto. Chile tiene distritos binominales que, según Nohlen,
tienen el mismo efecto reductor del número de partidos que los uninominales. La
cámara de Diputados de México combina 300 diputados elegidos en distritos
uninominales con 200 elegidos en cinco circunscripciones plurinominales, y
conserva una estructura básica de tres partidos. El tradicional bipartidismo
colombiano, en cambio, originado en causas históricas, se disolvió fácilmente
la última década en parte porque no tiene un sistema uninominal.
Tuesta
arguye que no habría tal reducción sino que más bien el Parlamento se poblaría de muchos partidos
con bolsones electorales bien marcados. Podría ser, en efecto, que el PPC tenga
cinco o seis congresistas en Lima y el APRA o APP algunos en el norte. Pero
pare usted de contar. Y bastaría con mantener la valla del 5% para anular
esa distorsión.
Dice
que el partido de mayor votación tendría un número de escaños proporcionalmente
mayor: De eso se trata, para favorecer gobiernos con mayoría. Sostiene que los
cacicazgos locales se reelegirían y pasarían de un partido a otro. Pero si
alguien se reelige será porque ha hecho una buena labor. Precisamente el
distrito pequeño permite fiscalizar al representante y transmitirle las
inquietudes, y elegirlo mejor porque son pocos candidatos en lugar de las
decenas de los distritos plurinominales actuales.
Afirma
que Lima tendría que dividirse en 44 circunscripciones iguales en electores,
cortando distritos. Pero esto no tiene que ser matemático, como no lo es ahora:
los 36 congresistas de Lima representan una proporción menor a su peso
demográfico. Tendríamos 36 circunscripciones electorales que no tienen que ser
idénticas en número de electores: agregaríamos distritos pequeños y
dividiríamos los grandes buscando poblaciones similares. Los congresistas
–añade– se dedicarían a su pequeño espacio desentendiéndose de los problemas
mayores. Pero los problemas de San Juan de Lurigancho son los del país: cómo
aligerar las leyes para facilitar los pequeños negocios y la formalización,
cómo mejorar los servicios públicos…
¡No
hay que tenerle miedo al cambio!
ANTICORRUPCION, PERSECUCION,
JUDICIALIZACION POLITICA
El Comercio, Canal 10, Exitosa radio, ATV+
Matilde Pinchi Pinchi reapareció en una
audiencia del caso diarios chicha. Afirmó que el ex presidente Alberto Fujimori tenía conocimiento de la
elaboración de esos pasquines. "Montesinos siempre rendía cuentas a
Fujimori sobre estos diarios chicha. Fujimori sí sabía y decidían sobre
los titulares", manifestó Pinchi Pinchi. "Montesinos no hacía nada sin el
consentimiento de Fujimori", manifestó.
El
abogado del ex presidente Alberto Fujimori, William Paco Castillo, desestimó las declaraciones de Pinchi Pinchi. "La señora no ha
trabajado en el Servicio de Inteligencia (SIN).
Ella anteriormente ha sido condenada por falsedad genérica. Sus declaraciones
me tiene sin cuidado", refirió. Castillo manifestó que sí hubieran querido
evitar la presentación del Matilde Pinchi Pinchi en la audiencia se hubiera
presentado una tacha, ya que dicha persona fue condenada por falsedad genérica.
Las suyas son "suposiciones malévolas que deben ser contrastadas con la de
otros testigos". "¡No se ha demostrado que Fujimori ordenara el
desvío de fondos!", indicó. Dijo que nadie ha demostrado que el
expresidente hubiera ordenado el desvío de fondos para pagar líneas editoriales
de diarios chicha. Castillo refirió que en el testimonio de Pinchi Pinchi podría
haber un sesgo político. Anotó que en el proceso demostrará la falsedad de sus
declaraciones.
El Comercio
El informe final de la Comisión de Ética declaró fundada la denuncia
contra el congresista fujimorista Julio Gagó en el caso Copy Depot y recomienda suspenderlo
120 días en sus funciones parlamentarias. El documento será debatido
por la Comisión antes del Pleno.
El informe sería remitido a la Fiscalía de la Nación.
