lunes, 18 de mayo de 2015

ESTA NOCHE lunes 18 mayo 2015



ESTA NOCHE, donde usted se entera no de todo lo que ocurre, sino de lo que necesita saber.


MENU DEL DIA


ü  Además del paro macrorregional anunciado para el 27 y 28 de mayo, en Espinar se prevé, el 19 y 20, protestas contra Antapaccay y Coroccohuayco, ambos de Glencore. El jueves 21 hay paro también contra el proyecto Majes Siguas II. En Puno, aimaras van al paro el 20 y 21 en rechazo de la concesión del cerro Tanapaca, en Pomata

ü  Continúa el bloqueo de carreteras hacia el Valle de Tambo, que comprende a Deán Valdivia, Punta de Bombón y Cocachacra. Marco Arana: “…el pedido es que el proyecto Tía María se suspenda de manera indefinida…”

ü  Ministra de Energía: “que en esta pausa la empresa (logre) revertir la visión que tienen los pobladores… porque nosotros defendemos al proyecto no a la empresa”. Grupo mexicano dueño de Southern responde que "se ha asegurado paso a paso de obtener todas y cada una de las autorizaciones requeridas y de incluir a las comunidades"

ü  Ollanta Humala desciende seis puntos en encuesta Ipsos Perú de mayo

ü  Ministro de Economía: "Tenemos que creérnosla, ya pasamos el punto de inflexión”


La opinión en MEDIA COLUMNA representa exclusivamente a su autor. Usted puede reenviar y publicar libre y gratuitamente cualquier MEDIA COLUMNA tomándola de este correo o de jorgemorelli.blogspot.com



MEDIA COLUMNA
El antisistema
ha olido sangre


Jorge Morelli
@jorgemorelli1
jorgemorelli.blogspot.com


El antisistema ha olido sangre. Ya caló a Ollanta Humala y sabe que no reacciona. Ahora prepara dos semanas de caos.

El epicentro es el sur del Perú.

En Espinar, Cusco, el jueves 21, se inicia un paro contra el proyecto Majes-Siguas en Areuipa. El proyecto deriva aguas de las nacientes del río Apurímac en el Cusco hacia la represa de Angostura y de allí a los ríos Colca y Siguas que bajan hacia el mar, hasta Majes.

La consigna radical es mover a la población del sur del Cusco para que se oponga a que el Cusco le dé el agua a Arequipa.

Para esto preparan simultáneamente -los días martes 19 y miércoles 20- protestas contra el proyecto minero Antapaccay, al sur de Espinar, no lejos de Tintaya. La zona es la de las cuencas altas del proyecto Majes-Siguas.

Mientras tanto, en Pomata, al lado del lago Titicaca, los antimineros están llevando a los aimaras a un paro los días 20 y 21 en rechazo de la concesión minera del cerro Tanapaca.

Y simultáneamente, al lado del mar, mantienen una garra en el bloqueo de carreteras en el Valle de Tambo, Arequipa, donde unos 300 activistas pagados -huaraqueros a los que su narrativa mediática denomina “espartambos”- responden a la dirigencia antiminera que exige el retiro definitivo de Southern de Arequipa.

El remate es el “paro macroregional del Sur” los días 27 y 28 de la próxima semana.  

En Lima, la Federación de Mineros prepara una marcha al Congreso con bases de Yanacocha, Antamina, Buenaventura, Atacocha, Milpo, Cerro Verde, Raura, Shougang,  HierroPerú y SiderPerú.

Guerra avisada. Estamos advertidos.


REPORTE DE NOTICIAS en Internet
Las siguientes notas periodísticas de política y economía han sido seleccionadas, editadas y ordenadas
temáticamente. No se las debe citar como tomadas directamente de sus fuentes originales, las mismas que se indican sólo como una forma de reconocer el crédito y agradecer la cortesía.



GOBERNABILIDAD, DEMAGOGIA, AUTORITARISMO, DEMOCRACIA



Peru21
Además del paro macrorregional anunciado para el 27 y 28 de mayo, en Espinar, Cusco, se prevé, este 19 y 20, protestas contra los proyectos mineros de Antapaccay y Coroccohuayco, ambos de Glencore, de capitales suizos.
Según el diario digital El Búho, el jueves 21 se iniciará una paralización en toda la provincia en rechazo al inicio de las obras del proyecto Majes Siguas II.
En Puno, los pueblos aimaras acordaron acatar un paro de 48 horas este miércoles 20 y jueves 21, en Chucuito, en rechazo de la concesión minera del cerro Tanapaca, en Pomata.



Expreso
Mineros de 115 bases afiliadas a la Federación Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú (FNTMMSP) acatan una huelga. Su dirigente, Marco Sarca, quien labora en la unidad minera San Rafael de la empresa MINSUR, en Puno. Mineros de distintas regiones se movilizarán por el centro de Lima al Congreso.
Según la FNTMMSP, entre las empresas mineras cuyas bases se están sumando están Yanacocha, Antamina, Buenaventura, Atacocha, Milpo, Cerro Verde, Raura, Shougang,  HierroPerú y SiderPerú.



El Comercio, Peru21
Al cumplirse 57 días de paro indefinido en rechazo al proyecto minero de Tía, continúa bloqueado al acceso de transporte hacia el Valle de Tambo. El bloqueo comprende los distritos de Deán Valdivia, Punto de Bombón y Cocachacra.
Las operaciones de la Policía en el valle de Tambo, epicentro del conflicto social por el proyecto minero Tía María, no dan resultado. En la zona viene actuando con impunidad un grupo de radicales antimineros que se hacen llamar ‘espartambos’, que se enfrentan a la Policía Nacional con huaracas. Sus líderes serían reservistas. Serían más de 300. Forman escuadras y distribuyen sus funciones. Cada escuadra está conformada por escuderos y huaraqueros, que también usan guantes gruesos para coger las bombas lacrimógenas lanzadas por los custodios y volvérselas a tirar. También cubren sus rostros. No están identificados, por lo que ninguno de estos ‘espartambos’ está preso o investigado.
El jefe de la Región Policial de Arequipa, general Enrique Blanco, explicó que se han desplegado unidades especializadas para identificarlos, pero añadió que aún no conoce quiénes los encabezan. Agregó que estos no tienen un lugar fijo para reunirse y decidir sus planes para evitar que puedan identificarlos. De acuerdo con Blanco, a cada ‘espartambo’ se le paga entre 20 y 50 soles diarios. Su alimentación y movilidad estarían a cargo de la Junta de Usuarios del Valle de Tambo. “No sabemos cómo es que los financian”, expresó.
El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria, José Vilca, rechazó el pedido de prisión preventiva de la Fiscalía contra Manuel Alejandro Ríos Humani (21) y Junior Maquera Ccahua (25), detenidos el jueves último durante los disturbios en la Ciudad Blanca. Según el juez, la Fiscalía no logró presentar pruebas.



El Comercio
Entrevista de Mariela Balbi a Marco Arana
(…)
…el pedido es que el proyecto Tía María se suspenda de manera indefinida. Eso aún no ha ocurrido…
(…)
Para dialogar, ellos plantean la suspensión del proyecto, la revisión del estudio de impacto ambiental por la Unops y realizar un proceso de consulta.
(…)
El gobierno y el ministro del Ambiente afirman que el EIA de Tía María ha cumplido la ley y que no se revisará. Tampoco habrá consulta alguna.
Por eso los conflictos sociales están vinculados a la minería…
(…)
¿Qué escenario se presenta? ¿Continuar con el paro?
Acabo de leer que el mensaje del presidente ha sido rechazado, que se mantienen firmes y que la población de Islay continuará con el paro indefinido.
(…)
Entonces, en esta pausa de 60 días no habrá diálogo.
Lo que Southern no ha hecho en cinco años se ha deteriorado con el conflicto. No creo que lo arregle en 60 días.
(…)



El Comercio
La ministra de Energía y Minas, Rosa María Ortiz, afirmó que Southern debe dar las mejores muestras de que está dispuesta a convertir en socio estratégico a los pobladores.
“Esperemos que en esa pausa la empresa tome las acciones adecuadas para lograr revertir la visión que tienen los pobladores de la zona y convencerlos de que el proyecto es viable, porque nosotros defendemos al proyecto no a la empresa”, refirió.



El Comercio, EFE
El Grupo México expresó hoy su "compromiso con Perú y con todas las comunidades". En comunicado emitido en México, afirmó que el proyecto Tía María, "se ha asegurado paso a paso de obtener todas y cada una de las autorizaciones requeridas y de incluir a las comunidades a través del Procedimiento de Participación Ciudadana".
Subrayó que ha modificado su Estudio de Impacto Ambiental a fin de utilizar únicamente agua de mar, "transportándola por más de 25 kilómetros y a mil metros sobre el nivel del mar, construyendo una planta desalinizadora con una inversión de 95 millones de dólares adicionales". "De esta forma, la empresa garantiza que el agua de pozos y presas del Valle del Tambo será utilizada exclusivamente para la agricultura y consumo humano", apunta.
La compañía dijo desconocer cuáles pudieran ser los intereses de los activistas que han logrado retrasar el proyecto "a través de bloqueos ilegales".



El Comercio
La aprobación del presidente Ollanta Humala sufrió una nueva caída. Según la última encuesta de Ipsos Perú, descendió seis puntos porcentuales de abril a mayo: de 27% a 21%, por la muerte de dos civiles y un policía en Islay.
“La sensación es que nada funciona. ¿Quién está a la cabeza del Estado? Pues, el presidente Humala y la opinión pública lo identifica como el principal responsable”, dijo Víctor Andrés Ponce. “Hay una sensación de desgobierno y falta de autoridad”, refirió.
Alfredo Torres comentó que ahora el 80% de la ciudadanía exige que se declare el estado de emergencia en Islay, decisión que Humala ha postergado durante dos semanas. Afirmó que la falta de liderazgo de Humala para hacer cumplir la ley y el orden, han dado como resultado que los opositores a la inversión minera estén ganando la batalla.



El Comercio
Alan García cuestionó con dureza al gobierno de Ollanta Humala. En carta dirigida a la juventud aprista, afirmó que el actual régimen “nació del dinero chavista” y afirmó que existe una campaña del humalismo contra el Apra, con el objetivo de “ocultar los inmensos casos de corrupción”. Indicó que Humala y su esposa, Nadine Heredia, están desesperados porque “detuvimos su proyecto chavista” y “evitamos la reelección conyugal”.
“[Los Humala] ofrecieron una gran transformación y han precipitado al país a una gran frustración”, refirió.



Peru21
Columna de Aldo Mariátegui
Si existe alguien especialmente responsable de estos desastres de Conga y Tía María, ese es Ollanta Humala. A ambos sitios fue irresponsablemente –era el único candidato que hizo eso– a soliviantar con demagogia barata, en su búsqueda voraz de votos, junto con su titiritera Nadine. Esta pareja de aventureros no vaciló conscientemente en alimentar miedos e inflar los recelos antimineros, acompañados de otros irresponsables como la Solórzano, esa secretaria virtual de Nadine que increíblemente ha llegado a presidir el Congreso…
(…)



Peru21
Columna de Juan José Garrido
Como era de esperarse, los grupos antimineros han aprovechado la victoria en Arequipa para convocar a un “paro macrorregional” los días 26 y 27 de mayo. Las movilizaciones no se producirán solo en la Macro Región Sur, donde se encuentra el proyecto Tía María –excusa para la protesta– sino en el norte, centro y sur del país. En otras palabras, escalan otro peldaño mientras que el gobierno y el Estado de derecho bajaron unos, hace pocos días.
Y ahí no acabarán tampoco las protestas. Nos informan que dichos grupos trabajan en un paro minero nacional para el 28…
(…)
…ya sabemos, el gobierno no hizo nada. Entonces, ¿sabían y no hicieron nada? ¿O no sabían?
(…)






LIBERTAD ECONOMICA, GLOBALIZACION, REFORMAS, INVERSION



El Comercio
Después que en la víspera decidiera mantener la tasa de interés de referencia de la política monetaria en 3,25%, el Banco Central de Reserva (BCR) aseguró que no se están contemplando nuevas reducciones.
Adrián Armas, gerente de estudios económicos del ente emisor, aseguró que se encuentran atentos a la inflación para considerar, de ser necesario, cambios en sus instrumentos de política monetaria. “Va a depender de cómo vaya llegando la información macroeconómica mes a mes”, afirmó.
Aseguró que estan muy atentos al desempeño de los sectores primarios y el gasto público, sobre todo la inversión de los gobiernos subnacionales.



El Comercio
El ministro de Economía, Alonso Segura, adelantó que el crecimiento que espera en abril será superior al 2,68% de marzo.
“La inversión pública en los gobiernos regionales ya creció por encima del 30%”, señaló.
Dijo que en el caso de los sectores cuyos indicadores son negativos, como el de construcción, se lanzarían medidas.
"Tenemos que creérnosla porque ya pasamos el punto de inflexión”, sostuvo. “Ya estamos en la curva ascendente”, aseveró.



El Comercio
La subida del dólar no le ha convenido a las empresas peruanas que han asumido deuda en esta moneda.
Un reporte reciente de Moody’s señala que 11 de 16 grandes corporaciones peruanas analizadas tendrían falta de liquidez para afrontar deudas de corto plazo y que la mayoría de compañías no ha asumido a tiempo derivados para cubrirse en caso ocurriera una fuerte variación en el tipo de cambio.
Para Francisco Durand, especialista en grupos empresariales e investigador de la PUCP, las empresas que han reinvertido y crecido en base a sus utilidades han sido más prudentes y tienen mejores posibilidades en el actual contexto.
Sin embargo, el nuevo CEO de AJE, el español Juan Lizariturry, defiende que la empresa haya tomado deudas por US$250 millones para expandirse hacia África y comenzar plantas en Egipto y Nigeria.
El grupo Intercorp tan agresivo en compras y lanzamientos, durante un buen período ha detenido ese vértigo de sumar nuevos negocios en el último año. Analistas consultados porDía_1 coinciden en que InRetail, su brazo comercial, podría tener dolores de cabeza más agudos porque el 80% de su deuda de S/.2.500 millones está en dólares. Además por la variación del tipo de cambio en el 2014 tuvo ya pérdidas por S/.114 millones.



El Comercio
El Perú nómada
Richard Webb
En la presentación de su obra “Los caminos del Perú”, el estudioso italiano Antonello Gerbi se impresionó por el carácter caótico y desestructurado que la geografía había impreso a nuestra nación. Además, expresó su sorpresa por cómo el reto de una “lucha sempiterna contra la naturaleza” había devenido en una fascinación y encariñamiento con los caminos. “Es cosa de ver con qué alegría, con qué empuje, los indígenas se apiñan alrededor de los trenes en todas las estaciones, cómo se amontonan hasta lo inverosímil en las camionetas de la sierra, cómo soportan las sacudidas, los traqueteos y los evidentes mortales peligros”.
Y contra todo obstáculo, el poblador se movía. A fines del siglo XVIII un virrey decía: “No se conocerá región alguna adonde transmigren más los indios que en el Perú”. Las limitaciones de clima y suelo para la agricultura lo obligaban al movimiento constante para alimentarse con alguna variedad, y a la vez lo liberaban de la necesidad de permanecer estático el año entero en un predio.
Durante siglos, el movimiento era principalmente vertical y local, para aprovechar la diversidad ecológica asociada a las diferentes alturas, aunque se sumaron traslados forzados por los autócratas del momento, como los mitimaes, poblaciones enteras reubicadas por los incas, y la esclavitud en las minas impuesta por la mita colonial. Desde inicios del siglo XX el ir y venir se fue volviendo más distante, respondiendo al desarrollo agrícola de la costa y a la apertura de la montaña. Finalmente, llegaron las olas de migración gigante y más permanente, del campo a la ciudad, y del Perú al extranjero.
Pero nada de ese pasado nos prepara para la explosión migratoria de los últimos veinte años. La repentina multiplicación de caminos, camiones, combis, buses interprovinciales, mototaxis y aviones ha sido como la rotura de un dique. La población se desparrama por todos lados, surcando tranquilamente sobre las anteriores barreras de ríos, desiertos, sierras y pantanos, usando el ubicuo celular para facilitar la logística y coordinación de tanto movimiento. El peruano ha tomado vuelo. O, casi podría decirse, el país se ha vuelto una ciudad.
Un resultado ha sido el abandono de la residencia en el campo. Hace veinte años dos de cada tres agricultores residían en la relativa soledad y con la carencia de servicios de su finca. Hoy es menos de la mitad. Una mayoría de los agricultores son ‘commuters’, viajando al trabajo desde una vivienda no ubicada en sus tierras, sin duda, con más servicios y vida social. Además, el agricultor ahora diversifica su economía trabajando más afuera de su chacra (40% emigra anualmente para laborar en las propiedades de otros agricultores, en obras de construcción o negocios propios; en 1994 la proporción fue 26%).
Para algunos, la migración es señal de desesperación, tierras agotadas y menores cosechas. Visité entonces Huayllay Grande en Huancavelica, que, entre los casi dos mil distritos del Perú, era el de menor desarrollo humano, el fondo del barril según el ránking del PNUD en el 2007. Allí descubrí que el jornal diario se había duplicado, de 10 a 20 soles diarios en el último decenio porque sus habitantes ahora viajaban con facilidad a trabajos urbanos y en los fundos de Ica. Además, sus chacras rendían más porque ahora vendían sus cultivos en la ciudad de Lircay. Esa historia de mayor acceso y movimiento se repitió cuando visitamos Quillo en la cordillera negra de Áncash, el segundo distrito más pobre del país. Allí, el jornal se ha elevado hasta 30 soles en el decenio.
La ley que ha elevado los salarios en esos distritos no es la del sueldo mínimo vital. La ley que sí está elevando los salarios para los pobres del Perú es la ley del mercado, potenciado por nuevos caminos y nuevos camioneros.






ANTICORRUPCION, PERSECUCION, JUDICIALIZACION POLITICA



Expreso
El superintendente adjunto de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Sergio Espinosa, informó que entre enero de 2007 y marzo de 2015 se lavaron activos por más de 11,000 millones de dólares en el Perú, siendo el narcotráfico el mayor factor relacionado a esta actividad ilícita.
De acuerdo al último reporte de la UIF, durante el citado período el monto total de dinero de actividades ilícitas asciende a 11,284 millones de dólares, que incluye el financiamiento del terrorismo.



El Comercio
Si una empresa desea adquirir productos como acetona, ácido sulfúrico, ácido muriático o kerosene debe tener una autorización especial y estar inscrito en un registro de Sunat. Eso evita que  estos materiales sean utilizados para un fin ilícito, como la elaboración de cocaína.
Sin embargo, ninguna de las empresas de 
Gerald Oropeza dedicadas al rubro de la limpieza tenía permiso para comprar estos insumos. Pese a ello, movieron durante años, toneladas de productos químicos. Según estimaciones de Ricardo Soberón, un promedio de 500 toneladas anuales.



El Comercio
El ex vocal supremo Robinson Gonzales, quien el viernes fue liberado por el Poder Judicial (PJ) tras haber sido detenido por supuestos vínculos con la red de Rodolfo Orellana, negó todo vínculo con la presunta organización criminal.
"[¿Ejerció la defensa legal de Rodolfo Orellana?] Algunos casos que él me encargaba. [¿Se puede saber cuáles?] No", dijo Robinson Gonzales.
Negó también tener algún tipo de vínculo amical con la jueza Sonia Bienvenida Torre Muñoz, quien votó el último viernes para que se anulara su detención preliminar.



Correo
William Paco Castillo visitó en tres oportunidades a Rodolfo Orellana. Fue captado ingresando al llamado búnker de Orellana en San Borja el 16 de agosto de 2013.
“Me reuní, sí, con él (Orellana), hablamos y me hizo algunas consultas”, señaló. Precisó  que sus reuniones fueron durante el año 2012 y se dieron en tres oportunidades.
Detalló que acudió para ver temas relacionados con consultorías jurídicas. “He sido un consultor”, sostuvo. “Las consultas de los abogados son remuneradas”, comentó. No quiso precisar sobre qué fue consultado.
Precisó que estos servicios se dieron antes de asumir la defensa del expresidente Alberto Fujimori.



RPP, EFE
Un grupo de gestores de los programas sociales Juntos y Pensión 65 robó más de un millón de soles destinados a personas en extrema pobreza de la región de Cajamarca, denunció el programa Cuarto Poder.
La información mostró el caso de una anciana que no pudo cobrar el beneficio social, consistente en 300 soles cada dos meses, por sufrir de parálisis y solo cuando se recuperó se enteró de que su dinero ya había sido retirado.
El caso fue descubierto después de que una de las gestoras implicadas decidiera colaborar con la justicia y ofreciera los detalles del retiro irregular del dinero.



El Comercio
Víctor Torres Romero, asesor del congresista José Luna y trabajador de la universidad Telesup, todavía esconde más sorpresas. De acuerdo a los registros del Jurado Nacional de Elecciones, Torres es nada menos que el tesorero de Solidaridad Nacional.
De acuerdo a esa base datos, el mismo día en que Torres se afilió al partido liderado por el alcalde de Lima Luis Castañeda, fue designado tesorero nacional de esa agrupación, en la que José Luna es secretario general y representante legal.
"Panorama" reveló que Torres fue contratado como especialista de la oficina técnica de apoyo a la Mesa Directiva del Congreso, cobrando por ello un sueldo de S/. 9 mil.
El presidente encargado de la Comisión de Ética del Congreso, Daniel Mora, anunció que abrirá de oficio una investigación al congresista José Luna por presuntamente haber contratado a tres "empleados fantasmas".



El Comercio
Aurelio Pastor llegó a las 8:20 a.m. a la Corte de Justicia de Lima a entregarse a las autoridades, luego de que el viernes el Poder Judicial ratificara una sentencia de cuatro años de prisión en su contra.

El abogado de Pastor, César Nakasaki, indicó que "no hay una justificación legal para que este hombre esté en la cárcel" y que presentará un recurso de casación que tiene por objetivo anular la sentencia judicial dictada la semana pasada. 

sábado, 16 de mayo de 2015

ESTA NOCHE sábado 16 mayo 2015



ESTA NOCHE, donde usted se entera no de todo lo que ocurre, sino de lo que necesita saber.

La opinión en MEDIA COLUMNA representa exclusivamente a su autor. Usted puede reenviar y publicar libre y gratuitamente cualquier MEDIA COLUMNA tomándola de este correo o de jorgemorelli.blogspot.com



MEDIA COLUMNA
Coctel molotov


Jorge Morelli
@jorgemorelli1
jorgemorelli.blogspot.com


En otros lugares el dueño del suelo es dueño también del subsuelo y todos sus recursos. Aquí, el dueño del subsuelo es el Estado y el poseedor del suelo puede descubrir a su puerta un día a un representante de una empresa privada que dice que ha llegado con el Estado a un acuerdo para excavar en su suelo. Este es el primer ingrediente que pone presión a la negociación entre las comunidades y las empresas.

El segundo es que el dueño del suelo no tiene título de propiedad. El Estado se lo niega. ¿Cómo entonces va a negociar el poseedor con la empresa un alquiler, una participación en el accionariado o en las utilidades, un contrato de alquiler o una servidumbre de paso siquiera si, al no tener título, no tiene seguridad jurídica ni certidumbre alguna de que no se van a quedar con su tierra? Este es el segundo ingrediente.

Agréguele ahora el tercero. Si la empresa es estadounidense (no así las británicas, canadienses y australianas que tienen 150 años de Antropología en las bibliotecas de Oxford y de Cambridge), existe la probabilidad de que esta diga a la comunidad que ya negoció con el Estado que le ha dado una concesión, que paga puntualmente a sus trabajadores, que si hace falta una escuela o una posta médica eso es responsabilidad del Estado, que para eso paga sus impuestos (menos aun mostrará inclinación alguna por apadrinar la fiesta patronal de la comunidad). Así que hágase a un lado porque voy a excavar.

Los tres ingredientes sumados ponen una presión enorme a la negociación entre las comunidades y las empresas. Fracasa fácilmente. La agitación de los tres –por cúpulas políticas que engañan a los comuneros- produce un coctel molotov al que solo le hace falta una chispa para estallar.

Lo sorprendente es que, a pesar de todo eso, la mayoría de negociaciones entre comunidades y empresas lleguen a buen término. Existen muchos casos exitosos que nadie conoce porque la prensa no repara en ellos. El “modelo Ollachea”, por ejemplo, por el que esa comunidad de Carabaya, Puno, tiene el 5% de las acciones de la empresa creada para la operación minera por la canadiense IRL, que cotiza en la Bolsa de Lima. Otro “modelo” es el de la participación en las utilidades de la empresa, de 3% en el caso de la europea Xstrata en Espinar. Hay infinidad de variantes del “modelo”.

Lo que hace falta es una política de Estado que rodee de garantías la negociación entre las comunidades y las empresas. Este marco tiene tres piezas: titulación por el Estado de la propiedad de la tierra comunal (y de la propiedad familiar privada dentro de la comunidad); “siembra de agua” por la comunidad y la empresa en las punas comunales (mediante obras por impuestos); y participación de la comunidad en la renta que produce la explotación del recurso (lo que el desnaturalizado canon debió ser antes de convertirse en la estafa del siglo). 

La llamada “licencia social” o, en su caso, la “consulta previa” favorable no es sino el resultado exitoso del contrato comunal-privado cuando es libre. Paradójicamente, para ser libre requiere del marco de esa política de Estado.



REPORTE DE NOTICIAS en Internet
Las siguientes notas periodísticas de política y economía han sido seleccionadas, editadas y ordenadas
temáticamente. No se las debe citar como tomadas directamente de sus fuentes originales, las mismas que se indican sólo como una forma de reconocer el crédito y agradecer la cortesía.




GOBERNABILIDAD, DEMAGOGIA, AUTORITARISMO, DEMOCRACIA



El Comercio
El presidente del Consejo de Ministros Pedro Cateriano anunció que la empresa minera Southern Copper ha dispuesto el cese temporal del proyecto cuprífero Tía María.
"He sido informado de que la empresa [Southern Copper] acepta una pausa para que este proyecto pueda ser discutido técnicamente", manifestó al pleno del Congreso tras el mensaje a la Nación emitido minutos antes por el presidente Ollanta Humala.
"No podemos imponer por la fuerza el proyecto", anotó. Sin embargo, dijo que "es obligación de todo Gobierno aplicar la Constitución y hacer prevalecer el principio de autoridad y el Estado de derecho".
Cateriano no lamentó la intervención de las Fuerzas Armadas en Islay para apoyar a la Policía Nacional en su labor de resguardar el orden. "[No] es algo que desechemos [el estado de emergencia]”, dijo.



El Comercio
Oscar Gonzáles Rocha, presidente ejecutivo de Southern Peru, envió hoy un comunicado confirmando que la empresa "propone una pausa, un intervalo" de 60 días a la ejecución del proyecto Tïa María.
"Solicitamos el tiempo y las facilidades necesarias para poder socializar el proyecto y despejar todas las dudas existentes en los próximos 60 días", señaló. "La empresa está dispuesta a hacer todo lo necesario en pro de la gobernabilidad", dijo.
De otro lado, anotó que “una empresa que busca el desarrollo y es socialmente responsable, no puede ser indiferente a una realidad que afecta directamente a la zona donde se ubica uno de sus proyectos… Me refiero a los lamentables hechos de violencia que vienen afectando a la
población del Valle del Tambo y que ahora se han trasladado a la ciudad de
Arequipa", agregó.



RPP
Los accesos al distrito de Cocachacra, en la provincia arequipeña de Islay, permanecen bloqueados, pese a la propuesta de la empresa Southern Perú de una “pausa” en el proyecto Tía María.
Los policías están en la comisaría del distrito, pero no salen a patrullar para evitar enfrentamientos.



El Comercio
Diversas organizaciones sociales del sur del país se reunirán hoy al mediodía en Arequipa para decidir acciones en conjunto. El dirigente Jorge del Carpio informó que no se descarta un paro macrorregional en Arequipa, Puno, Moquegua, Tacna, Cusco y Apurímac, contra el proyecto Tía María.
“Las organizaciones que decretaron un paro de 72 horas ahora tienen la tarea de trabajar una huelga general indefinida y no solamente en Arequipa, sino también en toda la Macrosur”, dijo.
Señaló que el mensaje a la nación dado por el presidente Ollanta Humala es la reiteración de que no piensa cumplir su compromiso con el pueblo del Valle de Tambo en 2011.
“Lo único que ha ofrecido es represión. Ha pedido al Ministerio Público y al Poder Judicial que hagan su trabajo, es decir reprimir al pueblo”.



El Comercio
Nadine Heredia respaldó el mensaje a la Nación del presidente Ollanta Humala sobre el proyecto Tía María.
"El presidente Ollanta Humala sigue firme en la defensa del Estado de derecho y el orden jurídico. ¿Estaremos listos todos por encima de los intereses personales?", escribió en su cuenta de Twitter.
También cuestionó a quienes exigen al Ejecutivo paralizar Tía María. "No señalan cómo se haría [la suspensión] sin que ello impacte negativamente y siente un precedente", enfatizó.
"A los que demandan la autoridad del Estado, recordarles que esta se ejerce en conjunto: los poderes del Estado y los líderes políticos [...] ¿O seguiremos pateando responsabilidades mientras violentistas impiden las inversiones en el país, frenando el desarrollo de nuestros hijos?", destacó.



El Comercio
La pausa de 60 días propuesta por Southern Perú para socializar su proyecto cuprífero Tía María ha suscitado opiniones dispares en el empresariado.
La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SMPE) saludó la decisión de sus asociada.
El presidente de Confiep, Martín Pérez, manifestó que la propuesta de Southern abre una opción de diálogo que los peruanos estamos obligados a tomar.
Para el economista Pablo Bustamante, director de Lampadia, la decisión pone en riesgo la inversión que el país necesita. "Si Tía María se convierte en un Conga, pasará lo mismo con el próximo proyecto minero, y con el siguiente, y allí se acabó toda la inversión. No solo hablamos de que Arequipa retrocedería a la época del conflicto en torno a Egasa [2002], en que se paralizaron todas sus inversiones. Podría suceder lo mismo en el país", exclamó.



El Comercio
El desborde popular en acción
José Matos Mar
El proyecto Tía María es muy importante para el país. Por ello, es fundamental que los científicos sociales ayudemos a entender el conflicto en toda su dimensión. Para mí es un ejemplo vivo de lo que he llamado desborde popular. Con apoyo de un colaborador, propongo algunas claves de este drama.
Primer acto: Incomprensión de la realidad. Como todo valle costeño, el del río Tambo tiene tres sectores muy bien diferenciados: el bajo, formado por agricultores independientes; el medio, formado por los obreros de la Central Azucarera Chucarapi; y el alto, formado por campesinos. El sector bajo corresponde a los distritos de Deán Valdivia y Punta de Bombón, con 12 mil pobladores; mientras que el medio y alto corresponde al distrito de Cocachacra, con 10 mil pobladores.
Una consultora extranjera elabora el diagnóstico y trata a todos como si fueran una realidad homogénea. Como consecuencia, la negociación del estudio de impacto ambiental (EIA) se hace con los pobladores del sector bajo, sin tomar en cuenta al medio y al alto, que son las zonas de influencia directa del proyecto minero. Conclusión: sector alto y sector medio excluidos pese a ser tan numerosos como el sector bajo.
Segundo acto: Error empresarial. En diciembre del 2013, la empresa interesada lleva a cabo la audiencia pública que manda la ley y, conocedora de la resistencia del sector bajo, trae desde Arequipa a un centenar de jóvenes estudiantes que sustituyen a los agricultores. En 30 minutos exponen el EIA de 300 páginas y “absuelven” las 138 observaciones formuladas por la Oficina de Proyectos de las Naciones Unidas. Conclusión: sector bajo también excluido del conocimiento del proyecto. 
Como era lógico de esperar, en ese momento nace la protesta.
Tercer acto: Miopía del gobierno. Ajeno a estas dos realidades, en abril de este año el actual primer ministro visita Mollendo y demanda “orden”. Inmediatamente se desata la violencia. Si de verdad quería poner orden, hubiese sido más aconsejable no viajar a Mollendo y a cambio ir a la avenida Las Artes de San Borja para sancionar a los funcionarios del Ministerio de Energía y Minas que se prestaron al despropósito de no cumplir la ley en la audiencia de aprobación del EIA.
Además, el Ejecutivo forma una comisión con cuatro respetables técnicos, ministros de Estado, para negociar con los dirigentes opositores del proyecto. El supuesto implícito es que el problema es técnico y no político o social. Los opositores se dan el lujo de desairar a los ministros, a la presidenta del Congreso y a la gobernadora regional. Un incidente inadmisible que me hizo recordar que en el 2004, en el Caso Ilave, Luis Thais hizo llevar a Puno a los dirigentes renuentes en patrullero y luego de hablar con ellos se fue solo sin policía a la plaza de Ilave, donde saludó en aimara a la población e inició el diálogo. Una mezcla de firmeza y apertura democrática que ahora se hizo extrañar.
Conclusión: la protesta, lejos de aplacarse, se encrespa hasta hacerse inmanejable.
Luego nadie supo qué hacer. Los opositores extreman su violencia para provocar un muerto más y lo logran. El gobierno apuesta por la militarización. La empresa no sabe si continuar o paralizar el proyecto.
Colofón. Este resumido balance nos arroja tres factores claves: 1°. El punto de partida de la empresa estuvo errado; 2°. Debido a ello, en la negociación no están todos los actores sociales que deberían estar; y 3°. Quienes deben negociar políticamente por el gobierno no han sabido hacerlo bien.
¿Todo está perdido o hay salidas viables y racionales? Considero que sí las hay. 
Primero, el gobierno debe reconocer que este no es un problema técnico, que no se trata de ofrecer una obra de agua potable a un alcalde o de encarcelar a un extremista. Eso no resuelve el resentimiento histórico del valle con la empresa ni crea condiciones sostenibles para la inversión. La mejor solución sería designar a un alto comisionado, cercano a la Presidencia de la República, que dirija un nuevo proceso y realice ofertas y establezca compromisos políticos.
Segundo, en lugar de negociar con solo una parte del valle, debería incluirse a las organizaciones de los sectores medio y alto que también tienen algo que decir y que han estado al margen de este conflicto. Nótese que la violencia se ha producido del puente Pampa Blanca para abajo, en solo un tercio del valle, y entre Mollendo y Matarani la zona más lejana del proyecto.
Por último, si la empresa desea convivir en el largo plazo con el valle, debería comprometerse a apoyar un proyecto de desarrollo microrregional a 20 años. Si así lo hiciese, ¿alguien se opondría?



El Comercio
Antimineros (para dummies)
Carlos Meléndez
A estas alturas, Pepe Julio Gutiérrez se ha convertido en el dirigente social más (tristemente) célebre del país. Presumiblemente negoció con la Southern la desmovilización de las protestas contra Tía Maríapor unas millonarias “lentejas”. Su caso no debería ser novedad: la dirigencia social –sobre todo cuando carece de representatividad– no es ajena a la corrupción. Si esta llega a los funcionarios de cuello blanco, también alcanza –con mucha más razón– a la “burocracia” del reclamo social.
En tantos años de conflictividad, pocos han aprendido la lección. Comencemos el repaso. Primero: no existe líder, caudillo, agitador o “huaraquero” que pueda arrogarse algún nivel decente de representatividad del descontento. Ni Gutiérrez ni Marco Arana, ni Ollanta Humala –en su momento más “polo rojo”–. Ninguno. Los canales de intermediación política y social en el Perú están rotos. Por dicha debilidad, los dirigentes sociales ven reducidas sus funciones a las de simples operadores políticos –una suerte de brókeres de la demanda insatisfecha– sin capacidad real de control, ascendencia y dirección del movimiento social. (Sí, estimado minero-dueño-del-Perú, usted estuvo haciendo mal negocio).
Segundo, y aunque usted no lo crea, estos “azuzadores” son los menos radicales (no tendrían, de hecho, línea directa con emisarios de las mineras). La protesta social sostenida atrae a indignados y directos afectados tanto como a anarquistas y militantes de la violencia. La protesta legítima es, a la vez, una puerta falsa donde se infiltran operadores de la disfuncionalidad social. Normalmente estos portan una voz anómica que gana terreno conforme se socava la legitimación de los dirigentes más moderados y se perpetúa el enfrentamiento.
Así, llega el momento en que el colectivo se vuelve incontrolable. Gutiérrez lo expresa claramente (para diario “Gestión”): “Qué se puede hacer ante una masa, no son los alcaldes, no son los presidentes de las juntas, sino es una masa humana (la que dirige la protesta)”. La movilización violenta es el fracaso del bróker, no su capital, como interpreta cierta prensa. El comportamiento colectivo disruptivo desborda a dirigentes y autoridades. Los alcaldes distritales y la gobernadora Osorio son, especialmente, “testigos privilegiados” de brazos cruzados. El escalamiento de la protesta sobrepasa los “superpoderes” de los manipuladores o de quienes “engañan a la población”.
La causa del conflicto no es la desinformación sino la insatisfacción. No hay estrategia de comunicación de EIA (evaluación de impacto ambiental) que valga. Un 25% de peruanos –según Ipsos– cree que el país está retrocediendo, luego de tantos años de crecimiento económico. ¿Cuándo vamos a entender que mientras el ciudadano promedio se sienta perdedor, habrá espacio para sacar a la calle su bronca? Mientras proyectos como Conga y Tía María se conviertan en símbolos del mediocre statu quo (gracias al mandatario y a las ensimismadas élites empresariales, cuyo mayor contacto con la realidad es la “empleada doméstica”), existirán “antimineros”. No me refiero a esos “irracionales vándalos” amotinados en Arequipa, sino al 33% de peruanos que señala que un proyecto minero perjudica al país: 15% en el NSE A (¡!), 29% en B, 32% en C, 37% en D y 39% en E. Nada más viejo que la lucha de clases.






ANTICORRUPCION, PERSECUCION, JUDICIALIZACION POLITICA



El Comercio
El ex vocal supremo Robinson Gonzales, su hija Olga Gonzalez, Blanca Paredes y Álvaro Delgado, todos implicados en la red criminal de Rodolfo Orellana, fueron liberados hoy por el Poder Judicial, que revocó su detención preliminar.
La Sala Penal Nacional dispuso que Robinson Gonzales y los otros, que fueron capturados durante el operativo en contra del aparato legal de Rodolfo Orellana la semana pasada, llamado operación Tempestad; fueran puestos en libertad por no haber pruebas para mantenerlos en detenidos.
La sala integrada por las jueces Edita Condori (presidenta), Sonia Torre Muñoz y el ponente Rómulo Carcauto solicitó también investigar al juez que dispuso la captura de Robinson Gonzales y los otros implicados.
"Uno siente que estamos viviendo en un país en el que cualquier cosa puede suceder. Se está perdiendo la vergüenza", declaró el fiscal a El Comercio. Recordó que, pese a que presentó un recurso de recusación en contra de los jueces de la sala, estos resolvieron.
Detalló que la recusación se basó en que una jueza había trabajado cercanamente con Robinson Gonzales.
Consultado sobre si había peligro de fuga de los implicados, el fiscal respondió: "Cómo no va a haber peligro de fuga si es crimen organizado. El peligro de fuga era evidente".



El Comercio
El ex ministro aprista Aurelio Pastor fue condenado hoy a cuatro años de prisión efectiva por delito de tráfico de influencias.

Pastor fue hallado responsable de tráfico de influencias por haber solicitado el pago de S/.60 mil a la alcaldesa de Tocache Corina de la Cruz a cambio de ayudarla a solucionar su problemas en el Jurado Nacional de Elecciones y en una Fiscalía Suprema en el 2012.