miércoles, 3 de agosto de 2016

ESTA NOCHE miércoles 3 agosto 2016


  
ESTA NOCHE, donde usted se entera no de todo lo que ocurre, sino de lo que necesita saber.

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MEDIA COLUMNA
Apuesta temeraria


Jorge Morelli
@jorgemorelli1
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El ministro de Economía, Alfredo Thorne, finalmente ha soltado su paquete de medidas tributarias. Son doce, pero podemos arracimarlas en tres.

Primero, el IGV se reduce en un punto desde enero. Seguirá bajando si mejora la recaudación y aumenta la formalización. Podemos adelantar lo que ocurrirá: nadie se va a formalizar. La formalización no tiene nada que ver con el IGV. Tiene todo que ver con el crecimiento de la economía.

La informalidad disminuye cuando crece la economía y aumenta la productividad, no por la reducción del IGV. Esa es la conclusión del ex ministro y doctor en Econometría Jorge Baca Campodónico. La experiencia respalda esa conclusión.

Para formalizar, sin embargo, y recaudar más la novedad que Thorne propone es que ya no se necesitará RUC para ser contribuyente, solo DNI. Con DNI en vez de RUC, todo pago con tarjeta generará una factura cuya copia irá a la Sunat. Al final, se dejará de utilizar boletas. Será más difícil usar efectivo para compras grandes. Nadie sabe qué marco temporal tendrá este proceso.

Otras medidas son para controlar la evasión. Habrá amnistía para que los peruanos que tienen dinero fuera y no han pagado sus impuestos traigan de vuelta el capital. Solo que ese capital va a venir cuando haya oportunidades de inversión y no por una amnistía. Y entonces vendrá sin necesidad de amnistía.

Revisará el Ministro también la ley anti elusión para recortarle discrecionalidad a la Sunat. Y habrá amnistía de moras, igualmente, para la deuda judicializada (que es de 46 mil millones de soles). Eso se llama Telefónica. De todos estos arrepentimientos sinceros, Thorne espera salir con más plata y no con menos.

El último grupo de medidas es sobre el Impuesto a la Renta. Thorne evalúa seguir reduciéndolo. Las personas naturales tendrán más deducciones: actualmente descuentan siete UIT, podrán descontar catorce si presentan facturas de salud, seguros o educación.

Además, las micro y pequeñas empresas no pueden pasar de pagar 10% de Impuesto a la Renta a pagar 28% cuando crecen. Finalmente, Thorne evalúa si las empresas deben o no pagar más Impuesto a la Renta cuando reparten dividendos. De esto no va salir más plata, sino menos.

Nadie sabe cuál va ser el resultado neto de esta apuesta temeraria. El ministro no se toma la molestia de mostrar cifras. Lo que sí sabemos ahora, por su propia declaración, es que quien insiste en la temeridad no es el Ministro, y menos el Premier, sino el Presidente.



REPORTE DE NOTICIAS en Internet
 Las siguientes notas periodísticas de política y economía han sido seleccionadas, editadas y ordenadas
temáticamente. No se las debe citar como tomadas directamente de sus fuentes originales, las mismas que se indican sólo como una forma de reconocer el crédito y agradecer la cortesía.


LIBERTAD ECONOMICA, GLOBALIZACION, REFORMAS, INVERSION



El Comercio
Entrevista a Fernando Cillóniz, gobernador regional de Ica
¿Se han tomado medidas por el déficit hídrico de Ica?
La situación es crítica. Si no traemos agua de cuencas vecinas, se reducirá la producción agrícola. Hay un proyecto para traer 200 millones de metros cúbicos de agua desde los ríos Pisco y Pampas. Ese proyecto está en Pro Inversión y nos frustra que avance a paso de tortuga.
(…)
¿Ha conversado con el presidente Kuczynski?
Me he reunido con el presidente y me ha dicho que quiere destrabar los proyectos de inversión. Levantar, por ejemplo, las observaciones del estudio de impacto ambiental del puerto de Pisco, mover a Pro Inversión para que inicie los trabajos de trasvase de aguas para Ica, modificar la gestión de las empresas prestadoras de servicios públicos que son un fracaso.
El presidente no habló de privatizar, sino de cambiar a quienes no han sabido gestionar. También hemos hablado sobre el canon hídrico.
¿Podría explicar en qué consistiría ese canon?
Es un mecanismo de compensación de la costa hacia la sierra. Hay muchas empresas ubicadas en la costa que irrigan con agua que viene de la sierra. Estas empresas generan tributos que van al Gobierno Central y no revierten a las fuentes. La idea es que parte del Impuesto a la Renta que pagan vaya a las regiones de donde se sacó el agua. A diferencia del canon minero, que es temporal porque los yacimiento se agotan, es una renta perpetua, un reparto más equitativo de la riqueza que genera el agua.
(…)
—El presupuesto de las regiones depende cada vez más de las transferencias del Gobierno Central y los recursos por canon y sobrecanon han disminuido. 
Por fortuna, Ica y el resto de la costa no necesitan del canon minero para hacer una autopista, una ferrovía o un proyecto de trasvase de aguas. Podemos convocar a empresas privadas para que desarrollen esquemas de concesión y que los usuarios paguen las obras con peajes, pasajes o tarifas por el uso del agua. Considero que los pocos recursos públicos del Gobierno Central deberían derivarse hacia la sierra y la selva, donde la figura de la concesión es menos atractiva para los privados.



El Comercio
El ministro de Economía y Finanzas (MEF), Alfredo Thorne, reveló al diario Gestión que trabaja modificaciones tributarias que serían planteadas en el pedido de facultades.
En total, son doce las medidas tributarias en evaluación, algunas de ellas ya decididas.
1.- Desde enero 2017 se reduce en un punto porcentual el IGV a 17%. El MEF seguirá reduciendo el IGV en los siguientes años si se logra mejorar la recaudación y aumenta la formalización.
2.- Cuando se tenga un sistema de digitalización completo, se dejará de utilizar boletas de venta y se pasará a factura electrónica. La idea del MEF es que los pagos a través de POS generen inmediatamente una copia a la Sunat.
3.- Se modificarán los regímenes tributarios que se aplican a las micro y pequeñas empresas. Actualmente, las empresas pasan de pagar un Impuesto a la Renta de 10% en el RER a pagar 28% cuando crecen, lo cual es demasiado. El MEF establecería más etapas conforme la mype crece.
4.- Habrá amnistía para que los peruanos que tienen dinero fuera del país y no han pagado impuestos, traigan esos capitales al país. Se podría fijar una tasa de impuesto y se les dará seis meses para regularizar.
5.- Habrá amnistía de moras para la deuda judicializada que asciende a 46 mil millones de soles. Además, se intentará cerrar el paso a las empresas para que no judicialicen sus deudas.
6.- Se revisará totalmente la ley antielusión. La actual ley y el reglamento trabajado (no aprobado) otorga mucha discrecionalidad a la Sunat.
7.- Peruanos ya no necesitarán tener RUC para convertirse en contribuyentes, solo se usará el DNI.
8.- Las personas naturales podrán tener una mayor deducción a la hora de pagar su Impuesto a la Renta. Actualmente, solo descuentan 7 UIT, pero se podría descontar hasta 14 UIT cuando se presenten facturas de salud, seguros y educación. Las personas decidirán si descuentan las 7 UIT automático o si de acuerdo a las facturas.
9.- Todo gasto realizado a través de un POS será una factura. Eso se facilitará cuando el documento a utilizarse en vez del RUC sea el DNI.
10.- Se tratará de limitar el uso de efectivo para la compra de automóviles y viviendas.
11.- Evaluarán seguir con la reducción del Impuesto a la Renta.
12.- Se considera cambiar el que las empresas paguen más Impuesto a la Renta cuando repartan dividendos. Mecanismo no ha servido para elevar el cash de las empresas sino para que los ejecutivos se repartan bonos.



Expreso
Tasa del IGV e informalidad
Jorge Baca Campodónico
El ministro de Economía entrante machaconamente insiste en la reducción del IGV como estrategia central para reducir la informalidad. Miembros del gabinete entrante han anunciado que la reducción del IGV será parte del pedido de facultades legislativas. Por su parte miembros de la bancada de Fuerza Popular se han manifestado en contra de la reducción de la tasa del IGV. En esta entrega presentamos un breve análisis econométrico que demuestra, con base a los datos estadísticos existentes, que la disminución del IGV no tiene efecto directo en la reducción de la informalidad.
La tasa legal del IGV es 18 % del valor agregado (ventas totales menos compras totales) de todas las actividades económicas del país. Teóricamente se esperaría que la recaudación del IGV fuera equivalente al 18 % del PBI ya que este último es semejante al valor agregado de la economía. En la práctica sin embargo la recaudación del IGV es inferior al 18 % del PBI debido a la presencia de exoneraciones de diferentes bienes y servicios (educación, salud, etc.), exoneraciones de regiones (zona de selva por ejemplo), tamaño de la empresa (Régimen Único Simplificado, RUS) y a la presencia de evasión tributaria. Al porcentaje que la recaudación del IGV representa del PBI se le conoce como “tasa efectiva del IGV”. La tasa efectiva es inferior a la tasa legal y fluctúa de acuerdo a como cambien las exoneraciones, las acciones administrativas de la SUNAT, el crecimiento económico de los diferentes sectores, y la evasión tributaria.
La informalidad del sector laboral se define como el porcentaje de la fuerza laboral que no paga las contribuciones a EsSalud y al sistema previsional (ONP y AFPs). Para nuestro análisis definimos informalidad laboral como el porcentaje de la fuerza laboral que no paga contribuciones a EsSalud según lo reportado por la SUNAT en su Nota Tributaria mensual.
En el Gráfico 1 se muestra la evolución mensual promedio de la tasa efectiva del IGV y de la Informalidad para el periodo 2004 – 2015. Se observa claramente que existe una relación inversa (correlación negativa) entre la tasa del IGV y la informalidad. Los datos estadísticos de los últimos 12 años nos dicen que cuando aumenta la tasa efectiva del IGV la informalidad disminuye y que cuando la tasa efectiva disminuye la informalidad no disminuye. En particular, en los últimos dos años la tasa efectiva del IGV ha venido disminuyendo mientras que la informalidad en lugar de caer se ha estancado en 73 %. En otras palabras, la reducción de la tasa efectiva del IGV no ha reducido la informalidad laboral.
Del análisis anterior es evidente que la evolución de la tasa del IGV no explica la evolución de la informalidad en el Perú. Como también es ilógico pensar que el aumento de la tasa efectiva del IGV sea la causa de la disminución de la informalidad; entonces tenemos que buscar otros factores que expliquen la disminución de la informalidad del 88 % al 73 % entre 2004 y 2013 y su estancamiento en los últimos dos años.
La experiencia de otros países nos dice que los factores que más explican la evolución de la informalidad son la productividad laboral y el nivel relativo del costo salarial respecto a la productividad laboral de un país. La productividad laboral se mide dividiendo el PBI total por el número de trabajadores empleados. La productividad laboral nos dice cuántos miles de soles produce en promedio cada trabajador en un período de tiempo. En nuestro caso medimos la productividad mensual que se obtiene dividiendo el PBI mensual por el número de trabajadores empleados. Esta medida facilita la comparación de la productividad con el salario mínimo mensual y otros factores del costo salarial.
En el Gráfico 2 se presenta la evolución mensual de la productividad laboral (en soles por mes) y de la informalidad para el periodo 2004 – 2015. Observamos claramente la relación inversa entre la productividad y la informalidad. A mayor productividad laboral menor informalidad. El estancamiento del incremento de la productividad observada en los últimos años ha generado un estancamiento en la disminución de la informalidad.
La relación inversa entre productividad e informalidad se hace aún más evidente (una correlación estadística aún mayor) si utilizamos el concepto de productividad neta que mide la diferencia entre la productividad laboral y el costo salarial. Cuanto mayor es la brecha entre la productividad laboral y el costo salarial, menor es la informalidad y viceversa. Por ejemplo, si asociamos el sueldo mínimo al costo salarial, entonces un aumento del sueldo mínimo, cuando se tiene un estancamiento de la productividad laboral, es contraproducente pues la brecha entre la productividad y el costo salarial disminuye y por lo tanto se genera un aumento de la informalidad. De la misma manera si aumenta el costo del despido, el costo salarial aumenta. Al aumentar el costo salarial la brecha entre la productividad y el costo salarial disminuye y por lo tanto aumenta la informalidad.
Del análisis anterior podemos concluir que un conjunto de medidas que flexibilicen el mercado laboral harían que el costo salarial sea menor y por lo tanto contribuirían a la disminución de la informalidad laboral. De la misma manera un conjunto de medidas que contribuyan a aumentar la productividad laboral harían que disminuya la informalidad. Definitivamente este tipo de medidas serían más efectivas en la reducción de la informalidad que una disminución de la tasa del IGV.
Por lo tanto, el actual ministro de Economía haría bien si en lugar de insistir en la reducción del IGV, llegara a un consenso con la bancada de Fuerza Popular sobre medidas que propicien el aumento de la productividad laboral y/o disminuyan el costo salarial.



ESTA NOCHE (tomado de El Comercio)
El Presupuesto 2017 deja poco margen al Ministerio de Economía (MEF) para las políticas planteadas debido a los ingresos bajos frente al 2015, y al cumplimiento de la regla fiscal que establece un menor techo al déficit público para los próximos años.
Los ingresos del gobierno en el 2017 alcanzarían entre el 19,3% y 19,6% del PBI, debido a la reducción y devolución de impuestos del gobierno de Humala en el 2014.
Asimismo, la regla de disciplina fiscal impone al MEF la reducción del déficit de este año a 1,5% para el 2017 y a 1% para el 2018, con la finalidad de mantener la deuda pública en 25,9% del PBI.
Ambos componentes del Presupuesto empujan a la nueva administración a reducir su gasto. .
El ministro de Economía, Alfredo Thorne, ha adelantado que solicitará al Congreso la expansión del déficit fiscal a 2,5% del PBI.
El economista Juan Mendoza dice que, para que la economía crezca 4,6% el 2017, el déficit fiscal tiene que mantenerse en 2,5% del PBI potencial, con un nivel de deuda pública de 26,6% del PBI. Si se disminuye como plantea la regla fiscal, asevera, la demanda interna disminuiría entre 1,2% y 1,8% del PBI.
No obstante, PPK anunció que reducirá el IGV en un punto porcentual a partir del 2017.
“Si no hay reactivación, lo más probable es que no puedan atender muchas de las promesas que están haciendo. Si las atienden, el déficit se va a 4% o 5%”, alerta Carlos Oliva. Oliva cuestiona que el plan de formalización del Gobierno no contemple la flexibilización laboral.



El Comercio
¿Conviene endeudarnos?
Carlos Adrianzén
(…)
Los gobiernos de turno tienen usualmente innumerables presiones de gasto. Por compromiso con lo ofrecido o los usuales afanes de popularidad, tratan de gastar cuanto pueden. Las cosas funcionan relativamente bien cuando los ingresos tributarios crecen sostenidamente. Cuando esto no sucede, aparecen los déficit y estos deben cubrirse incurriendo en un nuevo endeudamiento.
La clave aquí implica tanto el costo de la deuda soberana como la evolución previsible de los ingresos tributarios. Con ingresos en caída y un alto costo en la emisión de bonos soberanos, el gobierno debe retraer su gasto.
Pero esto último no es popular ni simpático. Sobre todo dada la usual miopía de esos episodios y que la deuda en juego no es de los gobernantes.
Por ello, aquí tres perlitas que deben recordarse.
Primero: un déficit fiscal creciente con ingresos tributarios en caída no es una buena carta de presentación si se desea vender más bonos. Si además las tasas implícitas de la deuda soberana peruana ex ante ya bordean establemente el 5% anual para sus deudas internas y externas, la cosa es más complicada.
Segundo: sostener que tenemos poquita deuda (29% del PBI incluyendo la deuda interna) y que por ello debemos endeudarnos más es algo iluso. Más aun considerando el costo que pagamos hoy (dado nuestro default selectivo de la deuda agraria) y el que arrastremos un dólar controlado acompañado de una pérdida constante de divisas.
Tercero: se dice que nos endeudaríamos para financiar obras públicas en infraestructura. Este dicho nos recuerda el caso del borracho que pide un préstamo escolar para sus hijos y el bar de la esquina celebra porque van a aumentar sus ventas.
No olvidemos que el grueso del gasto público es burocrático y las presiones actuales por inflarlos son casi explosivas.






NARCOTERRORISMO, INTELIGENCIA, FFAA, DDHH, USO DE LA FUERZA



El Comercio
El comandante PNP Raúl Prado Ravines, vinculado a la Dirección de Inteligencia de la Policía (Dirin), negó que haya encabezado un grupo de agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) que ultimó delincuentes de forma extrajudicial con el fin de obtener ascensos y reconocimientos.
Como se conoce, un informe de la Inspectoría de laPNP señaló que Prado Ravines dirigía y pagaba a informantes civiles para captar y convencer a malhechores de poca monta de perpetrar asaltos o secuestros. Esto con la finalidad de simular golpes, hacerlos pasar como enfrentamientos y con ello conseguir distinciones.
Según el informe de Inspectoría de la PNP, el denominado 'Escuadrón de la muerte' dio muerte a 27 delincuentes: 18 en Lima, 5 en Chiclayo y 4 en Chincha, entre los años 2011 y 2015. Por ello, el documento solicita a la fiscalía iniciar una investigación contra Prado Ravines y otros 90 policías por la presunta ejecución extrajudicial de los criminales.
El mencionado caso fue calificado por el ministro del Interior, Carlos Basombrío, "como una acusación extremadamente seria". Él aseguró que en diez días se esclarecerá los hechos denunciados.



El Comercio
Prado y la brigada Lobo
Cecilia Valenzuela
En los últimos días, el país ha conocido de una organización criminal al interior de la Policía Nacional durante el gobierno de Ollanta Humala. Un completo expediente elaborado por la propia Inspectoría de la PNP reúne los documentos que sustentan tal afirmación. La responsabilidad principal recae en el comandante Enrique Prado Ravines; sin embargo, nadie puede creer que un oficial de mando medio pueda operar ilegalmente con tanta impunidad y durante tantos años sin la protección de su comando y la anuencia de sus jefes.
Las falsas operaciones que se montaron habrían beneficiado económicamente a Prado y a sus hombres, eso no será difícil de establecer; pero hay que investigar cómo consolidaron al viceministro Iván Vega y al general Vicente Álvarez en el poder y los convirtieron en los operadores principales de Nadine Heredia.
En más de una oportunidad los psicosociales ejecutados por Prado Ravines distrajeron a la ciudadanía y a la prensa de las denuncias que enfrentaba la esposa de Humala. Muchas veces poniendo en riesgo la vida de inocentes.
El historial de puestos que ha ocupado el comandante Prado, mientras estuvo bajo la protección de Iván Vega y el general Vicente Álvarez, resulta desconcertante: en un oficio del 2 de julio del 2013, Álvarez, entonces jefe de la Dircote, solicita el traslado de Prado y sus hombres a su unidad, dice en el texto que los necesita para que lo apoye en el Vraem. Inmediatamente, la Dirección de Inteligencia obedeció y al día siguiente, el 3 de julio, Prado estaba despachando en la Dirección contra el Terrorismo, pero en lugar de enviarlo al Vraem, como lo refirió en su solicitud, Álvarez lo asignó a la unidad de terrorismo internacional que estaba bajo el mando del coronel Juan Padilla, otro de los altos oficiales de inteligencia que integraron la brigada Lobo.
A mediados del 2012, el viceministro de Orden Interno, Iván Vega, y su inseparable general, entonces jefe de la Dircote, Vicente Álvarez, formaron la brigada Lobo para atribuirse los éxitos del comando conjunto en la zona convulsionada; para intervenir en cuanta operación se diseñara, le habían prometido a Ollanta Humala que atraparían a los Quispe Palomino y lo convertirían así en el presidente que acabó con el terrorismo. Y para manejar los presupuestos para la inteligencia en el Vraem.
Al final lo único que la tal brigada atrapó fueron los dineros asignados para la inteligencia policial en la zona convulsionada. Las irregularidades que se cometieron no solo alcanzarían al comandante Prado y sus guiones sangrientos; pasarían también por importantes sumas de dinero del Estado depositadas en una cuenta a nombre del coronel Padilla Alvarado, un hecho que la Dirección de Economía de la Policía tendrá que absolver.
El ministro Basombrío ha prometido resultados en los próximos diez días y ha formado una comisión para esclarecer los hechos hasta las últimas consecuencias. Aun así, el director general de la policía sigue siendo el mismo que protegió al comandante Prado y a su grupo de las investigaciones de su propia inspectoría; y el general Álvarez y el coronel Padilla –jefe directo de Prado cuando este diseñó y ejecutó la falsa y criminal operación de Los Norteños– mantienen sus puestos de mando y están en condiciones de actuar sobre una documentación que no se debe perder.



El Comercio
"Yo no tengo ninguna vinculación con el partido del gobierno que se fue", manifestó el ministro de Defensa, Mariano González, sobre su participación en el gobierno de Ollanta Humala.
Un informe de "Latina" recordó que el titular del Mindef fue asesor de la Comisión de Inteligencia del Parlamento a pedido de la ex legisladora nacionalista Ana María Solórzano.
Mariano González permaneció allí hasta poco antes de que se aprobara, en diciembre del 2012, el Decreto Legislativo 1141, que otorgó funciones operativas a la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI).
"En mi posición como asesor de la Comisión de Inteligencia no tenía injerencia en la aprobación de esta norma", dijo.
Hay que resaltar que las funciones que adquirió la DINI a finales del 2012 dieron carta libre al seguimiento que luego realizó a diversas personalidades de la política y el periodismo, y que provocaron la censura de la ex primera ministra Ana Jara en 2015.
Durante el gobierno de Ollanta Humala, Mariano González también fue jefe del gabinete de asesores del Ministerio del Interior y antes ocupó el mismo cargo en el Ministerio de Defensa.
El ex legislador Javier Bedoya, quien integró la Comisión de Inteligencia durante el período 2011-2016, aseveró que la designación de Mariano González levanta suspicacias.
Hizo hincapié en el rol de González como asesor en la Comisión de Inteligencia. "Es la época en la que se da el seguimiento a políticos […] Es evidente que es una persona que estaba allí más que como asesor, como encargado del gobierno para orientar las cosas", dijo.






ANTICORRUPCION, PERSECUCION, JUDICIALIZACION POLITICA



El Comercio
Ante el proyecto de ley presentado por la congresista fujimorista Yeni Vilcatoma que propone crear una procuraduría autónoma, Yván Montoya dijo que contar con un organismo independiente “es una necesidad”.
No obstante, señaló que no cree conveniente que el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) deba ser la entidad que designe a los procuradores, como plantea el proyecto. “El CNM está cuestionado y no creo que ofrezca la garantía necesaria”, manifestó.
Por otro lado, dijo que la propuesta debe ir acompañada por mecanismos para evitar la burocratización de la procuraduría.
Para Luis Vargas Valdivia, la propuesta de Vilcatoma es acertada, pero no debe solo pretender una reforma de la procuraduría, sino una reforma de todo el sistema de justicia.



El Comercio, editorial
(…)
El hecho de haber experimentado en carne propia los riesgos de la intromisión política, seguramente, motivó a la ex procuradora anticorrupción (Yeni Vilcatoma) a priorizar este planteamiento.
(…)
Meses después, un nuevo ‘affaire’ con ribetes políticos cobraba otra víctima, cuando la posteriormente cesada procuradora contra el lavado de activos Julia Príncipe fue “llamada a disciplina” desde el Minjus, luego de que declarara que su despacho podría investigar documentos que involucraban a Nadine Heredia, presentados por la prensa en el marco de las investigaciones relacionadas con sus agendas.
(…)
Acciones y declaraciones que generan optimismo de que este Congreso, de una vez por todas, decida emprender la postergada reforma del sistema de justicia. Pues si bien el asunto de la procuraduría es importante, no es el único ni el más urgente en esta materia.
El propio proyecto de la señora Vilcatoma pone en agenda el rol del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), al disponer que los procuradores sean nombrados y removidos por el CNM. Pero aventurarse a ese camino, sin ajustes previos, podría llevar a los procuradores al mismo lugar donde hoy se encuentran jueces y fiscales.
Los cuestionamientos a la idoneidad y probidad de gran número de jueces y fiscales, y a las decisiones del órgano encargado de su nombramiento (el CNM), alcanzaron un pico el año pasado con el vergonzoso acuerdo para ratificar al hoy vacado ex consejero Quispe Pariona, pese a los múltiples cuestionamientos que pesaban sobre él.
(…)
…es indispensable empezar por reformar el sistema de elección de los encargados de designar a quienes administran justicia.
(…)






GOBERNABILIDAD, DEMAGOGIA, AUTORITARISMO, DEMOCRACIA



El Comercio
El presidente Pedro Pablo Kuczysnki (PPK) consideró que fueron exageradas las reacciones a los comentarios que hizo sobre la bancada fujimorista en entrevista en el diario “El País”.
“Yo creo que él [Fernando Zavala] arregló la cosa, creo que exageraron el acontecimiento. Pero él lo ha arreglado y estoy feliz”, indicó.
Consultado nuevamente sobre el asunto, PPK aseveró hoy: “Mire, yo hablo castellano: jalar quiere decir traer, no ‘transfugar’. Que se compren un… Tranquilos, no hay ningún pleito”.



El Comercio
El vocero de Fuerza Popular, Luis Galarreta, destacó que aceptan las disculpas del primer ministro Fernando Zavala. No obstante, remarcó que "no es la primera, sino van tres cosas del presidente" en las que se ha referido de forma polémica sobre la oposición, en especial sobre el fujimorismo, como 'me entra por un oído, me sale por otro', dijo.
Aclaró que el mensaje en Twitter del congresista de su partido Daniel Salaverry, quien ha manifestado que "hay que darle el voto de confianza al gabinete", es a título personal. "La delegación del voto de confianza y de facultades lo vamos a evaluar cuando se tenga que hacer", remarcó Galarreta.



El Comercio
El presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski (PPK), y el primer ministro, Fernando Zavala, sostienen desde el mediodía una reunión con la bancada de Peruanos por el Kambio. La cita, inicialmente programada en el Parlamento, se realiza en Palacio de Gobierno.
Según fuentes de El Comercio, la agenda de la reunión tiene dos puntos: el primero es definir a los integrantes de las 24 comisiones ordinarias del Legislativo y la otra, analizar la presentación de Zavala y su Gabinete en el Pleno para obtener el voto de confianza.
En esta cita no se establecerá quiénes serán los presidentes de las tres comisiones que le toca dirigir al partido de PPK, debido a que la Junta de Portavoces todavía no define el reparto de los grupos de trabajo. Ayer, Zavala sostuvo que para el gobierno es “una prioridad” tener la presidencia de la Comisión de Presupuesto.



El Comercio
Los portavoces de las seis bancadas del Congreso se reunieron ayer para definir la estructura de las 24 comisiones ordinarias. A la salida, cada vocero pidió para su bancada la presidencia de algunas comisiones. La pugna se centra en Presupuesto, Descentralización y Fiscalización.
La bancada fujimorista se reúne hoy a las 7 p.m. a decidir qué comisiones presidirá. 
Fuentes naranjas indicaron que hace tres semanas su lideresa Keiko Fujimori estaba analizando la posibilidad de dejar al oficialismo Presupuesto, para obtener otras comisiones que consideran más estratégicas, como Constitución. Pero la intervención de Ollanta Humala en el tema –el pasado 19 de julio, cuando dijo que el oficialismo debía presidir Presupuesto– no cayó bien en esa tienda política. Ante ello, el fujimorismo podría retener la presidencia de Presupuesto.
Luis Galarreta dijo que “Presupuesto siempre ha caído en manos del grupo que ha tenido la mayoría, no siempre en el Ejecutivo”.



martes, 2 de agosto de 2016

ESTA NOCHE martes 2 agosto 2016



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MEDIA COLUMNA
¿Alguien manda en el Vraem?  


Jorge Morelli
@jorgemorelli1
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Nadie ha preguntado quién va a reemplazar a Vega Loncharich en la jefatura de operaciones de la Policía en el Vraem.

La atención de la prensa está en la investigación del Lobo, el “escuadrón de la muerte”, la supuesta banda parapolicial que habría cometido violaciones de derechos humanos. Basombrío ha ofrecido resultados en diez días.

Las proyecciones del asunto no son de poca monta. Mauricio Mulder ha señalado que podrían llegar hasta el propio Ollanta Humala, de aplicarse en su caso la autoría mediata.

En segundo y tercer plano, en lo que a medidas contra la inseguridad se refiere, hay cuestiones logísticas del sector: cuántos generales debe haber en la Policía, y qué hacer con los patrulleros que más que inteligentes resultaron descerebrados.

Nadie pregunta quién será el jefe de las operaciones de la Policía en el Vraem.

Como se sabe, en el Vraem la Policía lucha solo contra el narcotráfico, no puede hacerlo contra el terrorismo. También las Fuerzas Armadas tienen la manos atadas, solo luchan contra el terrorismo, no contra el narcotráfico. Esta separación artificial y nociva ha creado un estado de cosas intolerable.

Tampoco la política de interceptación de narcoavionetas se aplica, a pesar de que está vigente la ley que la aprobó.

Esta es la clase de escenario disfuncional que -como vimos muchas veces en el pasado- desemboca en la violación de los derechos humanos.   

El país sigue sin tomar en serio la lucha contra el narcoterrorismo, que es uno solo.

Por lo tanto, tampoco avanza la lucha contra la inseguridad y la corrupción, directamente vinculadas al narcotráfico. Inseguridad y corrupción es lo que el narcotráfico genera deliberadamente proveyendo las armas y el dinero para crear el caos funcional a sus operaciones.

El síndrome complejo del narcoterrorismo con corrupción y delincuencia organizada es uno solo, y no cuatro frentes distintos. La tarea del gobierno es abordarlo como tal.

Pero el narcotráfico ni siquiera fue mencionado en el mensaje presidencial.



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NARCOTERRORISMO, INTELIGENCIA, FFAA, DDHH, USO DE LA FUERZA



La República
Los detalles han sido brindados en este diario y otros medios: existe una denuncia sobre la actuación de un escuadrón de la muerte en la PNP que fue ingresada a la Inspectoría de dicha institución. Los posibles asesinados son por lo menos dieciocho presuntos delincuentes, en cinco operativos policiales que transcurrieron entre 2012 y 2014. Las cifras reales son mayores, quizá mucho mayores, pero lo dicho es lo formalizado hasta ahora por la Inspectoría de la PNP. ¿Qué hicieron después la Policía, el Ministerio del Interior, el Ministerio Público? Es lo más asombroso del asunto.
La denuncia fue hecha por el comandante de la PNP Franco Moreno Panta. No era un neófito, porque pertenecía a la División de Investigación Criminal. La narración, con pelos y señales, fue escuchada por el entonces director de Investigaciones de Inspectoría de la PNP, general Alfredo Basilio, el 29 de enero del 2015. Dos semanas después, fue nombrada una Comisión Especial, a cargo del coronel PNP Edgar Aybar. La comisión viajó a distintas ciudades en las que se reportaron hechos. Sus primeras indagaciones comprobaron lo denunciado en un nivel preliminar. En las matanzas habría participado un mismo grupo de policías, con el apoyo de oficiales superiores. Varios generales tendrían responsabilidad, al menos por negligencia. Aybar derivó los hechos al Ministerio Público y pidió que los generales implicados fueran investigados por el Tribunal de Disciplina Policial, la instancia correspondiente para oficiales de ese nivel.
Todo esto ocurrió en los primeros meses del 2015. Hace pocos días, luego de que La República difundiera el Informe de Inspectoría, el ministro del Interior del gobierno saliente, José Luis Pérez Guadalupe, fue interrogado al respecto, en Sin Medias Tintas, de Latina. Ante una pregunta de Aldo Mariátegui dijo:
—Yo recién me he enterado.
Esa respuesta refleja una segunda dimensión de la gravedad del caso. ¿Cómo así una investigación que involucra a varias fiscalías, a ochenta suboficiales y 16 oficiales —sin contar a los generales, que nunca fueron indagados— queda fuera de la atención de un ministro del Interior por tanto tiempo? Los siguientes hechos dan una pauta.
El 31 de agosto del 2015, tras recibir el informe de la Comisión Aybar, el Tribunal de Disciplina Policial (TDP), que procesa a generales de la PNP, decidió devolver el expediente a Inspectoría. No aceptó que se hablara de “probables responsabilidades de generales”; quería precisión y claridad. La Sala de Primera Instancia que resolvió así estaba presidida por Henry Ávila, quien había sido viceministro de Derechos Humanos y era, a la sazón, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción.
Sin embargo, la lectura del informe Aybar dejaba con la boca abierta al más incrédulo. En cinco operativos desarrollados en Lima, Chincha y Lambayeque, bajo el liderazgo del comandante PNP Raúl Prado Ravines, cuerpos combinados de la policía abatieron a supuestos delincuentes creando falsos escenarios de enfrentamiento, con presupuesto de los órganos de inteligencia de la PNP y el Ministerio del Interior, y autorizados por oficiales superiores y generales que jamás estuvieron presentes ni supervisaron. Los operativos fueron realizados sin fiscal. Las supuestas víctimas o no estaban presentes o habían sido apalabradas por los policías. Los testigos negaban enfrentamientos, las pericias desmentían el fuego cruzado. Desde luego, faltaba investigar más. Documentos sobre nuevos hechos no habían llegado de algunas dependencias policiales.
Aún peor: el 29 de junio del 2015, luego de que el informe Aybar fuera presentado a la superioridad, hubo una nueva matanza: cinco delincuentes fueron muertos a balazos en la avenida Ramiro Prialé, cuando supuestamente se dirigían a robar un grifo de las inmediaciones. Prado los coordinaba, el comando policial apareció en el lugar para bendecir la acción. Pero Luis Laos, un vendedor de cometas recibió tres disparos, sobrevivió y pudo contar la verdad de lo que sucedió.
Después de que el Tribunal de Disciplina Policial se negara a investigar a los generales, se produjo una vuelta de tuerca en la Inspectoría de la PNP. En mayo del 2016 Edgar Aybar preparó un proyecto de resolución para dar de baja a 97 policías que su investigación comprometía. El documento fue encarpetado, y el propio Aybar reemplazado. El coronel PNP Belermino Vásquez pasó a ser jefe de la Comisión Especial. En junio, el instructor del caso, comandante José García Cjuiro, nombrado por Aybar en marzo de 2016, renunció a continuar investigando. Hizo el tardío descubrimiento que era compañero de promoción de Raúl Prado, el principal incriminado. Vásquez declaró compleja la indagación y dispuso prolongarla. En realidad la congeló.
Llegados hasta aquí se revela incomprensible que un ministro del Interior no hubiera estado informado. Una situación de esta naturaleza requería una actuación rotunda, fulminante, del encargado del sector. Como la que anunció la noche del domingo el ministro Carlos Basombrío: en diez días, el Ministerio del Interior hará público un informe interno. Pero Pérez Guadalupe ha dicho que no sabía.
Habría que concluir que no fue informado por el general Jorge Flores Goicochea, nombrado director general de la PNP el 11 de marzo del 2013. Dejó el cargo a fines de agosto del 2015, para convertirse en viceministro de Orden Interno hasta hace unos días. ¿Por qué no le informó al ministro? ¿O sí lo hizo? Este es un punto crucial, porque un funcionario que haya ocultado actos delictivos de esta naturaleza, o rehusó actuar ante los mismos, puede incurrir en delitos…
(…)
En el Ministerio Público y el Ministerio del Interior se produjeron ayer decisiones que darían un vuelco a la investigación de los supuestos asesinatos de delincuentes a manos de fuerzas combinadas de la policía.
El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, confirmó a este diario que los casos serán investigados por una fiscalía especializada en Crimen Organizado, que tiene un alcance supranacional. Hasta el momento los casos eran vistos por la 35 Fiscalía Provincial Penal, a cargo de José Ulloa. Sánchez dijo que la decisión se tomó en vista de la gravedad de las denuncias. Hoy, adelantó,  sería designado el fiscal encargado de la investigación.
Por otra parte, al cierre de esta edición, el Ministerio del Interior alistaba una resolución para nombrar una Comisión Investigadora que tendría algunos miembros externos al portafolio. El ministro Carlos Basombrío ha ofrecido resultados en diez días.



Peru21
El congresista aprista Mauricio Mulder demandó una profunda investigación de las denuncias periodísticas que dan cuenta de la presunta existencia de un ‘escuadrón de la muerte’ al interior de la Policía Nacional para ejecutar extrajudicialmente a delincuentes. Agregó que, por este tema, Ollanta Humala podría ser denunciado por crímenes de lesa humanidad.
Mulder señaló que este debe ser uno de los primeros temas a tratar en la nueva Comisión de Defensa o, si alguien propone la moción respectiva, por una comisión especial de investigación.
“Que se vea realmente quiénes son las personas que cayeron en este tipo de operativos y que se aclare que no solo fueron operativos para justificar el uso de dinero de la DINI, lo cual sería un caso de corrupción adicional. Hay que ser prudentes”, puntualizó.






GOBERNABILIDAD, DEMAGOGIA, AUTORITARISMO, DEMOCRACIA



Peru21
El premier Fernando Zavala expresó el martes sus disculpas a la presidenta del Congreso, Luz Salgado, por las declaraciones del mandatario Pedro Pablo Kuczynski, quien, en el diario El País, de España, mostró su intención de “jalarse” a unos 30 congresistas que postularon por Fuerza Popular por “prebendas”.
“El primer tema de la agenda fue extender mis disculpas; entiendo que una publicación en un diario extranjero generó malestar en los congresistas. Ya el presidente señaló, catégoricamente, que no es parte de la política de gobierno ninguna posibilidad de crear divisionismo. Vine a presentar mis disculpas a los congresistas por esa publicación que no reflejó lo que piensa este gobierno”, indicó Zavala al culminar la reunión.
Según puntualizó, por “indicaciones claras” del presidente Kuczynski, una de sus funciones principales como premier será “buscar los puentes para lograr políticas consensuadas con el Congreso”.
En declaraciones a la prensa, Luz Salgado dijo que recibieron las disculpas del primer ministro y recalcó que no se puede permitir que se afirme que los parlamentarios ingresaron a un partido por “prebendas”.



El Comercio, editorial
La disposición poco protocolar con la que Pedro Pablo Kuczynski se ha estrenado en su rol de presidente de la República le ha reportado hasta ahora algunas simpatías entre la población, pero también ciertos costos políticos que no se puede dar el lujo de asumir.
Una cosa es, en efecto, insinuar pasos de baile en medio de circunstancias finalmente festivas o cubrirse la cabeza con un pañuelo durante una ceremonia mientras le consiguen una gorra para protegerse del sol. Y otra, muy distinta, prestar declaraciones de naturaleza política en las que expresa la intención de aprovechar el interés por las ‘prebendas’ que pudiera existir en los integrantes menos comprometidos de la bancada de Fuerza Popular para ‘jalárselos’ a la suya. Porque, por más que luego él mismo y otros voceros del gobierno hayan querido sostener que lo “interpretaron mal”, eso fue exactamente lo que sugirió en la entrevista que concedió días atrás al diario español “El País”.
A una pregunta sobre los problemas de un gobierno en minoría y la eventual colaboración que pudiera esperar del fujimorismo, Kuczynski respondió lo siguiente: “No todos los 73 congresistas de la bancada fujimorista son miembros del partido; habrá como 30 que se subieron al carro creyendo que ella [Keiko Fujimori] ganaba y que recibirían una prebenda. Lo que hay que trabajar desde un punto de vista completamente egoísta es ‘jalarse’ a algunos de esos”.
Decir que determinados congresistas se subieron al carro del fujimorismo a la espera de prebendas es la inequívoca descripción de una partida de aventureros políticos. Y ‘jalarse’ a alguien (sobre todo con el enclítico ‘se’ final) no tiene el sentido de atraerlo por la vía de los argumentos, como pretende ahora el oficialismo, sino el de incorporar, por la vía de la oferta tentadora, a un jugador o miembro de otro equipo, al propio. Máxime cuando eso es entendido, además, como un gesto ‘egoísta’. Es decir, que ha de beneficiar a quien habla (en este caso al nuevo presidente) en perjuicio de alguien más (en este caso, Fuerza Popular).
Eso lo sabe y lo comprende cualquier hablante competente del castellano con el que nos comunicamos cotidianamente los peruanos. Y tratar de persuadirnos de que no se dijo lo que se dijo –como invariablemente hacen los políticos cada vez que desbarran en sus expresiones– es solo ahondar el problema.
Reflexión aparte merece, por otro lado, el que fuesen precisamente esos presuntos parlamentarios sedientos de prebendas los que se señalase como apetecibles para el enrolamiento. Eso es, sin coartadas posibles, un guiño al peor de los transfuguismos.
En realidad, todo indica que PPK fue una vez más víctima de lo que él considera una forma ‘casual’ de hablar. La misma que le hizo decir durante la campaña que Verónika Mendoza no había hecho nada en “su perra vida” o que lo más probable es que el hijo de un ratero sea “ratero también”, en clarísima alusión a Keiko Fujimori. O la que lo movió a convocar a los trabajadores de Doe Run a una marcha de protesta hasta el Congreso, cuando ya era presidente electo… para luego, cuando resultó evidente que la iniciativa era un despropósito, afirmar: “Eso fue un decir nada más”.
El problema, no obstante, es que ni como candidato presidencial ni como presidente electo sus palabras podían ser tomadas como ‘un decir’. La gente, más bien, tendió a asimilarlas como el anuncio de un estilo o de acciones concretas una vez que asumiera el poder, y en esa medida tuvieron un costo para él.
¿Cuánto más grave será, entonces, que ahora haya dicho lo que dijo ya como mandatario en funciones?
Por eso, en lugar de tratar de echarle la culpa al prójimo con la tesis de la mala interpretación, lo que tendrían que hacer desde el oficialismo es ofrecer disculpas, asimilar que las palabras del presidente tienen ahora un valor distinto y empezar a dispensarlas con el cuidado que corresponde a quien ha asumido una responsabilidad tan grande.






ANTICORRUPCION, PERSECUCION, JUDICIALIZACION POLITICA



El Comercio
Entrevista a Guido Aguila, presidente del CNM.
—El plan de gobierno de Pedro Pablo Kuczynski propone, entre otras cosas, una reforma en el sistema de justicia. ¿Se debe hacer? 
Claro que sí. En todo el sistema de justicia y, en primer lugar, en el CNM… Las reformas judiciales son bienvenidas en tanto se respete el ámbito legal y el constitucional.
—Gino Costa, congresista de PPK, ha sido uno de sus mayores críticos. Él propone, por ejemplo, una recomposición del CNM. 
Eso sí es antidemocrático. Decir que se tiene que disolver, desactivar…
—¿Qué cambios se deben hacer en el CNM, a su juicio? 
Se deben reformar los mecanismos de elección. Hay que poner la vara más alta. Si llegó un consejero al CNM como Alfredo Quispe, es porque el mecanismo está mal.
—Pero ustedes ratificaron a Quispe como consejero. Si la ciudadanía no presionaba, no lo hubieran vacado. Esa es la impresión. 
No fue así. La elección de Quispe Pariona no la hace el CNM, sino el Colegio de Psicólogos y el JNE… Nosotros no somos competentes para vacar a uno de nuestros pares.
—Pero aun así lo hicieron. ¿Quispe los puede denunciar? ¿Presentar, tal vez, un recurso de amparo? 
Sí, está habilitado para hacerlo. Puede decir que lo ha vacado un órgano que no es competente.
(…)
—En diciembre, nombraron a cinco magistrados supremos. Sin embargo, entre ellos se escogió a un juez [Ángel Romero] que fue personero del Apra y a un fiscal [Tomás Gálvez] que era investigado por peculado.
Ese concurso ya estaba en marcha cuando llegamos al CNM. Los cuestionamientos aparecieron en la etapa de las entrevistas. Así que lo que determinamos fue realizar los nombramientos en base a tres principios: la meritocracia, la disciplina y la facultad de declarar, dentro del año, nulos esos nombramientos.
(…)



El Comercio
Justicia: una nueva oportunidad
Javier de Belaunde
Hoy nadie duda de que un sistema de justicia confiable y eficaz es fundamental para un Estado de derecho vigente. La democracia, los derechos humanos, el fin de la impunidad, el ejercicio responsable del poder público, el desarrollo económico y social, necesitan de un sistema de justicia que funcione razonablemente.
No obstante avances recientes, nuestra justicia padece de una crónica desconfianza debido a su deficiente funcionamiento. El malestar ciudadano no permite apreciar los esfuerzos y cambios impulsados desde la judicatura. No son suficientes. Tal malestar no es un estado de ánimo coyuntural, responde a la demanda de un cambio profundo que atienda a necesidades elementales del usuario y que muestre una justicia comprometida con los principales problemas del país, creíble, razonable y predecible.
Esta no es solo tarea del Poder Judicial. Es una política de Estado. Por ello, resulta indispensable un proceso de transformación profunda del sistema de justicia. Ello requiere de un compromiso entre los actores políticos, institucionales y sociales que permita no solo incorporar los principales temas de la reforma a la agenda pública y debate nacional, sino la adopción de medidas normativas y administrativas que la hagan viable y eficaz.
Hace más de una década, la Comisión Especial para la Reforma Integral de la Administración de Justicia (Ceriajus) planteó el Pacto de Estado por la Justicia para aprobar las reformas constitucionales y legales necesarias, asegurar el presupuesto indispensable e implementar medidas conducentes a la reforma. Este pacto debía involucrar a los actores políticos, poderes del Estado, instituciones del sistema de justicia y organizaciones sociales. Sin embargo, faltó liderazgo y voluntad política para concretarlo.
En una década la reforma de la justicia ha entrado y salido de la agenda pública en virtud de acontecimientos coyunturales. Entre tanto, a los problemas endémicos se han sumado cuestiones apremiantes: lucha contra la corrupción, necesidad de responder a nuevas modalidades de criminalidad u obtener mayores avances en la justicia especializada en la reparación de los derechos fundamentales.
Este pacto es necesario. Pone la reforma judicial por encima de intereses políticos e institucionales de coyuntura. Asimismo, debe partir de acuerdos mínimos en los que los diversos actores comprometan y definan su rol. En esa línea está la propuesta de Transparencia y el plan de gobierno de Peruanos por el Kambio que expresan la necesidad de abrir el ámbito de la reforma, involucrando a todos los actores, con el Poder Judicial a la cabeza.
Pero como la Defensoría del Pueblo oportunamente recordó, la reforma del sistema de justicia no significa solo la reforma del Poder Judicial. El sistema de justicia incluye un conjunto de instituciones (como el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional, el Consejo Nacional de la Magistratura y la Academia de la Magistratura) y operadores que deben guiar sus esfuerzos de cambio según un plan y estrategias previamente consensuadas.
El Congreso tiene un rol imprescindible en la generación de reformas constitucionales y legales. El Poder Ejecutivo en la formulación de políticas de acceso a la justicia, en la dotación de recursos presupuestales y en instituciones adscritas (por ejemplo, el INPE).

Pero más allá de ello, el cambio de gobierno constituye una nueva oportunidad para que haciéndose eco del reclamo ciudadano, el Poder Ejecutivo propicie el acuerdo por la justicia que permita, respetando autonomías, concertar un programa integral de reforma con compromisos claros y metas precisas.