viernes, 13 de enero de 2017

ESTA NOCHE viernes 13 enero 2017



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Puente Piedra


Jorge Morelli
@jorgemorelli1
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El gobierno no reaccionó ante la situación en Puente Piedra. Desde las seis de la mañana y hasta entrada la noche, la batalla campal no tuvo que ver con el peaje de la carretera. Horas antes, la empresa y la Municipalidad de Lima habían dado a conocer que el cobro estaba suspendido. El anuncio no tuvo ningún efecto.

El primer estallido de violencia debió ser suficiente para que de inmediato se suspendiera el cobro del peaje y se hiciera convocara públicamente a la empresa a renegociar voluntariamente el contrato. Pero las autoridades mostraron una pasmosa incapacidad para elaborar una correcta composición de lugar. En alarmante falta de sentido común y flagrante negación de la realidad, solo demandaron a la empresa la suspensión del cobro cuando ya era tarde.

La empresa Rutas de Lima venía de disponer el doble cobro de peaje en un momento asombrosamente inoportuno. Y consiguió, luego del primer estallido de violencia, reponer las casetas y volver a cobrar el peaje en 24 horas. Se trata de una empresa recientemente vendida por Odebrecht, la agente de la masiva corrupción organizada que tiene a toda la ciudadanía latinoamericana en estado de shock. Pero nadie tuvo nada que decir ante todos estos desatinos.

Milagrosamente, no hubo muertos en Puente Piedra, y hay medio centenar de detenidos gracias a que la Policía actuó profesionalmente. Hubo dos novedades importante en su operativo: primero, el número de efectivos; para neutralizar la violencia se necesita superioridad numérica. Lo segundo fue la presencia no estorbada de la prensa, lo que permite a la opinión pública juzgar del ejercicio de la fuerza pública y controlarlo al mismo tiempo.

Es lo que el gobierno debió hacer en Huaycán, en Andahuaylas, en Juliaca, en Las Bambas y lo que puede verse en la necesidad de hacer en el valle del Tambo esta semana si el Presidente insiste en ir.
         
En Puente Piedra la Policía actuó bien. Es el manejo político de estas situaciones por el gobierno lo que es demasiado lento.




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AGUA, MINERIA, CONFLICTOS AMBIENTALES, REGIONALIZACION



El Comercio, editorial
Emboscada en Tambo
El anuncio del presidente Kuczynski de que el próximo 25 de enero, en la víspera del III Gabinete Binacional Perú-Colombia a celebrarse en Arequipa, visitará el Valle de Tambo (Islay) para dialogar con los agricultores del lugar sobre los problemas de agua que los afectan, quiere ser aprovechado por los líderes antimineros para impulsar su propia agenda.
En efecto, distintos dirigentes de la población acordaron demandar que la reunión se celebre en la plaza San Francisco, que en ella se aborde el conflicto con relación al proyecto minero Tía María y que la ex candidata presidencial del Frente Amplio (FA), Verónika Mendoza, y el congresista por Cajamarca Marco Arana participen en calidad de “veedores”. Y, sin esperar a que el gobierno exprese su conformidad o inconformidad respecto de estas iniciativas, en el FA han decidido avanzar en la concreción de las mismas con entusiasmo.
“Lo estamos coordinando”, ha anunciado desde ya el congresista de esa organización por Arequipa Horacio Zeballos, a propósito de la asistencia de Mendoza (quien estará en esa región a fines de enero). Y con respecto a la naturaleza de la ‘veeduría’ que se le quiere encomendar, la presidenta de la Junta de Usuarios de la Ensenada-Mejía, María Luzmila Marroquín, ha sido muy clara.
“Ella nos dijo que votemos por Kuczynski [en la segunda vuelta] y ahora esperamos que ella, siendo la más votada en el valle, nos defienda y le diga al presidente que cumpla con la voluntad popular, que es la defensa del agro y el no a Tía María”, ha sentenciado.
La señora Mendoza, sin embargo, no ostenta cargo que le confiera representatividad alguna respecto de los votantes en el país, pues ese es un privilegio de quien gana unas elecciones; no de quien las pierde. Y el congresista Arana, por otra parte, no
obtuvo su curul con el respaldo de electores de Arequipa, sino de Cajamarca, y es a esa región a la que representa.
Así las cosas, la reunión de Tambo y su temario extendido se insinúan como una emboscada para lograr, de una vez por todas, la liquidación del proyecto Tía María, pues en ese sentido apuntan tanto el afán de celebrarla en la plaza pública como la identidad ideológica de los políticos que, de modo artificioso, se quiere sumar a ella.
En lo que concierne a lo primero, porque es muy difícil plantear razones adversas al parecer de los líderes locales si la discusión se lleva a cabo en el centro de un mitin o una asamblea de sus partidarios. Y en lo tocante a lo segundo, porque Mendoza y Arana han sido siempre muy explícitos en su oposición al desarrollo de la minería en el país en general y en esa zona en particular.
En entrevista con este Diario, efectivamente, Arana dijo en enero del año pasado: “Aquellas inversiones mineras que, como Conga o Tía María, pongan en peligro la salud, el agua y que, además, tengan gran oposición ciudadana no tienen viabilidad”. Mientras que Mendoza, durante una visita de campaña a Islay en marzo pasado, no se anduvo con rodeos y decretó: “Tía María no va y eso debe quedar claro”.
Por lo demás, hay que recordar que su antagonismo a la minería es inmune incluso a la verdad. Por ejemplo, Arana y otros opositores al proyecto Conga esgrimieron la defensa del agua en su protesta, pese a que un peritaje internacional demostró que con la construcción de los reservorios de Conga habría más agua en la zona y que el estudio de impacto ambiental reunía “todas las condiciones técnicas exigibles para su aprobación”.
Mendoza,  por su parte, sibilinamente sugirió, en una carta al alcalde de Espinar (Cusco), Óscar Mollohuanca, que los niveles de cadmio y otros “elementos tóxicos que producen la muerte” en muestras tomadas por el Ministerio de Salud a pobladores del lugar tenían que ver con el proyecto minero del mismo nombre, cuando no existía ni existe prueba de esa presunta relación.
Con todos estos elementos en consideración, lo último que debería hacer el presidente Kuczynski es caminar ingenuamente hacia una trampa que podría sepultar sin remedio un proyecto que, a precios de hoy, supondría no menos de US$670 millones de dólares de ingresos anuales para el desarrollo del país.



El Comercio
El diálogo por el conflicto de Las Bambas enfrenta un nuevo hito. El Gobierno y las comunidades negocian un plan de desarrollo para la provincia de Cotabambas y el distrito de Progreso (en la provincia aledaña de Grau).
El pasado 7 de diciembre, el primer vicepresidente y ministro de Transportes, Martín Vizcarra, presentó a la comunidad de Quehuira (Cotabambas) la propuesta del Ejecutivo. Esta contemplaba 158 proyectos en infraestructura, salud, educación, programas sociales y agricultura, con una inversión de S/2.055 millones hasta el 2021. El Gobierno pidió que se liberaran las vías de acceso a Las Bambas durante la elaboración del plan. Esto no se ha cumplido hasta hoy.
La propuesta gubernamental fue rechazada por autoridades el día de la presentación sin siquiera haber sido leída. El 21 de diciembre la comisión de Cotabambas envió una misiva al presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, señalando que la propuesta llevada por el vicepresidente Vizcarra fue rechazada por considerarla una “mecida”.
El documento está firmado por el alcalde provincial de Cotabambas, Odilón Huanaco, y otras 84 autoridades, entre alcaldes, presidentes comunales y dirigentes.
Hay más de 80 pedidos. La mayoría (29) se refiere a temas educativos y tres al medio ambiente. Entre otros puntos, la misiva exige al Estado “la autonomía política, económica y administrativa de Cotabambas y el distrito de Progreso”.
A la minera se le pide un aporte social equivalente al 50% de su producción.
También se reiteran los pedidos de archivamiento de denuncias a comuneros que participaron en las protestas contra la minera desde el 2011, la revisión por un tercero del EIA de la empresa y la nulidad del convenio entre MMG Las Bambas y la PNP, que cuida el área.
Los comuneros, según el documento, esperan una respuesta del Gobierno para mañana. Desde el despacho del ministro Martín Vizcarra se informó que no hubo una invitación formal para ir a Cotabambas.
El distrito de Challhuahuacho ha dado diez días de plazo al Gobierno para retomar las obras de saneamiento en su distrito por el Ministerio de Vivienda. De lo contrario, habrá una “huelga indefinida”. Desde esa localidad salen actualmente los camiones con mineral de Las Bambas.
Cuatro comunidades bloquean desde octubre la principal salida de camiones: Pumamarca, Quehuira, Choquecca y Allahua.
Propuesta del gobierno a Las Bambas:
·          Transporte. Asfaltado de 300 kilómetros de vía del llamado corredor minero. Además, 9 puentes en Cotabambas.
·          Infraestructura. Para el 2021, la inversión en infraestructura y servicios de agua y desagüe será de S/1.189 millones.
·          Salud. Estudios para la construcción de tres hospitales en Challhuahuacho, Haquira y Cotabambas.
·          Agricultura. Inversión de S/18 millones en proyectos agrarios y de riego. Se hará 11 proyectos de instalación y mejoramiento del sistema de riego.
Lo que pide Cotabambas al gobierno:
·          A la empresa MMG Las Bambas. Destinar el 50% de su producción como aporte a las comunidades. Asimismo, que retiren las denuncias a los comuneros.
·          Agricultura. Represamiento y riego tecnificado por aspersión en todo Cotabambas.
·          Educación. Creación de una universidad en Cotabambas.
·          Transporte. Mejoramiento de carreteras en la provincia. Construcción de un aeropuerto.
·          Ambiente. Presupuesto para contrarrestar contaminación ambiental en Cotabambas.





jueves, 12 de enero de 2017

ESTA NOCHE jueves 12 enero 2017



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Bocón como
Mohammed Ali 


Jorge Morelli
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Luego de la conferencia de prensa del presidente electo de EEUU, en el mercado global baja el dólar y sube el oro. También sube el cobre. Son buenas noticias para el Perú. 

Significa que Trump ha logrado hacer entender que va en serio lo de empujar el crecimiento de la economía americana, y que él es el elegido y será –como dice muy a su estilo- “el mayor productor de empleos que Dios ha creado nunca”.

La megalomanía de Trump provoca feroces críticas de la prensa americana. Pero, ¿no es acaso deber de un presidente el entusiasmo?

Cuando Trump fue elegido, el cobre estaba a 2.20 dólares la libra, luego de su conferencia de prensa ha subido a 2.70. Un incremento de 50 centavos de dólar es un 20% de aumento de precio. Para la minería peruana es la diferencia entre la noche y el día.  

Cuando Trump fue elegido, el oro se desplomó desde los 1,300 dólares la onza hasta 1,130. Hoy, luego de la conferencia, ha parado su caída y está de vuelta en los 1,200 dólares.

Cuando Trump fue elegido, el dólar se disparó desde los 97 hasta los 103 puntos del índice. Después de su conferencia, ha detenido su alza y se halla en los 101 puntos.    

Hoy, al parecer, la gente comienza a dudar de que la FED vaya a atreverse a elevar sus tasas de interés tres veces este año, como dijo que haría, estorbando los mega planes olímpicos del Presidente.

Ciertamente, con sus declaraciones Trump ha superado largamente en autoestima la marca del gran Mohammed Ali.

Desde nuestro punto de vista de peruanos, sin embargo, se ha inaugurado a colores flotando como mariposa y zumbando como abeja.



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LIBERTAD ECONOMICA, GLOBALIZACION, REFORMAS, INVERSION



Expreso, EFE
El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró hoy que va a ser “el mayor productor de empleos que Dios ha creado nunca”.
Trump dijo que en las próximas semanas se anunciarán “grandes noticias” sobre empresas que van a expandir sus operaciones en el país y recordó los planes dados ya a conocer por compañías como Ford. “Creo que muchas industrias van a volver (a EE.UU.)”, afirmó en  conferencia de prensa en Nueva York.
Trump se refirió en concreto al sector farmacéutico, lamentando que la mayoría de los medicamentos que se consumen en el país se fabriquen fuera y señaló que es necesario el retorno de esa producción.



El Comercio
Entrevista a Mario Guerrero, de Scotiabank
— Scotiabank fue el pronosticador del dólar más acertado del 2016. ¿Qué factores tomaron en cuenta que los otros no vieron?
El 2016 empezó con una viada alcista muy importante. El índice del dólar comparado con otras monedas alcanzó su nivel más alto en noviembre del 2015. En diciembre del mismo año, la FED elevó su tasa por primera vez en ocho años. El sol seguía depreciándose en febrero del 2016, cuando alcanza su punto más alto de S/3,54. Eso hacía que muchos analistas pronosticaran niveles entre S/3,80 y S/4,00. Tomamos en cuenta los cambios de humor en el mercado. Era un exceso. Efectivamente, la FED no logró elevar su tasa de interés en marzo como había anunciado y el mercado corrigió de manera significativa de S/3,54 a S/3,24. (…)
— ¿Cuál es su estimado para el 2017 y qué pronosticadores priorizan?
Este año está empezando de manera similar al anterior. En diciembre, la FED volvió a subir la tasa de interés. Un punto importante es que el dólar en el ámbito mundial inicia el 2017 con su nivel más alto en 15 años. En EE.UU. hay mucha incertidumbre por si habrá tres alzas más y por las políticas que tome la administración Trump. Definitivamente, ha cambiado la evolución de los precios de los metales y se espera mayor volumen de exportación minera [para el Perú]. Y a diferencia de otros años, tenemos hoy un superávit comercial, según el último dato que acaba de publicar el BCR para octubre y noviembre. Esperamos que esa tendencia continúe. Si la situación externa es estable, es bueno para el sol. Eso significa un tipo de cambio por debajo de S/3,35.
(…)





miércoles, 11 de enero de 2017

ESTA NOCHE miércoles 11 enero 2017


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MEDIA COLUMNA
Un momentito


Jorge Morelli
@jorgemorelli1
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Acá parece estarse gestando un grueso malentendido.

Aparentemente, Odebrecht está pensando devolverle la concesión del Gasoducto al Estado en la errada creencia de que -si el consorcio no logra conseguir los 4 mil millones de dólares de financiamiento que faltan y todo indica que no lo logrará-, el contrato sería rescindido y que, entonces, el Estado subastaría los activos del proyecto y le devolvería –así lo estipula el contrato- unos 1,600 millones de dólares invertidos en el proyecto.

He aquí el malentendido: el contrato no va a ser rescindido. El contrato es nulo, inexistente. Nunca nació y lo que no existe no puede ser resuelto o rescindido o anulado. Es un acto jurídico nulo, viciado en su origen mismo por un acto de corrupción en la licitación de la concesión del proyecto. Un acto que alteró los hechos mismos que las partes creían conocer y sobre los cuales creían estar contratando.

No es entonces, repito, que el contrato sea anulable, o deba ser resuelto o rescindido, sino que es nulo. Desde luego, el acto de corrupción en la licitación tiene que ser debidamente demostrado en las investigaciones.

Se puede, si se quiere, poner los fondos de lo que se subaste en garantía hasta que la investigación termine. Es lo que sucedería igualmente –como ha dicho el ministro de Economía- si Odebrecht vendiera hoy su 55% del consorcio a otra empresa. No se llevaría el dinero de la venta. Se quedaría en garantía hasta el final de las investigaciones.

Pero el Estado peruano no va a devolverle un centavo de esos fondos a Odebrecht, ni ahora ni después.  

De ir por el camino de la venta y de la ficción de la continuidad del contrato nulo, sin embargo, el gobierno contagiaría el vicio original al nuevo consorcio.

Con lo que, cuando más adelante quede probada la corrupción en la licitación original, y la nulidad del contrato quede en evidencia ante los ojos de todos, el gobierno igual tendrá que licitar de nuevo el proyecto.

Según expertos, eso tomaría unos nueve meses. Una gestación, pero no la de un malentendido, sino la de una nueva vida para el Gasoducto del Sur limpia de todo contagio de corrupción.




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GOBERNABILIDAD, DEMAGOGIA, AUTORITARISMO, DEMOCRACIA



ESTA NOCHE (tomado de El Comercio)
El desenlace del Gasoducto Sur Peruano podría estar ya decidido. Fuentes de El Comercio confirmaron que la empresa concesionaria estaría preparándose para devolver la concesión al Estado y subastar sus bienes para recuperar la inversión, que a la fecha suma US$1.600 millones.
Cara al hito del 23 de enero, el panorama para la salida de Odebrecht y el cierre financiero del proyecto sería complejo. En caso no se concretara, el contrato se rescindiría dado que el concesionario no habría cumplido con el hito del cierre financiero.
Dada esta causa, sin embargo, el contrato establece que el gobierno deberá devolver al consorcio el 72,5% de lo invertido hasta la fecha, suma que asciende a aproximadamente US$1.600 millones.
De ellos, US$1.000 corresponden a los aportes de los tres accionistas y US$600 mil a un crédito puente que se adquirió para avanzar con la construcción del ducto.
La liquidación del proyecto y, por tanto, la devolución de lo invertido, se realizaría mediante tres subastas de los bienes del proyecto.
Por otro lado, la resolución del contrato significaría también la ejecución de la carta de garantía del fiel cumplimiento que manejan todos los contratos de concesión, que en el GSP asciende a US$350 millones.



El Comercio
Entrevista a Sergio Salinas, profesor de la Universidad Pacífico
-¿Qué implica que el proyecto regrese al Estado?
Como regla general, la caducidad de un contrato genera la obligación al Estado de compensar al concesionario por el valor remanente de la concesión. Sin embargo, cuando la caducidad obedece a un incumplimiento del concesionario -como aparentemente sería el caso en la concesión GSP-, esto, a su vez, genera una obligación de indemnización del concesionario a favor del Estado por los daños y perjuicios que su incumplimiento le ocasione. En tales casos, el Estado está habilitado para proceder a la ejecución de la carta fianza que normalmente se exige en este tipo de compromisos.
-¿Qué recibe el Estado? 
Declarada la caducidad de la concesión, corresponde que reviertan al Estado los bienes de la concesión, como terrenos, servidumbres, entre otros, así como los nuevos que hayan sido construidos por el concesionario e integrados a la concesión.
En relación a los pasivos vigentes ya asumidos por la concesionaria frente a terceros (los bancos), originados por la construcción de la infraestructura revertida, es un tema discutible. El Estado podría alegar que la asunción de esta deuda, cuando no hay concesión vigente, es un costo derivado del incumplimiento del concesionario y debe ser descontado del pago por la concesión.
(…)



El Comercio
El Gasoducto Sur Peruano atravesó malos momentos en el 2016, pero su calvario persiste en este 2017. Luego de la crisis reputacional de Odebrecht con el escándalo de los sobornos, la obra quedó paralizada por falta de financiamiento. A la fecha, sólo se tiene un avance del 34%.
El 'pool' de  22 bancos que financiaba la construcción decidió dejar de prestar dinero hasta que la empresa brasileña, que controla el 55% de la concesionaria GSP, abandone el proyecto.  
Ahora, el GSP corre contra el reloj, pues el consorcio operador –también compuesto por Graña y Montero y la española Enagás-tiene plazo hasta el 23 de enero para presentar al Estado un financiamiento aprobado por los bancos internacionales que financiarían la obra.
Si esto no se cumple, el Estado estaría en facultad de declarar “la terminación de la concesión por causa imputable al concesionario” y a “ejecutar la garantía de fiel cumplimiento por los daños y perjuicios ocasionados, de acuerdo al contrato”.



El Comercio
El lunes, el ministro de Economía y Finanzas, Alfredo Thorne, anunció que la cláusula anticorrupción presente en los contratos de concesión del Estado dictamina que, de encontrarse algún hecho ilegal, el concesionario perdería todo derecho sobre el proyecto. Este es el riesgo que correría cualquier empresa que buscara comprar el 55% de la brasileña.
Thorne agregó que “Odebrecht, si es que vende, no cobraría su participación por el Gasoducto del sur. Ese dinero pasa a ser garantía en caso haya eventos de corrupción.



El Comercio
La obra de infraestructura más cara en la historia del Perú, el gasoducto sur peruano, podría volver a ser licitada debido al escándalo de corrupción que Odebrecht, su principal accionista, enfrenta mundialmente.
Según el hito del contrato aún vigente, la empresa concesionaria Gasoducto Sur Peruano (GSP) –compuesta por Odebrecht, Graña y Montero y Enagás– tiene hasta el 23 de enero para que los bancos internacionales hagan efectivo el primer préstamo para la obra. Para ello, es fundamental que Odebrecht concrete la venta del 100% de sus acciones en el proyecto.
Tras una primera caída de la negociación con el consorcio Sempra-Techint, se conoció que el fondo canadiense Brookfield y la china CNPC estaban interesados en negociar su participación. Según fuentes de El Comercio, de ambos, solo Brookfield habría presentado documentos escritos y, además, estaría aún realizando el ‘due diligence’ para presentar la oferta definitiva. “CNPC ha tenido reuniones de interés pero aún no ha presentado una oferta formal”, dijo la fuente.



El Comercio
¿Cuánto demoraría volver a licitar el proyecto? Se calcula que armar un nuevo esquema de licitación tomaría, aproximadamente, seis meses.
No obstante, Sergio Salinas, profesor de la Universidad del Pacífico, “si el Estado desea revisar y replantear las condiciones de la concesión, la etapa de diseño y estructuración de la nueva concesión puede tomar unos 9 a 12 meses (contratación de asesores técnicos, estudios complementarios, entre otros) y unos seis meses más, cuando menos, para la etapa licitatoria”.



El Comercio
La empresa Graña y Montero tiene el 20% de las acciones del consorcio GSP, y el 29% de la constructora del proyecto, Ductos del Sur.
La caída del valor de las acciones de Graña y Montero desde el inicio del año, tanto en la BVL como en la bolsa de Nueva York, puede interpretarse como un voto de desconfianza del mercado sobre la continuidad de la concesión del Gasoducto del Sur.
“Los inversionistas ya están interiorizando que el proyecto se caerá”, afirma Marco Alemán, analista de inversiones de Kallpa SAB.
“Si [Graña y Montero] solo sale del Gasoducto habrá una caída. Pero hay un riesgo sistémico de que el Estado prohíba a la empresa participar en más licitaciones si el caso de Odebrecht la alcanza. Ese escenario sería mucho peor”, añade Alemán.



Expreso
Contrato del gasoducto es nulo
Luis García Miró
(…)
El numeral 516 (del contrato) determina el concepto ´pago indebido´, sobre el cual el Concesionario se compromete a que “Ni él ni ninguno de sus accionistas, socios, empresas vinculadas, ni cualquiera de sus respectivos directores, funcionarios, empleados, asesores, representantes legales o agentes, ha pagado, recibido, ofrecido ni intentado pagar o recibir u ofrecer, ni intenta pagar o recibir u ofrecer en el futuro ningún pago o comisión ilegal en relación a la Concesión, el Contrato y el Concurso”.
¿Qué dice la confesión de Odebrecht al Fiscal de New York de la Sección Fraudes de la División Criminal del Departamento de Justicia? “En o alrededor y entre 2005 y 2014, Odebrecht efectuó e hizo aproximadamente US$29 millones en pagos corruptos a oficiales del Gobierno del Perú para asegurar contratos de obra pública. Odebrecht se benefició con más de US$143 millones como resultado de estos pagos”.
Ahora leamos qué precisa la cláusula de terminación del contrato de concesión del Gasoducto del Sur. A través del ítem 20.1, literal c.6 del convenio del GSP, el Concedente (el Estado peruano) queda facultado a declarar la resolución del acuerdo “por la falsedad de cualquiera de las declaraciones y garantías efectuadas por el Concesionario o por el Operador Calificado, según corresponda, conforme a lo establecido en el Contrato, en el Concurso o durante la ejecución del Contrato”.
Entonces resulta evidente que si Odebrecht -releyendo su propia declaración ante la fiscalía norteamericana- pagó US$29 millones en sobornos a autoridades peruanas “en o alrededor y entre 2005 y 2014” –el último año corresponde precisamente a la fecha en que la corrupta constructora negoció el contrato del Gasoducto del Sur con el régimen humalista- este gobierno deberá cancelar el convenio GSP imputando el concepto contractual ´pago indebido´, y convocar inmediatamente a nueva licitación. No caben parches ni artificios forzados. El contrato es nulo per se.






ANTICORRUPCION, PERSECUCION, JUDICIALIZACION POLITICA



El Comercio
La ex primera dama Nadine Heredia podrá salir del país, pero deberá regresar cada 30 días para pasar por el control biométrico impuesto como parte de las reglas de conducta que debe cumplir, en marco de la investigación por el presunto delito de lavado de activos que afronta. Así lo estableció la Segunda Sala Penal de Apelaciones.
No se puede afectar su derecho al trabajo, dijo el colegiado.
Según fuentes de la fiscalía que han tenido acceso extraoficialmente a la resolución, la Segunda Sala Penal de Apelaciones - conformado por los vocales César Sahuanay, Iván Quispe y Jessica León- confirmó la decisión que tomó el juez Richard Concepción Carhuancho en primera instancia de rechazar el pedido formulado por el fiscal Germán Juárez Atoche para que Nadine Heredia cumpla prisión preventiva, debido a que ella no violó las reglas de conducta que se le impusieron.



El Comercio
Gustavo Navarro, ex miembro del Comité Pro Seguridad Energética de ProInversión, el que se encargó del proceso de concesión del Gasoducto del Sur Peruano, señaló que acudió tres veces a Palacio de Gobierno y que en una de estas reuniones estuvo presente la ex primera dama Nadine Heredia "acompañando" al ex presidente Ollanta Humala.
También precisó que después de las tres reuniones en Palacio, se conocieron las bases para la adjudicación del megaproyecto energético a cargo de la empresa Odebrecht, actualmente paralizado.
El proyecto Gasoducto Sur se entregó en junio del 2014 a la empresa brasileña Odebrecht.



El Comercio
El brasileño Jorge Barata fue el máximo representante de Odebrecht en el Perú durante 12 años. Desde la caída del fujimorato hasta los inicios del gobierno de Ollanta Humala, el llamado “virrey” de la constructora fue asiduo visitante de Palacio de Gobierno: acudió 16 veces en la segunda administración aprista y dos más en la gestión nacionalista, según el informe Pari.
Barata, al igual que otros 60 ejecutivos de Odebrecht, se ha sometido al programa de delación premiada en Brasil. Es decir, entregará información respecto a la red de corrupción que la empresa armó en América Latina a cambio de la reducción de su pena o de la anulación de esta.
El ex congresista Juan Pari, quien dirigió la Comisión Lava Jato del Parlamento anterior, aseguró que el ex director ejecutivo de Odebrecht Latinvest Perú “es el hombre clave en las negociaciones que hubo”, en clara referencia a los sobornos de US$29 millones que la firma brasileña admitió haber pagado como sobornos en nuestro país entre el 2005 y 2014.



El Comercio
El procurador anticorrupción Amado Enco anunció que solicitó a la fiscalía incluir como investigados a Marcelo Bahía Odebrecht, ex CEO de la empresa brasileña; Jorge Henrique Simoes Barata, ex representante de Odebrecht en el Perú; y el empresario peruano Gonzalo Monteverde Bussalleu.
Según el informe de la comisión parlamentaria que presidió Juan Pari, Monteverde habría entregado por medio de otras empresas el dinero con el que la constructora pagó a funcionarios de los últimos tres gobiernos.
Este anuncio lo hizo Enco en compañía de la presidenta del Consejo de Defensa Jurídica del Estado (CDJE), Julia Príncipe.}
Pero esos no son todos los requerimientos: también ha solicitado la declaración indagatoria como testigos de más de 80 funcionarios y ex funcionarios. En este grupo se encuentran diez ex ministros y nueve ex gobernadores regionales.
El presidente Pedro Pablo Kuczynski está en la lista de funcionarios que deberán rendir su declaración ante el Ministerio Público si el fiscal Castro así lo considera.
El mandatario figura por su condición de ex miembro del consejo directivo de Pro Inversión cuando fue ministro de Economía en el gobierno de Alejandro Toledo.
Además de estos funcionarios, la defensa del Estado ha requerido que los tres últimos presidentes –Toledo, Alan García y Ollanta Humala– acudan a prestar  sus declaraciones.
La ex alcaldesa de Lima Susana Villarán también está incluida en el grupo de más de 80 personas que pasarían por el despacho de Castro.
Testimonio pedidos
Pedro Pablo Kuczynski , ex ministro de Economía
Juan Valdivia, ex ministro de Energía y Minas
Luis Miguel Castilla, ex ministro de Economía
Jorge Merino, ex ministro de Energía y Minas
Carlos Paredes, ex ministro de Transportes
José Gallardo, ex ministro de Transportes
Enrique Cornejo, ex ministro de Transportes
José Ortiz, ex ministro de Transportes
Verónica Zavala, ex ministra de Transportes
Carlos Bruce, ex ministro de Vivienda
José Murgia, ex gobernador de La Libertad
Félix Moreno, actual gobernador del Callao
Jorge Acurio, ex gobernador del Cusco
René Concha, ex gobernador del Cusco
Nery Saldarriaga, ex gobernadora de Lambayeque
José Luis Milla, ex gobernador de Áncash
César Villanueva, ex gobernador de San Martín
Robinson Rivadeneyra, ex gobernadora de Loreto
Yehude Simon, ex gobernador de Lambayeque