viernes, 17 de febrero de 2017

ESTA NOCHE viernes 17 febrero 2017




ESTA NOCHE, donde usted se entera no de todo lo que ocurre, sino de lo que necesita saber.

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MEDIA COLUMNA
Imán de locos


Jorge Morelli
@jorgemorelli1
jorgemorelli.blogspot.com


La decepción latinomericana con su dirigencia política avasallada por los braileños necesita un desfogue. Lo que hay hasta ahora no basta.

La caviarada que ventila en público su desazón y malestar –su “dolor”, dice- porque supuestamente recién descubre quiénes eran en realidad los Toledo, los Humala y la Villarán, harían mejor en ahorrarnos esa confesión y flagelarse en privado.  

Son figuras públicas –políticos y periodistas- que no soportan el silencio mediático. Una cura de silencio les haría bien. Hay mucha inmadurez, necesidad de depositar vanas esperanzas en huacos falsos. La humildad es el mejor remedio para eso.  

Los políticos no están ahí para creer en ellos. Son solo gente con cierto carisma, una fuente de energía que por sí misma no es garantía de nada. Colocarles encima lo que no existe conduce al autoengaño y la decepción posterior termina en un sainete de pedidos de perdón en público.

Los politicos no son fines en sí mismos, son solo medios que pueden ser útiles para alcanzar fines que importan. No es tarea fácil, porque los partidos políticos, como los los medios de comunicación, suelen ser imanes de locos.

Un nuevo nivel de conciencia pública es lo que hace falta para encauzar hoy constructivamente toda esa energía. La relación vertical entre gobernante y gobernado debe desaparecer para dar paso a una nueva relación entre iguales.   

Los políticos son brokers del poder. Están ahí para negociar con ellos. Esto es lo que Donald Trump, por ejemplo, comprende bien. El instrumento de su actividad empresarial ha sido siempre el acuerdo que nace de la negociación, el deal. Será igualmente el arma de su gobierno. El pueblo americano entiende eso. Es la razón por la que ha sido elegido.

El pueblo latinoamericano lo comprende igualmente. No hay peruano que no entienda la idea de la reciprocidad. El ayni andino es nuestro deal. La base de la confianza, cimiento del crédito. Mientras más amplio, generoso y extendido en el tiempo, mejor.        



REPORTE DE NOTICIAS en Internet
Las siguientes notas periodísticas de política y economía han sido seleccionadas, editadas y ordenadas
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GOBERNABILIDAD, DEMAGOGIA, AUTORITARISMO, DEMOCRACIA



Expreso
Entrevista a Rosa María Bartra, vicepresidenta del Congreso
-Congresista, ¿considera usted que el decreto de urgencia 003-2017 promulgado por el Gobierno perjudica al Estado?
La dación de este decreto de urgencia demuestra que seguimos en la misma línea de no mostrarle al país una verdadera voluntad de luchar contra la corrupción. La empresa Graña y Montero, por ejemplo, se presentó en el Congreso y dijo que no sabía absolutamente nada de los actos de corrupción de la empresa constructora Odebrecht. Entonces, la pregunta natural es: ¿eran tan inocentes para no darse cuenta que su socio estaba incurso en sobornos? O, en todo caso, ¿eran tan negligentes para no haber tomado conocimiento de los actos de su socio principal? Es muy difícil de creer. Entonces, manifestar una inocencia clamorosa en un acto de este tipo no puede pasar desapercibido por el Congreso.
-Entonces, ¿el Congreso va a observar y enmendar los contenidos de esta norma legal?
El Gobierno no puede emitir una norma de este tipo, que permite que empresas societarias de Odebrecht que no han sido sancionadas ni condenadas por los ilícitos investigados puedan seguir operando con absoluta tranquilidad, pues el decreto de urgencia las protege, dejando en una enorme desamparo a los intereses del Estado. No hay, por lo tanto, el rol del Estado de luchar contra la corrupción ni la intención de demostrarle a la población que existe una vocación real, sino, al contrario, habría un evidente espíritu de protección a las empresas socias de Odebrecht bajo un disfraz de supuesta protección para facilitar la continuidad de las obras. Como congresista de Fuerza Popular garantizo que eso no lo vamos a permitir.
-De ser así, ¿cuál sería el paso a seguir del primer poder del Estado?
Este decreto de urgencia tiene que pasar el control político del Congreso y tiene que ir al grupo de trabajo de Constitución, que revisa la constitucionalidad de las normas que emite el Ejecutivo, debiéndose tomar las decisiones que correspondan. Mi posición personal es que este decreto no debe pasar porque no está protegiendo al Estado peruano y sí a las empresas corruptas que han sido suficientemente negligentes para merecer una sanción.
(…)



El Comercio
La Comisión de Fiscalización y Contraloría, presidida por el congresista de Fuerza Popular Héctor Becerril, acordó solicitar al Pleno del Congreso de la República facultades para investigar la adenda del contrato de concesión del aeropuerto de Chinchero (Cusco).
El presidente de la Comisión de Fiscalización, Héctor Becerril, agregó que también solicitarán al Congreso un plazo de 90 días para investigar el caso de las agendas de la ex primera dama Nadine Heredia.
Finalmente, la Comisión de Fiscalización informó que todos los miembros de este grupo de trabajo asistirán el lunes 20 a Palacio de Gobierno para entrevistar al presidente Pedro Pablo Kuczynski sobre el caso del ex asesor presidencial Carlos Moreno.



El Comercio
Fiscales de la nación y procuradores generales de once países acordaron en Brasilia formar equipos conjuntos para realizar indagaciones coordinadas frente a los actos de corrupción de la compañía Odebrecht, así como de otras empresas brasileñas por el denominado Caso Lava Jato.
El pronunciamiento fue suscrito por fiscales de la nación y procuradores generales de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú, Portugal, República Dominicana, México y Venezuela que se reunieron para promover el intercambio de información. En la reunión participó el titular del Ministerio Público, Pablo Sánchez.
“Insistir en la recuperación de activos y la reparación integral de los daños causados por los ilícitos, incluyendo las multas, y reafirmar el respeto irrestricto al principio de legalidad, debido proceso y los derechos humanos”, es una de las premisas en el documento.
De otro lado, se conoció que el Ministerio Público Federal de Brasil firmó dos acuerdos de lenidad con las empresas Odebrecht y Braskem, así como acuerdos de colaboración premiada con 78 personas relacionadas con estas compañías, sujetos a confidencialidad.






ANTICORRUPCION, PERSECUCION, JUDICIALIZACION POLITICA



Expreso
La situación jurídica de la ex primera dama Nadine Heredia parece complicarse cada vez más respecto a la investigación por los presuntos pagos de Odebrecht a cambio de la licitación del Gasoducto Sur Peruano (GSP).
De acuerdo a la versión de un testigo en reserva (documento al que este diario ha tenido acceso), cuya carpeta de investigación corre a cargo del fiscal anticorrupción Reynaldo Abia  Arrieta, Nedine Heredia comenzó a planificar la modificación del proyecto inicial del GSP a pocos meses de haberse instalado la administración humalista en Palacio de Gobierno, el 28 de julio de 2011.
“La señora Nadine Heredia Alarcón participó activamente, desde el primer trimestre de 2012, en el rediseño del proyecto [GSP], que inicialmente se llamaba  Kuntur (aun cuando este mismo fue comprado por Odebrecht a la empresa Conduit  empezando el año 2011), a inicios del gobierno de OHT [Ollanta Humala Tasso]…”, reza el documento fiscal.
“…por lo que NHA [Nadine Heredia Alarcón] comenzó a planificar la variación del proyecto para que sea una obra cofinanciada entre el Estado y la empresa ganadora (Odebrecht y sus pares consorciadas)”, detalló minuciosamente el colaborador eficaz ante el fiscal Abia Arrieta, cuya identidad se mantiene en reserva por seguridad.
Ese mismo testigo, en la parte medular de su declaración, habría recordado que “en el 2012 Proinversión (…) había empezado los estudios para el tantas veces mencionado cambio del proyecto, a pesar de que Nadine Heredia Alarcón, en las reuniones sostenidas con el personal de dicho organismo, habría tomado conocimiento que para el nuevo proyecto no había gas suficiente en la zona, es decir, el proyecto no resultaría viable”.
Es más, en la página 19 de documento, en el parágrafo 69 de la ‘Disposición de Inicio de Diligencia Preliminares’ de la carpeta fiscal Nº 475-2016, al tratar “Sobre la concertación entre el ex Ministro de Energía y Minas Eleodoro Mayorga y representantes de la empresa Odebrecht”, la incriminación es aún más lapidaria contra la ex primera dama.
Esto, al  precisar que “la procuraduría (…) ha señalado que se advierte que los señores Eleodoro Mayorga Alva y Ollanta Humala Tasso habrían intervenido en su calidad de funcionarios públicos para que se le otorgue la concesión del proyecto Gasoducto Sur a la empresa Odebrecht en concertación con representantes de esta empresa…”. Se refieren a Jorge Barata, Rodney Carvalho y Marko Harasic.
De  inmediato se lee este agregado: “Para esto habrían contado con el apoyo trascendental de la ex primera dama de la Nación, la Sra. Nadine Heredia Alarcón, quien habría participado activamente para otorgar la buena pro al Consorcio Gasoducto Sur Peruano (conformado por la empresa Odebrecht y Enagás)”.
Por esas y otras razones jurídicas, el fiscal  Abia  Arrieta no solo ha incluido a Nadine Heredia dentro de la investigación preliminar abierta recientemente por su despacho sino también a otros doce incriminados por los presuntos cargos de colusión agravada y negociación incompatible en agravio del Estado.
Uno de los principales investigados por dicho fiscal es el ex gerente general de Odebrecht en el Perú, Jorge Hernrique Simoes Barata. También figuran David San Fruto Tome, Jorge Danós Ordóñez, Ana Sofía Rayna Palacios, Manlio Bassino Pinasco, Ulderico Ossio Seminario, Mariana Simoes, Gustavo Adolfo Navarro Valdivia, María del Rosario Patiño Marca, Luis Peschiera Rubini, Rodney Rodríguez de Carvalho y Luis César Lindgren Costa Flavio Bento de Faria.
Por cierto que una de las piezas centrales de la presente investigación será  Nadine Heredia, de quien últimamente habló en voz alta la procuradora pública ad hoc para el caso Odebrecht, Katherine Ampuero Meza, quien recordó la existencia de suficientes elementos que vinculan a Nadine Heredia con actos irregulares en la adjudicación del Gasoducto Sur Peruano, en junio de 2014, en favor de Odebrecht.
Nadine Heredia ya ha sido citada anteriormente por el fiscal Abia Arrieta, pero la diligencia fue cancelada luego porque la ex primera dama dio a conocer que ya no contaba con el asesoramiento del abogado Eduardo Roy Gates, por lo que el representante del Ministerio Público deberá fijar una nueva fecha para esos efectos.
Dada la cantidad de investigados y de acuerdo a lo preceptuado por la normatividad procesal penal, el despacho del fiscal Reynaldo Abia declaró oficialmente “compleja” dicha investigación, por lo que delimitó un plazo de ocho meses para agotar todos los actos de investigación correspondientes.



El Comercio
Las empresas Odebrecht, OAS y Camargo Correa pagaron los honorarios del publicista brasileño Luis Favre durante la campaña presidencial del Ollanta Humala en las elecciones del 2011, según declaró el colaborador eficaz 003-2015 a la fiscalía anticorrupción, que investiga las presuntas irregularidades en la concesión del Gasoducto del Sur.
Según informó Latina, que accedió al testimonio de este colaborador, la campaña en medios de comunicación y redes sociales de Humala “fue dirigida por personas enviadas y pagadas por las empresas brasileñas que conformaban el denominado Grupo Brasil”, entre las que estaban las mencionadas líneas arriba.
Agregó que la coordinación estaba a cargo de la empresa OAS, a través de Valfredo de Assis y Joao Piñeiro, “quienes se reunían con frecuencia con Nadine Heredia y en algunas oportunidades con Ollanta Humala”.
De acuerdo al colaborador eficaz, estas firmas brasileñas “enviaron” a Luis Favre, a quien le pagaron sus servicios.
“Sin embargo, para el pago se usaron nombres de otras empresas dedicadas a la publicidad como FX Comunicaciones, Pepper Interativa y en el Perú, Visionario SAC”, refirió ante el Ministerio Público.
En marzo del 2016, Luis Favre negó, en una carta que envió a la Comisión Lava Jato dirigida por Juan Pari, que haya recibido algún pago las constructoras brasileñas que tienen inversiones en el Perú.



El Comercio
Ollanta Humala declaró a la prensa a su salida de la sede de la Segunda Fiscalía Anticorrupción, que encabeza una investigación preliminar para esclarecer la concesión del Gasoducto Sur Peruano en junio del 2014 a la empresa brasileña Odebrecht.
"He venido a suscribir un acta de reprogramación de las citaciones", manifestó. "Se va a reprogramar nuestra citación. Y vendremos", refirió.
En otro momento, Humala dijo que en el Gasoducto Sur Peruano “las pericias del Ministerio Público han señalado que no hay perjuicio al Estado”, manifestó. Consideró que el proyecto es bueno y pidió que el aspecto técnico sea explicado por ex ministros de su gestión, como “Carlos Herrera Descalzi, Jorge Merino, Eleodoro Mayorga, Rosa María Ortiz, que son los que deben defender el proyecto. Pediría que las partes técnicas y puntuales del proyecto las respondan ellos”, dijo.
Ayer, el ex mandatario Alan García tambien asistió a la fiscalía anticorrupción. En declaraciones a la prensa, manifestó que el gasoducto iba costar US$1.300 millones provenientes de la inversión privada sin participación del Estado. Sin embargo, García afirmó que durante el gobierno de Ollanta Humala se anuló el contrato y el proyecto pasó a costar US$7.000 millones el 2014.



Peru21
Así se hizo la pendejada…
Aldo Mariátegui
Me escribe un observador: “Aldo, en estos escándalos de corrupción en la Interoceánica del Sur se pueden advertir varias pendejadas:
A) Sospechoso número limitado de participantes, pues se agrupan todos los interesados alrededor de solo dos consorcios; Concesionario Interoceánico (Odebrecht/Graña) y Consorcio INTERSUR (puro brasileño: Andrade Gutiérrez, Camargo Correa y Queiroz Galvao).
B) Patrón recurrente de adjudicación: En TODOS los casos, los postores ofrecen el monto máximo por el “Componente de Mantenimiento” (PAMO). Pero en el caso del “Componente de Inversión” (PAO), SIEMPRE el ganador se adjudica la obra con una propuesta igual o ligeramente menor al valor máximo y el perdedor SIEMPRE pierde por presentar un valor superior al máximo de la subasta.
Así, Concesionario Interoceánico se adjudica los tramos II y III sin competencia porque Consorcio INTERSUR se excede “casualmente” al valor base. A su vez, Consorcio INTERSUR se adjudica el tramo IV con una propuesta menor y Concesionario Interoceánico presenta una propuesta que excede el monto máximo. ¡En pared, a lo Sotil y Cubillas!
Estos resultados muestran dos tipos de colusión entre ambos postores: 1) Reparto “ex ante” de los contratos (“bid rigging”) y 2) Propuestas “en pared”, mediante las que el ganador obtiene el valor máximo y el perdedor ofrece un monto superior, solo de “cortesía”. Ojo que además la licitación no cierra el concurso con un “precio firme”, sino con uno “referencial” que será confirmado por… ¡el mismo concesionario en campo! ¡El gato de despensero! Y en la licitación se define un Proyecto Base “modificable”, lo que abrió el camino a las adendas, por las cuales estas IIRSA Sur nos salieron carísimas. Este último mismo patrón lo encontrarás en otros procesos…






AGUA, MINERIA, CONFLICTOS AMBIENTALES, REGIONALIZACION



El Comercio
El Ejecutivo y autoridades de la provincia de Cotabambas, en Apurímac, acordaron el miércoles dar inicio a la ejecución de los proyectos y actividades incluidos en el Plan de Desarrollo de Cotabambas para poner fin al conflicto en torno a la mina Las Bambas, donde la vía principal para el transporte del mineral a la costa permanece bloqueada desde octubre del año pasado. Hace unos días, habitantes de Challhuahuacho bloquearon también la vía alterna (la que actualmente utiliza la mina), que fue reabierta luego de que el Ejecutivo declarara estado de emergencia en la zona.
Según el Ministerio de Transportes, luego de reuniones con el alcalde provincial de Cotabambas, Odilón Huanaco, y autoridades de Haquira, Mara, Coyllurqui y Challhuahuacho, el plan de desarrollo ha sido complementado con 133 nuevas solicitudes de proyectos. La versión final incluye 291 proyectos priorizados.
El pasado 7 de diciembre, el vicepresidente y ministro de Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarra, viajó a Cotabambas con una propuesta de 366 proyectos, de los cuales 158 serían priorizados; en ese entonces se informó que la inversión ascendería a S/2.055 millones.
La denominada Alta Comisión de Cotabambas (integrada por autoridades y representantes de comunidades), que canalizó los pedidos de la población local, envió días después una misiva al presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala. En ella se explicó que la propuesta llevada por Vizcarra fue rechazada tras ser considerada  “una mecida”. El documento fue firmado por el alcalde de Cotabambas y otras 84 autoridades. El documento tenía más de 80 propuestas, la mayoría del sector Educación.
El miércoles fue aceptado el plan final.
No obstante, el sábado 11 diferentes autoridades, además del Frente de Defensa de Cotabambas, escribieron un pronunciamiento en el que rechazaron el plan porque no fueron incluidos en la asamblea del 7 de febrero, en que fue explicado.
El MTC sostendrán hoy una reunión con Rodolfo Abarca, secretario general del Frente de Defensa de Cotabambas.
Morales reconoció que hay una preocupación en cierto sector, pues el plan no contempla la modificatoria del estudio de impacto ambiental (EIA) de Las Bambas. “La mina se ha comprometido a tramitar los cambios en el EIA a través del Servicio Nacional de Certificación Ambiental el próximo 31 de marzo”, dijo. Este Diario intentó obtener la versión de la empresa MMG, a cargo del yacimiento, pero no fue posible.
Algunos proyectos que se llevarán a cabo en dicho plan están relacionados a los sectores Salud, Transportes y Saneamiento.
Energía: instalación y mejoramiento del servicio de energía eléctrica en toda la provincia de Cotabambas.
Conexión vial: construcción de seis puentes en toda la provincia.
Carreteras: construcción de la carretera División Pamputa-Puente Ichuray - Puente
Sayhua - Ccapacmarca - División Huincho - Velille - Espinar, en beneficio de más de 14 mil personas.
Banda ancha: instalación de banda ancha para la conectividad integral y desarrollo social de Apurímac.
Agua potable: mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable en todos los distritos.
Deporte: construcción de 17 losas deportivas multiusos.
Tambos: implementación de centros de servicios estatales.
Educación: Mejoramiento y ampliación de los servicios de educación en la provincia.
Salud: construcción de hospitales en Challhuahuacho, Haquira y Cotabambas.
Riego: instalación de sistemas de riego y represamiento de agua en la provincia.


jueves, 16 de febrero de 2017

ESTA NOCHE jueves 16 febrero 2017




ESTA NOCHE, donde usted se entera no de todo lo que ocurre, sino de lo que necesita saber.

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MEDIA COLUMNA
Como por un tubo


Jorge Morelli
@jorgemorelli1
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Aparentemente, el gobierno se ha propuesto salvar a Graña y Montero con el Gasoducto y al Gasoducto con Graña y Montero. 

No será con la nuestra, sin embargo. 

La garantía del Estado es una de las maneras en que la corrupción se infiltró en el contrato. Con ella se endeudaba a los peruanos por una suma sideral y durante treinta años.

Ese contrato no se puede volver a licitar como se hallaba. Si el gobierno quiere hacer su jugada a dos bandas, que la haga la empresa con plata privada. 

Graña y Montero adquirió un fuerte porcentaje de acciones del consorcio que encabezaba la empresa brasileña cuando el propietario de la empresa corrupta ya se hallaba detenido en Brasil.

Esa extraña y cuestionable decisión suscita inevitablemente la pregunta de si Odebrecht estaba tratando de transferir la propiedad del consorcio curándose en salud antes de que los procesos legales tuvieran consecuencias económicas.  

Esto va a salir mal si se insiste en ello.

Pero ya sabemos que la temeridad es la característica de este gobierno. Su nula anticipación es la otra cara de la misma moneda.



REPORTE DE NOTICIAS en Internet
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GOBERNABILIDAD, DEMAGOGIA, AUTORITARISMO, DEMOCRACIA



Expreso
Entrevista a Juan Mendoza
-¿El Decreto de Urgencia 007 emitido por el Gobierno cautela los intereses del Estado sobre las concesionarias locales?
(…)
…parece que el decreto de urgencia tiene vacíos importantes. El principal es que no se habla de los socios [peruanos] de estas empresas [brasileñas] porque las licitaciones o las concesiones que se han dado en el caso de la Interoceánica han sido en consorcio. En los tramos 2 y 3 la empresa Odebrecht no ha ganado sola sino que ha tenido empresas socias, conocidas por su cuestionamiento [Graña y Montero (GyM), JJC e ICCGSA]. La medida tendría que aplicarse hasta que se esclarezca el tema de la corrupción, y cuanta corrupción hubo que tiene que aplicarse al consorcio.
(…)
-La medida parecería proteger a las empresas vinculadas a la constructora Odebrecht antes que al Estado…
Si una empresa como GyM entra a un consorcio y después uno de los miembros del consorcio –como Odebrecht– admite haber incurrido en una coima, esta afecta a todo el consorcio. Por lo tanto, si ha existido ilegalidad o irregularidades en la obtención de esa concesión, todo el consorcio es responsable frente al Estado peruano y asume las consecuencias, las medidas punitivas y medidas cautelares que se disponga. Porque el resarcimiento económico que GyM pueda buscar por el daño que se le ha causado será con Odebrecht, pero el Estado peruano no tiene por qué perjudicarse. Entonces, la medida debe afectar a todos los consorciados.
(…).
-¿En el Gasoducto Sur Peruano pueden participar los consorciados?
A mi entender Graña y Montero ya no puede participar en la concesión del gasoducto. Si bien es cierto no fue parte del consorcio inicial, adquirió acciones y, según mi interpretación, el contrato del 2014 señala que en el caso que el ganador lo incumpla -por ejemplo, si no han obtenido el cierre financiero- no puede volver a participar en una futura relicitación del proyecto, y eso incluiría a Odebrecht, Enagás y Graña y Montero. Ahora, si hubo corrupción a la fecha 15 de febrero, eso no lo sabemos, pero si se determina –en el curso de las investigaciones– que hubo corrupción o ilegalidad en la obtención de esa concesión, esta quedaría nula. El dinero que se ha liquidado de la carta fianza debería ser parte de pago de una indemnización por daños y perjuicios. Ni Enagás ni Graña y Montero deberían estar permitidas de volver a participar en una futura licitación en el momento que ello ocurra.
(…)



Expreso
César Gutiérrez
Con mucho brío, el pasado do­mingo en horario estelar y en cadena nacional, un circuns­pecto y enfático Pedro Pablo Kuczynski (PPK) anunció unas supuestas medi­das anticorrupción y protectoras de los derechos del Estado peruano, que garantizarían el cobro de futuras repa­raciones civiles que impongan las auto­ridades judiciales en los procesos sobre corrupción en el contexto Lava Jato.
El lunes de esta semana fue publicado, en el diario oficial El Peruano, el Decre­to de Urgencia 003-2017 (DU) según el cual se establecen las pautas para ejercer lo que llaman ‘la cautela del Estado’, pero que más parece la caute­la de las empresas peruanas que han sido y son socias de las brasileñas que hoy son materia de cuestionamiento internacional.
Según el DU, los comprendidos en sus alcances, para vender activos u accio­nes, deberán tener autorización del Ministerio de Justicia y, de efectivizarse la venta, la recaudación ingresará a un fideicomiso hasta que se determine la suerte final en el juzgamiento al que están sometidos. Igual suerte corren los excedentes de los costos de opera­ción y mantenimiento de las empresas concesionarias que tienen operaciones en marcha.
Veo dos focos de conflicto: la aplicación del DU a las que se llaman ‘empresas vinculadas’ y la estimación por la Procu­raduría, que es parte del Minjus, de las reparaciones civiles.
La norma emitida denomina ‘empresa vinculada’ a aquella que tiene una par­ticipación accionarial mayor del 10 % en un consorcio con la empresa o funciona­rios de ella que hayan sido sentenciados por corrupción o cuyos representantes hayan admitido actos dolosos.
Una observación inicial: la participa­ción porcentual en un consorcio no exonera de responsabilidades cuando de cometer delito se trata. Los con­sorciados tienen el derecho a revisión de cuentas del conjunto, siendo imposible que, si el accionista mayo­ritario paga una prebenda, sea este el que asuma el costo de ella al 100 %, pues sería perjudicial para sus intere­ses y además tendría que maquillar o escamotear el hecho contablemente, sin que los auditores lo perciban.
¿Al­guien en su sano juicio puede creer que Odebrecht asuma en solitario 20 millones de dólares para hacerle depósitos al señor Josef Maiman en favor del expresidente Alejandro To­ledo, según el fiscal Hamilton Castro?
Con la tesis descabellada de que la participación porcentual menor al 10 % en el consorcio exonera de responsabi­lidades mientras dure el proceso, aun si estuviera en calidad de procesado o acusado, es pertinente saber tanto en el caso de la Interoceánica Sur (IIRSA Sur) tramos 2 y 3, cuanto en la Inte­roceánica Norte (IIRSA Norte), cómo estaban conformados los consorcios.
En la IIRSA tramos 2 y 3 el consorcio que participó en el concurso, ganó la buena pro y firmó contrato estuvo conformado por Odebrecht: 70 %, Graña y Montero (GyM): 18 %, JJC Contratistas Generales: 7 %, ICCGSA: 5 % (Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A.)
De plano estarían exonerados JJC e ICCGSA, mientras que GyM en la úl­tima Memoria Anual que corresponde al año 2015 ya no aparece como inte­grante del consorcio. Es decir GyM, que ha estado presente en todo el pro­ceso y ahora ya no es parte, quedaría completamente fuera del ámbito del DU, salvo que la ministra Pérez Tello corrija sus afirmaciones recientes.
En IIRSA Norte, el consorcio estuvo conformado por Odebrecht: 49.8 %, Andrade Gutiérrez: 40.0 %, GyM: 10.2 %. En este caso GyM ya tampoco aparece en su Memoria Anual 2015 como accionista.
Los acuciosos dirán que en el caso del Gasoducto Sur Peruano (GSP), GyM y Enagas sí estarían afectos al DU 003-2017, pues cuentan con participaciones del 20 % y 25 %, respectivamente. Efectivamente, sí les correspondería la aplicación de la norma referida, pero hay que tener en cuenta que lo que se recaude de la venta de los activos, que en el extremo sería el 72.25 % del valor contable neto, según contrato, se iría a pagar deuda.
Según un hecho de importancia reportado por GyM a la Bolsa de Valores de Lima, en el caso de venta descrito, según su proyección recaudarían el 95 % de los pasivos que ellos tienen en el proyecto. Como la norma señala que la recaudación se iría a un fideicomiso, los acreedores se harían del monto. En este orden de ideas, el dispositivo no les afecta en absoluto en este caso.
Pero hay un tema más grave para el Estado peruano. Y es que GyM ya ha puesto en venta sus activos donde espera recaudar US$ 300 millones, lo cual es una información pública. Si lo logra, no tiene ningún impedimento para retirar los fondos del país y en la eventualidad de una sanción derivada del caso penal por las Interoceánicas, el Estado ya no tendrá de dónde cobrarse la reparación civil.



El Comercio
La procuradora ad hoc para el Caso Odebrecht, Katherine Ampuero, se refirió al reciente decreto de urgencia del Poder Ejecutivo. “Este dispositivo [lo de la conformación de un fideicomiso] se va a tener que reglamentar o sacar directivas porque hay muchas cosas que hay que manejar”, declaró.



El Comercio
La comisión parlamentaria encargada de investigar las implicancias en el Perú del Caso Lava Jato acordó hoy citar a la ciudadana brasileña Jussara Barata, esposa del ex representante de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata.
La propuesta la hizo Víctor Andrés García Belaunde y fue aprobada por unanimidad. Al sustentar su pedido, el legislador comentó que se ha señalado que la esposa de Jorge Barata estaría en Lima desde el 30 de enero con la intención de vender sus inmuebles.
El diario "Exitosa" señaló que una empresa inmobiliaria vende, desde el 9 de febrero, su propiedad en el distrito San Isidro por US$1'800.000. Esta posee 359 metros cuadrados repartidos en un hall de ingreso, dos salas, dos comedores, una cocina, cuatro dormitorios, cuatro baños y una lavandería.
Cabe anotar que Jorge Barata se acogió a la delación premiada, una especie de colaboración eficaz, en el marco de las investigaciones del Caso Lava Jato en Brasil.
La justicia de ese país investiga los pagos de sobornos que hicieron empresas constructoras brasileñas, incluida Odebrecht, a funcionarios de hasta doce gobiernos, a cambio de ganar las licitaciones de obras millonarias.
En tanto, la Comisión Lava Jato también acordó citar a la abogada Lourdes Carreño Carcelén, quien actualmente funge de enlace entre Odebrecht y la fiscalía peruana, y a Raymundo Trindade Serra, ex directivo de Odebrecht que firmó los auspicios que dio la empresa al Instituto Prensa y Sociedad (IPYS).



El Comercio
La procuradora ad hoc para el Caso Odebrecht, Katherine Ampuero, indicó que su despacho solicitará la nulidad de las transferencias producto de la compra de bienes provenientes de implicados en el Caso Odebrecht, en referencia al ex representante de la firma brasileña en el Perú Jorge Barata, quien busca vender los inmuebles que posee en Lima. “Quiero advertir a todas aquellas personas que quieran comprar bienes de todas estas personas que están involucradas en actos de corrupción, que la Procuraduría solicitará la nulidad de esas transferencias”, aseveró.



El Comercio
La procuradora ad hoc para el Caso Odebrecht, Katherine Ampuero, adelantó que su despacho solicitará inicialmente una reparación civil a favor del Estado de más de S/200 millones por algunos de los sobornos que la firma brasileña admitió haber pagado durante los gobiernos de Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala.
“Estamos solicitando más de 200 millones de soles como reparación civil. Es un monto provisorio porque el tema de las pericias va a venir durante la investigación fiscal”, manifestó, respecto a los pagos hechos por la carretera Interoceánica y la Línea 1 del Metro de Lima.



Gestión, Reuters
El holding de inversiones Corficolombiana se declaró víctima de la brasileña Odebrecht, su socio en un importante proyecto vial en Colombia recientemente suspendido por un tribunal en medio de un escándalo de pago de sobornos.
Corficolombiana participa en Ruta del Sol II a través de su subsidiaria Episol con un 33% de la concesión, mientras que Odebrecht controla un 62% y CSS Constructores el restante 5%.



El Comercio
La empresa China National Petroleum Corporation (CNPC Perú SA) inció hoy la fase de explotación de hidrocarburos del Lote 58, informó la empresa estatal Perú-Petro.
CNPC tiene hasta mayo próximo para presentar su Plan Inicial de Desarrollo de los yacimientos descubiertos de gas natural, precisó la empresa a través de un comunicado.
La implementación del plan supondría una inversión superior a los US$ 500 millones, puntualizó.
Hoy se vencía el plazo para que la CNPC comunique a Peru - Petro si pasaba de la etapa de exploración del Lote 58 a la de explotación.
El Lote 58 posee 3.9 trillones de pies cúbicos (TFC) de recursos contingentes de gas en categoría 2C (que señalan la probabilidad de existencia en una escala del 1 al 3) en los yacimientos Urubamba, Picha, Taini y Paratori, ubicados en la selva sur de Cusco.
Así lo reportó al Ministerio de Energía y Minas (MEM) a fines de noviembre pasado, que estimó que el lote incrementa en 27.7% las reservas probadas de gas del país.



El Comercio
El presidente, Pedro Pablo Kuczynski, y el ministro de Energía, Gonzalo Tamayo, aceptaron la renuncia del viceministro de Energía Raúl Ricardo Pérez-Reyes Espejo.
Como viceministro ostentaba un cargo de confianza, según se precisó.
En los considerandos de la resolución, solo se indica que ante la renuncia del funcionario, es "pertinente aceptarla".
Durante el gobierno pasado, Pérez-Reyes se desempeñó como viceministro de Comunicaciones.



Gestión
El Consejo de Ministros discutió y aprobó el reglamento del mecanismo Invierte.pe, que permitirá dinamizar la ejecución de proyectos de inversión pública, tanto de nuevos proyectos como de los que están aún bajo el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).
“Permite al MEF involucrarse donde se tiene que involucrar, que es en la asignación presupuestal. El MEF hoy día no se involucra en todo el proceso de inversiones, sino la unidad ejecutora que es el Ministerio, el gobierno regional o local”, anotó. En ese sentido, indicó que el MEF ahora se encargará de pedir que las obras tenga un elemento de cierre de brechas, y en base a eso se asigna un presupuesto. “De ahí en adelante, es la unidad ejecutora la que desarrolla el proyecto, los estudios, etc. Eso va a resultar en un proceso de aprobación e implementación de las obras, mucho más rápido”, enfatizó el ministro de Economía, Alfredo Thorne.
Indicó que el reglamento de Invierte.pe también divide las obras entre las de baja complejidad y de alta complejidad.
“Las de baja complejidad solo van a necesitar una ficha técnica, donde se desarrollen las principales características de la obra, de manera que se puedan aprobar rápidamente. Las de alta complejidad, que son aquellas de más de 15,000 UIT (S/ 60.75 millones) o que determine el sector, esas sí van a tener un expediente técnico”, precisó.
“También se han aplicado estos criterios para los gobiernos locales y regionales, con lo cual hemos cumplido nuestra promesa de dar muerte al Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP)”, acotó.
“Hay un proceso de transición, que se explica en el reglamento, para ir de los proyectos que ahora están en el SNIP para que pasen al Invierte.pe, y la idea es hacer esta transición lo más pronto posible”, dijo. “Calculamos que entre uno y tres meses deberíamos acabar todos los proyectos que están en el SNIP”, añadió.



El Comercio
El Ministerio de Economía ha establecido nuevos requisitos para las compras estatales y proveedores. En ese sentido, para que los proveedores puedan integrar los Catálogos Electrónicos para ofertar sus bienes y servicios al Estado a través de la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS, deberán pasar por una evaluación de su capacidad económico financiera, que se determinará a través de la calificación emitida por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS); y deberán tener la garantía de cumplimiento.
Estos nuevos criterios se aplicarán desde la primera convocatoria para la implementación de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco, que empezará este 15 de febrero con los rubros: Impresoras, Consumibles, Repuestos y Accesorios de Oficina. Dicho procedimiento concluirá con la suscripción automática de Acuerdos Marco entre PERÚ COMPRAS y  los proveedores adjudicatarios, permitiéndoles a estos últimos formar parte de los Catálogos Electrónicos y ofrecer sus productos a todas las entidades públicas a nivel nacional.






ANTICORRUPCION, PERSECUCION, JUDICIALIZACION POLITICA



El Comercio
El Ministerio Público informó que envió en físico a la cancillería la solicitud complementaria de detención preventiva con fines de extradición del ex presidente Alejandro Toledo. Señaló que el documento traducido al inglés fue presentado hoy por la embajada peruana ante las autoridades de Estados Unidos.
“El juez y el fiscal han trabajado durante el fin de semana para completar esa información”, dijo el pasado lunes el presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala.
El pedido de prisión preventiva fue hecho por el fiscal anticorrupción Hamilton Castro. El juez Richard Concepción Carhuancho, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, acogió la medida el pasado jueves.



El Comercio
El jefe del Gabinete Ministerial, Fernando Zavala, precisó que el Perú ha elegido el camino de la extradición del ex presidente Alejandro Toledo y agregó que es la misma línea fijada por la fiscalía y el Poder Judicial.
“Sin perjuicio de eso, también existe un procedimiento a nivel del Departamento de Estado. (Pero ) el procedimiento que hoy está en marcha es el de la extradición a través de la solicitud del Poder Judicial”, manifestó.
El último domingo, PPK sostuvo una comunicación con Trump, en la que entre otras cosas le planteó que estudie la posibilidad de deportar a Alejandro Toledo para que sea procesado en Lima. "El presidente Kuczynski solicitó a Donald Trump evaluar, en el marco de las competencias que la ley de migración de ese país brinda al Departamento de Estado, la opción de deportar a Toledo al Perú con el fin de que sea sometido a la justicia", informó la Cancillería peruana en un comunicado.



El Comercio, Bloomberg
Cuando en diciembre Donald Trump hizo retirar su nombre de la fachada de un hotel en la playa de Barra de Tijuca, en Río de Janeiro, su compañía dijo que se debía a demoras en el proyecto y calificó a la medida de “limpieza de rutina” en las semanas previas a asumir la presidencia.
Los fiscales y legisladores brasileños que investigan a los fondos de pensión que financiaron el proyecto pintan un cuadro diferente. En documentos judiciales y entrevistas, los investigadores dicen que la Trump Organization, en un acuerdo negociado por su hija Ivanka y su hijo Donald Jr., se encontró gestionando un hotel financiado por personajes oscuros y fondos de pensión desaprensivos y –sospechan los fiscales– edificado en base a la corrupción.
La fiscalía federal está investigando si el fondo FIP LSH, propietario del hotel –que, durante una visita reciente, estaba sin terminar y con prostitutas apostadas en la entrada- sobornó a dos fondos estatales de pensión a cambio de una inversión de US$41 millones e infló artificialmente el valor de la propiedad. También están investigando si la Trump Organization lucró “mediante el pago ilícito de comisiones y sobornos” a los fondos de pensión, según documentos judiciales. Nadie de la Trump Organization o de la propia compañía ha sido señalado en la pesquisa.






LIBERTAD ECONOMICA, GLOBALIZACION, REFORMAS, INVERSION



El Comercio, EFE
El presidente de EE.UU., Donald Trump, atribuyó los recientes récords registrados en Wall Street al "gran nivel de confianza y optimismo" que existe sobre su mandato.
Según subrayó Trump en su tuit, esto está ocurriendo "¡Incluso antes del lanzamiento del plan de impuestos!" que ha prometido. El presidente ha anunciado un agresivo plan de estímulo fiscal a través de la rebaja de impuestos y una multimillonaria inversión en infraestructura y defensa.
Los analistas temen que ese plan pueda generar mayor endeudamiento público y forzar a la Reserva Federal (Fed) a acelerar su ritmo de ajuste monetario.



The Economist
Trump y el dólar
El “trumpismo” es, en parte, la expresión del hartazgo de Estados Unidos por sobrellevar cargas que asumió hace 70 años. Una de ellas es el rol del dólar como estándar monetario mundial. El billete verde es uno de los pilares más vulnerables de la estabilidad global, y el mundo no está preparado para que abandone su rol en las finanzas internacionales.
A diferencia de otros aspectos de la hegemonía estadounidense, la relevancia del dólar ha aumentado con la globalización. Bajo el sistema de Bretton Woods, diseñado para el mundo de posguerra, las economías occidentales fijaron sus tipos de cambio al dólar, cuyo valor fue a su vez fijado al precio del oro. Tras la fractura de este sistema debido a las presiones inflacionarias de los años 70, el dólar incrementó su influencia.
En los 80 y 90, la apertura de las economías elevó los flujos de capitales y los gobiernos comenzaron a buscar estabilidad cambiaria mediante el manejo del tipo de cambio a través de la acumulación de reservas internacionales, que en buena parte constituyen activos denominados en dólares. Por ello, a los gobiernos les preocupan más las fluctuaciones del dólar que las de otras divisas.
Además, el comercio se realiza con frecuencia en dólares y las empresas y gobiernos tienen deudas en esa moneda por unos US$ 10 millones de millones. En suma, el dólar sigue siendo la principal divisa “ancla” para limitar la volatilidad.
Como resultado, Estados Unidos posee un enorme poder financiero, y puede causar estragos si contrae su suministro de dólares. Cuando la Reserva Federal (Fed) modifica su política monetaria, los efectos se sienten a nivel global. Hélène Rey, de la Escuela de Negocios de Londres, señala que muchas economías han perdido el control de sus propias políticas monetarias debido al efecto de las medidas de la Fed sobre el apetito global por el riesgo.
El retorno que recibe Estados Unidos sobre sus activos foráneos es más alto que el que los inversionistas foráneos ganan sobre sus activos estadounidenses —los gobiernos poseen miles de millones de reservas en activos en dólares, pero que ofrecen retornos bajos, como los bonos del Tesoro—. Ese flujo de inversión hace posible que Estados Unidos pueda tener persistentes déficits en cuenta corriente.
Esto se ha convertido en un privilegio que Estados Unidos parece ansioso por desechar. Si bien tener una moneda sobrevaluada y déficits comerciales no preocupa a sus consumidores, sí es doloroso para sus productores. En las últimas dos décadas, las importaciones han crecido más que las exportaciones y los nuevos empleos en sectores exportadores no han logrado absorber a los trabajadores desplazados por la creciente competencia extranjera.
Este privilegio también profundiza las desigualdades, pues las pérdidas de empleos afectan a los trabajadores mientras que las inversiones voluminosas benefician a los estadounidenses con grandes portafolios. En vista de que los ricos están menos inclinados a gastar un dólar extra que los trabajadores, este viraje en recursos debilita la demanda interna y, por ende, el crecimiento económico.
A esto se suman los dolores de cabeza generados por las bajas tasas de interés en dólares. Algunos economistas estiman que esto refleja que el apetito global sobrepasa la oferta de activos seguros que Estados Unidos provee —bonos gubernamentales—. A medida que los precios de estos bonos aumentan, sus tasas se reducen a casi cero, lo cual deja a los bancos centrales con menos margen para estimular sus economías.
Una solución benigna parece obvia: el dólar debiera compartir su rol con otras divisas. Pero uno de los candidatos, el yuan, está impedido de hacerlo por las restricciones existentes en los mercados financieros chinos; aparte que una mayor dependencia en China no es una opción atractiva para gobiernos que buscan reducir su exposición a regímenes autoritarios y adversos a la transparencia.
La otra alternativa es el euro, pero su rol está restringido por un riesgo político existencial y la escasez de bonos seguros en esa moneda. Además, las grandes economías tienen mucho que perder si la hegemonía monetaria estadounidense llegase a su fin: por ejemplo, sus políticamente convenientes superávits comerciales y sus enormes tenencias de activos en dólares.
La historia sugiere dos maneras en las que Donald Trump podría minar el rol del dólar. Bretton Woods se desarmó debido a un fallo fatal: los gobiernos estaban desesperados por obtener dólares pero al emitir más, Estados Unidos exportó su inflación, haciendo insostenible la fijación del valor de su divisa al oro.
De manera similar, si Trump reduce los impuestos e incrementa el gasto, y esto genera mayores déficits fiscales e inflación, los activos estadounidenses podrían perder su lustre. Sería una vuelta a los años 70: Estados Unidos tendría precios y tasas de interés al alza, pero se habría librado de su de­sorbitante carga.
Otra opción es que el dólar siga la ruta que tomó el patrón oro en el periodo de entreguerras. Ese sistema colapsó en medio de la ruptura de la colaboración internacional, pues las economías no competitivas elevaron sus aranceles y luego se retiraron del sistema mediante la implementación de controles de capitales. Sería trágico que se olviden las lecciones de la historia y tengan que aprenderse nuevamente.