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MEDIA
COLUMNA
Parias
y mandarines
Jorge Morelli
@jorgemorelli1
jorgemorelli.blogspot.com
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Hay
maestros nombrados y maestros contratados. Todos están mal pagados. Pero los profesores
contratados son un tercio entero de los maestros de la educación pública y son
los parias de este orden de cosas.
El último aumento otorgado por el gobierno lleva a los nombrados de la primera categoría de la carrera magisterial de ganar 1,500 soles a 1,700 soles. Claramente, ese sueldo no se acerca a lo que hace falta para un verdadero salto en la calidad de la enseñanza.
El último aumento otorgado por el gobierno lleva a los nombrados de la primera categoría de la carrera magisterial de ganar 1,500 soles a 1,700 soles. Claramente, ese sueldo no se acerca a lo que hace falta para un verdadero salto en la calidad de la enseñanza.
Pero para los maestros contratados
el último aumento no existe. Siguen ganando
1200 soles mensuales.Y están excluidos de la carrera magisterial.
En efecto, para ser un profesor nombrado de la educación pública peruana hay que tener título de Pedagogía. Si no se lo tiene, no se puede ser nombrado aunque se tenga un grado académico de la universidad de Princeton. No será profesor en una escuela pública a menos que acepte ser un paria contratado.
Alguna vez le pregunté a la doctora Martha Hildebrandt, linguista y titulada en Pedagogía- si le parecía que un maestro debe tener título de Pedagogía para enseñar. Su respuesta fue: en la enseñanza lo que importa es el “qué”, no el “cómo”. Importa dominar la materia, la técnica para enseñarla es asunto secundario.
¿A quién beneficia entonces este injusto estado de cosas? Sirve para que el gremio de los egresados de Pedagogía y el sindicato que los representa –el Sutep- tengan un monopolio de facto sobre las plazas de la educación pública.
Es una situación arcaica, abolida en la educación japonesa setenta años atrás, durante la pos guerra –según me explicó un profesor de la Universidad de Tokyo, una de las mayores autoridades de Japón en la materia-, lo que representa uno d elos dos momentos cruciales en el salto de la educación japonesa. El otro ocurrió cien años antes, con la reforma Mei Ji, al ordenarse la enseñanza obligatoria de inglés en todas las escuelas de Japón.
Esta
es la realidad: no hay inclusión ni meritocracia en la educación pública del Perú.
Hay discriminacion y privilegio. Si los maestros contratados son los
parias, los dirigentes son los mandarines.
REPORTE DE NOTICIAS en Internet
Las siguientes notas periodísticas de
política y economía han sido seleccionadas, editadas y ordenadas
temáticamente. No se las debe citar como
tomadas directamente de sus fuentes originales, las mismas que se indican sólo
como una forma de reconocer el crédito y agradecer la cortesía.
ANTICORRUPCION,
PERSECUCION, JUDICIALIZACION POLITICA
El Comercio
El
ministro de Transportes, Martín
Vizcarra,
adelantó hoy que el gobierno planteará que el plazo de la concesión del
aeropuerto de Chinchero a favor de Kuntur Wasi no sea ya de 40 años, sino de 30.
“Queremos
plantear dos modificaciones: la incorporación de la cláusula anticorrupción y
[cambiar] el plazo de concesión”, dijo.
Vizcarra reiteró que su despacho respetará la opinión
de la Contraloría sobre el contrato y la adenda.
El
congresista Víctor Andrés García Belaunde señaló que su bancada continuará
recolectando firmas para una interpelación contra el ministro de Transportes.
La
bancada de Fuerza Popular, según la parlamentaria Rosa Bartra, definirá
posición el próximo martes.
El Comercio
El
contralor general de la República, Edgar
Alarcón, cuestionó que el gobierno haya "hecho todo al
revés" al haber firmado la adenda al contrato de concesión de Chinchero sin esperar las recomendaciones de su institución.
Manifestó
que la decisión del Ministerio de Transportes fue “apresurada” y que su
institución había previsto riesgos.
El Comercio
El
consorcio Kuntur Wasi respondió anoche en un comunicado que respeta la decisión
de suspender todo pago y la voluntad de suscribir la cláusula anticorrupción.
La
Contraloría dice que losriesgos advertidos “no han quedado resueltos con la
adenda firmada por este gobierno”.
Este
es un resumen del proceso del contrato:
1.
Adjudicación y firma del contrato con el concesionario
En abril del 2014, Pro Inversión adjudicó el aeropuerto de Chinchero al consorcio Kuntur Wasi. En julio de ese mismo año, el Estado y la empresa firmaron el contrato de concesión.
En abril del 2014, Pro Inversión adjudicó el aeropuerto de Chinchero al consorcio Kuntur Wasi. En julio de ese mismo año, el Estado y la empresa firmaron el contrato de concesión.
2.
Primeras fricciones entre el Estado y el concesionario
En abril del 2016, el entonces presidente Ollanta Humala exhortó al concesionario Kuntur Wasi a presentar una propuesta de cierre financiero “seria”. Advirtió que, de no hacerlo, podría rescindir el contrato de concesión.
En abril del 2016, el entonces presidente Ollanta Humala exhortó al concesionario Kuntur Wasi a presentar una propuesta de cierre financiero “seria”. Advirtió que, de no hacerlo, podría rescindir el contrato de concesión.
3.
El nuevo gobierno tampoco aprueba la propuesta
El 22 de julio del 2016, Ositrán emitió una opinión favorable sobre el otorgamiento de garantías. El 25 de noviembre, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) rechazó la propuesta del concesionario por ser “perjudicial” para el Estado.
El 22 de julio del 2016, Ositrán emitió una opinión favorable sobre el otorgamiento de garantías. El 25 de noviembre, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) rechazó la propuesta del concesionario por ser “perjudicial” para el Estado.
4.
El proyecto de modificación del contrato es presentado al MTC
El concesionario presentó un proyecto de adenda al contrato de concesión, a pedido de los acreedores permitidos (quienes darían el préstamo al concesionario). Según este, sería el Estado el que desembolsaría el dinero.
El concesionario presentó un proyecto de adenda al contrato de concesión, a pedido de los acreedores permitidos (quienes darían el préstamo al concesionario). Según este, sería el Estado el que desembolsaría el dinero.
Expreso
La bancada de Acción
Popular presentó el pliego interpelatorio al ministro de Transportes, Martín
Vizcarra, sobre la adenda al contrato de Chinchero.
De aprobarse la
interpelación, esta se estaría efectuando después de la primera semana de
marzo.
Dentro de las 27 preguntas
está la referida a la razón por la cual el MTC aprobó una adenda al contrato de
concesión presentado por el propio concesionario que ha sido desaprobado por
las gerencias técnicas de Ositran.
S le preguntará a Vizcarra
por qué faltó a la verdad ante la Comisión Permanente el 9 de febrero, cuando
que el informe técnico de Ositran era favorable a la adenda.
También se le preguntará por
el plazo de 40 años de la concesión.
Víctor Andrés García
Belaunde dijo que, al estar Martín Vizcarra imponiendo adendas lesivas, no
habrá dentro de poco vicepresidente de la República.
“Se ha desgastado, y no se
desgasta un ministro cualquiera, sino el vicepresidente en un país en el que es
un suplente [del Presidente] y tiene que estar fuera del juego”, sostuvo.
La fujimorista Úrsula
Letona reiteró que Fuerza Popular evaluará en los próximos días si apoyará la
interpelación de Martín Vizcarra.
El Comercio, Andina
La
bancada de Fuerza Popular definirá el martes 7 de marzo si respalda o no la
propuesta de interpelación al ministro de Transportes, Martín
Vizcarra, afirmó la primera vicepresidenta
del Congreso, Rosa María Bartra.
El
congresista Juan Sheput, vocero de la bancada Peruanos por el Kambio, refirió
que el ministro Vizcarra irá al Congreso a informar sobre la adenda.
El Comercio
Las
acciones de Andino Investment Holding sufren una dura caída a estas horas en la
Bolsa de Valores de Lima (BVL) debido a la incertidumbre en torno a la
construcción del Aeropuerto de Chinchero.
Los
títulos de Andino cotizan hacia la 1 de la tarde en 1,1 soles luego de perder un
12% en la jornada.
El Comercio
El
abogado Juan Monroy negó ante la Comisión Lava Jato del Congreso haber entregado el 4
de agosto del 2005 el informe sobre el cual se basó Pro Inversión para avalar
el contrato de la Interocéanica.
El
problema surgió un día antes, el 3 de agosto, cuando la vicecontralora Rosa
Urbina envió un documento donde indicaba que la Constructora Norberto
Odebrecht, Queiroz Galvao y la peruana Graña y Montero estaban impedidas de
contratar porque tenían juicios pendientes con el Estado Peruano.
En
el acta de Pro Inversión del 4 de agosto se usó un supuesto informe de Monroy
para desestimar la observación de la Contraloría.
Según
Monroy, su informe fue entregado entre el 8 y el 10 de agosto, y no el 4 como
dice el acta.
El
congresista Víctor Andrés García Belaunde cuestiónó: “¿Cómo pueden haber
discutido en la sesión de Pro Inversión un informe que no existía?”. Mauricio
Mulder aseguró que esto representa un delito por falsa declaración en documento
público. Recordó que el hoy presidente Pedro Pablo Kuczynski estuvo en la
reunión del 4 de agosto cuando se firmó el acta mencionada por Monroy. Era
titular del Consejo Directivo de Pro Inversión en su calidad de ministro de
Economía.
El Comercio
A
raíz del escándalo ocasionado por la empresa Odebrecht, otras dos compañías
peruanas se han visto perjudicadas. Esto, debido a que el ex
representante de la brasileña, Jorge Barata, indicara a la Fiscalía
peruana que sus socios en la Carretera Interocénica Sur (IRSA Sur) -Graña y Montero (G&M),
JJC Contratistas Generales e ICCGSA- tenían conocimiento de las coimas
entregadas al ex presidente Alejandro Toledo.
En este contexto, preocupa la cantidad de inversión comprometida que
mantienen las AFP en las empresas mencionadas.
Giovanna Prialé, presidenta de la Asociación de los fondos de pensiones,
respondió así a El
Comercio:
-¿Qué
tan expuesta están las AFP por G&M, JJC e ICCGSA?
Con información a agosto del 2016, las AFP invirtieron en G&M el 0,97% del total del fondo administrado, donde el 0,34% es por acciones comunes y el 0,63% por ADR. Desde enero, la inversión en Graña y Montero se redujo a 0,5% del fondo.
Con información a agosto del 2016, las AFP invirtieron en G&M el 0,97% del total del fondo administrado, donde el 0,34% es por acciones comunes y el 0,63% por ADR. Desde enero, la inversión en Graña y Montero se redujo a 0,5% del fondo.
En
total, a fines de noviembre (cuando empezó la debacle de la acción), las AFP
administraban 15 mil 968 millones soles en el Fondo 1, por lo que el
dinero expuesto a Graña y Montero fue 31 millones 893 mil soles, de los cuales
se perdió el 70% o 22 millones 355 mil soles.
En
el caso del Fondo 2 son 96 mil 897 millones los soles invertidos, por
lo que el dinero expuesto (0,97%) a Graña y Montero fue 939 millones 904 mil
soles, perdiéndose 657 millones 933 mil soles.
En
el caso del Fondo 3 son 21 mil 586 millones 855 mil soles los invertidos, de
los cuales 209 millones 392 mil soles estuvieron expuestos a Graña y Montero,
perdiéndose 146 millones 574 mil soles.
A
grandes números, se perdieron unos 826 millones de soles de los fondos de
pensiones debido a la caída desde noviembre de la acción de Graña y Montero.
Peru21
Columna de Aldo Mariátegui
Hoy, a las
3:30 p.m., se realizará una junta general extraordinaria de Graña y Montero, la
cual será crucial para definir la supervivencia de esta firma, que desde el
viernes está perdiendo aceleradamente valor a medida que el precio de su acción
cae en barrena. Van a tener que tomarse medidas extraordinarias y muy
imaginativas para salvar a esta empresa, gigantesca para estándares peruanos
(35 mil trabajadores), iniciativas que, me imagino, pasarán de arranque por
relevar a la gerencia actual y apartar a los accionistas más cuestionados de
sus derechos societarios (acción que, por imagen, debería replicarse en otras
empresas sensibles donde están presentes). Y debe salvarse sola, sin la menor
intervención estatal, que el contribuyente no tiene por qué financiar
resurrecciones de empresas privadas, mucho menos aun si sus cuitas son por
corrupción (varios semianalfabetos leyeron pero no entendieron todo esto en un
artículo anterior mío y así los muy deficitarios concluían que “defendía a
GyM”. ¡Jalados en PISA por
obtusos!). Lo ideal sería su venta a un tercero, pero no creo que nadie en su
sano juicio quiera hacerse del problema, pues además también enfrenta un
complicado frente externo (accionistas gringos y la SEC) al listar
en Nueva York. Lo malo es que se percibe un terco negacionismo por parte de la
empresa sobre lo dicho por Barata, lo cual no es muy creíble a estas alturas.
Tampoco es el fin del mundo en el capitalismo si una empresa quiebra: el
mercado reemplaza su lugar con otras. Pero lo ideal sería que esos 35 mil
puestos de trabajo se conserven y no se paralicen las obras, sin perjuicio de
que los responsables respondan ante la justicia y dejen de dirigir la firma, a
la que metieron en este berenjenal por bailar samba junto a Barata.
IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES, CONOCIMIENTO, AYUDA SOCIAL
Expreso
Corte Superior de Lima resuelve conceder medida
cautelar interpuesta por la Asociación de Universidades del Perú.
La Primera Sala Civil de
la Corte Superior de Justicia de Lima resolvió conceder la medida cautelar
interpuesta por la Asociación de Universidades del Perú (ASUP), suspendiendo
así la vigencia del artículo 6° del reglamento de Infracciones y Sanciones de
la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu),
aprobado por el D.S. N° 018-2015-MINEDU.
Cabe recordar que el
mencionado artículo establecía que el Consejo Directivo de la Sunedu, a propuesta
de la Dirección de Fiscalización y Sanción, podía imponer “Medidas Preventivas”
que constituían mandatos de carácter temporal ante un supuesto inminente
peligro o alto riesgo de producirse un incumplimiento a la Ley 30220 (Nueva Ley
Universitaria) y demás normas complementarias, sin necesidad del inicio de un
procedimiento sancionador, pudiendo consistir en el cese de actividades, tales
como el proceso de admisión, de matrículas, de elecciones, de actividades y
miembros de los órganos de gobierno, lo que el Poder Judicial anuló.
En el fondo se creaba una
medida cautelar discrecional sin proceso, algo que no tiene precedentes en el
sistema jurídico peruano, en lo que se basa la decisión de la Corte Suprema.
La Primera Sala Civil
considera en cuanto al presupuesto de la razonabilidad, una medida cautelar
debe ser adecuada y estrictamente necesaria para lograr la eficacia de la
decisión definitiva, siguiendo los principios y derechos constitucionales y
legales, y sobre todo conforme a la Ley N°30220-Ley Universitaria, siempre
teniéndose como norte la preferencia y salvaguarda de los derechos e intereses
de las universidades y sus autoridades, y sobre todo al alumnado en general, lo
que definitivamente no se conseguiría con el artículo 6° del Reglamento de
Infracciones y Sanciones de la Sunedu.
Según la decisión
judicial, la medida cautelar a dictarse no será irreversible, por cuanto es
temporal hasta que la Sala Suprema resuelva el recurso de apelación interpuesto
contra la sentencia emitida; de igual modo, siguiendo lo considerado en esta
resolución, tampoco tendrá efectos retroactivos ni afectará todas las
actividades realizadas y disposiciones dictadas en mérito a esa norma
cuestionada, lo que la norma reglamentaria ahora anulada no garantizaba en forma
alguna
