ESTA NOCHE,
donde usted se entera no de todo lo que ocurre, sino de lo que necesita saber.
La opinión en MEDIA
COLUMNA representa exclusivamente a su autor. Usted puede reenviar y publicar
libre y
gratuitamente cualquier MEDIA
COLUMNA tomándola de este correo o de
jorgemorelli.blogspot.com
MEDIA
COLUMNA
Entre patético y cómico
Jorge
Morelli
@jorgemorelli1
jorgemorelli.blogspot.com
jorgemorelli.blogspot.com
El gobierno
de Kuczynski acogió con gran entusiasmo la idea de Yeni Vilcatoma de crear una Procuraduría
autónoma.
Los abogados
del Estado –anunció- no deberían serlo jamás del gobierno de turno.
Consecuentemente,
otorgó plena autonomía a la nueva Procuraduría, que vino a sumarse entenmoces a
la Fiscalía y la magistratura judicial como el nuevo guardián contra la corrupción.
Y
resulta ahora que, premunida de sus flamantes
atribuciones, la nueva Procuraduría ha pedido a la Fiscalía investigar al presidente
de la República.
A
continuación, la escena siguiente en este sainete será ver al gobierno de turno
introduciendo “correctivos” en la autonomía de
la Procuraduría.
La
noticia –como suelen decir los periodistas- no es entonces que el fiel guardián
–sin ánimo de ofensa- haya mordido al dueño, sino que el dueño se prepara para
morder al guardián.
Al
efecto, la ministra respectiva ya adelanta que es indispensable entrenar al guardián
con un nuevo reglamento que falta.
Si no
fuera patético, todo esto sería realmente cómico.
REPORTE DE NOTICIAS en Internet
Las siguientes notas periodísticas de
política y economía han sido seleccionadas, editadas y ordenadas
temáticamente. No se las debe citar como
tomadas directamente de sus fuentes originales, las mismas que se indican sólo
como una forma de reconocer el crédito y agradecer la cortesía.
GOBERNABILIDAD, DEMAGOGIA, AUTORITARISMO, DEMOCRACIA
Expreso
La congresista Luz
Salgado en
entrevista con RPP dijo que la interpelación al ministro de Trasportes, Martín Vizcarra,
podría tener lugar a partir de la próxima semana. “Hemos recibido la petición
de la interpelación al ministro Vizcarra, que tiene la firma de 33
parlamentarios. Va a ser vista en el Consejo Directivo del martes a las 3 pm”.
Para que el Pleno la apruebe
se requiere un tercio de congresistas hábiles. A partir del miércoles de la
siguiente semana podría estar siendo llamado, de ser aprobada”, dijo Luz Salgado
El
Comercio
La
Procuraduría Anticorrupción presentó la tarde de ayer una solicitud ante la
Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción
de Funcionarios de Lima para que incluya al ministro de Transportes, Martín Vizcarra,
en la investigación preliminar por el Caso Chinchero.
Como
se recuerda, dicha fiscalía a cargo del fiscal José Domingo Pérez decidió esta
semana abrir una investigación preliminar a funcionarios de Pro Inversión que
integraron el comité que realizó la licitación por el aeropuerto de Chinchero.
Se les atribuye el presunto delito de colusión en agravio del Estado.
La
decisión se tomó a solicitud de la Procuraduría del Ministerio de Transportes,
que consideró que el primer contrato para construir el terminal aéreo era
lesivo al Estado.
Ahora,
el pedido de la procuraduría consiste en ampliar la investigación preliminar,
incluyendo en calidad de investigados a Vizcarra y a la viceministra de
Transportes, Fiorella Molinelli, quien firmó con el consorcio Kuntur Wasi la
cuestionada adenda al contrato del 2014, que también se ha considerado que va
en contra de los intereses del Estado.
En
el caso de la empresa privada, la procuraduría atribuye el presunto delito de
negociación incompatible a Carlos Vargas Loret de Mola, presidente de Kuntur
Wasi.
La
adenda ha terminado desnaturalizando, a juicio de la procuraduría, el contrato
de concesión bajo la modalidad de Asociación Público-Privada (APP). “Este
contrato nace trasladando el mayor porcentaje de riesgo en la ejecución de la
obra al privado, que tenía que participar con una inversión del 80%, mientras
que el Estado asumía el menos riesgo, del 20%. Ahora con la adenda, eso se ha
invertido trasladando el mayor porcentaje de riesgo al Estado”, comentó. Asimismo,
cuestionó que se permita que Kuntur Wasi mantenga el plazo de concesión del
aeropuerto por 40 años.
Otro
elemento considerado por la procuraduría tiene que ver con la fragilidad
económica que habría tenido el consorcio o una deficiencia en el financiamiento
para iniciar la obra. “En términos comparativos con el contrato inicial, [la
adenda] definitivamente termina lesionando los intereses económicos del Estado.
La procuraduría no puede pasar por alto esto y considera que el Ministerio
Público debería realizar una profunda investigación a efectos de que se
determine la existencia de un delito”, sentenció.
Enco
también se refirió a la fotografía que se difundió hace unos días y en la que
se aprecia a Vargas Loret de Mola en una celebración del partido Peruanos por
el Kambio tras la victoria en las elecciones. Para el procurador, ello revela
una cercanía entre el representante de Kuntur Wasi y los funcionarios del
gobierno.
El Comercio
El
procurador anticorrupción, Amado
Enco, dijo no compartir la apreciación del premier, Fernando
Zavala, sobre el pedido que hizo a la fiscalía de incluir al
ministro de Transportes, Martín Vizcarra, en la investigación sobre el
aeropuerto de Chinchero.
Ayer, Zavala acusó de "falta de
profesionalismo y rigurosidad" el pedido y dijo que pediría a la ministra
de Justicia, Marisol Pérez Tello, tomar "medidas correctivas".
Enco dijo
hoy que su despacho halló resultados lesivos en el accionar del Ejecutivo sobre
Chinchero y remarcó que los procuradores "no somos abogados del gobierno,
somos abogados del Estado”.
"A
mí no me intimidan las declaraciones del primer ministro, nosotros seguimos
trabajando. Pero si el gobierno requiere tener un procurador anticorrupción a
su medida, que lo haga. Mi cargo siempre está a disposición", expresó. Añadió
que cumplirá su trabajo "sin importar quienes sean los que ameriten ser
investigados”.
Lamentó
que Fernando Zavala haya
dicho que su pedido a la fiscalía se fundamente en dos fotografía, una en la
que aparece Martín Vizcarra con el presidente del consorcio encargado del
aeropuerto de Chinchero y otra de su viceministra Fiorella Molinelli con el ex
presidente de Chile Sebastián Piñera, quien está vinculado a una de las
empresas del consorcio. “Es impreciso e inexacto. La denuncia nuestra tiene
fundamentos objetivos…, las fotos solo acompañan el pedido", sostuvo.
El Comercio
Marisol
Pérez Tello, ministra de Justicia, respecto del pedido del procurador Amado
Enco de investigar al ministro de Transportes, Martín Vizcarra,
reveló que se ha filtrado la información. “Se filtra información, no hay
canales institucionales. La noticia de la denuncia ha salido por un mensaje de
Twitter”, dijo al programa de TV “Agenda política”.
Anunció
que se está trabajando un reglamento para especificar los canales institucionales
de comunicación. “Tiene que haber protocolos. Ya lo he conversado con la
presidenta del Consejo de Defensa Jurídica del Estado. En ese reglamento vamos
a pedir una verificación mínima de una denuncia periodística para formalizar
una investigación", manifestó.
Detalló
que el lunes pasado la Procuraduría anticorrupción solicitó información al
Ministerio de Transportes, que fue entregada el jueves a las 6:30 p.m. “Se
ingresa esa información a la Procuraduría con más de 400 páginas. ¿En qué
momento se meritúa, si esa denuncia se presenta el viernes en la mañana?”, preguntó.
El Comercio
La
congresista fujimorista Rosa Bartra se pronunció hoy en torno al
pedido del procurador anticorrupción Amado Enco. “Martín Vizcarra debe
acercarse al Congreso y responder un pliego interpelatorio de 92 preguntas.
Ahora, hay vías separadas. Esto merece una investigación también por parte de
la procuraduría, que ejerce la defensa del Estado, no del gobierno”, destacó.
Precisó
que existen fundamentos para creer que el acuerdo de Chinchero es lesivo para
los intereses país.
El Comercio
El
congresista Javier Velásquez Quesquén,
vocero de la Célula Parlamentaria Aprista, dijo que “he podido ver los
fundamentos de la denuncia de los procuradores y me parece que son poco
consistentes y precipitados. Como parlamentario de oposición me podría sumar a
ese cargamontón, pero me parece que le falta un poco de rigurosidad a los
cargos”, expresó.
Dijo
que solicitará al Consejo de Defensa Jurídica del Estado que fundamente el
pedido del procurador Amado Enco sobre los elementos que vinculan al ministro
Vizcarra con el presunto delito de colusión.
El Comercio
El
presidente, Pedro Pablo Kuczynski, admitió que se adelantó al afirmar que
presentaría una cuestión de confianza en caso el Congreso plantee una censura
contra el ministro de Transportes, Martín Vizcarra, por el caso de Chinchero. Dijo
confiar en que no se llegue a ese punto. "No quiero ir a un voto de
confianza ni a una censura. Primero es escuchar al ministro. [...] Sin duda, me
he adelantado un poco", expresó.
En tanto,
sobre la posición de miembros de la bancada oficialista, quienes han señalado
que "no se viene el mundo abajo" si se censura a Vizcarra, PPK opinó que su bancada debería
tener una opinión más sólida respecto a la suya.
El Comercio
El
contralor general de la República manifestó hace una semana que su entidad
encontró “riesgos y consideró que la adenda no se debió firmar, pues
previamente se debió pedir una acción de control.
Precisamente
esa institución hará ahora un informe sobre el tema.
El Comercio, editorial
La determinación del presidente Kuczynski de
plantearle al Congreso una cuestión de confianza si la interpelación al
ministro de Transportes y Comunicaciones, Martín
Vizcarra, acabara convirtiéndose en censura es ciertamente opinable.
(…)
Pero si la voz suprema del gobierno anuncia
una voluntad política de ese calibre, lo menos que cabría esperar es que el
oficialismo en pleno –es decir, todo el Ejecutivo y sus representantes en el
Legislativo– se alinee detrás del empeño. O, en el caso de que alguien abrigase
reservas al respecto, que estas fuesen expresadas primero a puerta cerrada para
no mellar el liderazgo del jefe de Estado: una práctica que, en honor a la
verdad, ha sido frecuentemente ignorada en el equipo ‘ppkausa’.
Se diría, sin embargo, que en la actual
coyuntura el efecto de destemplanza en el coro oficialista ha mostrado una
manifestación extrema.
Para empezar, el mismo Martín Vizcarra ha socavado la
resolución del mandatario al poner en duda el compromiso de su despacho con el
contrato que da origen a toda la controversia en la que el proyecto del
aeropuerto de Chinchero está inmerso (“Si ustedes me dicen que lo anule, lo
hacemos”, les dijo este jueves a los cusqueños, echando por la borda cualquier
pretensión de aproximación técnica a la materia). Y también ha buscado diluir
el tono perentorio de la notificación presidencial a la oposición (“Yo haré
cuestión de confianza, eso sí no lo dudo”, fueron las palabras de Kuczynski)
con una más bien parsimoniosa exhortación a que “vayamos paso por paso”.
Pero donde la disonancia ha alcanzado
proporciones bíblicas es en el interior de la bancada parlamentaria
gobiernista. Como si hubiera caído sobre ellos el designio divino que, según el
antiguo testamento, confundió la lengua de los constructores de la torre de
Babel hasta hacer imposible la mutua comprensión, distintos legisladores
oficialistas han comenzado a lanzar comentarios y propuestas incompatibles
entre sí, pero sobre todo con la advertencia del jefe del Estado.
Así, mientras el presidente de Peruanos por
el Kambio, Gilbert Violeta, ha sentenciado que él cree que la censura “sería un
abuso, un exceso del Congreso”, el secretario general del partido, Salvador
Heresi, ha aseverado que “la censura es un mecanismo que establece la
Constitución y no tiene por qué quitar el sueño” y que “en política, ni en
ningún tema de la vida, hay imprescindibles” (sic).
Por su parte, Carlos Bruce, uno de los
voceros de la bancada ‘ppkausa’, ha señalado: “Si se censura al ministro, no es
que se viene el mundo abajo”. Y Juan Sheput ha ido todavía un poco más allá al
apuntar: “Yo creo que [el ministro Martín
Vizcarra] tiene que superar la interpelación. Y a partir de allí,
evaluar si permanece o no en el Gabinete”. Y agregar luego: “El presidente
tiene que evaluarlo buscando lo mejor para el país y, sobre todo, la gobernabilidad”.
(…)
El Comercio
El sorprendente señor Kuczynski
Federico Salazar
El señor Pedro
Pablo Kuczynski sorprende siempre. Toca con solvencia la flauta
traversa, ha hecho un patrimonio personal importante. Habla varios idiomas, ha
sido funcionario de alto nivel en distintos gobiernos. Y ahora es presidente de
la República.
Una faceta que no le conocíamos al señor
Kuczynski se reveló esta semana: festinador de trámites.
Festinar es “apresurar un asunto”. Algún
diccionario añade: “apresurar imprudentemente un asunto”.
La revelación vino junto con el escándalo del
informe Monroy sobre la adjudicación de la obra Interocéanica Sur a las
empresas Odebrecht y otras.
Kuczynski era presidente del consejo
directivo de Pro Inversión que aprobó la concesión. Hoy se sabe que por esa
adjudicación Odebrecht (por lo menos) pagó un millonario soborno al prófugo ex
presidente Alejandro Toledo.
El 4 de agosto del 2005 a las 10 de la mañana
el consejo de Pro Inversión conoció un oficio de la contraloría que indicaba
que no se podía adjudicar a Odebrecht y otros, debido a que tenían juicios con
el Estado. Las bases del concurso lo impedían.
Ese mismo día el consejo pidió un informe a
un abogado externo, Juan Monroy Gálvez, sobre si procedía o no la observación.
El informe, remitiendo a tecnicismos y temas formales, señaló que la
observación no procedía.
Según Pro Inversión, el informe llegó a la
1:07 p.m. del mismo día que se pidió. El contrato de la adjudicación se firmó a
la 1:45 p.m.
Monroy ha dicho que es imposible que su
informe llegara ese mismo día. Pro Inversión ha hecho conocer un documento en
defensa de esa fecha: una factura. Esta se emitió el 27 de agosto y se recibió
ese mismo 27 en mesa de partes. El concepto de la factura, sin embargo,
contiene la fecha del 4 de agosto.
Es extraño que uno ponga en el concepto la
fecha en que se realiza un servicio. Propiamente, la fecha no es parte del
servicio que se presta.
Todo parece indicar que se pidió ese concepto
para tener un respaldo frente a los requisitos de ley. Si no se firmaba ese día
4, se caía la adjudicación.
Lo serio y responsable hubiera sido dejar que
se caiga la adjudicación. Había presión por procurar inversiones y esta era una
muy importante. Sin embargo, se trataba de un proyecto de 2.800 millones de
dólares. Se exigía, ante todo, pulcritud en el proceso.
Ese proceso es todo, menos pulcro. Ahora
sabemos que el presidente Toledo estuvo detrás de esa adjudicación. No solo lo
confirma el testimonio de Jorge Barata, de Odebrecht, sino también los millones
de dólares recibidos en cuentas de Josef Maiman.
Toledo no habría podido cometer el delito de
tráfico de influencias si el consejo directivo de Pro Inversión hubiera actuado
seriamente. Los miembros de ese consejo festinaron el trámite de la
adjudicación, al margen de si Monroy miente o no sobre la fecha de entrega.
Uno hubiera imaginado que, a ese nivel de
decisiones de Estado, las cosas se hacían de manera responsable, formal y
escrupulosa. Ahora sabemos que no es así y que los funcionarios de alto nivel
pueden ser tan informales y cundas como cualquier ambulante de la Abancay.
Los que firmaron el acta fueron Pedro Pablo Kuczynski, como ministro
de Economía y Finanzas; Carlos Ferrero Costa, presidente del Consejo de
Ministros; Glodomiro Sánchez Mejía, ministro de Energía y Minas; José Ortiz
Rivera, ministro de Transportes y Comunicaciones; David Lemor Mezdoin, ministro
de la Producción; Alfredo Ferrero Diez Canseco, ministro de Comercio Exterior y
Turismo; René Cornejo Díaz, director de Pro Inversión.
Cada uno de ellos nos debe una explicación.
¿Por qué festinaron el trámite? ¿Por qué no pararon algo que se presentaba
irregular? ¿Los presionó Toledo? ¿Creían que la Contraloría exageraba?
¿Creyeron en los argumentos formales del informe?
El sorprendente señor Kuczynski es el que nos
debe explicaciones más urgentes. Es presidente de la República. Debe darlas
pronto, debe pedir disculpas al país y no debe dejar dudas de que no fue parte
del delito.
El
Comercio
El
mandatario, Pedro Pablo Kuczynski, detalló que debe haber una "salida
gradual" de la empresa Odebrecht del país. Dijo que, si bien está
acusada de serios actos de corrupción, "tiene varias obras en
marcha".
“El
hecho de que esta ola de colaboraciones eficaces y otras revelaciones sea tan
fuerte ha hecho imposible una estrategia de retiro gradual. Estamos viendo cómo
se retiran sin hacer daño a los proyectos", apuntó.
Gestión
El fujimorismo no está dispuesto a
esperar que se realice la nueva licitación del Gasoducto Sur Peruano (GSP) y presentó un proyecto de ley, a través de su
congresista Nelly Luna, que en caso de aprobarse anulará el contrato de
concesión de julio del 2014.
La iniciativa tiene como
objetivo declarar de necesidad pública y preferente interés nacional lograr
condiciones de equidad en el contrato del GSP.
¿Cómo lograr esa equidad?,
pues el proyecto de ley prioriza cuatro aspectos, de los cuales el primero es
resguardar los intereses del Estado y su población en el nuevo contrato.
El segundo aspecto
consiste en velar por que las regalías del proyecto por el mercado de
exportación del gas natural no sea inferior al promedio del valor de las
regalías percibidas por el aprovechamiento en el mercado nacional.
En tercer lugar, que
cuando el contratista obtenga precios más altos y más ganancia por el gas
natural, las regalías para el Estado también serán más altas.
Finalmente, el proyecto de
Fuerza Popular busca garantizar que se mantengan las cláusulas anticorrupción
firmadas en el contrato inicial que se firmó en el 2014.
ANTICORRUPCION,
PERSECUCION, JUDICIALIZACION POLITICA
El Comercio
Nadine Heredia ha sido citada por la fiscalía a declarar
esta semana por la indagación que se sigue respecto de la muerte de Emerson
Fasabi, ex vigilante de la residencia del ex presidente
Ollanta Humala, en Surco. Heredia es investigada en este caso específico por
supuestos delitos de asesinato, secuestro y lesiones graves.
Fasabi
apareció muerto el 22 de julio de 2015 en un cuarto a pocos metros de la casa
de la familia Humala-Heredia.
Expreso
Luego de que el último
viernes 3 de marzo el Tribunal Constitucional (TC) emitiera una resolución en
la que subsana la sentencia de 2013 sobre el caso “El Frontón”, en la que
cuatro magistrados determinan que hubo delito de lesa humanidad y que no
prescribe, el almirante (r) Luis Giampietri Rojas, quien fuera jefe de las
Fuerzas Especiales de la Marina durante el motín en 1986, la calificó de “injusticia
total”.
“Si el Tribunal Constitucional
desconoce sus propios fallos, ya no sabemos a quién podemos recurrir, se acabó
la justicia en el Perú. Esta puja viene desde hace más de 31 años, he pasado
más de la mitad de mi vida con esto encima. Por servir a mi Patria, ese es el
pago que me dan”, refirió el exvicepresidente de la República.
Giampietri señaló la posibilidad de que detrás estén instituciones
ligadas a la izquierda, en alusión a IDL
y otras ONG.
“Ya no saben a quién
enjuiciar. La izquierda está en una actitud frenética para meter a todo el mundo
dentro de las acusaciones. Creo que 31 años después siguen dándole a la misma
lata, han hecho un buen negocio porque han vivido de esto mucho tiempo”,
subrayó.
El abogado Sergio Tapia,
defensor de los marinos en el caso “El Frontón”, informó a EXPRESO que hoy
lunes presentará un recurso de nulidad frente al fallo del TC, al cual tildó de
“estropicio” , y que también pedirá al Congreso de la República la salida de
los magistrados que han cometido esta acción que va contra la Constitución.
“Cuatro vocales han dado
un golpe al orden jurídico nacional. La sentencia del Tribunal Constitucional,
una vez emitida, no se puede modificar (pero) vamos a pelear, esto tiene un
efecto político, porque estos son funcionarios públicos que han contrariado la
Constitución y por lo tanto merecen ser acusados por infracción a la
Constitución y destituidos, con lo cual el Congreso, de mayoría fujimorista,
tiene la posibilidad de renovar íntegramente el Tribunal Constitucional, porque
además de los cuatro que han hecho este estropicio, a Urviola ya se le acaba el
periodo y serían cinco vacantes de siete miembros”, refirió.
La resolución emitida por
el TC el último viernes da cuenta de que el magistrado Juan Vergara, en su
fundamento del fallo de 2013, señala que el tema de lesa humanidad no le
competía al órgano constitucional y que debía ser evaluado y resuelto por el
Poder Judicial.
Cabe señalar que la
resolución del último viernes fue aprobada por los magistrados Miranda Canales
(presidente del TC), Ledesma Narváez, Ramos Núñez y Espinoza-Saldaña Barrera;
mientras que en contra de reconsiderar el fallo anterior votaron Urviola Hani,
Blume Fortini y Sardón de Taboada.
Los argumentos en contra
de la decisión de la mayoría del TC son los de Blume y Sardón.
El TC apunta a que la
votación se vuelve tres contra tres, al no tomar en cuenta el voto de Vergara.
Para Luis Giampietri, este
caso no es más que una posición peligrosa que han tomado los actuales
magistrados del TC en su mayoría, y que podría verse como un intento de tirarse
abajo todo el sistema jurídico en el país.
