lunes, 6 de marzo de 2017

ESTA NOCHE lunes 6 marzo 2017



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MEDIA COLUMNA
Entre patético y cómico 


Jorge Morelli
@jorgemorelli1
jorgemorelli.blogspot.com


El gobierno de Kuczynski acogió con gran entusiasmo la idea de Yeni Vilcatoma de crear una Procuraduría autónoma.

Los abogados del Estado –anunció- no deberían serlo jamás del gobierno de turno.

Consecuentemente, otorgó plena autonomía a la nueva Procuraduría, que vino a sumarse entenmoces a la Fiscalía y la magistratura judicial como el nuevo guardián contra la corrupción.

Y resulta ahora que, premunida de  sus flamantes atribuciones, la nueva Procuraduría ha pedido a la Fiscalía investigar al presidente de la República.

A continuación, la escena siguiente en este sainete será ver al gobierno de turno   introduciendo “correctivos” en la autonomía de la Procuraduría.

La noticia –como suelen decir los periodistas- no es entonces que el fiel guardián –sin ánimo de ofensa- haya mordido al dueño, sino que el dueño se prepara para morder al guardián.

Al efecto, la ministra respectiva ya adelanta que es indispensable entrenar al guardián con un nuevo reglamento que falta.  

Si no fuera patético, todo esto sería realmente cómico.



REPORTE DE NOTICIAS en Internet
Las siguientes notas periodísticas de política y economía han sido seleccionadas, editadas y ordenadas
temáticamente. No se las debe citar como tomadas directamente de sus fuentes originales, las mismas que se indican sólo como una forma de reconocer el crédito y agradecer la cortesía.



GOBERNABILIDAD, DEMAGOGIA, AUTORITARISMO, DEMOCRACIA



Expreso
La congresista Luz Salgado en entrevista con RPP dijo que la interpelación al ministro de Trasportes, Martín Vizcarra, podría tener lugar a partir de la próxima semana. “Hemos recibido la petición de la interpelación al ministro Vizcarra, que tiene la firma de 33 parlamentarios. Va a ser vista en el Consejo Directivo del martes a las 3 pm”.
Para que el Pleno la apruebe se requiere un tercio de congresistas hábiles. A partir del miércoles de la siguiente semana podría estar siendo llamado, de ser aprobada”, dijo Luz Salgado



El Comercio
La Procuraduría Anticorrupción presentó la tarde de ayer una solicitud ante la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima para que incluya al ministro de Transportes, Martín Vizcarra, en la investigación preliminar por el Caso Chinchero.
Como se recuerda, dicha fiscalía a cargo del fiscal José Domingo Pérez decidió esta semana abrir una investigación preliminar a funcionarios de Pro Inversión que integraron el comité que realizó la licitación por el aeropuerto de Chinchero. Se les atribuye el presunto delito de colusión en agravio del Estado.
La decisión se tomó a solicitud de la Procuraduría del Ministerio de Transportes, que consideró que el primer contrato para construir el terminal aéreo era lesivo al Estado.
Ahora, el pedido de la procuraduría consiste en ampliar la investigación preliminar, incluyendo en calidad de investigados a Vizcarra y a la viceministra de Transportes, Fiorella Molinelli, quien firmó con el consorcio Kuntur Wasi la cuestionada adenda al contrato del 2014, que también se ha considerado que va en contra de los intereses del Estado.
En el caso de la empresa privada, la procuraduría atribuye el presunto delito de negociación incompatible a Carlos Vargas Loret de Mola, presidente de Kuntur Wasi.
La adenda ha terminado desnaturalizando, a juicio de la procuraduría, el contrato de concesión bajo la modalidad de Asociación Público-Privada (APP). “Este contrato nace trasladando el mayor porcentaje de riesgo en la ejecución de la obra al privado, que tenía que participar con una inversión del 80%, mientras que el Estado asumía el menos riesgo, del 20%. Ahora con la adenda, eso se ha invertido trasladando el mayor porcentaje de riesgo al Estado”, comentó. Asimismo, cuestionó que se permita que Kuntur Wasi mantenga el plazo de concesión del aeropuerto por 40 años.
Otro elemento considerado por la procuraduría tiene que ver con la fragilidad económica que habría tenido el consorcio o una deficiencia en el financiamiento para iniciar la obra. “En términos comparativos con el contrato inicial, [la adenda] definitivamente termina lesionando los intereses económicos del Estado. La procuraduría no puede pasar por alto esto y considera que el Ministerio Público debería realizar una profunda investigación a efectos de que se determine la existencia de un delito”, sentenció.
Enco también se refirió a la fotografía que se difundió hace unos días y en la que se aprecia a Vargas Loret de Mola en una celebración del partido Peruanos por el Kambio tras la victoria en las elecciones. Para el procurador, ello revela una cercanía entre el representante de Kuntur Wasi y los funcionarios del gobierno.



El Comercio
El procurador anticorrupción, Amado Enco, dijo no compartir la apreciación del premier, Fernando Zavala, sobre el pedido que hizo a la fiscalía de incluir al ministro de Transportes, Martín Vizcarra, en la investigación sobre el aeropuerto de Chinchero.
Ayer, Zavala acusó de "falta de profesionalismo y rigurosidad" el pedido y dijo que pediría a la ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, tomar "medidas correctivas".
Enco dijo hoy que su despacho halló resultados lesivos en el accionar del Ejecutivo sobre Chinchero y remarcó que los procuradores "no somos abogados del gobierno, somos abogados del Estado”.
"A mí no me intimidan las declaraciones del primer ministro, nosotros seguimos trabajando. Pero si el gobierno requiere tener un procurador anticorrupción a su medida, que lo haga. Mi cargo siempre está a disposición", expresó. Añadió que cumplirá su trabajo "sin importar quienes sean los que ameriten ser investigados”.
Lamentó que Fernando Zavala haya dicho que su pedido a la fiscalía se fundamente en dos fotografía, una en la que aparece Martín Vizcarra con el presidente del consorcio encargado del aeropuerto de Chinchero y otra de su viceministra Fiorella Molinelli con el ex presidente de Chile Sebastián Piñera, quien está vinculado a una de las empresas del consorcio. “Es impreciso e inexacto. La denuncia nuestra tiene fundamentos objetivos…, las fotos solo acompañan el pedido", sostuvo.



El Comercio
Marisol Pérez Tello, ministra de Justicia, respecto del pedido del procurador Amado Enco de investigar al ministro de Transportes, Martín Vizcarra, reveló que se ha filtrado la información. “Se filtra información, no hay canales institucionales. La noticia de la denuncia ha salido por un mensaje de  Twitter”, dijo al programa de TV “Agenda política”.
Anunció que se está trabajando un reglamento para especificar los canales institucionales de comunicación. “Tiene que haber protocolos. Ya lo he conversado con la presidenta del Consejo de Defensa Jurídica del Estado. En ese reglamento vamos a pedir una verificación mínima de una denuncia periodística para formalizar una investigación", manifestó.
Detalló que el lunes pasado la Procuraduría anticorrupción solicitó información al Ministerio de Transportes, que fue entregada el jueves a las 6:30 p.m. “Se ingresa esa información a la Procuraduría con más de 400 páginas. ¿En qué momento se meritúa, si esa denuncia se presenta el viernes en la mañana?”, preguntó.



El Comercio
La congresista fujimorista Rosa Bartra se pronunció hoy en torno al pedido del procurador anticorrupción Amado Enco. “Martín Vizcarra debe acercarse al Congreso y responder un pliego interpelatorio de 92 preguntas. Ahora, hay vías separadas. Esto merece una investigación también por parte de la procuraduría, que ejerce la defensa del Estado, no del gobierno”, destacó.
Precisó que existen fundamentos para creer que el acuerdo de Chinchero es lesivo para los intereses país.



El Comercio
El congresista Javier Velásquez Quesquén, vocero de la Célula Parlamentaria Aprista, dijo que “he podido ver los fundamentos de la denuncia de los procuradores y me parece que son poco consistentes y precipitados. Como parlamentario de oposición me podría sumar a ese cargamontón, pero me parece que le falta un poco de rigurosidad a los cargos”, expresó.
Dijo que solicitará al Consejo de Defensa Jurídica del Estado que fundamente el pedido del procurador Amado Enco sobre los elementos que vinculan al ministro Vizcarra con el presunto delito de colusión.



El Comercio
El presidente, Pedro Pablo Kuczynski, admitió que se adelantó al afirmar que presentaría una cuestión de confianza en caso el Congreso plantee una censura contra el ministro de Transportes, Martín Vizcarra, por el caso de Chinchero. Dijo confiar en que no se llegue a ese punto. "No quiero ir a un voto de confianza ni a una censura. Primero es escuchar al ministro. [...] Sin duda, me he adelantado un poco", expresó.
En tanto, sobre la posición de miembros de la bancada oficialista, quienes han señalado que "no se viene el mundo abajo" si se censura a Vizcarra, PPK opinó que su bancada debería tener una opinión más sólida respecto a la suya.



El Comercio
El contralor general de la República manifestó hace una semana que su entidad encontró “riesgos y consideró que la adenda no se debió firmar, pues previamente se debió pedir una acción de control.
Precisamente esa institución hará ahora un informe sobre el tema.



El Comercio, editorial
La determinación del presidente Kuczynski de plantearle al Congreso una cuestión de confianza si la interpelación al ministro de Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarra, acabara convirtiéndose en censura es ciertamente opinable.
(…)
Pero si la voz suprema del gobierno anuncia una voluntad política de ese calibre, lo menos que cabría esperar es que el oficialismo en pleno –es decir, todo el Ejecutivo y sus representantes en el Legislativo– se alinee detrás del empeño. O, en el caso de que alguien abrigase reservas al respecto, que estas fuesen expresadas primero a puerta cerrada para no mellar el liderazgo del jefe de Estado: una práctica que, en honor a la verdad, ha sido frecuentemente ignorada en el equipo ‘ppkausa’.
Se diría, sin embargo, que en la actual coyuntura el efecto de destemplanza en el coro oficialista ha mostrado una manifestación extrema.
Para empezar, el mismo Martín Vizcarra ha socavado la resolución del mandatario al poner en duda el compromiso de su despacho con el contrato que da origen a toda la controversia en la que el proyecto del aeropuerto de Chinchero está inmerso (“Si ustedes me dicen que lo anule, lo hacemos”, les dijo este jueves a los cusqueños, echando por la borda cualquier pretensión de aproximación técnica a la materia). Y también ha buscado diluir el tono perentorio de la notificación presidencial a la oposición (“Yo haré cuestión de confianza, eso sí no lo dudo”, fueron las palabras de Kuczynski) con una más bien parsimoniosa exhortación a que “vayamos paso por paso”.
Pero donde la disonancia ha alcanzado proporciones bíblicas es en el interior de la bancada parlamentaria gobiernista. Como si hubiera caído sobre ellos el designio divino que, según el antiguo testamento, confundió la lengua de los constructores de la torre de Babel hasta hacer imposible la mutua comprensión, distintos legisladores oficialistas han comenzado a lanzar comentarios y propuestas incompatibles entre sí, pero sobre todo con la advertencia del jefe del Estado.
Así, mientras el presidente de Peruanos por el Kambio, Gilbert Violeta, ha sentenciado que él cree que la censura “sería un abuso, un exceso del Congreso”, el secretario general del partido, Salvador Heresi, ha aseverado que “la censura es un mecanismo que establece la Constitución y no tiene por qué quitar el sueño” y que “en política, ni en ningún tema de la vida, hay imprescindibles” (sic).
Por su parte, Carlos Bruce, uno de los voceros de la bancada ‘ppkausa’, ha señalado: “Si se censura al ministro, no es que se viene el mundo abajo”. Y Juan Sheput ha ido todavía un poco más allá al apuntar: “Yo creo que [el ministro Martín Vizcarra] tiene que superar la interpelación. Y a partir de allí, evaluar si permanece o no en el Gabinete”. Y agregar luego: “El presidente tiene que evaluarlo buscando lo mejor para el país y, sobre todo, la gobernabilidad”.
(…)



El Comercio
El sorprendente señor Kuczynski
Federico Salazar
El señor Pedro Pablo Kuczynski sorprende siempre. Toca con solvencia la flauta traversa, ha hecho un patrimonio personal importante. Habla varios idiomas, ha sido funcionario de alto nivel en distintos gobiernos. Y ahora es presidente de la República.
Una faceta que no le conocíamos al señor Kuczynski se reveló esta semana: festinador de trámites.
Festinar es “apresurar un asunto”. Algún diccionario añade: “apresurar imprudentemente un asunto”.
La revelación vino junto con el escándalo del informe Monroy sobre la adjudicación de la obra Interocéanica Sur a las empresas Odebrecht y otras.
Kuczynski era presidente del consejo directivo de Pro Inversión que aprobó la concesión. Hoy se sabe que por esa adjudicación Odebrecht (por lo menos) pagó un millonario soborno al prófugo ex presidente Alejandro Toledo.
El 4 de agosto del 2005 a las 10 de la mañana el consejo de Pro Inversión conoció un oficio de la contraloría que indicaba que no se podía adjudicar a Odebrecht y otros, debido a que tenían juicios con el Estado. Las bases del concurso lo impedían.
Ese mismo día el consejo pidió un informe a un abogado externo, Juan Monroy Gálvez, sobre si procedía o no la observación. El informe, remitiendo a tecnicismos y temas formales, señaló que la observación no procedía.
Según Pro Inversión, el informe llegó a la 1:07 p.m. del mismo día que se pidió. El contrato de la adjudicación se firmó a la 1:45 p.m.
Monroy ha dicho que es imposible que su informe llegara ese mismo día. Pro Inversión ha hecho conocer un documento en defensa de esa fecha: una factura. Esta se emitió el 27 de agosto y se recibió ese mismo 27 en mesa de partes. El concepto de la factura, sin embargo, contiene la fecha del 4 de agosto.
Es extraño que uno ponga en el concepto la fecha en que se realiza un servicio. Propiamente, la fecha no es parte del servicio que se presta.
Todo parece indicar que se pidió ese concepto para tener un respaldo frente a los requisitos de ley. Si no se firmaba ese día 4, se caía la adjudicación.
Lo serio y responsable hubiera sido dejar que se caiga la adjudicación. Había presión por procurar inversiones y esta era una muy importante. Sin embargo, se trataba de un proyecto de 2.800 millones de dólares. Se exigía, ante todo, pulcritud en el proceso.
Ese proceso es todo, menos pulcro. Ahora sabemos que el presidente Toledo estuvo detrás de esa adjudicación. No solo lo confirma el testimonio de Jorge Barata, de Odebrecht, sino también los millones de dólares recibidos en cuentas de Josef Maiman.
Toledo no habría podido cometer el delito de tráfico de influencias si el consejo directivo de Pro Inversión hubiera actuado seriamente. Los miembros de ese consejo festinaron el trámite de la adjudicación, al margen de si Monroy miente o no sobre la fecha de entrega.
Uno hubiera imaginado que, a ese nivel de decisiones de Estado, las cosas se hacían de manera responsable, formal y escrupulosa. Ahora sabemos que no es así y que los funcionarios de alto nivel pueden ser tan informales y cundas como cualquier ambulante de la Abancay.
Los que firmaron el acta fueron Pedro Pablo Kuczynski, como ministro de Economía y Finanzas; Carlos Ferrero Costa, presidente del Consejo de Ministros; Glodomiro Sánchez Mejía, ministro de Energía y Minas; José Ortiz Rivera, ministro de Transportes y Comunicaciones; David Lemor Mezdoin, ministro de la Producción; Alfredo Ferrero Diez Canseco, ministro de Comercio Exterior y Turismo; René Cornejo Díaz, director de Pro Inversión.
Cada uno de ellos nos debe una explicación. ¿Por qué festinaron el trámite? ¿Por qué no pararon algo que se presentaba irregular? ¿Los presionó Toledo? ¿Creían que la Contraloría exageraba? ¿Creyeron en los argumentos formales del informe?
El sorprendente señor Kuczynski es el que nos debe explicaciones más urgentes. Es presidente de la República. Debe darlas pronto, debe pedir disculpas al país y no debe dejar dudas de que no fue parte del delito.



El Comercio
El mandatario, Pedro Pablo Kuczynski, detalló que debe haber una "salida gradual" de la empresa Odebrecht del país. Dijo que, si bien está acusada de serios actos de corrupción, "tiene varias obras en marcha".
“El hecho de que esta ola de colaboraciones eficaces y otras revelaciones sea tan fuerte ha hecho imposible una estrategia de retiro gradual. Estamos viendo cómo se retiran sin hacer daño a los proyectos", apuntó.



Gestión
El fujimorismo no está dispuesto a esperar que se realice la nueva licitación del Gasoducto Sur Peruano (GSP) y presentó un proyecto de ley, a través de su congresista Nelly Luna, que en caso de aprobarse anulará el contrato de concesión de julio del 2014.
La iniciativa tiene como objetivo declarar de necesidad pública y preferente interés nacional lograr condiciones de equidad en el contrato del GSP.
¿Cómo lograr esa equidad?, pues el proyecto de ley prioriza cuatro aspectos, de los cuales el primero es resguardar los intereses del Estado y su población en el nuevo contrato.
El segundo aspecto consiste en velar por que las regalías del proyecto por el mercado de exportación del gas natural no sea inferior al promedio del valor de las regalías percibidas por el aprovechamiento en el mercado nacional.
En tercer lugar, que cuando el contratista obtenga precios más altos y más ganancia por el gas natural, las regalías para el Estado también serán más altas.
Finalmente, el proyecto de Fuerza Popular busca garantizar que se mantengan las cláusulas anticorrupción firmadas en el contrato inicial que se firmó en el 2014.






ANTICORRUPCION, PERSECUCION, JUDICIALIZACION POLITICA



El Comercio
Nadine Heredia ha sido citada por la fiscalía a declarar esta semana por la indagación que se sigue respecto de la muerte de Emerson Fasabi, ex vigilante de la residencia del ex presidente Ollanta Humala, en Surco. Heredia es investigada en este caso específico por supuestos delitos de asesinato, secuestro y lesiones graves.
Fasabi apareció muerto el 22 de julio de 2015 en un cuarto a pocos metros de la casa de la familia Humala-Heredia.



Expreso
Luego de que el último viernes 3 de marzo el Tribunal Constitucional (TC) emitiera una resolución en la que subsana la sentencia de 2013 sobre el caso “El Frontón”, en la que cuatro magistrados determinan que hubo delito de lesa humanidad y que no prescribe, el almirante (r) Luis Giampietri Rojas, quien fuera jefe de las Fuerzas Especiales de la Marina durante el motín en 1986, la calificó de “injusticia total”.
“Si el Tribunal Constitucional desconoce sus propios fallos, ya no sabemos a quién podemos recurrir, se acabó la justicia en el Perú. Esta puja viene desde hace más de 31 años, he pasado más de la mitad de mi vida con esto encima. Por servir a mi Patria, ese es el pago que me dan”, refirió el exvicepresidente de la República.
Giampietri señaló  la posibilidad de que detrás estén instituciones ligadas a la izquierda, en  alusión a IDL y otras ONG.
“Ya no saben a quién enjuiciar. La izquierda está en una actitud frenética para meter a todo el mundo dentro de las acusaciones. Creo que 31 años después siguen dándole a la misma lata, han hecho un buen negocio porque han vivido de esto mucho tiempo”, subrayó.
El abogado Sergio Tapia, defensor de los marinos en el caso “El Frontón”, informó a EXPRESO que hoy lunes presentará un recurso de nulidad frente al fallo del TC, al cual tildó de “estropicio” , y que también pedirá al Congreso de la República la salida de los magistrados que han cometido esta acción que va contra la Constitución.
“Cuatro vocales han dado un golpe al orden jurídico nacional. La sentencia del Tribunal Constitucional, una vez emitida, no se puede modificar (pero) vamos a pelear, esto tiene un efecto político, porque estos son funcionarios públicos que han contrariado la Constitución y por lo tanto merecen ser acusados por infracción a la Constitución y destituidos, con lo cual el Congreso, de mayoría fujimorista, tiene la posibilidad de renovar íntegramente el Tribunal Constitucional, porque además de los cuatro que han hecho este estropicio, a Urviola ya se le acaba el periodo y serían cinco vacantes de siete miembros”, refirió.
La resolución emitida por el TC el último viernes da cuenta de que el magistrado Juan Vergara, en su fundamento del fallo de 2013, señala que el tema de lesa humanidad no le competía al órgano constitucional y que debía ser evaluado y resuelto por el Poder Judicial.
Cabe señalar que la resolución del último viernes fue aprobada por los magistrados Miranda Canales (presidente del TC), Ledesma Narváez, Ramos Núñez y Espinoza-Saldaña Barrera; mientras que en contra de reconsiderar el fallo anterior votaron Urviola Hani, Blume Fortini y Sardón de Taboada.
Los argumentos en contra de la decisión de la mayoría del TC son los de Blume y Sardón.
El TC apunta a que la votación se vuelve tres contra tres, al no tomar en cuenta el voto de Vergara.
Para Luis Giampietri, este caso no es más que una posición peligrosa que han tomado los actuales magistrados del TC en su mayoría, y que podría verse como un intento de tirarse abajo todo el sistema jurídico en el país.


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