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MEDIA COLUMNA
La orden: volar el puente
Jorge Morelli
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¿Cómo esperar que el precario
puente del diálogo del gobierno con la oposición pueda mantenerse en pie ante
la andanada que pasamos a enumerar?
Primero, está cantada la negativa de la mayoría parlamentaria -anunciada por el propio presidente del Congreso para más señas- a otorgar al gobierno facultades para legislar en materia de reforma tributaria. Se trata de una reforma para cubrir a duras penas el déficit fiscal. Pero al Congreso -cómplice del déficit fiscal al haber autorizado modificar sus límites- no le preocupa su financiamiento.
En segundo lugar destaca la
atribución de responsabilidad que la oposición le hará a la premier, Mercedes
Aráoz, a raíz del fiasco del censo organizado por el INEI, un organismo que
depende de su sector, la Presidencia del Consejo de Ministros.
Tercero, no van a concluir
las interminables repercusiones de la negativa presidencial a concurrir a la
comisión Lava Jato, que regresarán recurrentemente como una pesadilla, una y
otra vez, hasta el final del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski y desembocarán
en un proceso penal una vez fuera del mismo.
Pero quizás la ofensiva
más reciente sea la más grave. Se trata de la nueva citación de que la mayoría
parlamentaria hará objeto ahora nuevamente a la premier Aráoz a la comisión de
seguimiento de la Reconstrucción con Cambios. Esto tiene proyecciones
insospechadas.
No se trata solo de enrostrarle
a la Premier la responsabilidad política de la renuncia del director de la
Autoridad de la Reconstrucción. El tema es que han sido los gobiernos
regionales los que precipitaron la caída del funcionario. Y no lo han hecho solo
por discrepar de las calidades de la persona encargada, sino para precipitar el
derrumbe de la Autoridad para la Reconstrucción como tal, un organismo del
gobierno nacional.
La prueba es que los
gobiernos regionales piden ahora que se les traslade el íntegro de la responsabilidad
de la reconstrucción.
Una vez más es el fiasco
de la regionalización lo que se halla acá en tela de juicio, como lo estuvo
igualmente con el desacato de los gobiernos regionales de las disposiciones del
gobierno nacional durante la reciente huelga de maestros.
Y esto, en el contexto de las
elecciones regionales en menos de un año.
Detrás de todo esto, en
suma, lo que hay es un diseño político dirigido a demoler el puente del diálogo
para precipitar eventualmente la caída anticipada del gobierno. No bastarán el fútbol,
la Navidad y el Papa para neutralizarlo. Solo la libertad de Fujimori podría desmontarlo.
Lo mejor para el país es que el gobierno lo entienda cuanto antes.
REPORTE DE NOTICIAS en Internet
Las siguientes notas periodísticas de
política y economía han sido seleccionadas, editadas y ordenadas
temáticamente. No se las debe citar como
tomadas directamente de sus fuentes originales, las mismas que se indican
sólo como una forma de reconocer el crédito
y agradecer la cortesía.
GOBERNABILIDAD, DEMAGOGIA, AUTORITARISMO,
DEMOCRACIA
Peru21
El anunciado pedido de delegación de facultades
legislativas del Ejecutivo para llevar adelante una reforma tributaria fue
recibido con reparos por el presidente del Congreso, Luis Galarreta.
El titular del Legislativo anticipó su postura contra
la solicitud de la presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Aráoz,
argumentando que el tema amerita un debate del Parlamento.
“No soy muy simpatizante de delegar (facultades) en
materia tributaria porque hacer una reforma entre cuatro paredes –donde entra
el Ejecutivo y quienes puedan acceder hasta ese nivel– es distinto al debate en
el Parlamento”, manifestó.
Reseñó que la reforma tributaria “deberá ahora ser
nuevamente evaluada por las distintas bancadas”, comentó, y por el Congreso.
“Si la decisión fuera no delegar facultades, eso trae
consigo el compromiso de que estos temas se vean en las comisiones. No una vez
a la semana sino en más sesiones”, subrayó.
El Comercio
La presidenta de la Comisión Especial Multipartidaria
de Seguimiento del Proceso de Reconstrucción, Karla
Schaefer, anunció que
citarán a la premier, Mercedes
Aráoz, a que informe en
detalle de la renuncia de Pablo
de la Flor a la dirección
de Autoridad para la Reconstrucción con Cambios.
“Cuando hay un relevo es porque algo no está funcionando.
[...] Esperamos que no sea por presiones políticas de algún partido político
que ha estado vertiendo opiniones como que [De la Flor] dé un paso al costado”.
“Queremos que (Aráoz) nos informe cuál es el replanteamiento para los trabajos
que viene ejecutando la Autoridad con los tres niveles del Estado”, expresó.
También para responder por “la baja ejecución” , dijo.
El Comercio
“Reitero mi convicción para convertir al Perú en un
país moderno, próspero y justo. Los proyectos de ley que traigo avanzan en esa
ruta”. Así, el 28 de julio último, Pedro Pablo Kuczynski (PPK)
anunciaba la presentación de cinco iniciativas prioritarias para su gobierno
ante el Congreso. Se trataba –según se dijo– de frutos del diálogo con la
lideresa de la mayoría parlamentaria, Keiko Fujimori.
Sin embargo, tres meses después, ninguna ha llegado al
pleno del Parlamento. Solo la que busca facilitar expropiaciones para obras de
infraestructura está en fase de dictamen –a la espera de ser debatida–. El
resto lleva más de 70 días sin discutirse.
De las seis comisiones en las cuales recayeron las
iniciativas, cuatro son de Fuerza Popular: Constitución, Vivienda, Transportes
y Descentralización. Sus presidentes son
Úrsula Letona, Víctor Albrecht, Guillermo Bocángel y Gilmer Trujillo,
respectivamente. “Citamos a ministros para que sustenten sus iniciativas y
dicen que tienen una agenda ocupada”, señala Trujillo. Cuatro de los proyectos
recayeron en ese grupo de trabajo.
“Hay un bloqueo pasivo agresivo desde el Congreso”,
sostiene la primera ministra Mercedes Aráoz.
Los datos hablan por sí solos. El proyecto de la
Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao, el de promoción del
tratamiento de agua a través de APP, el de reforma del proceso de selección del
Consejo Nacional de la Magistratura y el que busca reforzar el sistema de
inspección del trabajo llevan, en promedio, 75 días en comisiones.
La primera ministra buscará refrescar el compromiso de
celeridad con el Parlamento en los próximos días. Para ello, aprovechará el
diálogo sobre el pedido de facultades legislativas.
El Comercio
La comisión del Congreso que investiga el Caso Lava
Jato aprobó por cinco votos a favor y uno en contra enviar la carta del
presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) a la Comisión de Constitución a fin de obtener una
opinión consultiva.
La propuesta fue hecha por la congresista fujimorista
Karina Beteta. La aprobaron ella, Rosa Bartra, Mauricio Mulder, Víctor García
Belaunde y Jorge Castro, del Frente Amplio. Solo se opuso el oficialista Gino
Costa.
Con su decisión, la Comisión Lava Jato espera que la
Comisión de Constitución dé alcances sobre los términos y condiciones de la
invitación a PPK.
La congresista Rosa Bartra se expresó en contra de que el grupo de trabajo
envíe un cuestionario escrito al presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK), porque “no existe como fórmula en ningún
ordenamiento e impide la oralidad, la espontaneidad y que podamos verificar que
de forma personalísima es él quien está respondiendo”, señaló.
Peru21
Durante el debate sobre la validez de la carta remitida
por el presidente Pedro
Pablo Kuczynski a la Comisión
Lava Jato, el
oficialista Gino Costa y
la titular de ese grupo de trabajo Rosa
Bartra protagonizaron
un áspero desencuentro verbal.
Gino Costa pidió que, en lugar de insistir en convocar
al mandatario para que declare ante la comisión, se invite a otras personas. Y
advirtió que, caso contrario, "podría parecer que hay un interés de solo
ver cómo le agarramos algo" al jefe de Estado.
En ese contexto, planteó que se cite a los tesoreros
de Fuerza Popular
para que expliquen
los gastos de campaña de ese partido.
La República
Una
nueva “interpretación auténtica” se viene en el Congreso de la República, para determinar si el
presidente Pedro
Pablo Kuczynski
está obligado constitucionalmente o no a declarar ante la Comisión Lava Jato.
Este
empeño de un sector del Parlamento de priorizar la atención fiscalizadora en el
mandatario reafirma la relación siempre áspera entre los poderes Ejecutivo
y Legislativo,
situación que cobra mayor tensión ante el adelanto de varios grupos parlamentarios
de que no otorgarán facultades legislativas al gabinete liderado por Mercedes
Aráoz.
La
Comisión Lava Jato sometió a evaluación la respuesta únicamente escrita
del presidente Kuczynski. Si bien parlamentarios como
Víctor Andrés García Belaunde consideraron que ya no es necesario insistir en
convocar a Kuczynski, durante el debate surgió el planteamiento de derivar el
tema a la Comisión de Constitución a fin de que se pronuncie sobre si un presidente
está obligado o no a declarar ante una comisión investigadora.
La
propuesta tuvo el voto de los legisladores Mauricio
Mulder, Jorge Castro, Karina Beteta, el mismo García Belaunde y la presidenta de
la comisión, Rosa Bartra.
Solamente
se opuso Gino Costa, quien advirtió que el grupo de Constitución ya emitió un
informe, bajo la presidencia del fujimorista Miguel Ángel Torres, en el que
concluye que un presidente no está obligado a declarar ante una comisión
investigadora. Costa se refirió, en efecto, al informe número 01-2016-2017,
cuya primera conclusión señala textualmente que “está exceptuado de concurrir a
una comisión investigadora el presidente de la República”.
En
la sesión de ayer, Karina Beteta y Jorge Castro plantearon que la Comisión
envíe algunos adelantos de los hallazgos o "informes parciales" al
Ministerio Público. El pedido de Beteta y Castro no obtuvo el respaldo de sus
colegas.
Víctor
Andrés García Belaunde adelantó que citarán a Gerardo Sepúlveda, ex socio de
Kuczynski.
Expreso
La premier Mercedes Aráoz
podría ser interpelada en el Congreso por sus respuestas ante las
irregularidades del censo. “Ella misma ha salido a cuestionar el censo como si
no fuera parte del problema”, dijo.
Anunció que la próxima
semana se presentará ante la Comisión de Fiscalización el exjefe del INEI,
Aníbal Sánchez.
El
Comercio
Tecnocracia
de lujo
Fernando
Rospigliosi
El
desastre del censo probablemente
le pasará una elevada factura política al Gobierno básicamente por dos razones.
La primera, porque sus fallas han tenido una muy amplia difusión y el Gobierno
no ha sabido manejar los errores, no ha hecho un oportuno control de daños. La
segunda, que golpea la ya magullada principal virtud del Gobierno –alabada
desde el principio por sus partidarios y por muchos observadores
independientes–, su capacidad tecnocrática.
Casi
todo se hizo mal en el censo,
empezando por la escasa difusión previa a pesar de que, como es obvio, el
Gobierno sabía de su realización con mucha anticipación. Luego vino la absurda
confusión de la amenaza de detención de los ciudadanos que se atrevieran a
salir de sus casas el domingo, con la posterior reculada. No hubo –el mismo
error de otros casos– el liderazgo de un ministro o funcionario del Gobierno
encargado de coordinar la acción de los diferentes sectores y de comunicar
coherentemente a la ciudadanía los objetivos del censo y los detalles de la organización.
Quien
debió encabezar la tarea en este caso es Mercedes Aráoz, la presidenta del Consejo de Ministros, de cuyo
sector depende el INEI (Instituto Nacional de Estadística e Informática). O
pudo delegar esa función en alguien adecuado. No hizo ni lo uno ni lo otro.
A
estas alturas, con una trayectoria relativamente larga, Aráoz debería haberse dado cuenta de
que en su puesto no basta prodigar sonrisas en reuniones con políticos y
entrevistas con los medios. También hay que gestionar el paquidérmico Estado
Peruano. “Ensuciarse los zapatos” no significa solamente viajar a provincias y
tomarse fotos con gente del pueblo para mostrar su preocupación por sus
necesidades, sino, en casos como este, dedicar horas y horas a pesadas
reuniones burocráticas en una oficina coordinando, supervisando y corrigiendo
los errores. Evidentemente, no lo hizo y ahora debe responder por eso.
Por
supuesto, por el corto tiempo que tiene en el cargo, Aráoz no es responsable de la
situación del INEI. Pero el Gobierno del cual forma parte sí lo es. Quince
meses después de haber asumido el mando no pueden evadir su obligación de haber
tomado las riendas del INEI –se supone un organismo importante para la tecnocracia gobernante– que tenía
al frente a un “encargado” desde el 2015.
Los
tardíos intentos de Aráoz para
tomar el control de la situación y arreglar el descalabro no han mejorado las
cosas. Despidió abruptamente al jefe del INEI e inmediatamente después declaró:
“Tenemos un censo que
está bien hecho”. Si lo hizo bien, ¿por qué lo echó? La coherencia no parece
ser una de sus características.
Responsabilizar a la prensa de los errores del Gobierno, como hizo Aráoz el jueves, no parece tampoco una buena justificación: “Pido a los medios periodísticos que usen estadísticas y evidencias y no anécdotas”.
Responsabilizar a la prensa de los errores del Gobierno, como hizo Aráoz el jueves, no parece tampoco una buena justificación: “Pido a los medios periodísticos que usen estadísticas y evidencias y no anécdotas”.
El
fracaso del censo ha
hecho sonar una alarma que dispara otras inquietudes. Como ha señalado Patricia
del Río en esta página: “Pronto se iniciará una larga etapa de reconstrucción y
los peruanos, con razón, levantan la ceja y se preguntan: si estos han sido
incapaces de organizar un retrato [el censo], ¿cómo van a hacer para levantar ciudades y sacarlas del barro?”.
(26/10/17).
La
controversia entre el saliente encargado de la reconstrucción, Pablo de la
Flor, y varios gobernadores regionales es una señal de que las cosas en esa
delicada e importante tarea no están marchando como debieran. De la Flor ha
hecho públicas las deficiencias de gobiernos regionales y municipales para
afrontar los desafíos de la reconstrucción y propuesto que la entidad que hasta
ayer él dirigía tenga una unidad ejecutora que se encargue directamente de
realizar las obras a fin de acelerar el proceso, que ya está dando lugar a
manifestaciones de impaciencia de los afectados.
No
obstante, Aráoz no
parecía respaldar a De la Flor, que dependía de su ministerio, y más bien
intentó ponerse de mediadora entre él y los gobernadores. Es decir, lo había
dejado solo.
En
suma, la capacidad tecnocrática del
gobierno de lujo está siendo consistentemente cuestionada en asuntos que se
supone los tecnócratas deberían
resolver con rapidez y eficiencia. Si casi todos, adversarios y amigos,
coinciden en que la habilidad política del Gobierno es pobre y ahora se discute
e impugna su principal fortaleza, ¿con qué nos quedamos?
El Comercio
Acuerdo para no hacer
nada
Jaime de Althaus
La
pax Aráoz podría terminar en la más completa irrelevancia
gubernamental si solo significa un acuerdo político tácito para no hacer nada.
Se ha pedido facultades principalmente en temas tributarios y económicos, y
quizá veamos algo interesante en términos de unificación de los regímenes
tributarios que, junto como la generalización de los comprobantes electrónicos,
puede terminar formalizando y ampliando la base tributaria. Eso junto a la
radical simplificación administrativa que ojalá se concrete el próximo año y
algunos avances en la modernización de las empresas de agua potable, pese a las
zancadillas puestas por el Congreso, algunos proyectos y algo más, es todo lo
que parece dar este gobierno.
En
todo lo demás, Gobierno y Congreso han optado por la ceguera. Según un análisis
de Plades, el 49,4% de la PEA ocupada gana por debajo del salario mínimo y el
72% de los peruanos trabaja en la informalidad sin derechos, pero el Gobierno
no quiere pedir facultades para hacer los cambios que permitan ir entregando derechos
y mejorando los salarios. Entre los jóvenes esa deprivación es mucho mayor,
pero la Comisión de Trabajo del Congreso, controlada por el Frente Amplio,
rechaza de la manera más cruel e insensible un proyecto de ley que permitiría
generar decenas de miles de empleos juveniles con capacitación. Los
congresistas de Fuerza Popular están de acuerdo, pero se dejan amedrentar.
Hasta los del Frente Amplio aceptaron por fin poner en agenda el proyecto, pero
eso solo duró dos semanas hasta que la CGTP, más reaccionaria y antilaboral que
nunca, los acusó de traidores.
El
Consejo Regional del Cusco aprueba una ordenanza para postergar la evaluación
de desempeño de los maestros, desacatando una política nacional, y eso, que no
es sino una muestra, no lleva a nadie a plantear la reforma de la
descentralización. Y así sucesivamente. Hay un pacto a media voz para no hacer
reformas. Ni siquiera la reforma política en manos del Congreso: no se quiere
eliminar el voto preferencial, ni reducir el tamaño de los distritos electorales,
ni que los órganos electorales organicen las elecciones internas ni restablecer
la bicameralidad.
El
Gobierno no puede resignarse a tanta mediocridad. Tiene que aliarse con el
pueblo, lanzar cruzadas. Ya se olvidó que dio un decreto legislativo para crear
un sistema de denuncias. Debería aprovecharlo para lanzar una gran campaña
nacional de denuncias contra la corrupción omnipresente e impulsar la
meritocracia en todas las instituciones. Transformar Juntos en un programa
productivo masificando microrreservorios y riego por aspersión en toda la
sierra, titular comunidades y familias y detener el acoso legal a los mineros
informales, formalizándolos a partir de las plantas de procesamiento.
Incorporar masivamente a los independientes e informales a Essalud y a las AFP,
permitiéndoles que aporten a esas instituciones parte del IGV que pagan.
Atención primaria de la justicia penal para eliminar la impunidad. Y derechos
laborales para todos. Eso es la revolución social.
ELECCIONES, PARTIDOS, ENCUESTAS, MEDIOS,
PSICOSOCIALES
Peru21
El 7 de octubre de 2018 se realizarán las elecciones
regionales y municipales en las que
elegiremos a casi 13 mil autoridades nacionales, entre gobernadores,
vicegobernadores, consejeros regionales, alcaldes y regidores provinciales y
distritales.
En este proceso electoral regirán nuevas normas aprobadas
por el Congreso, observadas por el presidente, Pedro Pablo Kuczynski, y publicadas
finalmente en El Peruano el 20 de octubre último por el Congreso.
¿Cuáles son las nuevas reglas de juego? Se modifica
cuatro leyes: 1) La Ley de Organizaciones Políticas 28094, 2) La Ley Orgánica
de Elecciones 26859, 3) La Ley de Elecciones Regionales 27683, 4) Y la Ley de
Elecciones Municipales 26864. El objetivo es “uniformizar el cronograma
electoral”.
La Comisión de Constitución, además, legisló en materia
de fortalecimiento de organizaciones políticas. Aquí se propone eliminar los
movimientos locales y provinciales, lo que ha ocasionado múltiples quejas de
varios aspirantes a las elecciones de 2018 que ya juntaban firmas para
inscribir su movimiento y participar.
En cuanto a democracia interna, también pendiente de
segunda votación, se propone que los organismos electorales intervengan solo si
así lo requiere el partido político.
El 17 de octubre, Constitución aprobó un dictamen por
mayoría en el que aumentan la valla para ganar una elección a gobernador
regional en primera vuelta, de 30% a 40%. Contó con el respaldo de legisladores
de Fuerza Popular, el Partido Aprista y Alianza para el Progreso (APP).
Hay cambios referidos a plazos, ya sea para las
elecciones internas de los partidos, convocar elecciones, presentar listas de
candidatos, retirar estas listas, interponer tachas, etcétera.
Otro dictamen aprobado en la Comisión de Constitución
y, el 4 de octubre, en primera votación en el Pleno del Parlamento es el de
financiamiento de partidos políticos. En él se busca prohibir aportes de
personas jurídicas, se establece que todo aporte privado de una persona natural
que supere el valor de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT), es decir
S/4,050, debe ser bancarizado, y se prohíbe aportar a condenados por delitos
graves y a quienes cumplen prisión preventiva.
El mismo día se aprobó en el Pleno una iniciativa que
causó polémica y oposición de varias bancadas: la que señala que el candidato
que entregue dádivas en medio de una campaña electoral será multado y, si
reincide, recién sería expulsado de la contienda. Esto también está pendiente
de una segunda votación.
El Congreso todavía puede legislar en materia electoral
y afectar las reglas del proceso electoral de 2018. Según explicó a Perú21 el abogado Julio César
Castiglioni. Se puede normar hasta la fecha de la convocatoria a los comicios,
es decir 270 días antes, el 7 de enero. Los cambios podrían aprobarse hasta el
fin de la presente legislatura, que culmina el 15 de diciembre.
La presidenta de la Comisión de Constitución del
Congreso, Úrsula Letona, declaró a Perú21 que
este jueves debería aprobarse, por insistencia, el dictamen que propone la
inmodificabilidad de las normas un año antes de las elecciones, el cual fue
aprobado en primera y segunda votación en el Pleno, pero que recibió la
-observación del Poder Ejecutivo. El
abogado Julio César Castiglioni duda que se apruebe por insistencia, pues cree
que los congresistas buscarán hacer modificaciones a las normas electorales
hasta el último momento.
La República
La noche del jueves pasado, Keiko Fujimori lideró la reunión de
la Microrregión Lima Centro y Oeste de Fuerza Popular en el Club Áncash, en
Jesús María. Acudieron los militantes que serán personeros en las elecciones
regionales y municipales del próximo 7 de octubre. Del cuello de cada uno
colgaba un fotocheck con su nombre, DNI y el centro de votación que se les ha
asignado.
En la mesa principal, a la derecha de Fujimori, se
sentó el coronel en retiro Walter Jibaja Alcalde, un hombre de total confianza
para ella: fue edecán de Alberto
Fujimori de 1992 a 1995 y coordinó entre bambalinas la
campaña del año
pasado en Lima.
Luego
de las elecciones del 2016, el Congreso, de mayoría fujimorista, lo nombró jefe
de la Oficina de Prevención y Seguridad con un sueldo de 11,621 soles. Fue el
encargado de llevar ayuda en nombre del Parlamento a las zonas afectadas
por El Niño costero. Un acto de caridad que
no se condice con la acusación que le hizo la Comisión Townsend en el 2002: el
grupo parlamentario le atribuyó haber formado parte de los oficiales que
ayudaron a la compra de medios de comunicación.
Fuentes
del partido lo identifican como el coordinador de la macrorregión Lima, que
está formada por las zonas de Lima Centro y Oeste, Sur, Norte y Provincias.
Además de promotor, Jibaja actúa como conferencista. El 11 de setiembre pasado,
por ejemplo, dictó en el local central del partido, en Paseo Colón, una charla
titulada “Procesos subversivos en el Perú”. El gancho eran los 25 años de la
captura de Abimael Guzmán.
La
maquinaria en el resto del país también se mueve. En junio, Fuerza
Popular nombró
cuatro coordinadores macrorregionales: en el norte, María del Pilar Ramos; en
el sur, William Vega Mamani; en el centro, Bladeck
Ruiz Díaz; y
en la selva, Natividad Noriega Sotelo.
“Nosotros
solo tenemos tres gobiernos regionales [Pasco, Ica y San Martín], no tenemos
una presidencia fuerte”, dice una dirigente del partido que pide el anonimato.
Y anuncia: “Vamos a participar a nivel nacional en todas las provincias, en
todos los distritos”.
En La
Libertad se
vocea como precandidata fujimorista al gobierno regional a Rosario
Bazán de Aranguri. Es
ingeniera de la Universidad Nacional de Trujillo y fundó la empresa
agroindustrial Danper. En el 2015 ganó el Premio Líderes Empresarios del
Cambio.
Para
la alcaldía de Trujillo mencionan al contador Raúl
Rodríguez Marcelo. De
49 años, tiene experiencia en campañas electorales: postuló al municipio con
Fuerza Nacional en el 2010 y con Vamos Vecino en el 2014. La tercera podría ser
la vencida.
En
el sur, tierra con débil arraigo naranja, las cosas están menos avanzadas. En
el Cusco algunos señalan como posible precandidato a gobernador al ex
congresista Oswaldo Luizar Obregón. El año pasado candidateó al Parlamento con Fuerza
Popular, pero
no tuvo suerte.
Al
costado, en Arequipa, el partido está claramente dividido: el mes pasado un
grupo de militantes creó el Comité de Apoyo a Kenji
Fujimori. Han
anunciado que los candidatos que proponga Keiko desde Lima serán sometidos a un
duro escrutinio.
En
Loreto se menciona como precandidata regional a Rocío Torres Salinas, esposa
del actual gobernador, Fernando Meléndez. Es odontóloga e hija de la ex
congresista Nery Salinas Dávila, que ha venido haciendo campaña por Keiko Fujimori.
En
la provincia de San Martín los comicios para elegir
al coordinador provincial del partido se tuvieron que repetir varias veces.
Primero, se hicieron el 24 de setiembre pasado: ganó Ronald del Castillo, pero
se cancelaron porque se adujo que no se cumplió el estatuto.
Se
programaron para el 1° de octubre, pero ese día se volvieron a suspender porque
uno de los candidatos sustrajo parte de los planillones.
Luego
se realizaron el 15 de octubre, pero para ese entonces ya uno de los
postulantes se había retirado. Sin competencia, ganó las elecciones Marco
Tafur, cercano al actual gobernador de San Martín, Víctor Noriega.
El Comercio
De acuerdo a la reciente encuesta nacional de GFK, el
59% está de acuerdo con el indulto humanitario al ex presidente Alberto Fujimori.
De otro lado, un 59% dice estar en desacuerdo con que
"Fuerza Popular no es el partido de Alberto Fujimori".
Tamaño de la muestra: 1.202 personas en 17 regiones.
Margen de error: +/-2,8%. Nivel de representatividad: 65%. Fecha de campo: del
21 al 24 de octubre del 2017.
El Comercio
A través de un nuevo escrito, el congresista Kenji
Fujimori pidió el viernes al comité de disciplina que ve
su caso que responda de forma “inmediata” a dos anteriores documentos enviados
hace más de 20 días, mediante los cuales cuestiona la legitimidad de los
nombramientos de Miguel Torres, Karina Beteta y Úrsula Letona.
En este nuevo documento, reitera su solicitud de la
constancia del cargo de presentación del reglamento de la bancada de Fuerza
Popular al Consejo Directivo del Congreso, el acta y/o medio de prueba que
acredite que dicho reglamento fue aprobado por mayoría legal, el acta que
acredite la reunión del plenario en donde se acordó nombrar al comité de
disciplina y el listado de asistentes a este último encuentro.
Considera, en ese sentido, que el grupo presidido por
Torres habría cometido hasta ocho violaciones al debido proceso y a su derecho
de defensa. En ese sentido, pide al comité “reparar en las afectaciones al
debido proceso que he denunciado y resolverlas de manera inmediata, directa,
precisa, clara y motivada, como cuestión previa al acto de disponer la citación
a cualquier audiencia”.
El Comercio
El congresista Daniel Salaverry, vocero de Fuerza Popular, cuestionó el fallo judicial que determinó que la
lideresa de su partido, Keiko Fujimori, y su esposo sigan siendo
investigados bajo la Ley de Crimen Organizado y el Nuevo Código Procesal
Penal. En esa línea, Daniel
Salaverry señaló que "tenemos fiscales con un sesgo
político".
"Lamentablemente, vemos que acá el único interés
es frenar a Fuerza Popular a
través de una campaña de desprestigio contra Keiko Fujimori", subrayó.
Cuestionó que, en el marco de las pesquisas fiscales a
los aportes de Fuerza Popular en
la campaña electoral del 2016, se haya pedido la declaración de más de 1.000
personas. "¿Qué quieren? ¿Atemorizar a los aportantes de Fuerza Popularpara que nadie más
apueste por este partido democrático?", dijo finalmente.
El Comercio
“Lo mejor que puede hacer un partido político es
allanarse a cualquier tipo de indagación”, opinó este domingo el legislador
oficialista Juan
Sheput sobre las críticas hechas por su colega de Fuerza
Popular Daniel Salaverry por la indagación que le hace la fiscalía a su
lideresa, Keiko
Fujimori, bajo la Ley de
Crimen Organizado.
Este sábado se conoció que la Sala Penal de Apelaciones
ha decidido que el fiscal de lavado de activos José Pérez siga investigando a
la ex candidata presidencial de Fuerza Popular y a su esposo, Mark Villanella,
bajo la Ley de Crimen Organizado y el Nuevo Código Procesal Penal.
“No creo que ningún poder del Estado o investigación
esté dirigido por antifujimoristas, como se ha indicado. En este momento
estamos viendo cómo fujimoristas, apristas, peruposibilistas y humalistas están
siendo investigados”, dijo.
ANTICORRUPCION,
PERSECUCIÓN, JUDICIALIZAC ION POLITICA
La República
Entrevista a Marianella Ledesma, magistrada
del TC
-¿Qué
les hizo decidir ir hasta la Comisión Interamericana?
Yo
promoví ir para denunciar la afectación de la independencia de los magistrados
y la Comisión nos dio audiencia. Lo hice porque vengo del Poder
Judicial y
no podía tolerar que se amedrente la independencia de los jueces cuando se
cumple el deber de resolver casos que dejaron pendientes los anteriores
miembros del TC. Como resultado, ponen una acusación y el Congreso admite a
trámite. Debemos dar un mensaje a los jueces: no podemos dejar avasallarnos.
-Miranda,
otro de los procesados en el Congreso, no fue.
Porque
es el presidente y debía sustentar el pliego. No podía dejar el TC descabezado.
-Pero
los respalda...
No
solo él, sino el pleno del TC. Es el Estado contra el
Estado. Somos funcionarios que denunciamos al Estado por amedrentarnos por
haber resuelto un pedido del procurador Luis Huertas para corregir un cómputo
errado de votos.
(…)
El
(procurador) actual dice que no hay por qué pensar que seremos destituidos. No
se trata de eso, pues nos iremos pronto, sino de nuestra independencia. Cuando
tenemos que resolver algo que no agrada al Congreso, sacan a relucir:
"tenemos abierto un proceso, ah". Con eso, algunos magistrados
reflexionan bien cómo resolver.
-¿En
qué episodios?
De
todas las denuncias constitucionales, el Congreso ha admitido una cantidad
mínima y allí estamos nosotros.
-¿Cuándo
ha salido a relucir ese proceso como amenaza?
La
última vez en el tema del transfuguismo, que dimos una sentencia.
Hay declaraciones de congresistas, el vicepresidente del Congreso, la
presidenta de Acusaciones Constitucionales, nada gratas hacia los miembros del
Tribunal. Hemos mandado un dossier de casi 200 publicaciones a la Comisión para
que vea que la amenaza es permanente.
-Úrsula
Letona, presidenta de Constitución, dijo que "nadie tiene corona" al
referirse a la acusación contra ustedes.
Suscribo:
nadie tiene corona. No queremos ser una instancia no controlada. Pero se debe
admitir una acusación cuando hay altas probabilidades de infracción, no porque
a alguien le interesa tener un proceso abierto. Acá se fuerza un proceso para
tener un mecanismo de amedrentamiento.
-¿Debería
eliminarse la competencia del Congreso para acusar a magistrados del TC?
Debería
regularse, que no sea tan discrecional. Estoy de acuerdo con que exista, pero
no con que se haga un uso arbitrario como se da acá porque no hay nada reglado.
El propio Congreso debería regularlo.
-Pero
no lo hace...
Claro,
es que si se lo regula hay más seguridad. Si no es muy discrecional, se puede
fácilmente interpretar como uno quiera hacerlo.
-Dice
que la historia se estaría repitiendo. ¿El Frontón le interesa tanto al
fujimorismo como la 're-reelección' en 1997?
No
lo sé. Tendrán que responder. ¿Al fujimorismo le interesa que el
Estado cumpla con la Corte Interamericana en el caso El Frontón, que pidió
ubicar y entregar los cadáveres y encontrar a los responsables?
-Tienen
a su líder histórico condenado por casos de derechos humanos. ¿Esta conducta
despierta alarmas sobre un posible intento de debilitar al TC?
No
podría responder eso.
-En
su mirada histórica, ¿el fujimorismo no ha cambiado?
Digo
que históricamente han convergido en este escenario dos grandes sentencias
emblemáticas de la Corte
Interamericana:
una de la época del fujimorismo y otra sobre El Frontón, del gobierno aprista.
-Y
son voces de estos grupos las que mayor efervescencia muestran contra
ustedes...
Voceros
de estos grupos políticos a quienes de repente no les simpatiza nuestra labor.
-A
ustedes se les acusa de violar el principio de la inmutabilidad de la cosa
juzgada al cambiar un fallo. ¿Qué dice?
El
caso nunca estuvo cerrado en el TC ni en el Poder
Judicial.
En el TC, cuando se dio la sentencia en el 2013, el procurador impugnó y dijo:
"hay error en el cómputo de votos, no hay cuatro sino tres que dicen que
no es lesa humanidad". Volvimos a ver los votos y corregimos. Contra eso,
el abogado de los demandantes planteó una reposición que aún no hemos resuelto.
-Si
está pendiente eso, ¿cómo el Congreso ha iniciado un proceso contra ustedes?
Hemos
dicho eso al Congreso. Es un proceso abierto, no está cerrado. ¿En atención a
qué admiten a trámite una acusación constitucional?
-Han
dicho que es una violación al debido proceso...
Claro,
del debido procedimiento parlamentario. Si el caso no se ha cerrado, ¿qué
prevaricato pueden señalar? Y la Constitución dice que los magistrados no
responden por sus decisiones jurisdiccionales. Acá el caso está en giro, pero
la denuncia contra nosotros en el Congreso ya está admitida. ¿Qué podemos
pensar?
-¿Una
conducta autoritaria?
El
procurador dice que somos apresurados. Pero el Congreso de modo acelerado
admite una acusación por un caso no cerrado. Ese apresuramiento hace que nos
movamos a ver un escenario que nos garantice resolver con tranquilidad nuestros
casos.
-Algunos
dicen que hay persecución a militares que lucharon contra el terrorismo y que
el caso El Frontón sería una muestra de eso. ¿Qué dice?
No
creo que sea persecución. Las Fuerzas
Armadas cumplieron
su labor. La justicia ordinaria está viendo si los procesados son responsables
de muertes del pedido de tutela de la Corte Interamericana.
-¿Qué
debe pasar para que desaparezca la amenaza?
Que
cierren el proceso de acusación constitucional y que esperen que uno resuelva,
que se cierre el caso y después, si lo consideran, que nos acusen, con todas
las garantías. Que el Congreso reflexione y vea si es oportuno haber admitido a
trámite una acusación constitucional y haber provocado todo esto, porque los
jueces no vamos a callar. Esto ha provocado que vayamos a la denuncia.
Peru21
Entrevista a José Luis Sardón, magistrado
del TC
-¿Usted respalda la denuncia?
No. Yo creo que la Constitución le otorga al Congreso la facultad de controlar a los altos funcionarios del Estado, evaluando las acusaciones constitucionales que se formulan en su contra. Los magistrados constitucionales no estamos exentos de ese control.
No. Yo creo que la Constitución le otorga al Congreso la facultad de controlar a los altos funcionarios del Estado, evaluando las acusaciones constitucionales que se formulan en su contra. Los magistrados constitucionales no estamos exentos de ese control.
Ledesma dijo que el
Pleno del TC apoyaba la denuncia.
La decisión de que vayan a Montevideo se tomó en una sesión en la que yo no participé porque estaba de vacaciones, las cuales habían sido programadas con mucha anticipación. Me han alcanzado el acta de la sesión y veo que mi colega Ferrero Costa se abstuvo. Por lo tanto, ese viaje fue aprobado con solo 5 votos.
La decisión de que vayan a Montevideo se tomó en una sesión en la que yo no participé porque estaba de vacaciones, las cuales habían sido programadas con mucha anticipación. Me han alcanzado el acta de la sesión y veo que mi colega Ferrero Costa se abstuvo. Por lo tanto, ese viaje fue aprobado con solo 5 votos.
-De haber estado presente, ¿se hubiese abstenido?
Hubiese votado en contra.
Hubiese votado en contra.
-¿Por qué?
Porque creo que los trapos sucios se deben lavar en casa.
Porque creo que los trapos sucios se deben lavar en casa.
-¿La acusación constitucional de ex marinos ante el
Congreso contra miembros del TC no busca afectar la independencia de los
magistrados?
Si es así, no lo hacen bien porque mis cuatro colegas han votado de manera muy independiente, por ejemplo, en el caso de la ley antitransfuguismo. La acusación constitucional no les ha hecho mella alguna y celebro que así sea.
Si es así, no lo hacen bien porque mis cuatro colegas han votado de manera muy independiente, por ejemplo, en el caso de la ley antitransfuguismo. La acusación constitucional no les ha hecho mella alguna y celebro que así sea.
-¿Cree que la acusación tiene como objeto destituir a
los magistrados?
No sé si apunta a eso o, en todo caso, a una llamada de atención. Pero sí apunta a que el Congreso sancione de alguna manera a mis colegas.
No sé si apunta a eso o, en todo caso, a una llamada de atención. Pero sí apunta a que el Congreso sancione de alguna manera a mis colegas.
-Ledesma dice que se repite la historia de 1997, cuando
un Congreso de mayoría fujimorista destituyó a tres magistrados. ¿Ese es el
panorama actual para usted?
No me corresponde responder esa pregunta. Ahí lo dejo.
No me corresponde responder esa pregunta. Ahí lo dejo.
-Respecto al fallo sobre El Frontón, se acusa al TC de
cambiar lo que, se dice, era cosa juzgada. ¿Cómo defender el fallo?
No se está acusando al Pleno del TC, se está acusando a mis cuatro colegas que firmaron el auto de subsanación de la sentencia que declaró fundado el hábeas corpus en favor de los marinos. Urviola, Blume y yo votamos en contra porque no era cierto que se hubiera contado mal los votos en la sentencia. Es absurdo sostener que (Juan) Vergara estuvo en contra de la sentencia porque firmó en las 24 páginas. Él sabía lo que hacía y así lo he explicado en mi voto singular.
No se está acusando al Pleno del TC, se está acusando a mis cuatro colegas que firmaron el auto de subsanación de la sentencia que declaró fundado el hábeas corpus en favor de los marinos. Urviola, Blume y yo votamos en contra porque no era cierto que se hubiera contado mal los votos en la sentencia. Es absurdo sostener que (Juan) Vergara estuvo en contra de la sentencia porque firmó en las 24 páginas. Él sabía lo que hacía y así lo he explicado en mi voto singular.
-¿No debió calificarse El Frontón como lesa humanidad?
Claro. La sentencia de 2013 entra al fondo del asunto a partir de un informe que solicitó a la Comisión de Venecia respecto a los elementos que configuran la lesa humanidad. Sin embargo, Vergara dice que ni siquiera debería analizarse eso porque Perú recién había suscrito la convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad de ONU de 2003 y estos eventos ocurrieron en 1986. En todo caso, la entrada en vigencia del Estatuto de Roma es de 2002. Todo eso hizo notar Vergara.
Claro. La sentencia de 2013 entra al fondo del asunto a partir de un informe que solicitó a la Comisión de Venecia respecto a los elementos que configuran la lesa humanidad. Sin embargo, Vergara dice que ni siquiera debería analizarse eso porque Perú recién había suscrito la convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad de ONU de 2003 y estos eventos ocurrieron en 1986. En todo caso, la entrada en vigencia del Estatuto de Roma es de 2002. Todo eso hizo notar Vergara.
-¿Cree que la decisión de la mayoría del TC en el caso,
como lo han dicho los ex marinos, configura una persecución?
No me corresponde responder eso. No puedo especular sobre las intenciones de mis colegas.
No me corresponde responder eso. No puedo especular sobre las intenciones de mis colegas.
Expreso
El vocero alterno de
la bancada aprista, Javier Velásquez Quesquén, emplazó al presidente del
Congreso, Luis Galarreta, para que defienda los fueros parlamentarios, luego de
que tres integrantes del Tribunal Constitucional (TC) denunciaran ante la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un supuesto amedrentamiento
por parte del Legislativo.
Los magistrados del TC Marianella
Ledesma, Carlos Ramos y Eloy Espinoza, viajaron hasta Uruguay para denunciar un
supuesto acoso político de parte del Congreso de la República, que tiene en
trámite una denuncia en su contra, presentada por 34 marinos que lucharon
contra los terroristas en El Frontón.
La queja de los marinos
enjuiciados durante 30 años, se debe a que el TC decidió reabrir el caso de El
Frontón al sostener que en la debelación del motín terrorista del 18 y 19 de
junio de 1986 sí hubo crimen de lesa humanidad, luego de efectuar una
interpretación “creativa” del voto del magistrado Juan Vergara Gotelli.
Al respecto, la titular de
la Comisión de Constitución, Úrsula Letona (FP), lamentó la mala imagen que
proyecta el TC al efectuar denuncias ante la CIDH. “Han emitido un fallo muy
cuestionable en un caso tan sensible como El Frontón y encima recurren a la
CIDH señalando una supuesta persecución a sus ideas”, remarcó.
El Comercio, editorial
Quizá
ninguna otra entidad pública como el Poder Judicial se ha visto consistentemente desprestigiada a
ojos de la ciudadanía. Encabeza el listado de instituciones percibidas como más
corruptas en el país, según la última Encuesta Nacional sobre Corrupción de
Proética. De acuerdo con el último sondeo de opinión de Ipsos y El Comercio, de
octubre de este año, el 64% de la población desaprueba el desempeño del Poder Judicial, y un mismo porcentaje
desconfiaba de él, en una encuesta del mes anterior.
Frente
al importante número de revelaciones del Caso Lava Jato y otros tantos destapes
periodísticos que daban cuenta de la infiltración de fondos ilícitos en la
política nacional, surgía pues la duda sobre la aptitud de nuestros jueces para
lidiar con casos de gran envergadura y complejidad.
Incluso
desde el Ministerio Público se prendieron las alarmas cuando se hizo pública
una reciente sentencia de la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte
Suprema, que, a entender de varios expertos, podía perjudicar muchas
investigaciones en curso sobre lavado
de activos. En palabras del propio fiscal de la Nación, Pablo Sánchez
Velarde, este fallo constituía un “instrumento generador de impunidad”.
Como
se sabe, el lavado de activos consiste
en el ocultamiento del origen de bienes o caudales obtenidos de actividades
ilícitas, es decir, de delitos previos, como el narcotráfico, el terrorismo, la
minería ilegal o la corrupción. En muchas ocasiones, sin embargo, resulta
difícil para las autoridades identificar claramente las circunstancias en que
se cometió el delito de donde proviene el dinero que se quiere lavar (el
llamado “delito fuente”) y a sus responsables. De hecho, es común que el “lavador” ignore los detalles de los
crímenes previos, como parte de una estrategia diseñada para proteger a quienes
propiciaron el “dinero sucio”.
En
este contexto, la sentencia cuestionada abría ciertamente la puerta a la
impunidad al exigir la acreditación del delito fuente con un nivel de detalle
difícil de lograr (“La descripción del suceso fáctico; mencionando a su
presunto autor o partícipe, con indicación de la fecha y lugar en que ocurrió”,
por ejemplo, son elementos que exigía el polémico fallo judicial).
Los
cuestionamientos a este criterio judicial se multiplicaron cuando este Diario
reveló que, a fines del mes pasado, la fiscal Sara Vidal había resuelto archivar
la investigación que se seguía contra Joaquín Ramírez y personas de su entorno,
tomando como guía la comentada sentencia pues, a su juicio, no se había
encontrado elementos suficientes para probar una “actividad criminal previa”.
Así
las cosas, cobraba especial relevancia el pleno casatorio convocado por la
instancia máxima del Poder
Judicial para que todos los jueces que integran las salas penales
supremas unificaran criterios. Y el resultado, felizmente, ha sido
tranquilizador.
Por un
lado, el pleno casatorio ha dejado sin efecto el cuestionado precedente
adoptado por la Segunda Sala Penal Transitoria. Asimismo, ha señalado que
el lavado de activos requiere
necesariamente de un delito fuente, es decir, no basta con probar un
desequilibrio o un incremento patrimonial sospechoso para catalogar a una
persona como “lavadora” –como,
se criticaba, era la práctica de algunos fiscales–. Sin embargo, ha descartado
que para un caso de lavado de
activos se requiera especificar con detalles la “naturaleza,
cronología, intervención o roles de agentes delictivos individualizados”,
bastando con acreditar “la actividad criminal de modo genérico”, un estándar
que resulta más apropiado tanto para las capacidades de investigación de
nuestras autoridades como para la forma con la que operan quienes están del
otro lado de la ley.
Dicho
de otro modo, la Corte Suprema ha planchado las arrugas que habían dejado en la
vestimenta del Poder Judicial algunos
de sus integrantes, y solo cabe esperar que la institución luzca sus mejores
atuendos cuando le toque afrontar los grandes casos de lavado de activos que hoy se
investigan.
