LA REFORMA POLÍTICA NO ESTÁ
COMPLETA
EXPRESO presenta una propuesta
para alcanzar el equilibrio de
poderes
Faltan las reformas del
sistema de gobierno, que deben añadirse a las del sistema electoral.
EXPRESO hace suya la
necesidad de una propuesta para propiciar el debate en los medios y en el
Congreso.
Necesitamos salir de la
trampa de la democracia de baja gobernabilidad.
Después de la tormenta, viene la
calma. Ahora que la tensión entre Ejecutivo y Legislativo disminuye tras la
aprobación de cuestión de confianza, ambos poderes deben enfocarse en los
proyectos de la reforma política. No solo las relativas al sistema electoral,
sin embargo, que son las que están sobre la mesa, sino las del sistema de
gobierno, vitales para mejorar nuestra democracia
de baja gobernabilidad y poder luchar eficazmente contra la corrupción.
LAS REFORMAS DEL SISTEMA DE GOBIERNO
Además del paquete de reformas del
sistema electoral –que es público y será objeto de debate parlamentario- es
indispensable que el Congreso retome las reformas relativas al sistema de
gobierno, que han quedado abandonadas.
EXPRESO ha creído necesario hacer
suya una propuesta para iniciar un debate en los medios y en el Congreso sobre estas reformas que han quedado en la
sombra.
Se trata de las propuestas de reforma
constitucional del sistema de gobierno para escapar de la trampa de la
democracia de baja gobernabilidad.
Destacan entre ellas la relativa a
restablecer el equilibrio de poderes mediante el retorno a la bicameralidad, la
referida a la indispensable derogación del artículo constitucional sobre la
causal de “incapacidad moral permanente” para declarar la vacancia de la
Presidencia de la República, y la necesidad de elevar a dos tercios o cuando
menos a tres quintos los votos del Congreso necesarios tanto para insistir en
las leyes observadas por el poder Ejecutivo como para la censura de los ministros
de Estado. El equilibrio de poderes necesita ser recuperado.
La causal de “incapacidad moral
permanente” para declarar la vacancia de la Presidencia de la República no está
definida en ninguna parte de la legislación peruana. Consiste, por lo tanto, en
lo que el Congreso resuelva subjetivamente. La Constitución establece que el
Congreso “declara” la muerte del presidente o su incapacidad física. Es una
cuestión de hecho. Lo mismo en cuanto a la “incapacidad moral permanente”. El
Congreso la declara. Es una condición que se constata y no una que se debate.
Esta confusión es lo que da lugar a que prevalezca el juicio subjetivo en esta
materia que es política por esencia. Esta reforma fue considerada e incluida
por la Comisión especial, que la propuso..
Recuperar el equilibrio de poderes requiere
también el retorno a la bicameralidad. Este tema fue considerado en la
propuesta del gobierno en el referéndum. Posteriormente, el propio Ejecutivo
pidió al pueblo votar en contra de la iniciativa a causa de que el Congreso
había reintroducido disimuladamente la reelección al Senado de los congresistas
actuales. Habiendo ya desaparecido esta premisa, no hay razón por la cual el
gobierno no pueda hacer suya nuevamente la iniciativa del parlamento bicameral.
O, en su defecto, que el Congreso la proponga nuevamente y el gobierno explique
sus motivaciones anteriores y las razones de su cambio de posición. Es algo que
no resulta difícil de enetender.
El beneficio de la bicameralidad estriba
en encapsular el debate político en el Congreso, que es sonde pertenece y
sacarlo en gran medida de la relación entre el Congreso y el Ejecutivo, donde
genera a cada rato un conflicto de poderes y donde el arbitraje del Tribunal
Constitucional es estos casos es demásiado lento.
En el aspecto operativo, la
existencia de dos cámaras permite poner un freno racional a la actual sobreproducción
legislativa del Congreso al obligar a una segunda revisión de las leyes por el
Senado. No porque este sea necesariamente más ilustrado –como más de uno supone
erradamente- sino porque en los hechos la segunda votación reglamentaria de las
leyes ha sido dejada de lado desde hace años por el Congreso unicameral que exonera
sistemáticamente de segunda votación a casi todos los proyectos de ley. Es
demasiado fácil aprobar una ley en esas condiciones, y no debe serlo. La
situación actual es un atentado contra la seguridad jurídica.
Conexo a esto, dos tercios de los
votos del Congreso para insistir en un proyecto de ley observado por el
Ejecutivo es lo que exigen todas las democracias americanas, sin excepción,
sesde Estados Unidos y México hasta la Argentina y Chile. Dos tercios de cada
cámara además, allí donde hay bicameralidad, que es la enorme mayoría de los
casos. En nuestro caso, puede ser una mayoría de tres quintos del número legal
de miembros. Pero en ningún caso solo la mitad más uno (actualmente 65 en un
Congreso de 130) que le permite al Congreso insistir fácilmente y prevalecer
siempre sobre el poder Ejecutivo. Lo mismo sucede respecto de la censura de
ministros de Estado. De allí la desafortunada expresión, de uso común en el
parlamento, en el sentido de que “el Congreso es el primer poder del
Estado”. No debe serlo. Lo que debe
haber es equilibrio de poderes, que los norteamericanos llaman checks and
balances, y que entre nosotros está aún por fundarse.
En la otra mano, de manera
equitativa, es indispensable regular con toda precisión el uso de la llamada
cuestión de confianza por el poder Ejecutivo, de manera que no pueda abusarse
de ella al punto de someter al Congreso a la decisión política del Ejecutivo.
Es indispensable el equilibrio de
poderes que aun debemos alcanzar. La separación de poderes es una condición
necesaria pero no suficiente para la democracia.
Son estas las reformas pendientes del
sistema de gobierno que permitirán mejorar la gobernabilidad de nuestra democracia,
el más grave de los problemas de nuestro sistema político. Son las reformas que
faltan y que EXPRESO desea hacer suyas.
(SEGUNDA NOTA)
LAS REFORMAS DEL SISTEMA ELECTORAL
Entre las reformas al sistema
electoral que debatirá ahora el Congreso está la que modifica la Ley de
Organizaciones Políticas para regular la democracia interna de los partidos, y
promueve la participación ciudadana para que los candidatos a la Presidencia,
al Parlamento y otros sean elegidos en los partidos por todos los ciudadanos en
elecciones abiertas. Esto no ofrece verdadero peligro si la fecha de las
elecciones internas es simultáneo en todos los partidos inscritos y el proceso
es supervisado por la ONPE.
La reforma al sistema electoral que viene
de la mano de la anterior es la que cambia la Ley Orgánica de Elecciones para erradicar
el voto preferencial para elegir a los parlamentarios, que ya no tienen sentido
si existen elecciones internas en los partidos.
Una reforma conexa a las dos
anteriores se enfoca en la Ley de Organizaciones Políticas, la Ley de
Elecciones Regionales y la Ley Orgánica de Elecciones para precisar el tema de la
inscripción de los partidos en relación al número de sus militantes en lugar
del recojo de un número muy elevado de firmas.
Otro proyecto importante de la reforma
del sistema electoral es el relativo a la lucha anticorrupción que busca
modificar o incorporar artículos al Título VI de la Ley 28094, de Organización
Políticas, y la Ley 30424, que regula la responsabilidad administrativa de las
personas jurídicas e incluir artículos en el Código Penal respecto del
financiamiento de los partidos políticos para impedir el ingreso de fondos
ilegales a las campañas. Dicha iniciativa del Ejecutivo tipifica los delitos de
financiamiento indebido de organizaciones políticas y de falseamiento de
información sobre aportaciones, ingresos y gastos de las organizaciones
políticas, y las obliga a presentar reportes de gasto durante la campaña
electoral. Son iniciativas saludables.
Otro proyecto importante dentro del
paquete que fue objeto de la cuestión de confianza, es el que busca que el
levantamiento de la inmunidad parlamentaria no lo realice el Congreso, sino otro
organismo “autónomo”. La Comisión de Constitución del Congreso archivó la
iniciativa sin debatirla con el Ejecutivo, lo que reavivó el conflicto que
condujo a la cuestión de confianza. El Ejecutivo ha vuelto a presentar un proyecto
para que el levantamiento de la inmunidad parlamentaria esté en manos de la
Corte Suprema, detallando que habría un plazo improrrogable de 30 días hábiles
para pronunciarse después de recibido el pedido de desafuero. El asunto aún
requiere debatirse ampliamente entre los dos poderes.
Finalmente, un último proyecto de ley
de reforma electoral impide que las personas con condenas en primera instancia
por delitos dolosos puedan ser candidatos al Congreso o a cualquier otro cargo
público. No existe objeción alguna a esta iniciativa.
En lo que respecta a reforma
electoral, por último, queda pendiente aún para otro momento retomar el
rediseño del sistema electoral de representación proporcional establecido en el
Constitución. De debatirse a profundidad aún, quizás para una reforma
posterior, el establecimiento del llamado distrito uninominal para la elección
de los parlamentarios. Esto requiere establecer nuevos distritos electorales en
todo el territorio nacional en número similar al de los parlamentarios, donde
se elige solamente a un representante por distrito entre los candidatos de los
diferentes partidos.
De esta forma, los electores de
cada distrito electoral pueden conocer mejor y establecer una relación más
cercana con quién los representa en el parlamento.
(TERCERA NOTA)
INICIANDO EL DEBATE
Para el analista Fernando
Rospigliosi, los proyectos indispensables para el país son, en la reforma del
sistema electoral, el financiamiento de los partidos políticos, la
democratización interna de las organizaciones y, en los relativo al sistema de
gobierno, poner sobre la mesa la bicameralidad, “aunque sea impolítico hablar
de ello”.
“Merece ser visto el tema de la
bicameralidad –dijo-. Estoy de acuerdo con la bicameralidad, pero como eso no
es popular y el gobierno solo se lleva por las encuestas, han dejado de lado la
propuesta. Solo han presentado cosas populares, como quitar la inmunidad a los
congresistas. Al presidente no le
importa la reforma –concluyó-, sino enfrentar al Legislativo”.
Respecto de la inscripción de
partidos políticos consideró que es razonable eliminar el requisito del número
de firmas y priorizar la cantidad de militantes, pero dijo que “finalmente las organizaciones
no van a ser fuertes porque haya mejores normas”. De otro lado, opinó que en la
reforma electoral “hay cosas perjudiciales, como que todos los ciudadanos
puedan votar en las elecciones internas de los partidos para elegir candidatos.
Es absurdo –sostuvo-, solo deben hacerlo los militantes”. Sostuvo también que
otro ejemplo es “establecer la paridad alternada de un candidato hombre y una
mujer”. Consideró, de otra parte, que cuando una persona tiene una condena debe
eliminarse la presunción de inocencia.
Respecto de la confrontación
reciente, dijo que “el conflicto de poderes ha sido provocado por el Gobierno,
que trató de meterse en materias del Legislativo. Los poderes del Estado tienen
que seguir la lógica y el sentido común”, dijo.
Por su parte, el constitucionalista Fernando
Calle expuso que el tema de la inmunidad parlamentaria está desviando la
atención de otros proyectos que sí podrían traer un cambio en el país. “En
estos momentos es necesario una reforma electoral y en los partidos políticos. La
inmunidad parlamentaria se puede resolver de manera rápida: que los
congresistas no podrán ser procesados, ni enjuiciados, ni encarcelados sin la
autorización del Parlamento y de la Comisión Permanente a menos que se trate de
delitos como violación, lavado de activos, crimen flagrante, entre otros”, sostuvo.
Detalló que disolver el Parlamento o declarar
la vacancia d ela Presidencia por “incapacidad moral permanente” son medidas constitucionales y que intentar
retirar alguno sería negativo. Se opuso al retiro de la figura de vacancia por “incapacidad
moral”, que fuera archivado por la Comisión de Constitución, porque “este punto
está en todas las constituciones, es parte de la historia”, añadió.
Para el ex presidente del Tribunal
Constitucional, Carlos Mesía, las propuestas son insuficientes para una reforma
política. “Las cosas no se arreglan estableciendo una alternancia de hombres y
mujeres en las instituciones públicas o eliminando la inmunidad parlamentaria”,
dijo. Sobre el sistema de gobierno y la bicameralidad sostuvo que es necesario
“elevar el número de congresistas a 180 y poner una cámara de senadores de 60
si quieren una verdadera solución y reforma mucho más amplia de la que han
presentado”, finalizó.
COMENTARIOS
(RECUADRO)
JULIO
SCHIAPPA
LA IZQUIERDA QUIERE UNA ASAMBLEA
CONSTITUYENTE
En diálogo con EXPRESO, el analista
Julio Schiapa manifestó que los partidos de izquierda no tienen horizonte al
incentivar que el Ejecutivo disuelva el Congreso. “El gran problema con la
izquierda es que debe decidir si sigue en un Estado democrático dentro de una
economía de mercado. Si cree que en el Perú puede haber una revolución al
estilo chavista como en Venezuela, sería una incoherencia. La izquierda sería la
principal perdedora de haber una elección. No sé de dónde saca entusiasmo para pedir
una Asamblea Constituyente. Esto les va a costar”, respondió.
(RECUADRO)
ANTERO FLORES ARÁOZ
ESTAN POLARIZANDO LA SITUACION
De otro lado, el ex ministro y ex
presidente del Congreso Antero Flores
Aráoz dijo que se está polarizando la
situación. Que se gobierne en lugar de estar presionando indebidamente al
Legislativo, que tiene errores y algunos parlamentarios realmente
impresentables, pero otros bastante buenos”, enfatizó.
Recomendó a los ministros enfocarse
en sus carteras en vez de opinar sobre temas que no le competen, como lo hizo la
titular de Salud, Zulema Tomás, al decir que la cuestión de confianza se
presentó por un “sentimiento popular” cuando una encuesta local afirmaba que el
70 % de la población no tenía conocimiento de esos proyectos. “Creo que esa
encuesta tiene razón y que hay que sumar
ahí a la propia ministra de Salud, que no conoce el tema”, sostuvo.
(RECUADRO)
VÍCTOR ANDRES PONCE
ES UNA GUERRA POLÍTICA
El analista Víctor Andrés Ponce dijo
que una reforma constitucional en medio de una guerra política puede dañar la
Carta Magna. “El presidente aún no explica sus motivos. Me niego analizar los
proyectos. Todo esto traerá consecuencias para el crecimiento económico que serán
devastadoras. Se estaría disolviendo un Congreso en base a estrategias
políticas de posicionamiento. Es probable que se complique mucho más allá antes
de una verdadera reforma”, subrayó.
Enfatizó que este episodio está
provocando que agrupaciones radicales salgan beneficiadas. “Todo esto está
produciendo un entrampamiento general en el sistema político donde alguien va a
salir beneficiado, y será un candidato radical que diga: que se vayan todos”,
manifestó.
------
