MEDIA COLUMNA domingo 6 octubre 2019

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La Segunda República

Jorge Morelli

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La izquierda radical quiere una nueva Constitución y para eso necesita convertir el Congreso de año y medio en una asamblea constituyente. Lo que quiere es abolir el capítulo económico de la Constitución, porque se basa en el principio de que la iniciativa privada es libre.

Por años nos hemos negado a considerar siquiera la cuestión por temor a abrir una Caja de Pandora. Ahora no hay que tenerle miedo. La Constitución necesita cambios fundamentales, pero no en el capítulo económico sino en el político, para rediseñar el equilibrio de poderes. Este no existe en el Perú. Lo que pasa por tal es un mal arreglo donde el Congreso –el supuesto “primer poder del Estado”- prevalece siempre sobre el  Ejecutivo.

Y donde, además, el Tribunal Constitucional prevalece luego sobre los tres poderes del Estado sin contrapeso ninguno. Este debería ser el Senado de un Congreso bicameral.

En tres años hemos tenido dos presidentes, cinco gabinetes y 80 ministros. Este síntoma inconfundible de la democracia de baja gobernabilidad, su caída en el autoritarismo y su recaída posterior en la democracia de baja gobernabilidad, es la consecuencia directa de la falta de equilibrio de poderes. En la batalla política por el

Congreso de los próximos 18 meses, el reto es rediseñar ese equilibrio, cuya falla es la causa primera de la debilidad crónica de nuestra democracia.

En lo inmediato, es necesario evitar caer más profundo en la trampa del autoritarismo. El noble Bruto creyó ver en la defensa de la república de Roma una causa noble, y asesinó al César. Y el pueblo no lo perdonó. No hay nada noble en preservar un régimen fallido que el pueblo detesta con razón. No hay nada digno en la defensa de un arreglo político que el pueblo detesta por ser incapaz de resolver los problemas. Lo que hay que hacer es corregir la falla en su arquitectura: rediseñar el equilibrio de poderes de nuestra democracia de baja gobernabilidad. 

Podemos llamarle la Segunda República peruana si se quiere. A Francia le tomó cinco alcanzar en 1958 el equlibrio de poderes que hizo posible la democracia que tiene hasta hoy.

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MEDIA COLUMNA viernes 4 octubre 2019

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Recaída en el ciclo perverso

Jorge Morelli

@jorgemorelli1

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Una vez más la democracia de baja gobernabilidad ha incubado la recaída en el autoritarismo. Como el 48, el 61 y el 68, como el 5 de abril de 1992. A la lista se añade hoy el 30 de setiembre de 2019.

El autoritarismo incubará luego la recaída en la democracia de baja gobernabilidad, como en el 39, el 45, el 56, el 63, el 80 y en el 90. Ya lo sabía Benavides, que en el 38 intentó detener este círculo perverso desde el autoritarismo, y fracasó.

No hay equilibrio de poderes. Esta es la causa profunda de nuestra democracia de baja gobernabilidad. Es por esa falla en la arquitectura de la democracia que el Congreso prevalece sobre el poder Ejecutivo hasta que, llegada la crisis del conflicto, el orden se invierte y vuelve la recaída en el autoritarismo.

Tratando fallidamente de arbitrar el desequlibrio, en las últimas décadas el Tribunal Constitucional ha desplazado al poder Judicial y prevalecido sobre los tres poderes. Ahora tenemos la dictadura de los jueces. Es por eso que capturar el Tribunal se ha convertido en el objetivo del poder.

Era totalmente predecible que este desenlace ocurriria de nuevo desde el momento mismo en que la mayoría parlamentaria absoluta elegida el 2016 fracasó en saldar la deuda del fujimorismo con el Perú. Esa deuda era y es la reforma del sistema de gobierno para impedir que el escenario del 5 de abril volviera a presentarse nunca más. La mayoría pudo evitar que nuestra democracia sin equilibrio de poderes desembocara en el conflicto sin salida que produce nuevamente el espectáculo grotesco de hoy.

Pudimos alcanzar un equilibrio estable esta vez. Pero la mayoría en el Congreso no asumió su deber. Perdió nuestra oportunidad de corregir la falla en la arquitectura de la democracia y reivindicar al fujimorismo. Es imperdonable. Prefirió la vacancia de la Presidencia. No se derroca al poder sin consecuencias. El desenlace de hoy es la consecuencia. 

Hay una cierta ironía en ver hoy a quienes por años criticaron el 5 de abril defendiendo el 30 de setiembre, y criticándolo amargamente a quienes no aprendieron del 5 de abril ninguna lección. 

Pero hoy la discusión versa sobre un asunto platónico: si es más real el Congreso disuelto o la Presidencia vacada. Y los militares zanjan la situación de hecho. Esperar que el Tribunal arbitre esto es algo de pronóstico incierto. Bien podría ratificar de jure la situación de facto. Aferrarse a la idea de retrotraer el estado de cosas a la víspera del 30 de setiembre es de una ingenuidad conmovedora.

No es momento de discutir sobre lo que ya es pasado. Ahora hay que mirar lo que viene. Lo que primero debe preocuparnos es el enemigo en la puerta. Detrás de la discusión bizantina de la inconstitucionalidad de los hechos, la sombra que se cierne sobre el Perú en lo inmediato amenaza la libertad de la economía que permitió el crecimiento del país durante 27 años. Ha juramentado el jueves un gabinete presidido por un representante del Sur que hace poco soñaba con volver al estatismo, y la juramentación se ha llevado a cabo de manera obviamente deliberada un 3 de octubre, fecha del golpe del velasquismo hace 51 años.

Y vienen en cuatro meses las elecciones parlamentarias convocadas para el 26 de enero de 2020. Su resultado está ligado indisolublemente al de las elecciones bolivianas en dos semanas, el próximo 20 de octubre, donde Evo Morales es el favorito a la enésima reelección y, una semana después, a las elecciones argentinas del 27 de octubre, donde el favorito es el peronismo kirchnerista que prepara su vuelta al poder.

El resultado de las elecciones bolivianas va a tener fuerte influencia en el voto del Sur del Perú en enero. A doscientos añós de la fundación de la República, en el Sur se juega nuevamente el destino de la Patria. El Sur del Perú es el lugar de la batalla y la fecha la del 26 de enero. Vamos a la batalla sin haber elegido el lugar ni la fecha. El eje Buenos Aires, La Paz, Foro de Sao Paulo, Caracas, La Habana, se halla al frente de los aliados de Santiago, Brasilia, Quito y Bogotá. Y el gobierno de Lima podria estar cambiando de signo.

El 30 de setiembre ha sido la advertencia de que esta vez el ciclo del autoritarismo tiene el signo de la izquierda radical.

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MEDIA COLUMNA miércoles 2 octubre 2019

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La definición misma

de la tragedia

Jorge Morelli

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Todos sabíamos cómo podía terminar esto.  

En el primer acto, el Congreso había ganado la batalla del adelanto de las elecciones, pero olvidó hacer un alto para hablar al país sobre esa victoria democrática. En lugar de eso, cayó en la trampa. En su fuga hacia adelante, el gobierno presentó al Congreso una cuestión de confianza sobre la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional. El Congreso pudo y debió votarla y aprobarla de inmediato. Habría evitado el desenlace. Pero prefirió ir a la elección. Pasó sin transición intermediaria de exigir el retroceso en el adelanto de elecciones que consiguió -que era fundamental para la democracia-, a exigir elegir a los nevos jueces del TC -cuya oportunidad no es vital para la democracia-.

No había ya adelanto de elecciones. La batalla había terminado ya. Pero ante el trapo rojo de la cuestión de confianza, el Congreso olvidó que el peligro había quedado atrás, y cayó en el pantano. Aprobó la cuestión de confianza solo luego de elegir solo a un magistrado. Era el pretexto que el gobierno esperaba. Avisado estaba, hay que decirlo. Un distinguido jurista, hermano de un magistrado del TC, había advertido el día anterior que si el Parlamento no consideraba en primer lugar la cuestión de confianza el gobierno la daría por rechazada y disolvería el Congreso. El propio Vizcarra reiteró en entrevista que consideraría rechazo de la confianza que el Congreso procediera a la elección. El gobierno ya solo buscaba el pretexto para disolver el Congreso. Y el Congreso se lo alcanzó involuntariamente.

El segundo acto no es sino es el desenlace de lo anterior. Para cuando Vizcarra llegó en su mensaje al anuncio de la disolución, el Congreso ya había aprobado la confianza. Lo sabe todo el país, porque lo vio en la televisión en pantalla dividida entre Palacio y el Congreso. Fue evidente para todos que ya no había causal constitucional para la disolución. Pero el gobierno ya tenía el pretexto, y siguió adelante. El Congreso tenía que desconocer esa disolución inconstitucional. Y procuró a continuación la vacancia de la Presidencia por segunda vez en el quinquenio. La vieja trampa de Marco Junio Bruto, creyendo sacrificarse por la República. El Congreso no acabó con el centésimo émulo del César, terminó suspendiéndolo temporalmente con 86 votos, porque –nuevamente, hay que decir las cosas como son- no había 87 votos para declarar la vacancia. Y procedió a juramentar a su sucesora.

En el tercer acto, ante la bicefalía de facto, ocurrió lo que tenía que suceder: las Fuerzas Armadas, no el Estado de Derecho, terminaron dirimiendo la diferencia mediante comunicado. Pero solo porque las instituciones políticas habían abdicado. Sin equilibrio de poderes, nuestra democracia de baja gobernabilidad falló una vez más no solo en crear la ruta para arbitrar por el derecho una situación creada en los hechos, que se había presentado muchas veces antes. Peor aun, falló en eludir la tragedia repetida desde hace décadas y por todos anticipada.

La lección es que el Congreso debió aprobar la confianza e ir al debate de las modificaciones al Tribunal Constitucional. No solo en cuanto a la mecánica para elegir a sus miembros, que es lo de menos, sino para retomar las abandonadas reformas del sistema de gobierno y rediseñar el equilibrio de poderes retornando a la bicameralidad para balancear también el poder absoluto del Tribunal Constitucional mediante un Senado en el Congreso.

Pero, ante el trapo rojo de la cuestión de confianza, el Congreso siguió al adversario al pantano constitucional donde hoy nos hallamos una vez más. Hoy, de pronto, los peruanos nos despertamos para descubrirnos nuevamente flotando en la  irrealidad con un Presidente vacado por el Congreso convocando a elecciones para cambiar al Legislativo en cuatro meses.

Se puede y se debe evitar todavía el cuarto y último acto de la tragedia. Pero la lección es que las guerras se pierden por luchar contra el enemigo equivocado. El caos actual no favorece sino al enemigo verdadero, que toca las puertas, que obedece al Foro de Sao Paulo, a Caracas y a La Habana y opera a través de Evo y sus aliados locales para apoderarse -ahora que pierden el control del petróleo de Venezuela- de los recursos del Perú para el siglo XXI -el  cobre, el litio, el agua- propiciando el levantamiento del Sur para capturar el poder.

Cambiar el curso de la tragedia requiere un supremo acto de conciencia. Porque las tragedias ocurren a pesar de todos los esfuerzos por impedir el desenlace que todos conocen desde el principio. Es la definición misma de la tragedia.

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MEDIA COLUMNA domingo 29 setiembre 2019

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Posterguen la elección

del Tribunal Constitucional

Jorge Morelli

@jorgemorelli1

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No hay 87 votos para vacar la Presidencia de la República otra vez. Y tampoco hay 87 votos para elegir al Tribunal Constitucional. Al no haberlos, la elección este lunes puede ser un fiasco.

Un Congreso que no consigue elegir porque no le alcanzan los votos, que canjea figuritas luego para poder decidir de cualquier manera resultaría en el espectáculo grotesco que la prensa llama "repartija". Ha ocurrido ya.

Postergar la elección, entonces, es una salida. Da tiempo para que en otra fecha se pueda elegir al Tribunal. Y permite, en lo inmediato, enfriar la confrontación entre el Ejecutivo y el Legislativo.

Hay, además, otro factor que hace aconsejable postergar. Uno que no puede dejar de considerarse. En pocos días nuevas informaciones de Brasil revelarían la identidad de decenas de personas que habrían recibido fondos de campaña de la corrupción brasileña. La información de los medios no descarta que entre ellos pueda haber congresistas actuales. Claro que ese acto no era entonces ningún tipo penal y, por lo tanto, no era delito. No obstante, hay personas privadas de su libertad hasta hoy con ese motivo -o con ese pretexto, cabe decir- que deben hacer un largo vía crucis para que su causa termine ante el Tribunal Constitucional.

¿Y cómo, entonces, el voto de esos congresistas hoy no va comprometer la legitimidad de un Tribunal Constitucional que podría tener que pronunciarse mañana sobre los actos de quienes los eligieron?

Lo curioso es que, según la aritmética, el resultado de la elección del Tribunal Constitucional al parecer dependerá de los votos de la bancada de Cambio 21, que se ha convertido en el fiel de la balanza. No deja de haber una gran ironía en esto. Los miembros de esa bancada votarán en este caso, sin embargo, con absoluta libertad de conciencia, como lo hicieron en el pasado. Esa fue precisamente su partida de nacimiento.

El gobierno se propone hacer cuestión de confianza de que a los miembros del Tribunal los nombre el Congreso, pero solo luego de un proceso publico previo de decantamiento de candidatos. El Congreso podría rechazar la cuestión de confianza. Pero debería pensarlo dos veces. No solo podría dar paso a su propia disolución, sino como reacción a la vacancia presidencial también. Un duelo en el que ninguno pestañea y los dos contendores se matan simultáneamente.

Pero el conflicto está a punto de estallar en torno al problema equivocado. Con el Tribunal Constitucional el menor de los problemas es el del mecanismo para elegir a sus miembros. El verdadero problema es su poder absoluto.

Con los años, el Tribunal ha añadido al ejercicio del control concentrado de la constitucionalidad de las leyes y al de ser árbitro de los conflictos de competencia, la condición de legislador positivo y la capacidad de ordenarle al Congreso que derogue o modifique leyes y ha modificado sentencias de la Corte Suprema. Es, además, el “supremo intérprete” de la Constitución no porque lo diga la Constitución sino solo la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

En una democracia de baja gobernabilidad y sin equilbrio de poderes, como la nuestra, era inevitable que el Tribunal deviniera en supremo árbitro de todas los conflictos y el dirimente de todas las disputas. Pero en el camino fue capturando cada vez más funciones de los poderes del Estado hasta tomar al abordaje el navío del Estado peruano. Se convirtió entones en un poder sin contrapeso. Y con ello dio paso a una extraña reinvención del absolutismo, justamente aquello contra lo que nació la democracia.

Este debate, que es el verdadero, sigue sepultado. Por donde se lo mire, entonces, la prudencia aconseja postergar. Y pensarlo todo de nuevo.

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MEDIA COLUMNA miércoles 25 setiembre 2019

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Retorno a un

universo anterior

Jorge Morelli

@jorgemorelli1

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Hace no mucho la bancada de Cambio 21 acudió con otras varias bancadas del Congreso a Palacio de Gobierno, a conversar con el presidente, Martín Vizcarra. Pero con una gran diferencia.

Estableció claramente –y asi lo dijeron explícitamente al mandatario en persona sus voceros Marvin Palma y Clayton Galván- que la bancada de Cambio 21 está totalmente en desacuerdo con el adelanto de las elecciones. Y en frontal desacuerdo, al mismo tiempo, con la vacancia de la Presidencia por segunda vez en este quinquenio.

Esto último, por la misma razón que hace año y medio votó esa bancada contra la vacancia y por la gobernabilidad y la urgente necesidad de un puente entre el gobierno y la oposicion. Esa fue entonces su posición –como también la del congresista Kenji Fujimori-. Lo sigue siendo hasta la fecha. Hay que saludar que la bancada de Cambio 21 honre su palabra actuando hoy de la misma manera que lo hizo ayer.

El hecho es, además, que no hay 87 votos en el Congreso ni para la vacancia ni para el adelanto de elecciones.

Precisamente por eso, es de suponer, circulaba ayer la versión de que algunos preparan un posible acuerdo bajo la mesa por el cual ciertas bancadas aceptarían el adelanto de las elecciones -en seis meses- a cambio de que el gobierno regrese sobre la creación del Senado, pero con un contrabando ya conocido: la posibilidad de que los parlamentarios actuales puedan ir a la reelección postulando al Senado.

“Compra de votos”, me parece, le llamaron a esto en un universo anterior.

La bicameralidad es una reforma política positiva. Un paso en dirección al establecimiento del equilibrio de poderes indispensable para escapar de la trampa de la democracia de baja gobernabilidad en la que nos hallamos.

Pero no al precio de un adelanto para eludir la vacancia permitiendo a los parlamentarios salir por la puerta para reingresar por la ventana de otra cámara.   

Libertad de conciencia de los congresistas, libertad frente a todo mandato imperativo es lo que debió haber entonces y lo que debe haber hoy frente al supuesto acuerdo o si llegaran a votarse la vacancia o el adelanto.

Esas fueron precisamente las convicciones que determinaron el nacimiento de Cambio 21. Mantenerse en los principios es algo que raramente se ve. Se llama palabra.

No deja de haber cierta ironía, sin embargo –karma, le llaman algunos-, en que hayamos retornado exactamente al mismo punto de partida luego de un año y medio en que el tiempo se ha detenido. Es la oportunidad que la historia raras veces ofrece de reparar un error.

El puente es hoy más necesario que nunca.

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MEDIA COLUMNA domingo 22 setiembre 2019

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¿Qué les pasa a los mineros?

Jorge Morelli

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Los mineros creen tener toda la legitimidad de su lado porque el Perú vive de la minería y, sobre todo, a causa del desprestigio masivo del Estado ante sus ciudadanos, que debemos a nuestra democracia de baja gobernabilidad.

Pero los mineros necesitan cambiar. Se aferran a un orden de cosas que ya no existe.

Parecen querer seguir manejándose como en el pasado. Esto es, sobre la base de un caso por caso, comunidad por comunidad en cada proyecto por proyecto, negociando los precios de la tierra en el ínfimo mercado local, donde el precio no puede formarse equitativamente, porque solo un mercado informado puede ser libre y los pequeños mercados locales no lo son, no pueden serlo. 

Pero los mineros parecen creer –así se desprende de su última convención en Arequipa- que la tecnología traerá por sí misma el cambio que necesitan. La historia es larga en materia de fracasos de este tipo. Pagar puntualmente impuestos y hacer postas y escuelas a regañadientes porque es el Estado y no ellos quien debería hacerlas, es una forma de negación. Porque lo que se necesita no es solo postas y escuelas sino fundamentalmente sembrar agua y bosque en las punas cerca de las minas. Eso es pensar en el futuro. No salir del paso comprando dirigentes comunales y periodistas de radios provincianas, como se hacía antiguamente.

Hoy hace urgente falta un líder que les muestre a los mineros el camino para cambiar. Alguien que pueda proponer un nuevo paradigma, uno tal que resuelva el malentendido entre las minas concesionarias del subsuelo y los que controlan el suelo encima del recurso. Alguien que pueda absolver en un marco más grande la falsa contradicción entre comunidad y empresa, entre agricultura y minería, entre el oro y el agua.

Ese paradigma es el mercado libre, que debe decir no solo cuál es el precio del recurso natural, sino el de la superficie sobre el recurso. Y ambos –subsuelo y superficie- en el mismo mercado, no en mercados distintos como hasta hoy, uno en el mercado local y otro en el mercado global. Los dos tienen que ir al mercado global. Porque el precio de la tierra no puede formarse con equidad donde no hay competencia. Esto es lo que Hernando de Soto viene explicando desde hace ya mucho.

¿Puede esto suponer unos costos mayores para la minería? Si ese fuera el caso, eso explicaría por qué los mineros no parecen querer ver esta realidad y que se nieguen a escuchar, incluso a invitar a su convención exclusiva en Arequipa a quien está haciendo una propuesta que, por complejo que sea realizarla, es la única capaz de solucionar el problema de la libre competencia para la formación de un precio equitativo de la tierra. Nadie más está haciendo una propuesta real. No la tienen los mineros, menos aún el gobierno y tampoco podrían tenerla los ocupantes de las superficies sobre los recursos del subsuelo. Nada llevan a sus diálogos vacíos de toda sustancia. Y, sin una propuesta sobre la cual debatir, el diálogo jamás podrá resolver el problema en la escala que hace falta para dejar atrás la inequidad entre las partes, que solo produce fórmulas precarias que no pueden ser duraderas.  

En EE.UU. a principios del siglo XX, el presidente Teddy Roosevelt tomó la decisión política fundamental de enfrentar el monopolio de la Standard Oil de John Rockefeller sobre el petróleo, el mismo que con su enorme gravedad curvaba la competencia libre en el mercado. Mediante sus entonces controvertidas leyes antitrust, el gobierno obligó a Rockefeller a dividir su imperio en un vasto número de empresas. Este, al cabo, se reorganizaría sin pérdida para la industria. Y las leyes contra la libre competencia en el mercado prevalecerían. Hoy mismo se abre una investigación a los gigantes digitales para determinar si se está limitando la libre competencia en el cibermercado.

Lo que hay en común entre estos casos y el de los mineros del Perú no son las circunstancias, que son muy distintas, sino la necesidad de abrazar el cambio y hacerlo suyo.

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MEDIA COLUMNA miércoles 18 setiembre 2019

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El Estado peruano

bloquea el litio

Jorge Morelli

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Podemos llegar a ser el primer o segundo productor mundial de litio.

El que se encuentra en Macusani, Puno, descubierto en la comunidad de Chacaconiza en 2017, está a ras del suelo, es litio en roca. Tiene un 95 por ciento de pureza, bastante más que el de Chile, Argentina y Bolivia, que lo extraen de los salares usando enormes cantidades de agua.

La explotación del litio en el Perú, por lo tanto, será muy diferente de la de los vecinos. Y tendrá costos menores. El litio en roca se explotará a tajo abierto.

Esta es el recurso del Perú para el siglo XXI. El carbonato de litio es indispensable para las bateriás de los autos eléctricos y los dispositivos electrónicos que inundarán el mercado global en la próxima década. La demanda va a aumentar exponencialmente. Las reservas en Macusani son de 4.7 millones de toneladas de carbonato de litio. China necesitará 800 mil toneladas de carbonato de litio anuales a partir de 2025. 

Ante este escenario, Chile apuesta a la inversión privada y la empresa global que opera allí –y en la que China tiene un 24%- ya planea incrementar su producción cuatro veces en los próximos seis años.

Bolivia, mientras tanto, apuesta a la empresa estatal, en el mismo esquema estatista de los hidrocarburos. Pero también tiene a China como socio estratégico, y apunta a desplazar a Argentina del segundo lugar como productor de carbonato de litio en Sudamérica.

El Estado peruano, en cambio, bloquea la producción del litio del Perú.

No solo no promueve la producción del recurso estratégico, sino que ha procedido recientemente a quitarle a la empresa 32 de sus concesiones en la región con el deleznable argumento de que, por cuestión de minutos, se le habría vencido el plazo para pagar los derechos por el uso de la superficie.

El Estado peruano estorba la libre competencia en el mercado. Lo hace a la vista de todos desconociendo el derecho de propiedad. Traba el recurso estratégico para el futuro inmediato mientras la competencia avanza en el mercado global. 

El Estado peruano se cree en el derecho de prevalecer sobre la propiedad privada haciendo mal uso de la soberanía. Confunde la soberanía con la propiedad. Y lo hace recurriendo a pretextos banales sin transparencia, faltándole el respeto a la buena fe de los peruanos.

Pero esta vez su maniobra ha quedado al descubierto.

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