MEDIA COLUMNA domingo 16 febrero 2020

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Virrey del Perú

Jorge Morelli

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@jorgemorelli1

Empresa que no entraba, quebraba. Partido político que no aceptaba, perdía. Así funcionaba el mecanismo de la corrupción. Los amos fueron siempre el Foro de Sao Paulo, el Partido de los Trabajadores de Brasil y sus aliados de La Habana y Caracas que hoy preparan una última ofensiva incendiando ciudades desde Santiago hasta Bogotá.

Organizaron hace décadas la exportación del mercantilismo a escala masiva cerrando los mercados de la obra pública en toda Sudamérica. Odebrecht y sus aliados locales del Club de la Construcción fueron el brazo empresarial ejecutivo de la estrategia política, un engendro imperialista en pleno siglo XXI concebido desde la corrupción del socialismo brasileño.

Odebrecht fue así desde un principio el director de la opereta Lava Jato en el Perú. Lo sigue siendo si tiene razón César Gutiérrez en el escenario exhaustivo y perfectamente coherente que desarrolla en EXPRESO en la edición de ayer, y que por primera vez permite a los peruanos entender la trama completa.

Argumenta que la demanda de ODB ante el Ciadi fue una herramienta de negociación. Que la empresa negociaría el retiro de esa demanda a cambio de que el Perú licitara de nuevo el Gasoducto y le permitiera vender los activos. ODB no perdería retirando la demanda, porque existe otra presentada ante el Ciadi en julio de 2018 por su socia en el Gasoducto, la española Enagás, con la que ambos esperan poder recuperar aún su inversión perdida en el Perú.

Y así, el Perú -que aceptó recibir de ODB una reparación de 610 millones de soles a pagar en 15 años, que le entregó 524 millones de soles por la venta de Chaglla a cambio de información sobre la corrupción que no llega- no va a poder negociar ya el retiro de la seudo demanda a cambio de licitar de nuevo un proyecto de 7,500 millones de dólares que el Perú no necesita. No hay mercado para ese gas ni en el Sur del Perú ni en el norte de Chile. El juego se ha destapado y el Perú no va a permitir a ODB prevalecer. Sus amos del Foro de Sao Paulo y el PT brasileño no van a seguir nombrando a un virrey en el Perú.

Hoy vemos caer a tres personajes de la obra muertos en pleno escenario. Hoy Indecopi inicia una investigación a 35 empresas del Club de la Construcción local. Hoy los medios “guaripoleros” que apoyaban a esas empresas de pronto toman distancia del gobierno. Subsiste, entonces, una pregunta medular: ¿el presidente Martín Vizcarra sabía de todo esto? Si tiene responsabilidad en este estropicio, antes o durante su gobierno, deberá enfrentar los cargos. Pero responderá de ellos cuando haya concluido su gobierno. Ni un minuto antes. No hoy y aquí, porque en las actuales circunstancias está comprometido el destino del Perú.

Pregúntese el lector por un instante a qué hoyo negro entramos. No se derroca al poder sin consecuencias, como deberíamos haber comprendido ya por experiencia. Quien diga que controla eso es un tonto. Un intento de vacancia en estas circunstancias es convertir la próxima elección de la Mesa Directiva del Legislativo en una elección indirecta y por adelantado del presidente de la República por el Congreso. Es la definición misma de una mala idea.

Y jugar a la vacancia hoy es jugar con fuego. Es no solo repetir el error, sino colocar esta vez al Perú en manos del enemigo que toca las puertas. El eje La Habana, Caracas, Sao Paulo prepara en marzo –la información es pública- una escalada masiva de violencia desde Santiago hasta Bogotá. Ha perdido en La Paz el centro del tablero sudamericano e intenta una ofensiva para recuperarlo. Y el Perú está de pie en su camino.

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MEDIA COLUMNA viernes 14 febrero 2020

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Castigo sin restitución

Jorge Morelli

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El gran aporte del Cristianismo a la cultura occidental es la idea del perdón. Jurídicamente hablando, es el tránsito del derecho retaliatorio al derecho restitutivo. Es decir, de la ley del Talión –ojo por ojo, diente por diente- a la restitución, en lo posible, del estado anterior o al menos a la reparación del daño.

La Justicia peruana, sin embargo, no ha hecho aún esta transición. Parece el Dios del Viejo Testamento o un feroz dios andino sin tiempo para excepciones y sin lugar para el perdón. Su asunto es el castigo, no la restitución.

La Justicia peruana no sabe cómo escapar de la prisión en que se ha metido y en la que nos ha encerrado a todos. Todo el Perú es hoy una prisión. No es una nación de hombres libres.

Un vecindario denuncia a un noticiero de televisión la presencia de cables eléctricos que han quedado peligrosamente expuestos a ras del suelo. El vecindario espera que alguien venga a resolverlo. No se atreve a tomar acción para cubrirlos. Teme hacerse acreedor a una represalia. La intención de reparar el daño no lo mueve, lo paraliza el miedo al castigo.

Dicen que cuando entre los japoneses ocurre una negligencia en la función, primero se repara el daño, luego se busca al responsable. Nunca al revés. El caso latinoamericano clásico –no solo peruano- es el exactamente opuesto. Lo pinta con gracia la famosa historia mexicana en la que supuestamente le llevan a Pancho Villa un enemigo que ha sido capturado. El General ordena que lo fusilen. Le objetan que eso ya no es civilizado, que primero hay que juzgarlo. El General admite que es cierto. Y dispone que primero lo fusilen y después lo juzguen.

La mala consecuencia de hacer las cosas al revés, sin embargo, es que cuando la Justicia se enfoca en el castigo cree estar haciendo una sanción ejemplarizante, cree estar escarmentando a alguien, piensa que es indispensable para que no se repita el daño. Y el daño se repite. En verdad solo enseña a temer el castigo y a paralizarse ante el peligro.

La ironía delatora de esta esquizofrenia es que, castigado el acto, ya no hay restitución ni reparación alguna. Todo queda sepultado en el inconsciente. Una sociedad sometida a esas reglas no puede hacer justicia.

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MEDIA COLUMNA miércoles 12 febrero 2020

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Mercas de rodillas

Jorge Morelli

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Fueron 35 las empresas del Club de la Construcción peruano que, a lo largo de 14 años entre 2002 y 2016, se repartieron entre ellas las licitaciones de obras del Estado peruano.

Según indicios recogidos por Indecopi -que le han llevado a abrir investigación sobre este sabotaje a la libre competencia en el mercado-, igual que en el Club de la Construcción brasileño, todo estaba perfectamente arreglado.

Las empresas participaban en falsas licitaciones en las que todos sabían quién iba a ganar y, por lo tanto, ponían sus propuestas económicas por encima de la de la empresa designada.  La finalidad, según Indecopi: evitar competir entre ellas y determinar, de antemano, a las ganadoras de cada proceso de selección.

El mérito del organismo es haber hecho pública la existencia de evidencia que  ha reunido pacientemente. La ha puesto en los medios con claridad y de manera transparente para todos.

El monto total de lo transado ilegalmente en las 112 licitaciones de obra pública durante 14 años llega a la cifra sideral de 13 mil millones de soles (más de 3,880 millones de dólares).

La evidencia, según un medio especializado, consiste en documentos, declaraciones, archivos y correos electrónicos obtenidos durante la investigación llevada a cabo por Indecopi, así como información vinculada con las propuestas, características y resultados de los procedimientos de contratación analizados. La presunta infracción investigada habría distorsionado las condiciones en que se adjudicaban las obras públicas generando que el Estado incurriera en un mayor gasto, señala el medio.

Indecopi precisa que ha abierto procedimiento administrativo con base en “indicios razonables de una conducta anticompetitiva”. Apunta que el procedimiento no prejuzga la responsabilidad de los investigados.

Este es el mecanismo que, entre 2020 y 2016, permitieron funcionar ante sus narices los gobiernos sucesivos de Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala.

Y, sin embargo, estas son solo las licitaciones del Club para la construcción, mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento de carreteras.

Como sabemos hoy, el “mecanismo” operaba de modo tal que empresa que no entraba, quebraba. Partido político que no entraba, perdía. El mecanismo no estaba diseñado solo para sobornar la buena pro de las obras. Estaba diseñado para hacer posibles megaobras que no eran necesarias. Megaproyectos a precios sobredimensiosionados que el Perú no requería pero que le fueron encajados en el Presupuesto. La refinería de Talara por más de 5,000 mil millones de dólares y el Gasoducto del Sur por más de 7.500 millones de dólares -el doble de lo que Indecopi señala al Club de la Construcción- son apenas dos casos.

Aún no sabemos la magnitud del daño, a cuánto asciende en realidad lo que la clase política y sus cómplices locales entregaron de rodillas al mercantilismo de izquierda encaramado en el poder de la mayor economía de América del Sur.      

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MEDIA COLUMNA domingo 9 febrero 2020

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Gana la elección el

personaje, no el actor

Jorge Morelli

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Pasada la página de estas elecciones, podemos comenzar a pensar en las del 21.

Cada campaña es una obra que tiene un personaje. El que gana la eleción es el personaje, no el candidato. Es decir, gana el candidato que mejor represente al personaje.

El personaje lo elige de antemano la opinión pública, no el candidato, no el partido.

Para comprender cuál es el personaje de la elección del próximo año, hay que mirar lo que el pueblo ha querido expresar con sus votos en la elección de este año.

Dos hechos notorios al respecto. Primero, el 41% de los electores simplemente no fue a votar o votó en blanco o vició su voto.

Segundo, el 59% por ciento restante repartió sus votos entre 20 partidos. Pero lo hizo de tal manera que la primera bancada solo obtuvo el 10% de los votos válidos.

Tercero, a pesar del sesgo escandaloso del sistema actual de conversión de votos en escaños -para generar una mayoría parlamentaria-, el electorado se las arregló para atomizar al Congreso.

Lo que el pueblo ha hecho, en suma, es castigar a la clase política entera.    

Si la pregunta es, entonces, qué personaje es el que quiere hoy el pueblo, la respuesta no es difícil: uno que castigue a la clase política. El personaje que el pueblo peruano quiere entonces –al menos por ahora- es una especie de Trump/Bolsonaro. 

Es decir, un héroe justiciero. O, en el lenguaje de Max Weber, un líder carismático. ¿Qué actores aspiran actualmente expresamente a representar este personaje en la obra? Hay algunos, pero señaladamente Urresti y Antauro parecen tener clara la apuesta y disputan ya obtener en el casting el papel en la obra.

No está claro, en cambio, si alguno estará a la altura del papel. Eso lo decidirá la opinión pública observándolos a medida que se desarrolla la obra en el escenario.

A lo largo de la campaña, el pueblo verá si el actor se mantiene fiel al personaje o si pierde el aplomo e introduce extravagancias innecesarias, propias del actor, ajenas al personaje. 

Al respecto, puede ser útil un caso real como ejemplo. En una pequeña elección local en los 60, en un lugar donde había que hacer obra, un aspirante que era ingeniero se presentó con un lema que perfilaba definitivamente al personaje que hacía falta: “ganará la elección quien se amarra el pantalón con fierro de construcción”. Ganó.

Como se ve, no siempre el personaje ganador de una elección es un héroe justiciero. También puede ser un constructor, un visionario de la “Tierra Prometida”.

Weber no le llamaba a este un líder carismático. Le llamaba líder burocrático. Para él esa palabra cargada de negatividad para nosotros, no tenía sentido peyorativo. Quería decir científico, no político.

Pero está por aparecer todavía en el casting para el 21 quien aspire a representar el papel de este otro personaje capaz de desplazar en la imaginación del pueblo al héroe justiciero. ¿Imposible? Ya se ha hecho en el Perú en el pasado.

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MEDIA COLUMNA viernes 7 febrero 2020

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La Hidra se retuerce

Jorge Morelli

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El control constitucional es la manera en que la justicia puede corregir el error del Congreso cuando viola la Constitución con una ley. Es el instrumento del poder Judicial para equilibrar el poder del Congreso, uno de los lados del triángulo del equilibrio de poderes.

Pero se hace en el mundo de dos maneras diferentes. Una es norteamericana y data de principios del siglo XIX. La otra es europea y nace cien años después, a principios del siglo XX.

El control constitucional norteamericano -llamado control “difuso”- se origina en el famoso caso Marbury versus Madison de 1803, que el juez John Marshall resolvió de tal manera que creó el principio del “judicial review” (o revisión judicial de las leyes). Por este medio, la autoridad jurisdiccional decide hasta hoy si es inconstitucional aplicar una ley cualquiera a un caso particular.

El mecanismo europeo -llamado control “concentrado”- es diferente. Lo ejerce un Tribunal Constitucional facultado para declarar inconstitucional una ley del Congreso. El Tribunal y el control “concentrado” fueron una creación de la imaginación de Hans Kelsen, autor de la malhadada Constitución de Weimar de 1919.

Por si acaso, en el Perú no podíamos perder la ocasión de tener los dos sistemas vigentes simultáneamente en la Constitución. Recogiendo el modelo europeo, la Constitución dispone que el Tribunal Constitucional puede declarar inconstitucional una ley del Congreso.

Y albergando también el modelo norteamericano, la Constitución dispone que cualquier autoridad jurisdiccional –un juez de cualquier nivel, incluso el propio Tribunal Constitucional-, en ejercicio del control “difuso” puede declarar que una ley del Congreso es inaplicable a un caso particular. Así, cuando el Tribunal Constitucional no alcanzó los votos necesarios para declarar inconstitucional la ley que permitía al presidente de la República ir a la reelección el año 2000, en ejercicio del control “difuso” declaró la ley inaplicable al caso de Alberto Fujimori. Este fue el origen del drama político cuyas consecuencias se extienden hasta hoy.

El lector ya habrá empezado a sacar su conclusión.

La decisión de tener los dos mecanismos vigentes al mismo tiempo en la Constitución es una de las muchas manifestaciones de la Hidra en que se ha convertido el sistema de justicia. La Hidra ha ido multiplicando sus cabezas al despojar a la Corte Suprema de sus funciones, una por una, para crear un Ministerio Público autónomo, un Consejo Nacional de la Magistratura –hoy Junta Nacional de Justicia- igualmente autónomos y, por encima de todo, el Tribunal Constitucional.

Si todas las cabezas de la Hidra son autónomas, ninguna prevalece sobre las demás. Presenciamos hoy, por ejemplo, un conato de batalla entre el poder Judicial y el Tribunal Constitucional desde que un juez ha incumplido lo resuelto por el Tribunal en un sonado caso de prisión preventiva. El Tribunal ha rehuido la batalla por ahora, pero es imposible evitarla.

Es que las cabezas de la Hidra se devoran entre sí. Hace ya años que el Tribunal se las arregló para declararse a sí mismo ”supremo intérprete” constitucional, cosa que sin embargo no se halla en ninguna parte de la Constitución. Solo en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. O sea, una ley del Congreso.

No pasará  mucho tiempo antes de que una autoridad jurisdiccional –como la Corte Suprema- resuelva en ejercicio del control “difuso” que la Ley Orgánica que declara “supremo intérprete” al Tribunal es inaplicable a un caso particular.

La Hidra se retuerce.

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MEDIA COLUMNA miércoles 5 febrero 2020

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La clase política 

ha sido castigada

Jorge Morelli

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El ausentismo en estas elecciones ha sido de un 25.4% del total de 21 millones y medio de electores hábiles, según la ONPE. Votaron 16 millones. No fueron a votar 5 millones y medio de peruanos.

Los votos blancos y viciados fueron otros tres millones. Si se añade los ausentes a los votos blancos y viciados,suman 8 millones y medio, el 41% del total de los electores.    

El 59% por ciento restante son 13 millones de votos que se dispersaron entre 20 partidos. 

Al 100% del cómputo oficial, la primera bancada alcanzó un millón 409 mil votos, el 10.3%. La ultima en pasar la valla consiguió unos 833 mil votos, un 6%.

No obstante, la primera bancada consigue 25 curules, el 19% del Congreso. La última, con bastante más de la mitad de los votos de la primera, consigue bastante menos de la mitad de las curules de la primera: solo 11 curules, el 8% del Congreso.

Es evidente que el sistema de conversión de votos en escaños está sesgado en favor de las primeras bancadas y en contra de las últimas. Lo que la Constitución manda, sin embargo, es que el Perú tenga un sistema electoral de "representación proporcional".

Y a pesar del sesgo los electores se las han arreglado para atomizar al Congreso.

El ausentismo, los votos en blanco o viciados –que suman el 41% de los electores- y la dispersión del 59% restante son la expresión de la protesta de 21 millones y medio de peruanos que han atomizado el Congreso para castigar a la clase política. 

Han querido dejar bien clara su protesta contra una democracia que no resuelve los problemas, que los posterga y esconde.

La democracia deberia asegurar la gobernabilidad especialmente cuando no existe una mayoría parlamentaria, pero nuestra democracia es una de baja gobernabiidad a causa de un sistema de gobierno fallido sin equilibrio de poderes.

Y la clase política insiste en tratar, tardía e inútilmente, de arreglarlo sesgando el sistema electoral para producir una mayoria parlamentaria a como dé lugar.

Es patético.

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MEDIA COLUMNA domingo 2 febrero 2020

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"Parálisis de

la inmovilidad"

Jorge Morelli

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"Temo a los griegos porque hacen regalos".

       Virgilio, Eneida.

Indecopi no sabe qué hacer con la papa caliente de la compra de Luz del Sur, de distribución de electricidad, por los mismos que compraron Chaglla, de generación de electricidad. Ha entrado en lo que el vals El Pirata lama con redundancia  la "parálisis de la inmovilidad".

De seguro que la empresa china Three Gorges, compradora de buena fe, no puede creer lo que ocurre con el Estado peruano.

Lo que pasa es que el tema solo se entiende en el contexto de la guerra de la electricidad en el Perú entre las hidroeléctricas, que generan energía con la fuerza del agua, y las termoeléctricas, que lo hacen quemando petróleo o gas.

El Estado causó esa guerra al crearle, años atrás, un mercado artificial al gas en la generación de energía eléctrica.

Cuando el Estado decidió cambiar la matriz energética del Perú para no depender del petróleo, debió pasar a la energía limpia de la hidroelectricidad. Para eso tiene en la Cordillera de los Andes todos los ríos que puedan hacer falta. Pero prefirió no tomar una decisión económica sino política: pasar al gas, que creyó tener en abundancia ilimitada. 

Tuvo que interferir el mercado para crear las “condiciones” que lo hicieran posible. Fue un presente griego.  En el camino al Estado no le quedó más remedio que permitir a las termoeléctricas declarar falsamente costos cero, para que pudieran "competir" con las hidroeléctricas. 

Como consecuencia, la termoelectricidad ha desplazado a la hidroelectricidad de más de un tercio del mercado peruano. Un verdadero Caballo de Troya. 

El Estado ha distorsionado totalmente el mercado de la energía en el Perú. Lo sigue hacienda a diario. Abusa de su, digamos, posición de dominio que confunde con la soberania de Estado. 

En el camino abandonó la defensa de la libre competencia en el mercado. De seguro Indecopi no ignora que es el Estado peruano el que amenaza la libre competencia al distorsionar masivamente el mercado.

No lo hará, en cambio, la integración vertical de generación y distribución de energía en una misma empresa, que puede por el contrario redundar en reducción de costos y de precios en beneficio de los consumidores, las familias y las empresas. La energía es la base de todos los demás precios.

En el instante en que Indecopi mire el bosque y no el árbol, su parálisis habrá cedido.

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