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MEDIA COLUMNA
Ajena a la realidad
que pretendía regular
Jorge Morelli
@jorgemorelli1
El Congreso aprobó finalmente la ley que ocupará el
lugar de la derogada ley de Promoción Agraria. Y, como era de suponer, produjo un
parto de los montes. El Congreso no ha resuelto nada, lo que ha producido no ha
contentado a nadie.
No está claro hasta el momento si, como han anunciado,
los azuzadores retoman el bloqueo de carreteras a partir de la fecha. Está
claro, en cambio, que en horas de la tarde un pronunciamiento firmado por casi
todos los gremios empresariales –SNI, CONFIEP, ADEX, las cámaras de Comercio de
Ica, La Libertad, Piura y Arequipa, Perucámaras, la Sociedad Nacional de
Pesquería, AMCHAM y la Asociación Automotriz del Perú-, señaló que el Congreso
“quiere imponer una remuneración a través de una ley”.
Los gremios denuncian que esto es inconstitucional,
porque “significa una regulación de precios y viola el derechos de libre
contratación y negociación directa entre trabajadores y empleadores”.
Recuerda con razón, además, que “el Congreso no ignora
que la sobreregulación laboral ha significado que de los 17 millones de
trabajadores que componen la PEA, solo 5 millones acceden a algún derecho
laboral y 12 millones trabajan en la informalidad, es decir precariamente, sin
protección de salud, sin reglas de higiene y seguridad, sin protección por
ceses arbitrario, sin vacaciones y CTS y con salarios muy lejos del marcado
laboral formal”.
Concluye correctamente que “la legislación laboral,
aunque persigue fines dignos, está muy lejos de la realidad que pretende
regular”.
Claramente, es una toma de posición de la que los
gremios no van a retroceder.
El Congreso ha fracasado en resolver el problema que
creó al derogar la ley anterior. Y, por declaraciones de la víspera del
ministro del sector agrario –cuyo nombre actual es difícil de recordar-,
sabemos que el Ejecutivo procuraba al parecer dejar en manos de trabajadores y
empresarios la negociación de alguna forma de equilibrio entre ambas.
Esto es precisamente lo que el Congreso, en su orgía
demagógica, ha fracasado en hallar. Sin embargo, el gobierno propone para esa
negociación buscar el apoyo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y
de la OIT.
Negociar libremente es a lo que las partes tienen
derecho constitucional. Es la única forma de resolver el conflicto creado por
el Congreso y el Ejecutivo sin causar más daño. Pero hay una salvedad. Las
partes no necesitan la mediación de la OIT y mucho menos de la Coordinadora de
DDHH, que son organismos políticamente parcializados. Deben tener la libertad
de buscar igualmente sus propios árbitros, privados o públicos, y empoderarlos para
alcanzar una solución.
El Estado como tal -Legislativo y Ejecutivo- ha
fracasado en hallar una solución equilibrada a la realidad que pretendía
regular. Hoy las partes no deben tolerar la imposición de ningún arbitraje. Deben
encontrar el equilibrio por sí mismas.
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