domingo, 7 de abril de 2019

ESTA NOCHE domingo 7 abril 2019



ESTA NOCHE, donde usted se entera no de todo lo que ocurre, sino de lo que necesita saber.


MEDIA COLUMNA
El botín que la demagogia
y la dictadura saquean


Jorge Morelli
@jorgemorelli1
jorgemorelli.blogspot.com


La tragedia de Venezuela comenzó mucho antes del chavismo. Así lo dicen las cifras, que muestran un deterioro progresivo, incesante, de su economía desde mucho antes de la aparición de Chávez y Maduro en escena. Es una comprobación desagradable, pero cierta y no se la puede esconder debajo de la alfombra. El chavismo y su hiperinflación de dos millones por ciento –la nuestra fue de siete mil por ciento- es entonces el desenlace final de una larga historia de décadas de demagogia que desembocaron en la dictadura.

Fidel Castro ambicionó desde 1959 apoderarse del petróleo venezolano para exportar el castrismo a toda Latinoamérica, pero fue la demagogia anterior lo que hizo de Venezuela una presa fácil. No dudo de que la noche oscura de Venezuela terminará pronto. Pero temo que le ocurrirá lo mismo que a nosotros: una transición no a la democracia aún, sino de vuelta a la demagogia que incuba el autoritarismo y la recaída en la demagogia.

Nuestra democracia peruana de baja gobernabilidad –nuestra versión actual de la demagogia- se debe a la grieta profunda en su arquitectura institucional: el equilibrio de poderes tiene un diseño fallido. El Estado, entonces, es incapaz de resolver los problemas de los peruanos y no garantiza ni la vida ni la libertad de sus ciudadanos y mucho menos la institución que es el cimiento de la economía: la propiedad.

Es hora de plantear una duda en voz alta. Me pregunto si existiría la dictadura en Venezuela si el petróleo no fuera de propiedad del Estado. Me pregunto también si habría existido la demagogia anterior a la dictadura si el petróleo no fuera de propiedad del Estado.

Y la pregunta se extiende a los recursos naturales del subsuelo en toda Latinoamérica. En el Perú, a los minerales bajo las tierras de las comunidades andinas y los casos emblemáticos de Las Bambas, Tía María y Conga.

Ya es un lugar común decir que en Estados Unidos el subsuelo y todo lo que contiene es del propietario del suelo. El que encuentra petróleo en su patio llama a la empresa petrolera y ambos firman un contrato. Pero aquí el subsuelo es del Estado, que concesiona el recurso natural a una empresa y ellos firman el contrato entre sí.

Es así todavía hoy desde que el Estado fracasó hace décadas en explotarlo directamente mediante una empresa estatal. No obstante, sigue firmando el contrato con la empresa privada. El poseedor del suelo, en cambio, no es propietario del suelo siquiera, porque el Estado no garantiza su propiedad. No le extiende un título ni ninguno de los requisitos que le permitirían a la comunidad negociar con la empresa de igual a igual.

Desde el fracaso de la reforma agraria 50 años atrás, la mayor parte de la tierra en el Perú sigue en un limbo, en la ambigüedad legal y la incertidumbre. Más aún las tierras comunales. Y lo mismo el agua. Es un ”patrimonio de la Nación”, pero sujeto a tutela estatal en la práctica. En suma, el Estado peruano no garantiza la propiedad ni de la tierra, ni del agua. Solo la del subsuelo, porque es su propiedad. Que el agua, la tierra y el subsuelo estén sujetos a este régimen inicuo es lo que hace del Estado un botín que la demagogia y la dictadura se turnan en saquear.

Es urgente institucionalizar una política pública para el libre contrato entre las comunidades y las empresas. Una política de Estado que garantice la propiedad de la tierra y su puesta en valor con agua mediante una participación bien regulada en la renta de la explotación del recurso bajo la tierra.

Solo cuando el Estado garantice la propiedad de los peruanos los recursos naturales dejarán de ser el botín que la política saquea.


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jueves, 4 de abril de 2019

ESTA NOCHE miércoles 3 abril 2019



ESTA NOCHE, donde usted se entera no de todo lo que ocurre, sino de lo que necesita saber.


MEDIA COLUMNA
Comprando una paz
falsa con dinero


Jorge Morelli
@jorgemorelli1
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Es tal la confusión generada por el Estado en Las Bambas que el titular de una agencia de noticias de primer orden mundial resume la situación así: “Gobierno peruano ofrece anular estado de emergencia a cambio de diálogo”. El gobierno está dando la impresión de claudicar ante el chantaje.

Y está ahora, además, a punto de caer en una trampa. Gregorio Rojas, presidente hasta hoy de la comunidad de Fuerabamba, acepta dialogar luego de ser liberado, pero Edison Vargas, vicepresidente de la comunidad, desconoce desde allá el diálogo de Rojas en Lima y dice que lo que él decida no será acatado, pues debe “validarse” con los comuneros. Añadió, por si acaso, que cuenta con 54 comunidades en su apoyo y se ha reunido con los “frentes de defensa” de Andahuaylas y Abancay.  Lo que va a suceder es evidente: Rojas va a dar marcha atrás o va a ser desplazado de la dirigencia por Vargas para que el bloqueo continúe.

Hay un objetivo político detrás de todo esto, y no una mera reivindicación de intereses locales. 

Pero el gobierno ya aceptó pagar a otras 38 comunidades por los terrenos que atraviesa la carretera que saca la producción de Las Bambas. Lo anunció el ministro Edmer Trujillo, quien dijo que además el gobierno pagará también a otros 53 propietarios. Adelantó que el gobierno ya pagó a dos comunidades -Pomamarca y Choquecantío- 16 millones de soles por 46 kilómetros, de un total de 324. Y reveló que el monto total llegará a los 350 millones de soles.

Considérese el siguiente testimonio anónimo sobre lo ocurrido en la zona con la bonanza traída por Las Bambas.

“Yo trabajé en los inicios de la minera cuando apenas ponían sus primeros campamentos, y diré la cruda realidad. En un pueblo tradicional sin servicios de gas, luz, agua potable, vivían personas de trajes tradicionales en casas de barro con techo de paja y cerco de piedra. Al llegar la minera y proponerles un monto por sus tierras, y beneficios como escuela, hospital y carretera e indemnización para cada familia, ¿qué fue lo que pasó? Se dejaron convencer por sumas de dinero y, a los meses, las casas tenían delante de su cerco de piedra una camioneta del año para el padre, otra para el hijo, y así para cada jefe de familia. Algunos se casaron de la noche a la mañana para tener “familia”. Y hay que imaginarse al anciano padre con traje típico y ojotas bajando con dificultad de una camioneta del año con celular de última generación. Hablamos del 2012, de jóvenes llegando con autos deportivos a la cancha de fútbol del colegio, convertida en parqueo. Era increíble verlos andar presumiendo de su dinero. Al pasar el tiempo, las necesidades aumentaron. La gente compró propiedades en el Cusco, construyó hoteles en Chalhuahuacho. Y reubicaron a las familias en el nuevo pueblo de Fuerabamba, en casas con electricidad y agua caliente. Y fueron abandonando los pastos y los animales, y no dijeron nada cuando vieron destruirse los pastizales y humedales. Hay que dejar de ser ciegos y ver solo una parte de la verdad”.

Esto que ocurrió era perfectamente previsible. Y el gobierno quiere pagar ahora 350 millones de soles más para multiplicar este penoso espectáculo en toda la región. Esto, en lugar de invertir los 350 millones en financiar un plan masivo de siembra de agua y de bosque, contratando a los comuneros pagándoles bien para que lo hagan y puedan así proveer de agua y de bosque a las generaciones venideras de la región, y sentirse legítimamente orgullosos de ello ante sus hijos y nietos.

El hombre necesita la dignidad del fruto de su trabajo realizado, no vive sin sentido ni significado, comprado por dinero. Pronto nacerá de nuevo la llama de la revuelta.

Lo que el Estado hace es comprar los terrenos. Se pueden dar las dos figuras: expropiarlos o comprarlos, dependiendo del nivel de trato”, ha señalado el Ministro en una velada y patética advertencia. El Estado compra una paz falsa con dinero.


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lunes, 1 de abril de 2019

ESTA NOCHE lunes 1 abril 2019




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MEDIA COLUMNA
La empresa es el rehén


Jorge Morelli
@jorgemorelli1
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El asunto de fondo es la propiedad del subsuelo, que es del Estado y lo seguirá siendo aún por décadas. El problema inmediato es la propiedad del suelo, que no tiene título ni registro. Tarde o temprano se modificará la Constitución para dar paso a que también el subsuelo sea del propietario del suelo. Pero eso tomará años todavía. Hoy el problema es que el poseedor del suelo no tiene verdadera propiedad y el mercado de tierras informal no permite la libre formación de un precio. 

Hasta los residentes veraniegos de Asia saben perfectamente que el suelo donde se halla su edificación formalmente sigue siendo de una comunidad que desapareció hace siglos, de cuyo nombre alguien se apropia. Y el Estado guarda silencio ante esto. Y el cáncer sigue creciendo en silencio.

Al no tener un título de propiedad, el poseedor –una comunidad andina, por ejemplo- no solo no tiene un precio de mercado libre, tampoco puede saber con certeza que no será estafada. Vender la tierra puede ser un salto al vacío. Alquilarla, una apuesta ciega: no hay garantía de que el inquilino no se quedará con ella. La comunidad desconfía en general, pero menos de la empresa que del Estado que se ha adueñado –por sí y ante sí- del subsuelo y no le entrega un título de propiedad del suelo que le permitiría negociar de igual a igual con la empresa minera.

Si la Corona española extendió títulos a las comunidades, ¿alguien va a creer que con la tecnología de hoy no es posible hacerlo expeditivamente?  Si no lo hace es porque no puede a causa del sinnúmero de litigios judiciales de tierras sin resolver, pero esto también es responsabilidad del Estado. O, peor aún, porque la propiedad registrada del suelo se convertiría en un estorbo para su contrato con la empresa. El Estado es responsable, entonces, por acción y por omisión. Es el enemigo de todos, porque no garantiza la propiedad.

De allí, para la comunidad, no hay sino un paso a la decisión de hacerse valer por cualquier medio. Incluso mediante la complicidad anónima en el bloqueo de una carretera o el silencio ante la extorsión. Ahí es donde prosperan las hienas dispuestas a negociar supuestamente en su nombre. La empresa entonces es solo un rehén. La extorsión es al Estado en realidad, que no responde porque no entiende que la clave está en la propiedad. 


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domingo, 31 de marzo de 2019

ESTA NOCHE domingo 31 marzo 2019


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MEDIA COLUMNA
La ley de Úrsula


Jorge Morelli
@jorgemorelli1
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Ursula Letona ha aprendido que la política es el arte de lo posible. Hoy está haciendo el aprendizaje de la humildad.

Ha presentado un gran proyecto de modificación constitucional. El primero verdaderamente grande de su carrera, que hoy recién empieza. Ya es mejor congresista de lo que ha sido.

El proyecto toma por las astas un toro que nadie se ha atrevido a capear. El de la reforma laboral en su aspecto más filoso: que la reposición en el puesto no es la forma racional de compensar el despido, sino la indemnización justa, pactada libremente entre las partes.

Presentar este proyecto es una decisión politica que revela un gran valor personal. Lo más extraordinario, sin embargo, es su argumento práctico.

No hay reelección, dice. Por lo tanto, no existe capital político qué arriesgar. O, más bien, por qué no arriesgar por el país el capital que pueda quedar luego del naufragio. Es algo de un pragmatismo digno de estos tiempos en que el resultado es lo que vale, no importa la legitimidad del motivo. 
  
Viéndolo bien, es incluso asombroso. Quién diría que lo que el gobierno no se atreve a hacer por no renunciar a la reelección, podría hacerlo el Congreso precisamente porque, no habiendo reelección, para bien o para mal está más alla y por encima de la tentación. Nadie pensó en eso al derogar la reelección. Es un rédito imprevisto, un afortunado efecto secundario.

Es lo que la congresista pide ahora a sus cuasi ex compañeros de Fuerza Popular: sacrificar lo que queda de su mayoría en aras del bien del Perú.

Es una nueva madurez, que la congresista muestra con diáfana transparencia. Harían bien en escucharla y aplaudir que haga fuerza de flaquezas, porque esa es la definición misma del liderazgo legítimo. Con este solo gesto, Úrsula Letona ha levantado por primera vez un capital político que nunca antes tuvo. Y que podría ser también de Fuerza Popular.

Es el beneficio inesperado de su honesto aprendizaje de la humildad. 


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sábado, 30 de marzo de 2019

ESTA NOCHE sábado 30 marzo 2019



ESTA NOCHE, donde usted se entera no de todo lo que ocurre, sino de lo que necesita saber.


MEDIA COLUMNA
¿Quién es el responsable del caos?

Jorge Morelli
@jorgemorelli1
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Nueva Fuerabamba es la ciudad que la empresa minera de Las Bambas, MMG, una corporación de capitales chinos en su mayor parte, construyó para permutarla por los terrenos donde se asentaba la antigua Fuerabamba, porque debajo de ella se hallaba el yacimiento de cobre de la mina más grande del Perú.  Además, entregó una suma considerable a cada familia, un colegio y un policlínico. Seguía así el ejemplo Chinalco, otra minera china, que en Toromocho también construyó una nueva ciudad para poder trabajar debajo de la antigua. Son las reglas de la nueva minería en todas partes. Primero hay que establecer la confianza, antes incluso de comenzar la explotación.

¿Cuál es, entonces, la razón de que todo se haya desviado tan mal de su cauce en Las Bambas? Como siempre, la  clave de todo está en el tema de la propiedad.
 
Veamos. En la legislación estadounidense, el dueño del suelo es dueño del subsuelo al mismo tiempo y, por lo tanto, de todos los recursos que contiene. Si alguien encuentra petróleo u oro en su patio trasero llama a la empresa de petróleo o de oro y firma un contrato con ella. En el Perú, si uno encuentra oro en su patio, el oro es del Estado. Y es el Estado entonces el que firmará el contrato con la empresa. Esta es la raíz de todos los conflictos.

En América Latina, siguiendo el modelo de la legislación del naciente Estado alemán de fines del siglo XIX, el dueño del subsuelo es el Estado. El suelo puede pertenecer a un privado, a una comunidad andina o amazónica. En algunos casos de forma inmemorial. Algunas comunidades andinas todavía guardan sus títulos otorgados por la Corona española durante el Virreinato. Pero la mayoría de las seis mil comunidades andinas y las dos mil amazónicas no son propietarias de sus tierras, porque el Estado peruano no les ha entregado títulos de propiedad. Son poseedores de siglos atrás.

¿Por qué el Estado peruano no ha titulado la propiedad? Las complejidades tecnológicas no son sino pretextos. Si la Corona española pudo entregar títulos a las comunidades, cómo va a argumentarse que en 200 años de República el Estado no ha podido hacerlo. Hay otras razones: una es que nadie estorbe sus tratos con las empresas extractivas. Y los litigios de tierras interminables: otra falla monumental del Estado.

En los conflictos entre comunidades y empresas hay siempre tres puntos de vista: el de la comunidad, el de la empresa y el del Estado. Hay que mirar desde vada uno.

Desde el punto de vista de las comunidades de Las Bambas, ellos son propietarios de unas tierras sobre las que se construyó una carretera que luego sería declarada “vía nacional”. Y que hay una servidumbre de paso por la cual la comunidad no cobra porque permutó las tierras. Pero las comunidades de la periferia del entorno inmediato también quieren participar de los beneficios como parte de la “zona de influencia”. Y, como eso no está previsto en el marco de una política de Estado ni en la ley, encuentran legítimo echar mano de lo que esté a su alcance para hacer valer su derecho percibido. Aparecen entonces oportunistas que proponen el bloqueo de la carretera de salida del mineral hacia el puerto. Y que extorsionan luego a la empresa a cambio de levantar el bloqueo mientras las comunidades dejan hacer intimidadas o deslumbradas por el interés. 

El punto de vista de la empresa está ilustrado en las fotos adjuntas. La empresa cumplió el compromiso de construir el nuevo pueblo, con un colegio, un policlínico y plantas de agua, y ha entregado a cada familia una cantidad importante. Paga puntualmente regalías e impuestos al Estado local, regional y nacional. ¿Cómo va a aceptar la extorsión para que se levante el bloqueo?    

El punto de vista del Estado es el más indefendible. El mismo Estado que se ha arrogado la propiedad del subsuelo y que no extiende títulos de propiedad a los poseedores del suelo, vive de las regalías y los impuestos de la minería que financian la mayor parte de su presupuesto. Presupuesto que gasta mal, dejando de construir las escuelas y hospitales que luego la empresa tendrá que edificar.  

Claramente, el responsable de este caos es el Estado.

Y la conclusión necesaria es que, si hacen falta dos para bailar tango, tres son demasiados. El Estado está demás en lo que en el futuro será el libre contrato entre la comunidad y la empresa.

Pero una comunidad capaz de negociar de igual a igual con la empresa requiere cuatro condiciones necesarias: 1. plena propiedad de la tierra; 2. puesta en valor de la tierra con agua; 3. participación en la renta de la explotación del recurso natural bajo la tierra; y 4. consulta previa a los pueblos originarios. Este debe ser el marco de la política de Estado a este rewspecto y no la intervención directa en la propiedad.  

Porque, sin propiedad, no puede haber venta de la tierra, ni alquiler de la misma, ni libre contrato de la comunidad con la empresa, ni inversión sostenible, ni paz social. Y sin propiedad, los comuneros son y siempre serán ciudadanos de segunda categoría.

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jueves, 28 de marzo de 2019

ESTA NOCHE miércoles 27 marzo 2019



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MEDIA COLUMNA
El silencio que crece
como un cáncer


Jorge Morelli
@jorgemorelli1
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El Gobierno no ha tenido participación alguna en la acertada decisión de detener por fin a los abogados y al dirigente por sus desmanes contra la mayor mina del Perú, de la que vive el país. La decisión ha sido del poder Judicial a pedido de la Fiscalía, y ha sorprendido al Gobierno.

El Gobierno hace mucho debió pedir públicamente la detención. Tarde o temprano, la fiscalía iba a verse obligada a hacerlo. Es lo que ha ocurrido. ¿Qué hay que lamentar?

La detención es preliminar, por 15 días. El bloqueo de la carretera y la extorsión a la mina por 100 millones de soles a cambio de levantarlo son delitos uno sobre el otro. El allanamiento de doce inmuebles en Abancay ha arrojado cartuchos de dinamita, pólvora y cacerinas. De Fuerabamba han sido expulsados 120 comuneros por tener restaurantes, hospedajes, o prestar servicios de transporte o mantenimiento de vía a la empresa. La violación de sus derechos constitucionales clamorosa.

Pero esto no les preocupa a las autoridades, que callan en este lado de los derechos. Los gobernadores regionales usan un lenguaje ambiguo y no denuncian ni el bloqueo ni la extorsión, apoyan implícitamente el condicionamiento del diálogo a la liberación de los detenidos. Y el viceministro de la PCM a cargo del diálogo, preocupado por los derechos del detenido, anuncia  que el Ministerio de Justicia ha intercedido para que la situación se “encamine lo más pronto posible”. Agrega que el propósito del gobierno es “recuperar la situación de paz” que es “un compromiso que todos debemos asumir”. Es un mensaje a los jueces y los fiscales que correctamente decidieron la detención de quienes hace 50 días tienen bloqueada la carretera y extorsionan a la empresa para levantar el bloqueo. Mientras tanto, el Ministerio de Transportes ha iniciado un estudio técnico para determinar el monto que corresponde pagar a las comunidades. Es un mal chiste. ¿Qué ha estado haciendo todo este tiempo? 

La mina de Las Bambas genera más de 26 millones de soles mensuales en beneficio del gobierno regional de Apurímac y de 83 municipalidades de la región. El pago está suspendido desde el bloqueo en febrero. ¿Y todos estos también enmudecieron 50 días?

¿Qué clase de terror político puede explicar este silencio que crece como un cáncer?

El gobierno ha callado a toda costa durante años. Y ahora quiere dialogar enviando por un lado a tres ministros y por otro un ínfimo contingente policial a reabrir la vía bloqueada. Es tarde. El efecto de demostración ya cundió. El mal se ha contagiado. Lo que hace el gobernador regional de Moquegua –firmante de la protesta contra la detención- al exigirle a Southern 2,000 millones de soles para darle la licencia social a Tía María es la prueba.


No son solo las empresas mineras las víctimas de la extorsión que se disemina como la metástasis silenciosa de un cáncer. Es el Perú quien la padece. 


martes, 26 de marzo de 2019

ESTA NOCHE lunes 25 marzo 2019



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La proporción áurea


Jorge Morelli
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Milton Friedman escribió alguna vez que la función de los bancos centrales debería limitarse a emitir todos los meses solo la cantidad de dinero que la economía necesita para moverse. Habló de una emisión anual de 3 por ciento.

¿Por qué 3 por ciento? Friedman no lo dijo. Pero un observador sagaz sospecharía que implícitamente, sin reconocerlo, estaba tomando como referencia el hecho de que 2.6 por ciento es, en promedio, lo que crece anualmente la producción de oro en el mundo.  

Si es cierta la observación, no es poco importante. Significaría que Milton Friedman -el abanderado del liberalismo económico de la Universidad de Chicago, el discípulo de Friedrich Hayek, el gurú de Margaret Thatcher y Ronald Reagan y de la reforma económica chilena (con Augusto Pinochet)- no descartaba que el dinero –a diferencia de todo lo demás- no debe flotar en el mercado en la marea de la oferta y la demanda.

O sea, el dinero necesitaría el respaldo en un valor económico real y no puramente virtual, en papeles cuya ficción puede esfumarse.

Ese vínculo ha tomado históricamente como referente al oro. Oro físico, desde luego, el que está en las bóvedas de los bancos centrales o en manos privadas, y no futuros de oro, que son papeles. China, por ejemplo, tiene 20 mil toneladas de oro en el banco central -que equivalen al 70 por ciento de los yuanes circulantes- y otras 18 mil toneladas en manos de privados. India no debe estar lejos.

No hablamos del oro indeterminado que se halla bajo la tierra. No es una broma. En el Fausto, Goethe inserta una fascinante conversación entre Mefistófeles y el Rey, en la que éste se queja de que sus arcas están vacías. Mefistófeles desliza entonces la idea diabólica de que el Rey puede emitir moneda a discreción con el respaldo del oro que está bajo la tierra. Naturalmente, el Rey halla la idea fascinante. Esto es lo que pasa con los bancos centrales.

De allí no había sino un paso a que los Estados latinoamericanos –siguiendo el ejemplo de la legislación del recién creado Estado alemán en el siglo XIX- declararan que los recursos naturales bajo el suelo -el oro entre ellos- pertenecen al Estado y no al propietario del suelo (como en la legislación norteamericana). Las consecuencias económicas y políticas de ambos regímenes difieren como el día de la noche.

No habría dictadura en Venezuela, por ejemplo, si el petróleo no estuviera en manos del Estado. El subsuelo en manos del Estado produjo que el poseedor del suelo no tuviera título propiedad, para que no estorbara el negocio entre el Estado y la empresa concesionaria del recurso.

La libre flotación del dólar en el mercado global desde 1971 -en que Nixon rompió el vínculo con el oro establecido en 1944 en Bretton Woods- ya había producido para 1985 un desequilibrio tal que el mercado financiero, solo de la plaza de Nueva York, ya era entonces 25 veces más grande que todo el valor del comercio mundial. Si existiera una relación proporcional saludable entre ambas magnitudes que debe ser respetada, esta se halla quebrada desde hace más de 30 años. Ese es el origen de las mega burbujas que han aparecido y colapsado una tras otra en la economía global de las ultimas décadas.

Hernando de Soto dijo una vez que el problema del siglo XXI es precisamente que mientras en las economías desarrolladas los papeles no tienen bienes detrás, en las economías emergentes los bienes no tienen papeles. Son las dos caras de la misma moneda.

En el Renacimiento habrían dicho que la relación entre la economía real y la virtual –entre los bienes y los papeles- debe guardar una cierta proporción que existe en la naturaleza, a la que ellos llamaron la proporción áurea. 



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