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MEDIA
COLUMNA
El silencio que
crece
como un cáncer
Jorge Morelli
@jorgemorelli1
jorgemorelli.blogspot.com
El Gobierno no ha tenido participación
alguna en la acertada decisión de detener por fin a los abogados y al dirigente por
sus desmanes contra la mayor mina del Perú, de la que vive el país. La decisión
ha sido del poder
Judicial a pedido de la Fiscalía, y ha sorprendido al Gobierno.
El Gobierno hace mucho debió pedir
públicamente la detención. Tarde o temprano, la fiscalía iba a
verse obligada a hacerlo. Es lo que ha ocurrido. ¿Qué hay que
lamentar?
La detención es preliminar, por 15 días. El bloqueo de la carretera y la
extorsión a la mina por 100 millones de soles a cambio de levantarlo son
delitos uno sobre el otro. El allanamiento de doce inmuebles en Abancay
ha arrojado cartuchos
de dinamita, pólvora y cacerinas. De Fuerabamba han sido expulsados 120 comuneros
por tener restaurantes, hospedajes, o prestar servicios de transporte o
mantenimiento de vía a la empresa. La violación de sus derechos constitucionales clamorosa.
Pero esto no les preocupa a las autoridades, que callan en este lado de los derechos. Los
gobernadores regionales usan un lenguaje ambiguo y no denuncian ni el bloqueo ni la
extorsión, apoyan implícitamente el condicionamiento
del diálogo a la liberación de los detenidos. Y el viceministro de la PCM a cargo del diálogo, preocupado por los derechos del detenido,
anuncia que el Ministerio de Justicia ha intercedido para
que la situación se “encamine lo más pronto posible”. Agrega que el
propósito del gobierno es “recuperar la situación de paz” que es “un compromiso
que todos debemos asumir”. Es un mensaje a los jueces y los fiscales que correctamente
decidieron la detención de quienes hace 50 días tienen bloqueada la carretera y extorsionan a la empresa para levantar
el bloqueo. Mientras tanto, el Ministerio de Transportes
ha iniciado un estudio técnico para determinar el monto que corresponde pagar a
las comunidades. Es un mal chiste. ¿Qué ha estado haciendo todo este tiempo?
La mina de Las Bambas genera más de 26 millones de soles mensuales en beneficio del gobierno regional de Apurímac y de 83 municipalidades de la región. El pago está suspendido desde el bloqueo en febrero. ¿Y todos estos también enmudecieron 50 días?
¿Qué clase de terror político puede explicar este silencio que crece como un cáncer?
El gobierno ha callado a toda costa durante años. Y ahora quiere dialogar enviando por un lado a tres ministros y por otro un ínfimo contingente policial a reabrir la vía bloqueada. Es tarde. El efecto de demostración ya cundió. El mal se ha contagiado. Lo que hace el gobernador regional de Moquegua –firmante de la protesta contra la detención- al exigirle a Southern 2,000 millones de soles para darle la licencia social a Tía María es la prueba.
No son solo las
empresas mineras las víctimas de la extorsión que se disemina como la
metástasis silenciosa de un cáncer. Es el Perú quien la padece.
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