jueves, 6 de junio de 2019

MEDIA COLUMNA miércoles 5 junio 2019




ESTA NOCHE, donde usted se entera no de todo lo que ocurre, sino de lo que necesita saber.


MEDIA COLUMNA 
Perdiendo la guerra

Jorge Morelli
@jorgemorelli1
jorgemorelli.blogspot.com


Hemos abandonado las fronteras. Le hemos abierto las puertas al enemigo.

Que un miembro del Gabinete se tome la libertad de opinar contra la Constitución que el Estado peruano debería retornar a la actividad empresarial en “sectores estratégicos” –ese era el lenguaje de la falsa revolución del velasquismo de entonces y el de los reservistas del “etnonacionalismo” de hoy- se debe a que la noción falaz del estatismo -del Estado como protagonista de la redención nacional- sigue profundamente enraizada en el subconciente colectivo.

No se había atrevido a dar rienda suelta hasta hoy a ese lenguaje rancio. Hoy le da rienda suelta en el río revuelto engendrado en el país por el radicalismo antisistema que ve acercarse la hora de capturar el poder.  

Que el Presidente, la cabeza de la democracia, salga a enmendarle la plana a ese ministro ante los medios en lugar de cesarlo en el acto o exigirle públicamente su renuncia, es una señal, un acto de debilidad que le costará caro al mandatario. Que el Primer Ministro, su jefe inmediato, permanezca en silencio sin desmentir enfáticamente semajante cosa es otra señal: la prueba de que ese intocable está respaldado por la caviarada parlamentaria de tontos útiles del radicalismo que, al ver acercarse la captura del poder, lanza globos de ensayo para medir la capacidad de reacción del gobierno solo para comprobar que no tiene ninguna.

El paralelismo es chocante con la Segunda República española, la República Italiana y la Cuarta República francesa, hijas todas de democracias de baja gobernabilidad -muy parecidas a la nuestra- que incubaron su propia antítesis: el autoritarismo que luego capturaría el poder. Lo mismo que el débil gobierno de Kerensky ante el embate de los revolucionarios bolcheviques en la Rusia de 1917, o la nefasta república de Weimar de la Alemania de la entreguerra, asediada por el partido nazi que preparaba la captura del poder. Son hermanas gemelas las dos patologías del Estado del siglo XX: el comunismo y el fascismo. Son la reacción a las democracias de baja gobernabilidad.

Hay quienes de buena fe atribuyen al gobierno actual los males de nuestra democracia. Esto es de una ingenuidad conmovedora. Lo mismo sería culpar a Kerensky de la acción política de Trostsky, o a Hindemburg de la caída de Alemania en manos de Hitler. Ellos perdieron la guerra por luchar contra el enemigo equivocado.

Ganar una guerra comienza por identificar correctamente al enemigo. Si este consigue disimularse y operar escondido tras un colorido abanico de tontos útiles, ese es el síntoma inconfundible de que la guerra está perdida de antemano. Basta recorder los largos años que nuestra propia lucha contra el terrorismo senderista se prolongó innecesariamente por las falsas etiquetas que sus tontos útiles le entregaron gratuitamente. Y que siguen entregándole hoy al radicalismo antisistema engañosamente disfrazadas detrás de la minipulación de los derechos humanos o la falsa defensa de la democracia.    

Es hora de poner fin al autoengaño. Estamos perdiendo la guerra en primer lugar porque las fronteras han sido abandonadas y el enemigo ya no encuentra resistencia.  



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miércoles, 5 de junio de 2019

MEDIA COLUMNA lunes 3 junio 2019




ESTA NOCHE, donde usted se entera no de todo lo que ocurre, sino de lo que necesita saber.


MEDIA COLUMNA 
Tempestad en
medio vaso de agua


Jorge Morelli
@jorgemorelli1
jorgemorelli.blogspot.com

Hace falta replantear la reforma política. 

Las reformas sobre las que el gobierno hace cuestión de confianza son solo las relativas al sistema electoral para mejorar la  representatividad -elecciones internas en los partidos, eliminación del voto preferencial, paridad de género-. Estan muy bien. Pero las reformas fundamentales para mejorar la gobernabilidad son las relativas al sistema de gobierno han quedado sepultadas tanto por obra del Congreso como del Ejecutivo.

Estas son otras tres: derogar la causal de “incapacidad moral permanente” para la vacancia presidencial; exigir dos tercios (o por lo menos tres quintos) de los votos del Congreso para censurar ministros e insistir en una ley observada por el Ejecutivo; y, sobre todo, retornar a la bicameralidad.

El Ejecutivo y el Congreso creen que con más representatividad podrán mejorar la democracia y derrotar a la corrupción. No ven que la masificación de la corrupción se debe a que nuestra democracia de baja gobernabilidad es incapaz de defendernos de ella. La falla principal está, entonces, en el sistema de gobierno, no en el sistema electoral. Pero ambos se niegan a aceptarlo. Son cómplices en el autoengaño.  


Representatividad y gobernabilidad son dos principios esenciales de la democracia. Ninguno puede existir en estado puro. La representatividad pura haría la gobernabilidad imposible y viceversa. Existen muchos puntos de equilibrio posibles entre ambos donde se conectan el eje vertical de la gobernabilidad y el eje horizontal de la representatividad.

Pero en nuestra democracia de baja gobernabilidad ese punto de equilibrio está mal logrado, es precario e inestable. Nace cargado hacia la representatividad a causa del sistema electoral de representación proporcional extrañamente mutado luego por la cifra repartidora. El sistema de gobierno debería compensar esa carencia con un equilibrio de poderes bien diseñado entre el Ejecutivo y elLlegislativo.

Lejos de eso, sin embargo, nuestro sistema de gobierno agrava el desequilibrio de poderes al darle más poder aún al Congreso frente al Ejecutivo. Ese poder excesivo es el de declarar la vacancia de la Presidencia de la República por “incapacidad moral permanente”, una caja negra que significa lo que el Congreso diga.

La Constitución dice que el Congreso “declara” la incapacidad, como declara la muerte del presidente o su incapacidad física permanente. Son situaciones de hecho, en las que no hay nada que debatir. La “incapacidad moral” es lo mismo, una situación de hecho que el Congreso comprueba, no discute. En el lenguaje de la época en que nació ese malhadado artículo constitucional significaba incapacidad para decidir, un estado patológico mental, una situación de hecho, repito, que el Congreso declara, no debate. Menos aún con el objetivo político de una descalificación ética subjetiva por definición. Esta es una barbarie que debe terminar.

Por si fuera poco, sin embargo, el requisito de solo la mitad más uno de los votos del Congreso para censurar ministros y para insistir en las leyes observadas por el Ejecutivo, y en ambos casos por una única cámara que se exonera a sí misma de segunda votación, coloca un candado de hierro al desequilibrio de poderes del que nace nuestra democracia de baja gobernabilidad.      

Para retomar las reformas del sistema de gobierno hay ahora dos escenarios posibles. Uno desemboca en el otro.   


Si el Congreso otorga la confianza al Gabinete, habrá nuevo debate de la reforma entre el Ejecutivo y el Congreso. Pero ni uno ni otro tienen en la agenda reincorporar las reformas del sistema de gobierno para escapar de la democracia de baja gobernabilidad. Solo miran a la representatividad y creen que refromando solo el sistema electoral va a mejorar la democracia y eliminar la corrupción, cuando la causa de la masificación de la corrupción es nuestra democracia de baja gobernabilidad incapaz de defendernos de ella, que nace de la falla en el sistema de gobierno.

En el segundo escenario, si la confianza es rechazada o si, como es posible, el debate vuelve a entramparse una y otra vez, el gobierno terminará disolviendo el Congreso. En tal caso, en cuatro meses habrá elecciones y un Congreso que durará año y medio. La disolución podria darle a Martín Vizcarra una mayoria parlamentaria de año y medio para aprobar las reformas que quiere. Pero de nada servirá si esas no son las reformas que la gobernabilidad del Perú necesita para resolver los problemas del pueblo.

Lo importante es que cualquier escenario permita replantear la reforma politica para corregir la falla del sistema que origina nuesta democracia de baja gobernabilidad. Lo demás es una tempestad en medio vaso de agua.



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domingo, 2 de junio de 2019

MEDIA COLUMNA domingo 2 junio 2019




MEDIA COLUMNA 
Luchando contra el
enemigo equivocado


Jorge Morelli
@jorgemorelli1
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Las guerras se pierden por luchar contra el enemigo equivocado.

Por supuesto que hay un plan para capturar el poder, con elecciones o sin ellas. Solo que el cerebro de ese plan no es el gobierno. El cerebro de la captura del poder es el radicalismo antisistema, y el movimiento antiminero es su vanguardia.

Hace ya años que, habiendo permitido el avance del terrorismo y su fracaso en la captura del poder, pasaron al plan B: impedir por cualquier medio la inversión en el Perú de los 100 o 150 mil millones de dólares para ponerlo definitivamente en el siglo XXI.

Al borde de perder el control del petróleo de Venezuela hoy, el plan es echar mano de los recursos naturales del sur del Perú para el siglo XXI -el cobre, el litio y el agua- para consolidarse en el poder una vez capturado. 

En lo inmediato, el vehículo es la licitación para abastecer de gas boliviano a siete regiones del Sur del Perú, cuya buena pro debe darse a conocer en pocos días. Hay dos postores. Uno es la empresa estatal de gas de Bolivia. Si el Perú otorga la concesión a la estatal boliviana estará colocando una espada de Damocles sobre su cabeza.

El abastecimiento de gas puede ser interrumpido a voluntad y el gobierno puesto de rodillas ante el levantamiento general del Sur en protesta. Así es como está prevista la captura del poder. El Perú estará poniendo la llave de la energía de todo el Sur en manos de Evo Morales, que será reelegido, que es aliado de la dictadura venezolana aferrada con uñas y dientes al poder y aliado también de la corrupta izquierda brasileña del Partido de los Trabajadores y el Foro de Sao Paulo, que mañana puede volver al poder, y que instrumentó a las constructoras brasileñas para sumir al Perú en la corrupción.

El plan desarrolla un sabotaje sistemático contra las empresas mineras y energéticas sembrando el miedo en las comunidades para disuadir al capital de invertir en el Perú por falta de garantías para la inversión y de estabilidad en las reglas. 

Y manipula también la lucha contra la corrupción. Para capturar el poder maneja una multitud de desinformados tontos útiles que buscan chivos expiatorios sin comprender que la causa de la corrupción está en la incapacidad de nuestra democracia de defenderse de ella.

El ataque es directamente contra la seguridad jurídica, y el propio Estado peruano es el instrumento. El poder Judicial resuelve controversias aplicando no la ley sino su subjetivo y personal sentimiento de lo que es justo convirtiendo en universales y retroactivas normas que paralizan la inversión pública o privada. Es monstruosa la sobreproducción legislativa del Congreso que –con leyes exoneradas de segunda votación- desnaturaliza a diario, sistemáticamente, la economía libre para obtener el voto de una región o un determinado sector de la economía o la sociedad. Mientras, el Ejecutivo exhibe su incapacidad de elaborar una política pública en favor del libre contrato entre las comunidades y las minas para poner fin al conflicto entre ellas, privilegiando un diálogo fundado en el mutuo engaño, un fiasco permanente en el que las partes se denuncian mutuamente ante la ciudadanía acusándose de estar contra el país.

Poco a poco, este sainete ha convertido al Estado peruano en cómplice de los enemigos del Perú. Ya ven venir la hora de capturar el poder mientras la ciudadanía es conducida a creer falsamente que la solución estriba en disolver el Congreso o vacar una vez más la Presidencia de la República.

Luchando contra el enemigo equivocado es como se pierden las guerras.


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miércoles, 29 de mayo de 2019

MEDIA COLUMNA miércoles 29 mayo 2019




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Las tierras raras de Xi


Jorge Morelli
@jorgemorelli1
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Las tierras raras son la carta bajo la manga de Xi Jinping, el presidente de China.

Con ellas en la mano se prepara para resistir el veto del presidente de EEUU, Donald Trump, a Huawei, el buque insignia de la ofensiva china para la guerra por la supremacía tecnológica global.

Extrañamente, no bien se anuncia el veto norteamericano, Xi Jinping realiza una misteriosa visita de “inspección” a una planta de procesamiento de las llamadas tierras raras en Ganzhou, acompañado del viceprimer ministro Liu He, negociador de la paz en la guerra comercial.

Las tierras raras son 17 elementos químicos -escandio, itrio y 15 lantánidos- indispensables para fabricar teléfonos inteligentes y baterías para los autos eléctricos del siglo XXI.

Aquí es donde está el secreto: James H. Nolt, experto en China y profesor de la Universidad de Nueva York, informa que China "produce casi toda la oferta mundial" de esos 17 elementos. El llamado Libro Blanco confirma que China abastece más del 90% de la demanda mundial. EEUU, de otro lado, importa el 80 % de esos materiales de China.

No hay de qué quejarse. Aparentemente, el procesamiento de tierras raras acarrea riesgo de contaminación, por lo que Occidente no tuvo reparos en que China los asumiera, a lo largo de años, hasta hacerse progresivamente de un cuasi monopolio en la oferta mundial de estos insumos tecnológicos clave para el siglo XXI.   

Desde luego, EEUU puede encontrar otros proveedores, la prensa dice que en Australia o Vietnam. Pero tomará tiempo y decisiones políticas.

Mientras tanto, el Global Times de China ha dejado entrever lo que debería ser obvio: que China "podría usar" su posición de dominio actual sobre la oferta y, de ser necesario, limitar sus exportaciones. "Cortar el suministro podría paralizar la producción de los fabricantes de alta tecnología de EEUU", dice Nolt. Según el profesor Wong Kam Fai, de la Universidad China de Hong Kong, es la carta "que Xi guarda en la manga para forzar a los manufactureros estadounidenses a que piensen dos veces” el veto a Huawei.

No será necesario, al menos por ahora. Podría bastar la visita de Xi Jinping para enviar el mensaje sin decir una palabra.

El hecho es que EEUU ha ampliado el plazo para aplicar el veto a Huawei.

Las dos potencias se estudian mutuamente y meditan sus posiciones en el tablero. Solo que parece una partida de ajedrez de un lado y de Go por el otro.    


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martes, 28 de mayo de 2019

MEDIA COLUMNA lunes 27 mayo 2019




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El diálogo no basta


Jorge Morelli
@jorgemorelli1
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Hace falta una nueva política pública para resolver de una vez para siempre el conflicto entre las comunidades y las empresas.

 

Se trata de un marco para hacer posible el libre contrato entre las comunidades y las empresas. Esa política de Estado debe rodear el libre contrato de cuatro garantías -agua, propiedad, participación y consulta-.

 

La primera garantía y la más importante es la puesta en valor de las tierras comunales con siembra de agua y de bosque. Esto, en dos millones de hectáreas de punas del Perú, permitiría poner en cinco años 10 mil millones de metros cúbicos de agua dentro de la Cordillera, un lago Titicaca entero. Esto hace posible recuperar el control del ciclo del agua de los Andes, aprender a controlar los huaicos y regular hídricamente los ríos que bajan al mar, de modo que no se desborden en verano ni se sequen en invierno. Esta idea fundamental y los cálculos que la respaldan son de quien redescubrió la técnica andina milenaria de la siembra de agua: Alberto Fujimori.

 

La segunda garantía es la titulación de la propiedad -o la posesión- de las tierras comunales y de la tenencia privada dentro de ellas. Es indispensable dar papeles a esos bienes para empoderar a las comunidades y que puedan negociar de igual a igual con las empresas mineras y energéticas con contratos modernos y libres.

 

La tercera garantía es la participación en la renta que produce la explotación de los recursos naturales bajo las tierras comunales. Esto no ocurre hoy, a pesar del mandato legal. El porcentaje del canon que la ley destina a las comunidades no llega hasta ellas. Se queda en el camino, en el gobierno regional o el local, o es pasto de la corrupción. La participación en la renta debe serle entregada directamente a las comunidades sin pasar por el Estado, en obras ejecutadas por ellas mismas con las empresas mineras. El gobierno de Alan García demostró con la ejecución por las empresas mineras de 2,500 millones de soles de la contribución voluntaria de la minería entre 2006 y 2011, que esta es una manera eficiente de invertir.      

 

Las comunidades son privadas, no son del Estado ni forman parte del Estado. Contratando directamente con las empresas, las comunidades deben aprender a trabajar con las empresas libremente y sin tutores. Las comunidades buscarán estudios jurídicos para esos contratos y asesorías técnicas para la inversión en agua y bosque.

 

La cuarta y última garantía es la consulta popular. Esta, según  el Convenio 169 de la OIT, se refiere únicamente a las tierras de pueblos originarios. Las comunidades no son todas pueblos originarios. La tarea de precisar cuáles lo son, a cargo del Ministerio de Cultura, no avanza o es un secreto de Estado.

 

Porque no existe una política pública, un tribunal del poder Judicial ha anulado una concesión en tierras de una comunidad nativa de Madre de Dios –que no se sabe si es o no pueblo originario- convirtiendo a la consulta previa no solo en universal para todas las comunidades, sino en retroactiva.

 

Pero Las Bambas es el caso emblemático. Porque no existe una política pública, el destino de la mina de cobre más grande del Perú, de la que depende la estabilidad fiscal, pende del hilo de un diálogo lleno de ambigüedades e imprecisiones.

 

Es indispensable esa política pública. El diálogo no basta.  

       


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domingo, 26 de mayo de 2019

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Tempestad en
un vaso de agua

Jorge Morelli
@jorgemorelli1
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El conflicto actual entre el Ejecutivo y el Legislativo –que ha ocupado toda la semana- debería entablarse con mayor fuerza aun en el campo de batalla correcto, en torno al tema fundamental de la reforma, que es la bicameralidad y el equilibrio de poderes, y no el de la inmunidad parlamentaria, que es irrelevante para corregir las fallas de nuestra democracia de baja gobernabilidad.

Debería incluir también la eliminación de la vacancia por “incapacidad moral permanente”, que no está definida en ninguna parte de nuestra legislación, que consiste en lo que el Congreso quiera, que anula la inmunidad del presidente de la República prevista en la Constitución burlando las causales constitucionales de destitución, y es una espada de Damocles no solo sobre la cabeza del poder Ejecutivo sino sobre la gobernabilidad de nuestra democracia.

En la reunión de la semana anterior en Palacio, de los voceros de las bancadas con el Presidente, se tomó el acuerdo de que esos dos temas y otros de menor importancia -la inmunidad entre ellos- serían debatidos civilizadamente en la comisión de  Constitución. No se acordó que el gobierno se limitaría a acatar sin chistar lo que el Congreso decidiera por sí solo en estas materias. Sin embargo, la Comisión de  Constitución procedió de inmediato a archivar el proyecto relativo a la inmunidad  antes de que hubiera oportunidad de debatirla. Si se tratara de establecer quién desató la bronca entonces, la pregunta obligada es si no fue el Congreso acaso el que tiró la primera piedra. Esto causó, a su vez, la sobrerreacción -algo histriónica- del Presidente, desatando una espiral de violencia verbal que por momentos ha llegado a tocar las cumbres sublimes del ridículo.

Una semana entera perdida, dedicada a fatigar hasta la náusea la enésima acusación mutua de golpe de Estado, ya sea con cierre del Congreso o con vacancia de la Presidencia. Elija el lector lo que prefiera de este menú: ambos platos están podridos.

No queda sino comenzar de nuevo para reencaminar la reforma hacia la bicameralidad, indispensable hoy para frenar la sobreproducción legislativa del Congreso, que está fuera de control y atenta contra la seguridad jurídica. Y eliminar también la vacancia presidencial por “incapacidad moral permanente” que amenaza a la gobernabilidad democrática.

Con una mejor gobernabilidad –fruto de un mejor equilibrio de poderes con dos cámaras-, el transfuguismo se torna irrelevante. Con ello, la inmunidad parlamentaria deja de ser una herramienta de castigo político y recupera su lugar, secundario, en el orden de las cosas.      

Restablecida la inmunidad presidencial al eliminarse esa causal vergonzosa de vacancia, quién se opondrá a que la inmunidad parlamentaria también sobreviva a esta tempestad en un vaso de agua.


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viernes, 24 de mayo de 2019

MEDIA COLUMNA miércoles 22 mayo 2019



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La decisión de la vida 
de Martín Vizcarra


Jorge Morelli
@jorgemorelli1
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Martín Vizcarra ha vuelto a asegurar que no irá a la reelección el 2021.

Esta vez lo ha dicho a los portavoces de las bancadas del Congreso y ha ido más lejos: ha pedido que se ponga explícitamente en el paquete de leyes de la reforma política que la reelección en la Presidencia de la República no le está permitida al vicepresidente que asume el cargo, como es su caso.

A la clase política no le bastará la nueva aseveración presidencial para disipar la duda. La dejará pasar, en su ejercicio profesional usual del descreimiento. Pero debería pensarlo dos veces. Porque abstenerse de la reelección es lo que más le conviene no solo al país sino al futuro político de Vizcarra.

Si lo intentara, seguramente hallaría media docena de constitucionalistas que avalarían la interpretación auténtica que se lo permita. Nunca escasean los sofistas. Naturalmente, también habría otra media docena que diría lo contrario.

Si ganara la reelección bajo esas premisas esa ilegitimidad de origen haría la gobernabilidad –de por sí baja en nuestra democracia- del todo imposible durante el quinquenio. Al resignarse a no intentarlo incluso el que no quiera reconocerle vocación democrática tendrá que admitir que Vizcarra da muestras de sensatez política.

Pero la buena noticia es para el Perú. Porque la decisión política que hoy toma Vizcarra le deja las manos libres para dedicar los dos años que le quedan a las reformas que el Perú necesita. Las que hagan posibles la gobernabilidad democrática, la libertad de la economía y la igualdad de oportunidades.

Se plasman en cosas concretas: la revolución de la educación, una política pública para el libre contrato entre comunidades y minas y entre trabajadores y empleadores, y en la reforma política con bicameralidad para dar el salto desde nuestra democracia de baja gobernabilidad a una con equilibrio de poderes.

Libre de la presión de la demagogia al no tener que pensar en lo que convenga a una campaña política, Vizcarra está en posición de hacerle un inmenso servicio al Perú invirtiendo su capital poltico en la reforma. Si tiene éxito, el pueblo peruano tendrá con él una deuda de gratitud y esa será una cosecha que Vizcarra tendrá el legítimo derecho de recoger.

De lo contrario, en cambio, si usa los dos años que aún tiene por delante en sobrevivir sin liderazgo ni iniciativa, solo verá menguar tristemente lo que queda de su popularidad sin ningún propósito, como viene ocurriendo, hasta despedirse un día para nunca más volver.

Martín Vizcarra está ante la decisión política más importante de su vida.


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