lunes, 19 de agosto de 2019

MEDIA COLUMNA domingo 18 agosto 2019





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Propiedad mata galán


Jorge Morelli
@jorgemorelli1
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Los dirigentes del conflicto en el Sur reivindican un supuesto derecho de soberanía de los gobiernos regionales a las tierras que se hallan sobre los recursos naturales.

No tienen ningún interés, en cambio, en defender el derecho de propiedad de los peruanos que ocupan esa tierra. Quieren la tierra para sí, no para los pequeños empresarios agricultores, pastores o mineros que la trabajan con sus familias.

Quieren la renta de la tierra, que le extraen a los que la trabajan, tal como lo hacían los antiguos hacendados y terratenientes o los encomenderos de la Corona antes de ellos.   

Este es el talón de Aquiles de esa dirigencia encaramada en los gobiernos regionales. 

“Billetera mata galán”, reza el digho popular. El legítimo derecho que millones de peruanos que trabajan en la tierra tienen a la propiedad de esa tierra matará irremediablemente el inflamado discurso del galán político de turno vendedor de falsas promesas.

Todo lo que hace falta es que quienes controlan la tierra de la superficie sobre los recursos naturales tomen conciencia. Esa es una conciencia de clase sojuzgada, sometida por el estamento político que disputa el control de la tierra para y medrar política y económicamente so pretexto de su supuesto derecho a apropiarse de la renta, del canon, de las regalías de la explotación de los recursoso debajo de ella.    

En este sentido, no puede haber nada más auténticamente revolucionario que la propuesta de Hernando de Soto para resolver el conflicto entre los derechos del suelo y los del subsuelo –en Conga, en Las Bambas, en Tía María o en Quellaveco-.

Esa propuesta amenaza directamente el corazón del engaño político de la seudo soberanía política de la autonomía regional, que parasita a los verdaderos s¿¿dueños de las tierras encima de los recursos naturales.

La propuesta que De Soto ha hecho al Perú para destrabar 800 mil millones de dólares de recursos naturales bloqueados bajo la superficie apela, en cambio, a quienes tienen el control de la superficie, se apoya en su legítimo derecho, desnuda el falso regionalismo, expone su carácter objetivamente reaccionario y deja a su discurso político sin oxígeno.



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jueves, 15 de agosto de 2019

MEDIA COLUMNA miércoles 14 agosto 2019





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Quitarles el oxígeno  

Jorge Morelli
@jorgemorelli1
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Hasta hace poco era necesario darle a Martín Vizcarra el beneficio de la duda.

Luego de saber, en cambio, que nunca tuvo en mente permitir la inversión de Tía María y que –siguiendo el “posicionamiento permanente”, pensamiento guía de su asesor argentino- no pensaba apartarse ni un milímetro de lo que dijeran los gobernadores del Sur, solo queda una conclusión posible. Aún si actuaran de buena fe, el presidente de la República y los gobernadores del Sur están siendo utilizados para un proyecto geopolítico que viene de fuera del Perú, y que apunta al control de los recursos naturales del Sur para el siglo XXI: el cobre, el litio y el agua.

Para arribar a esa conclusión solo faltaba una pieza: el vínculo firme entre el gobierno y la movilización del Sur organizada para detener en seco toda la inversión minera en el Perú. Los audios publicados son la pieza que faltaba.

Pero hay claros indicios también de que parte central de esa pieza sería el asesor argentino del Presidente. Una columna publicada esta semana por el embajador peruano Eduardo Ponce en el portal Lampadia ha revelado hechos sobre la identidad de este personaje cuyo perfil se ha ocultado por largo tiempo.  
   
Maximiliano Aguiar es desde tiempo atrás asesor del presidente Vizcarra. Lo era al parecer también del presidente ecuatoriano Rafael Correa. Dice el ex embajador del Perú en Ecuador: “Dados los vínculos peronistas del consultor, me propuse verificar el dicho con amigos de vieja data e indiscutible prestigio profesional en un país en el que he servido casi diez años de mi vida diplomática. Ambos confirmaron la información y precisaron datos”. “Aguiar –continúa el diplomático peruano- trabajó varios años para el deplorable gobierno de Correa, vociferante epígono del chavismo, activista del ALBA y aliado de Putin (ambos padrinos de Julian Assange). Rafael Correa tiene orden judicial de prisión preventiva y una alerta de Interpol suspendida por cuestiones procesales. El vínculo operativo de Aguiar era Fernando Alvarado Espinel, secretario nacional de Comunicación (y Rasputín) de Correa. Alvarado está asilado en Caracas por su complicidad en los latrocinios del vicepresidente Jorge Glas Espinel, (su primo), presidente del Fondo de Solidaridad y Sociedad de la Información y todopoderoso ministro coordinador de Sectores Estratégicos. Después del mandato de Correa, Glas asumió la presidencia de Alianza País, el partido con mayoría parlamentaria que postuló y apoyó a Lenin Moreno. Por las abrumadoras evidencias existentes, Moreno tuvo que denunciar a su antecesor convirtiéndolo en su enemigo acérrimo. Los primos Glas y Alvarado fueron los más conspicuos cómplices de Correa en el manejo de la corrupción Lava Jato/Odebrecht. Glas purga seis años de prisión en la cárcel de Latacunga mientras Alvarado disfruta del paraíso chavista de Maduro. Aguiar era el instrumento de ambos en la política contra los medios y la libertad de prensa. No sorprendería -añade el embajador Ponce- que Aguiar ayude en la campaña reeleccionista de Evo Morales, tan cercano al corazón del presidente Vizcarra y a la bilis radical de los gobernadores del Sur, que no ocultan el separatismo que promueven. Tanto Morales como el kirchnerismo lideran las encuestas en Bolivia y Argentina para las elecciones del 20 y 27 del próximo octubre (…) Se dice que la inteligencia castrista ha penetrado los mecanismos migratorios y electorales de Bolivia al extremo de premunir a sus agentes de pasaportes del país vecino para filtrarlos al Perú. Si la información ha llegado a oídos de diplomáticos retirados, sería imposible que la inteligencia peruana no esté enterada de tan grave ocurrencia”. Hasta este instante no hay un rectificación o respuesta conocida a la columna de este valioso diplomático peruano que negoció en Brasilia el inicio del Acuerdo de Paz con el hermano Ecuador.  

Por si no bastara con los casos emblemáticos de Conga, Las Bambas y Tía María, sin embargo, la movilización de Moquegua contra el proyecto minero Quellaveco confirma que no se trata de hechos aislados que involucren a esta o aquella empresas mineras, sino de una estrategia fríamente ejecutada para la captura del poder en el Sur y en el Perú.

Ese plan utiliza como pretexto la reivindicación de la tierra y para ello confunde sistemática y deliberadamente el tema de la propiedad de la tierra con el de la soberanía sobre la tierra, disfrazada de autonomía regional. La cuestión crucial de la propiedad de la superficie sobre los recursos naturales solo puede resolverse por medio del mercado y no por acción del Estado. 

Como hace 200 años, habrá una batalla final por la libertad en el Sur del Perú contra el último intento de exportar el castrismo a Sudamérica hoy desde La Habana y Caracas, desde el Foro de Sao Paulo y Buenos Aires. La coyuntura política local no es sino su expresión. Revelar el engaño es el paso siguiente. El modo de desactivar la ofensiva geopolítica contra el Perú  es quitarle el oxígeno. 

  

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martes, 13 de agosto de 2019

MEDIA COLUMNA lunes 12 agosto 2019




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“Posicionamiento permanente”

Jorge Morelli
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El viejo truco ya lo conocía Aristóteles y le llamó demagogia. “Gobierno de la turba” lo rebautizó Polibio un siglo después. Hoy se llama "posicionamiento permanente".
Nosotros no llamamos a las cosas por su nombre.
 
Basta averiguar lo que el pueblo reclama y venderle un villano que genera un héroe que lo derrota. Y buscar, luego,  chivos expiatorios que desfilen uno tras otro a la guillotina hasta que nadie se sienta seguro. Con esto se consigue generar el Terror, el estado de ánimo colectivo que permite la captura del poder con la aprobación del pueblo.

Esto se hacía en Latinoamérica tradicionalmente mediante el golpe de Estado militar en un solo acto, en un solo día. El contenido ideológico es lo de menos. Lo mismo en el golpe fascista que en la revolución comunista. Pero hoy el golpe no tradicional necesita legitimidad, impostada mediante el "posicionamiento permanente", y apariencia de legalidad, que otorga el Congreso.

La legalidad se operativiza con la vacancia de la Presidencia o la renuncia del mandatario, cocinada en ambos casos por una mayoria parlamentaria. El Congreso formaliza la captura del poder, y modifica luego la Constitución para perpetuarse en el poder a través de la reelección permanente, como Chávez, como Evo--. 

Una mayoria parlamentaria se consigue con una “asamblea constituyente" paralela al poder "constituido" del Congreso. Así se ha hecho en Venezuela y copiado luego. Pero ese expediente ya es demasiado conocido. Hoy la legitimación se consigue con el "posicionamiento permanente" en la opinión publica a través de las redes y las encuestas, y la “legalidad” en la forma de la consulta al pueblo por el referéndum. 

Hace falta una narrativa, eso sí, un relato que se repita masivamente en las redes y los medios hasta que quede fijado en las mentes. La corrupción es una narrativa perfecta. Aunque se encarcele a todos, no puede ser erradicada. Su poder como relato no se extingue nunca. El “posicionamiento permanente” en las redes se perfecciona luego mediante el “monopolio de la virtud”: el control indirecto de los medios de comunicación por la publicidad estatal, mientras se limita paralelamente el acceso a los medios de recursos privados para el financiamiento de campañas políticas.

La propuesta de un referénduma sobre el adelanto de las elecciones y la reelección presidencial ha confirmado para muchos que un escenario como este se incuba hoy en el Perú. Pero el gobierno no es el cerebro de esta operación. Viene de fuera, de La Habana y de Caracas, y la veremos en acción en pantalla gigante en las elecciones de Bolivia y de Argentina el próximo octubre.

Ya tiene usted boleto de primera fila.


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domingo, 11 de agosto de 2019

MEDIA COLUMNA domingo 11 agosto 2019





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La grieta en la alianza


Jorge Morelli
@jorgemorelli1
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El retroceso del gobierno al suspender la licencia de construcción de Tía María lo ha despojado de autoridad. Pero su decisión -si cabe llamarla así- no debería sorprender a nadie.

El cimiento político del gobierno de Martín Vizcarra es una alianza con los gobiernos regionales contra el Congreso. La licencia de Tía María reveló de pronto una grieta en esa alianza. De la nada apareció el díscolo gobernador regional de Arequipa exigiendo su anulación. Y el gobierno tuvo que suspenderla. Retrocedió para que la alianza política sobreviera. 

¿Quiénes conforman este mosaico regional? No tiene un rostro, sino dos. La faz radical es la del gobernador de Junín, Vladimir Cerrón, y el ex gobernador de Cajamarca Goyo Santos. Tienen un partido inscrito para las eleciones. A ese carro podrían subirse los gobernadores radicales del Sur -el de Arequipa y el de Puno, Cáceres Llica y Aduviri-, ambos sin inscripción electoral. La cuestión de quién sería el candidato es harina de otro costal.

El rostro moderado en el mosaico regional es el de la cusqueña Verónika y el norteño Yehude Simon, en eterna pugna con su archienemigo, Marco Arana. Ambos tienen representación en el Congreso y también partido inscrito. Aquí no hay unidad posible.

¿Con cuál de las dos facciones de la izquierda es la alianza del gobierno? Con la de los gobernadores radicales en ejercicio. No con la otra, atrapada en el Congreso bajo asedio.

Pero la coyuntura del conflicto en el Sur reclama una solución y, sin embargo, ninguna de las partes en el diálogo -ni el gobierno, ni la empresa, ni las regiones en el mosaico- tiene una propuesta para el diálogo. Son los actos los que hablan, la arbitrariedad y la violencia.

El gobernador de Arequipa anula un contrato de servidumbre sobre 49 hectáreas “de propiedad del gobierno regional”, porque la empresa “no tiene permiso para usar la superficie” que se halla sobre el recursoso natural. No pueden negociar un nuevo contrato, justo y equitativo, porque nadie sabe cuál es el valor de esa superficie. Este es el núcleo del problema. No es político, sino económico.

El conflicto necesita ser desactivado en su origen económico, que es el de la propiedad, y no en el ámbito de sus consecuencias políticas en la descentralización y la autonomía de las regiones. Sin ofender, al rábano hay que tomarlo por la raíz, no por las hojas.  

Pactar una alianza política y electoral con el radicalismo antisistema, en cambio, es un imposible material para este y cualquier otro gobierno. Su propia gravedad empuja al radicalismo hacia el antisistema. Ningún gobierno puede manejar eso. La alianza política electoral del gobierno con las regiones tiene pues una grieta que no se puede reparar y tampoco se puede ya disimular. El penoso retroceso en la licencia de Tía María no ha hecho sino ponerla en evidencia.       

Lo mejor que el gobierno puede hacer ahora por el país y en su propio beneficio es despolitizar el diálogo sobre Tía María, salir de él y dejar lugar a un tercero capaz de ofrecer una propuesta y encaminarlo hacia una política pública que la Ley de Minería pueda recoger.

  
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jueves, 8 de agosto de 2019

MEDIA COLUMNA miércoles 7 agosto 2019




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El enemigo golpea la puerta

Jorge Morelli
@jorgemorelli1
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La frontera sur del Perú está amenazada por un proyecto geopolítico mientras nuestra clase política sigue en la discusión estéril sobre si es constitucional vacar de nuevo la Presidencia, disolver el Congreso o adelantar las elecciones.

La propia clase política es el subproducto de nuestra democracia de baja gobernabilidad. No es capaz de resolver los problemas, solo los aplaza una y otra vez hasta que se pudren sin solución. Así, el debate no lleva a decisiones. Se banaliza, se convierte en una discusión bizantina sobre cuántos ángeles caben en la punta de un alfiler, cuando el enemigo golpea la puerta.

El enemigo ya está aquí, y muestra claramente el rostro. La enésima intentona del castrismo en 60 años logró apoderarse del petróleo de Venezuela, pero está terminando en un desastre. La superviviencia misma del castrismo depende ahora de jugarse su última carta por el control de los recursos naturales –el cobre, el litio, el agua- del sur del Perú. Para esto necesita capturar el poder en el Sur.    

El plan instrumenta al gobierno del presidente de Bolivia, Evo Morales y a sus aliados en varios gobiernos regionales del Sur. El plan es detener en seco la inversión minera en el Perú, no por una cruzada contra la minería, sino porque el pensamiento post extravista de la izquierda radical pretende instrumentar el natural temor a la globalización y la modernidad para la captura del poder y poner luego la renta de los recursos naturales al servicio de su permanencia en el poder.

El cerebro del plan no es el gobierno peruano, como creen muchos que luchan contra el enemigo equivocado. Tampoco es Evo Morales. El cerebro del plan son sus aliados en el Foro de Sao Paulo, en Caracas, en La Habana.

Tres grandes potencias –EE.UU. China y Rusia- pugnan hoy globalmente por el control de los recursos naturales del planeta para el siglo XXI, por el cobre y el litio para la fabricación de los autos eléctricos a la vuelta de la esquina. Pero EE.UU. ha dejado de invertir en Sudamérica hace ya demasiado tiempo, mientras China, en cambio, apuesta por los recursos naturales y lo hace no por medio del modelo caduco de una dominación política tradicional, sino buscando socios. Su megaproyecto global para la construcción de la infraestructura de las economías emergentes del planeta –llamado el Cinturón y la Franja o las Nuevas Rutas de la Seda- no está exento de peligros para las naciones emergentes. Pero aún así, mientras haya competencia en un mercado libre, es una oportunidad infinitamente mejor que cerrar las fronteras de un país para generar monopolios artificiales qué repartir como prebendas a los aliados políticos y terminar en el desastre de Venezuela hoy o en la recaída crónica de la Argentina desde hace ya 80 años.

De Venezuela y la Argentina llegaron precisamente hace doscientos años las ideas libertarias que involuntariamente generaron la anarquía política en que se plasmó nuestra democracia de baja gobernabilidad. En ella, una multitud de tontos útiles colabora hoy con el enemigo que golpea la puerta. Doscientos años atrás la historia vino a buscar su desenlace en nuestra patria. Hoy, en pleno siglo XXI nuevamente, la última batalla por la igualdad de oportunidades, la libertad de la economía y la gobernabilidad democrática será en el Sur del Perú.
      

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miércoles, 7 de agosto de 2019

MEDIA COLUMNA lunes 5 agosto 2019




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Malos planes

Jorge Morelli
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Si Martin Vizcarra no renuncia, el plan de la oposición es vacar la Presidencia por segunda vez en este quinquenio. Para declarar su "incapacidad moral permanente", sin embargo, necesita dos tercios de los votos del Congreso. Ni uno menos de 87. Es un plan muy malo.

La otra parte, el gobierno, ha presentado un proyecto de referéndum para dos reformas constitucionales distintas y sin conexión entre sí. Una es el adelanto de elecciones. La otra, aludiendo al mandatario actual, precisa innecesariamente que no puede postular quien haya juramentado la Presidencia. 

Si el plan del gobierno es hacer cuestión de confianza de su propuesta para disolver constitucionalmente el Congreso, es un mal plan. No se puede hacer cuestion de confianza de una reforma constitucional

Si el plan del oficialismo es ir a la reelección, es un pésimo plan. Para eso el referéndum tendría forzosamente que consultar las dos preguntas por separado. Necesitaria preguntar al pueblo si al mandatario actual le alcanza la misma prohibición constitucional de postular a la reelección que a cualquier otro mandatario. Y que el pueblo responda que no le alcanza. El gobierno no puede preguntar las dos cosas juntas. Aprobar el adelanto de las elecciones rechazaría al mismo tiempo la reelección. El oficialismo se habría cerrado la puerta a sí mismo. Peor plan imposible.

Pero nada de esto va a suceder, de cualquier modo. Porque la oposición no quiere la reelección y tampoco el adelanto de elecciones. Su plan es ir por la vacancia.

Nada nos obliga a elegir entre planes tan malos. Mejor meter todo el asunto en un cajón y olvidarse de él.


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domingo, 4 de agosto de 2019

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Disfraz de Llica

Jorge Morelli
@jorgemorelli1
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El Perú necesita una inversión anual de 5,280 millones de dólares. En el primer semestre la inversión minera llegó a 2,532 millones. Con la inversion en Tía María se esperaba superar los 5,280 millones. Lo dice hoy el ex ministro Jorge Baca en su columna Linterna de popa en EXPRESO.

Podemos irnos despidiendo de eso, sin embargo, porque esa inversión no se va producir este año. Más gravemente, al anunciar el gobierno -a pedido de los gobernadores del Sur- una nueva Ley de Minería, nadie va a invertir un centavo tampoco hasta que la nueva ley sea debatida, aprobada y esté vigente. Martín Vizcarra anunció el 28 de julio que presentará un proyecto al respecto. Nadie lo conoce. Señaló que la norma actual hay que “actualizarla para que se adecúe a nuestra realidad”. Considerando nuestra realidad, la nueva ley verá la luz en otro gobierno, no en este.

Los gobernadores del Sur, en todo caso, ya tienen su proyecto. El de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, anuncia que viene trabajando un borrador que presentará el 14 de agosto. Propone que las empresas mineras “paguen el 80% de impuestos y no el 2%, como ahora”. La premisa es falsa. La minería paga mucho más en impuestos. Pero eso es fácil de aclarar. Lo que pasa inadvertido, en cambio, es que el problema no es cuánto paga la minería en impuestos, sino cómo determinar el valor de la superficie -sea de quien sea- bajo la cual se halla el recurso natural . El propio gobernador de Arequipa lo dio a entender al anular un contrato con Southern por una servidumbre de 49 hectáreas con el argumento de que esas hectáreas son “de propiedad del gobierno regional” y que la empresa “no cuenta con autorización del uso del terreno superficial”.

Solo el mercado, sin embargo –y no el Estado, menos aun el gobierno regional de Arequipa- puede determinar el valor de esa superficie. Cáceres enfatiza que la empresa solo contaba con un contrato “de servidumbre”, dando a entender que se trata de un arreglo injusto, pero no explica bien sus motivos. Lo que quiere decir es que el gobierno regional firmó un contrato para el uso de esa superficie en los términos limitados de una servidumbre, lo que no sería equitativo. Solo que, como no es posible saber cuánto vale esa superficie, no hay modo de saber a satisfacción de las partes cómo podría ser el libre contrato entre ellas que permita a la empresa el uso de la superficie de propiedad del gobierno regional.

Hasta aquí este embrollo sería, en suma, un monstruoso malentendido. Y nada más.

Pero Cáceres anuncia un ”paro indefinido” desde el lunes 5 de agosto, se lava las manos de él porque lo convoca la CGTP, dice, anuncia que nunca habló de una tregua en la reunión con el Presidente semanas atrás, a quien dijo que “Tía maría no va”. Y dice todo esto vestido como Evo Morales en una entrevista televisiva en Lima.

El propio Cáceres proporciona los indicios de que su plan es político y va mucho más alla del justo reparto de la renta de los recursos naturales. Revela que lo que le interesa no es un contrato justo de la región con la empresa, sino que el Estado monopolice la renta minera. Y esto cae dentro de un plan geopolítico –que pasa también por el uso del gas natural boliviano- para controlar los recursos naturales del Perú. Un plan compartido con el gobierno regional de Puno e instrumentado desde el gobierno de  Evo Morales, el presidente vitalicio de Bolivia, y sus aliados de Sao Paulo, Caracas y La Habana. 

Y eso ya es harina de otro costal.    


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