domingo, 11 de agosto de 2019

MEDIA COLUMNA domingo 11 agosto 2019





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La grieta en la alianza


Jorge Morelli
@jorgemorelli1
jorgemorelli.blogspot.com


El retroceso del gobierno al suspender la licencia de construcción de Tía María lo ha despojado de autoridad. Pero su decisión -si cabe llamarla así- no debería sorprender a nadie.

El cimiento político del gobierno de Martín Vizcarra es una alianza con los gobiernos regionales contra el Congreso. La licencia de Tía María reveló de pronto una grieta en esa alianza. De la nada apareció el díscolo gobernador regional de Arequipa exigiendo su anulación. Y el gobierno tuvo que suspenderla. Retrocedió para que la alianza política sobreviera. 

¿Quiénes conforman este mosaico regional? No tiene un rostro, sino dos. La faz radical es la del gobernador de Junín, Vladimir Cerrón, y el ex gobernador de Cajamarca Goyo Santos. Tienen un partido inscrito para las eleciones. A ese carro podrían subirse los gobernadores radicales del Sur -el de Arequipa y el de Puno, Cáceres Llica y Aduviri-, ambos sin inscripción electoral. La cuestión de quién sería el candidato es harina de otro costal.

El rostro moderado en el mosaico regional es el de la cusqueña Verónika y el norteño Yehude Simon, en eterna pugna con su archienemigo, Marco Arana. Ambos tienen representación en el Congreso y también partido inscrito. Aquí no hay unidad posible.

¿Con cuál de las dos facciones de la izquierda es la alianza del gobierno? Con la de los gobernadores radicales en ejercicio. No con la otra, atrapada en el Congreso bajo asedio.

Pero la coyuntura del conflicto en el Sur reclama una solución y, sin embargo, ninguna de las partes en el diálogo -ni el gobierno, ni la empresa, ni las regiones en el mosaico- tiene una propuesta para el diálogo. Son los actos los que hablan, la arbitrariedad y la violencia.

El gobernador de Arequipa anula un contrato de servidumbre sobre 49 hectáreas “de propiedad del gobierno regional”, porque la empresa “no tiene permiso para usar la superficie” que se halla sobre el recursoso natural. No pueden negociar un nuevo contrato, justo y equitativo, porque nadie sabe cuál es el valor de esa superficie. Este es el núcleo del problema. No es político, sino económico.

El conflicto necesita ser desactivado en su origen económico, que es el de la propiedad, y no en el ámbito de sus consecuencias políticas en la descentralización y la autonomía de las regiones. Sin ofender, al rábano hay que tomarlo por la raíz, no por las hojas.  

Pactar una alianza política y electoral con el radicalismo antisistema, en cambio, es un imposible material para este y cualquier otro gobierno. Su propia gravedad empuja al radicalismo hacia el antisistema. Ningún gobierno puede manejar eso. La alianza política electoral del gobierno con las regiones tiene pues una grieta que no se puede reparar y tampoco se puede ya disimular. El penoso retroceso en la licencia de Tía María no ha hecho sino ponerla en evidencia.       

Lo mejor que el gobierno puede hacer ahora por el país y en su propio beneficio es despolitizar el diálogo sobre Tía María, salir de él y dejar lugar a un tercero capaz de ofrecer una propuesta y encaminarlo hacia una política pública que la Ley de Minería pueda recoger.

  
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