jueves, 6 de mayo de 2021

MEDIA COLUMNA miércoles 5 mayo 2021. "Policía bueno, policía malo"


 

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MEDIA COLUMNA

Policía bueno,

policía malo

 

 

Jorge Morelli

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@jorgemorelli1

 

 

Las democracias del Grupo de los Siete (G7) discuten desde ayer la forma de hacer frente a China y a Rusia, pero “sin tratar de contener a Beijing o aumentar la tensión con el Kremlin”. Esto es la  cuadratura del círculo, pero la diplomacia suele encontrarla o, en su defecto, fingirla.

 

El G7 está integrado por Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá, Francia, Alemania, Italia y  Japón. Sin incluir a China ni a Rusia, mueve hoy todavía alrededor de US$ 40 milllones de millones de dólares anuales en la economía global. El despacho de prensa señala que los dos acontecimientos geopolíticos fundamentales de los últimos 40 años han sido la caída de la Unión Soviética en 1991, que puso fin a la Guerra Fría, y el espectacular ascenso económico y militar de China. Pues bien, China y Rusia fueron precisamente los temas de debate ayer en la mañana y en la tarde, respectivamente. En ese orden, lo que da cierta idea de magnitud.

 

Las palabras hoy suenan fuerte, pero no los actos. Antes de la primera reunión de ayer, el nuevo secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, quien obviamente lidera las discusiones en el G7, dijo primero que Occidente defenderá "el orden basado en reglas internacionales" de los “intentos subversivos” de cualquier país, incluida China. Y luego añadió que “no es nuestro propósito tratar de contener o reprimir a China".

 

Hay que tomar debida nota de esto. Por más progresista que sea el nuevo gobierno demócrata de EEUU, hay que escuchar bien esas palabras. La potencia hegemónica desde la Segunda Guerra Mundial no va a enviar al mundo entero un mensaje ambiguo modificando su política exterior solo porque los republicanos ya no están en la Casa Blanca.

 

Blinken visitará Ucrania esta semana. “Hemos reafirmado nuestro apoyo inquebrantable a la independencia, soberanía e integridad territorial de Ucrania", precisa. Pero “no buscamos una escalada (con Rusia), preferiríamos tener una relación más estable y predecible. Y si Rusia se mueve en esa dirección, nosotros también", añade, suavizando la dureza inicial de sus palabras. Todo dentro de  la misma oración.

 

En el otro extremo está todavía Boris Johnson, aun primer ministro del Reino Unido, quien procurará este año desde la Presidencia del G7 un acuerdo para lo que llama una “acción decisiva” que proteja a las democracias cuando “la influencia económica de China y la actividad maligna rusa amenazan con socavarlas”. Eso dijo el ministro de Relaciones Exteriores británico, Dominic Raab, sin intentar siquiera un aterrizaje suave.

 

El problema es entonces entre los propios miembros del G7. A la pregunta de cómo debe actuar Occidente hacia Beijing y Moscú, se responde con otras dos preguntas.  ¿Qué sería esa “relación más estable”, que quiere el secretario de Estado americano? ¿Y cuál sería esa “acción decisiva” de la que habla el ministro de Relaciones Exteriores inglés?

 

Nadie lo sabe. Pero, sin duda, desde el punto de vista de la crisis política generalizada para la democracia en Sudamérica -y la del Perú en particular ante sus propias elecciones-, la respuesta es la del policía bueno y la del malo sin que podamos saber cuál es cuál. 

 

 

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lunes, 3 de mayo de 2021

MEDIA COLUMNA domingo 2 mayo 2021 "La guerra por Sudamérrica".

  

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La guerra por

Sudamérica

 

 

Jorge Morelli

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La elección del Perú hoy es mucho más de lo que parece.

 

Es la batalla crucial por los recursos naturales del Sur del Perú, Bolivia y Chile –cobre, litio, tierras raras- para el resto del siglo XXI. Es indispensable para las potencias controlarlos para disputar el liderazgo tecnológico en todos los campos de la economía global.

 

Los competidores en esta guerra son cuatro: China y Estados Unidos en un plano, y Rusia y Europa en otro. China y Rusia compiten entre sí, pero son socios frente a sus rivales occidentales. Y lo mismo ocurre en la otra orilla. Son relaciones ambivalentes.

 

En pequeña escala es lo que sucede también entre Pedro Castillo y Vladimir Cerrón. Se entienden a un nivel cada vez más incómodo y se enfrentan ferozmente en otro. La campaña, sin embargo, ha transado precariamente en un lenguaje mínimo. No hablan de estatizar, sino de “nacionalizar” los recursos naturales.

 

¿Qué es lo que esto significa? Es el “modelo boliviano” de Evo. Recordemos que el puneño Lescano –no es casualidad-, simpatizante de Evo, también habló en su momento de “nacionalizar”. Consiste, primero, en que el Estado, dueño del recurso natural, lo concesiona a una empresa estatal -en el caso boliviano, el gas a la estatal YPFB-, pero como Bolivia no tiene el know how o el capital de riesgo para explotar el litio, lo concesiona entonces a una empresa “nacional” en sociedad con capitales americanos o chinos, o rusos o europeos. “Nacionalizar”, según Lescano, significa también que la empresa “nacional” privada está obligada a vender el recurso una vez extraido a una comercializadora “nacional”. Esto hizo Velasco hace 50 años. Fracasó.      

 

Desde la presidencia de Evo, YPFB tiene un contrato con la empresa estatal rusa Gazprom para construir un gasoducto desde los yacimientos de gas bolivianos hasta el Océano Pacífico. Vizcarra aprobó ese proyecto, porque terminaría en Moquegua. Con esto, la energía de todo el Sur del Perú pasa a depender de los bolivianos e, indirectamente, de los rusos. El proyecto depende hoy del resultado de la elección peruana.    

 

El socio de Evo, entonces, es Moscú. No es Beijing. Y sus aliados de La Habana y Caracas apoyan con reservas la línea “dura” del  comunista ortodoxo Cerrón en  la campaña. Para desmayo de Cerrón, pueden preferir la hoja de ruta de Pedro Castillo. Aquí es donde Moscú compite con Beijing. Hay creciente incomodidad y desazón de las mega empresas chinas en el Perú –en minas, energía y puertos- con el lenguaje ambivalente de la “nacionalización” de los recursos. Los chinos no juegan a la agresión política de La Habana, Caracas y el Foro de Sao Paulo. Su apuesta es de largo plazo y apunta a un liderazgo global en infraestructura con la Ruta de la Seda, en comunicaciones con el 5G de Huawei, y en la economía global con la guerra monetaria del yuan como criptomoneda mundial. China tiene hoy poco o nada que ver con aventurerismos políticos latinoamericanos cortoplacistas.

 

Intriga mediante, La Habana, Caracas y La Paz han sacado a Luis Carranza -el posible ministro de Economía de un gobierno de Fuerza Popular- de la presidencia de la CAF, hoy una organización del tamaño del BID. Es el botín. Mientras tanto, Estados Unidos prepara una nueva política para Sudamérica -a la que llama “Near neighbor” (“Vecino cercano”), que apunta a trasladar a este continente, progresivamente, sus cadenas de producción en Asia para no depender de China. Naturalmente, la cabeza de playa es Colombia por sus dos orillas –Atlántico y Pacífico- y por su cercanía al canal de Panamá. Al parecer, existe ya un oferta de 40 mil millones de dólares para Colombia. El gobierno actual del Perú habria declinado conversar del tema.

 

Esta es la pugna en que se juega nuestro destino. El pueblo peruano no lo sabe y los candidatos no lo dicen. Tal vez tampoco lo saben.      

 

 

 

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jueves, 29 de abril de 2021

MEDIA COLUMNA miércoles 28 abril 2021 "La revolución pacífica de De Soto"

 

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La revolución pacífica de De Soto

 

 

Jorge Morelli

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Pedro Castlilo ha alcanzado la segunda vuelta no por ser de izquierda, sino a pesar de ser de izquierda. La ideología ha pasado de contrabando.

 

Los sectores CDE no han votado ni remotamente por eso -mucho menos por el terrorismo-, sino por el lápiz, por el maestro, por la educación de sus hijos, que es el sueño y el desvelo de los padres de toda condición económica. En añadidura a la protesta por el desmanejo de la economía en la pandemia.  

Hay que saber lo siguiente, que es un secreto a gritos en la educación peruana. Un tercio entero de los padres de familia migró en los últimos años con sus hijos de la educación pública a la privada y, a causa del desplome de la economía, ha tenido que volver a la educación pública. Aquella migración al sector privado fue masiva, producto del crecimiento de la clase media que abarcó al 40% de los peruanos. Pero ocurrió no porque la educación privada fuera mejor, sino por efecto de la competencia en el mercado: en la educción privada alguien está obligado a dar razón del alumno o lo pierde. En la educación privada, aun en la más modesta –la que el Ministerio califica de ”basura” porque se avergüenza de perder ante ella-, comenzaba a surgir -aun si por el solo interés particular- una forma rudimentaria de tutoría, que es por donde la educación comienza. Hoy al menos la mitad de esa clase media ha vuelto a la pobreza y, frustrado, el padre de familia debe llevar a su hijo de vuelta a la educación pública porque no tiene cómo seguir pagando la privada. El retorno es masivo desde el año pasado. Pienso que estos hechos han tenido impacto en la decisión del voto por el maestro y su lápiz.      

Pero de este drama nada dicen los candidatos. Ni Castillo que, como dirigente del magisterio, lo sabe perfectamente. Menos aun habla del escándaloso monopolio del sindicato magisterial del Sutep sobre las plazas magisteriales de la educación pública. Y nada tampoco aobre la injusta exclusión de la carrera pública magisterial de los maestros contratados, que son un tercio del total. Esto, por la misma razón que durante un año entero cayó en el vacío la protesta contra el grotesco monopolio del Estado sobre la importación de las vacunas en la pandemia.

 

Esta es la tragedia detrás de nuestro sistema de educación y de salud. No es principalmente la limitación de recursos materiales. Es la exclusión de la mayoría de los peruanos por su propio Estado. 

 

Quien hizo una bandera de la denuncia del mercantilismo en estas elecciones fue De Soto. Por décadas ha señalado la exclusión de la informalidad a causa de negocios basados en el privilegio otorgado por el Estado. Esto es lo propio de una economía anacrónica completamente ajena al capitalismo. Y así lo dijo claramente en su programa, redactado por él mismo. La magnitud de la revolución que propone es la revolución burguesa que el Perú debió tener hace un siglo con Leguía, y se frustró; la misma que comenzó con retraso con Fujimori hace 30 años y se quedó a medio hacer.  Algunos, no obstante, se han dedicado hoy a agredir a De Soto verbalmente con una extraña violencia y a exigirle una definición entre opciones insatisfactorias. Una que pretende volver atrás en la historia y la otra ir hacia un futuro que ya no existe.

 

Ninguna explica al pueblo qué es lo que falla en el modelo económico. Pero es simple: la falla está en que modelo no supo o no pudo impedir el monopolio del Estado. Sin ningún poder real, los organismos reguladores que debieron vigilar fueron doblegados por el mercantilismo del oligopolio público-privado.

 

Muchos que no han querido escuchar recién comprenderán mañana que la revolución pacífica de De Soto –que comienza por pagar un precio de mercado global justo y equitativo por la tierra sobre los recursos naturales- es la salida posible del abismo en que el país ha caído. 

 

 

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jueves, 22 de abril de 2021

MEDIA COLUMNA miércoles 21 abril 2021 "La receta del chavismo"

 

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La receta del chavismo

 

 

Jorge Morelli

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La receta del chavismo tendría, primero, que convocar mañosamente a un plebiscito -al que se le llamará referéndum para que parezca constitucional-. Segundo, el plebiscito preguntará si el pueblo está de acuerdo con que una asamblea constituyente apruebe una nueva constitución. Solo luego convocaría a elecciones para una asamblea constituyente que, instalada, declarará que el Congreso es un poder constituido subordinado al poder constituyente. La asamblea coexistirá por un tiempo con el Congreso hasta que esté terminado el proyecto constitucional. Aprobado este por la asamblea, el congreso sería disuelto. Este es el circo puesto en escena en su oportunidad en Venezuela, en Nicaragua, en Bolivia.

 

El quid del asunto está en el Tribunal Constitucional. Para matar el engendro en la madriguera, la convocatoria a referéndum para reformar la Constitución debe ser objeto de una demanda de inconstitucionalidad ante el TC. Basta un 25% del número legal de congresistas. La Constitución establece al respecto que “Toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso con mayoría absoluta del número legal de sus miembros y ratificada mediante referéndum. Puede omitirse el referéndum cuando el acuerdo del Congreso se obtiene en dos legislaturas ordinarias sucesivas con una votación favorable, en cada caso, superior a los dos tercios del número legal de congresistas” (art. 206).

 

Como se ve, no existe reforma constitucional por referéndum.

 

Pero en los hechos la batalla está atada a otra anterior: la composición del Tribunal Constitucional. De allí que la reactivación del procedimiento pendiente para nombrar  seis de los siete miembros del TC sea en este momento el hecho político medular.

 

Los miembros del TC son elegidos por el Congreso con dos tercios de los votos del número legal de miembros. Y la izquierda no tiene los dos tercios de los votos que hacen falta para nombrar hoy a los que votarán mañana sobre la constitucionalidad de su referéndum.

 

Así, no es solo que la receta del chavismo es incompatible con la Constitución y se halla fuera de la democracia y el Estado de Derecho, sino que es materialmente inviable con un TC que no esté subordinado a esa receta.  

 

Y la izquierda ya lo sospecha.

 

 

 

La receta del chavismo tendría, primero, que convocar mañosamente a un plebiscito -al que se le llamará referéndum para que parezca constitucional-. Segundo, el plebiscito preguntará si el pueblo está de acuerdo con que una asamblea constituyente apruebe una nueva constitución. Solo luego convocaría a elecciones para una asamblea constituyente que, instalada, declarará que el Congreso es un poder constituido subordinado al poder constituyente. La asamblea coexistirá por un tiempo con el Congreso hasta que esté terminado el proyecto constitucional. Aprobado este por la asamblea, el congreso sería disuelto. Este es el circo puesto en escena en su oportunidad en Venezuela, en Nicaragua, en Bolivia.

 

El quid del asunto está en el Tribunal Constitucional. Para matar el engendro en la madriguera, la convocatoria a referéndum para reformar la Constitución debe ser objeto de una demanda de inconstitucionalidad ante el TC. Basta un 25% del número legal de congresistas. La Constitución establece al respecto que “Toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso con mayoría absoluta del número legal de sus miembros y ratificada mediante referéndum. Puede omitirse el referéndum cuando el acuerdo del Congreso se obtiene en dos legislaturas ordinarias sucesivas con una votación favorable, en cada caso, superior a los dos tercios del número legal de congresistas” (art. 206).

 

Como se ve, no existe reforma constitucional por referéndum.

 

Pero en los hechos la batalla está atada a otra anterior: la composición del Tribunal Constitucional. De allí que la reactivación del procedimiento pendiente para nombrar  seis de los siete miembros del TC sea en este momento el hecho político medular.

 

Los miembros del TC son elegidos por el Congreso con dos tercios de los votos del número legal de miembros. Y la izquierda no tiene los dos tercios de los votos que hacen falta para nombrar hoy a los que votarán mañana sobre la constitucionalidad de su referéndum.

 

Así, no es solo que la receta del chavismo es incompatible con la Constitución y se halla fuera de la democracia y el Estado de Derecho, sino que es materialmente inviable con un TC que no esté subordinado a esa receta.  

 

Y la izquierda ya lo sospecha.

  



viernes, 16 de abril de 2021

MEDIA COLUMNA miércoles 14 abril 2021. "Desmoralizar toma 20 años"

 

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Desmoralizar

toma 20 años

 

Jorge Morelli

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@jorgemorelli1

 

 

En las elecciones del domingo, el 40% del universo de electores hábiles –de unos 25 millones 288 mil peruanos- no fue a votar o votó en blanco o viciado. Son siete millones de personas.

 

El 60% restante se repartió entre 18 candidatos, donde el primero obtuvo menos de tres millones de votos. ¿Qué representatividad puede haber acá? ¿Qué gobernabilidad puede conseguirse de un Congreso como este?

 

Usted, lector, pensará quizás que esto se debe a la pandemia. Falso. En las últimas elecciones parlamentarias, donde elegimos al Congreso actual, pasó exactamente lo mismo, el 40% no votó o votó blanco o vició su voto. Y no había pandemia.

 

Lo que hay es una desmoralización inducida, situación de la que los propios políticos aprovechan para culpar al modelo económico y la Constitución exigendo su cambio.

 

Es verdad que algo ha fallado. Pero no la Constitución ni el modelo, sino los organismos reguladores previstos para funcionar dentro de una economía libre. Estos son los que no hicieron su trabajo. La economía social de mercado es el modelo que la Constitución establece. En este el papel de los organismos reguladores es esencial.

 

Esa regulación ha fallado. El ejemplo más reciente, el del oligopolio de la energía. En el último paro de transportistas se hizo público por primera vez que el regulador Osinergmin había sido largamente sobrepasado por el oligopolio público-privado de una empresa estatal y una privada, que pasó por encima del regulador y elevó los precios muy por encima de lo que el regulador recomendaba. El propio regulador lo confesó al declarar públicamente que los precios fueron determinados por las dos empresas que producen los combustibles. Esto es lo que le permitió a De Soto intervenir en nombre de la economía social de mercado. Demostró que el oligopolio de la energía había generado una deuda masiva con los que pagan día a día un pasaje y con el que les presta ese servicio. Esta simple operación mental bastó para que los huelguistas pasaran de ser reclamantes a ser acreedores de una deuda que el Estado no paga. He ahí el instrumento de la desmoralización que desemboca en la indiferencia ante las elecciones.

 

Esto obedece a un plan para impedir la inversión en el país con el objeto de ponerlo de rodillas engañado a exigir que se derogue el modelo que le trajo 30 años de prosperidad. En lo inmediato, ese plan toma la forma de una campaña para promover el voto en blanco o viciado en el supuesto propósito de que se anule la segunda vuelta si esos votos llegan a los dos tercios. Es una trampa. El verdadero objetivo es desmoralizar a los electores y permitir ganar la Presidencia con una minoría absoluta de votos. Son tontos útiles los que caen en la trampa.    

 

Desmoralizar al país haciéndole creer que es el peor desastre del planeta es solo la primera estapa. Toma 20 años, según los que lo conocen. Esos 20 años ya han transcurrido. Desde la primera vacancia presidencial estamos en la segunda: la desestabilización. La tercera es la captura del poder.    

   

   

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jueves, 15 de abril de 2021

MEDIA COLUMNA domingo 11 abril 2021 "Volverá el conflicto de poderes"


 

 

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Volverá el conflicto de poderes

 

Jorge Morelli

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@jorgemorelli1

 

 

Hay que saber que el guión de lo que viene en adelante ya existe. El nuevo gobierno no se inaugura sobre una mesa vacía. El Congreso tendrá diez o doce bancadas polarizadas. Y eso define las reglas del juego.

 

No es que sea imposible armar una mayoría para temas específicos, pero será sobre la base de caso por caso. Se tendrá que negociar cada cosa. En esas condiciones no hay mayoría duradera. Será, en todo caso, frágil y se irá desarmando en el curso del primer año.

 

La amenaza es la recaída en más de lo mismo: el conflicto de poderes y su desenlace en el círculo vicioso la disolución del Congreso y la vacancia presidencial. El orden de los acontecimientos es intercambiable.

 

El hecho es que el conflicto de poderes no se puede resolver solo con buena voluntad. Las virtudes personales no pueden reparar la falla en la arquitectura de nuestra democracia de baja gobernabilidad.

La falla está en un mal equilibrio de poderes, desbalanceado desde el nacimiento de la República, que le dio al Congreso un poder mucho mayor que al Ejecutivo, el Congreso puede sin proceso vacar la Presidencia, censurar ministros e insistir en las leyes observadas por el Ejecutivo, el Ejecutivo solo puede disolver el Congreso luego de un engorroso procedimiento.

 

Desde el principio se instaló en el Perú la dictadura del Congreso. Eso no paso inadvertido ni siquiera el primer día. Ya en enero de 1827, José María de Pando escribía que “los pueblos americanos pasaron sin transición intermediaria del despotismo de la época colonial directamente a la dictadura del Congreso”.  

Peor aun, para fines del siglo XX un mal diagnóstico de la enfermedad había conducido a un falso remedio. Para controlar el conflicto de poderes que el desequilibrio genera, se optó por convertir al poder Judicial en el árbitro del conflicto de poderes.

 

El resultado es que sobre la dictadura del Congreso se instaló la dictadura de los jueces entronizada en el Tribunal Constitucional, un poder por encima de los demás poderes que ha reinventado el absolutismo contra el cual nació la democracia.

 

El TC se ha arrogado la condición de intérprete supremo de la Constitución porque así lo establece su ley orgánica. No hay ningún lugar en la Constitución que disponga tal cosa.

 

El conflicto de poderes volverá por eso, una y otra vez, hasta que se rediseñe el equilibrio de poderes en el sistema de gobierno. En eso consiste la verdadera reforma política que aun espera.

 

 

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