lunes, 1 de julio de 2019

MEDIA COLUMNA domingo 30 junio 2019





MEDIA COLUMNA 
Se debió hacer
desde un principio

Jorge Morelli
@jorgemorelli1
jorgemorelli.blogspot.com

Puesto que conocer la verdad sobre la corrupción brasileña en el Perú no tiene precio, era inevitable la decisión política de firmar el acuerdo con Odebrecht aunque fuera leonino, para conocerla.

Pero hoy la situación parece otra. Todo contrato supone una contraprestación. Y esta no se ha producido. Lo recibido no solo no ha sido toda la verdad, ni siquiera es la parte más importante de la verdad. Los testimonios recogidos de los funcionarios brasileños hasta hoy han reiterado en buena cuenta lo que los investigadores ya conocían. No ha habido, que se sepa, acceso directo a los servidores que guardan la información de detalle sobre los pagos indebidos en el país. La nueva información relevante ha provenido de colaboradores eficaces peruanos o de investigaciones periodísticas, como la que acaba de hacerse pública, según la cual en el servidor drousys aparecen los pagos del Gasoducto del Sur –17 transferencias por 3 millones 70 mil dólares realizadas en el 2014, poco después del otorgamiento de la buena pro de la concesión al postor único- cuyos destinatarios finales están aún ocultos bajo seudónimos. La verdad sobre el megaproyecto -el mayor de todos- de 7,500 millones de dólares ha sido escamoteada, ocultada, omitida.

En virtud del acuerdo, el Perú es hoy un acreedor de Odebrecht. Pero otros acreedores han llegado a la conclusión de que no existe otro camino que incautar los activos de la empresa para hacerse pago de sus acreencias. Están forzando una situación de hecho que precipita un escenario nuevo. El pago de la deuda no está garantizado. Depende de la decisión de un juez brasileño, que podría declarar la liquidación de la empresa. Aún si en esta ocasión la empresa consigue medidas cautelares que la protejan por el momento, la situación volverá a presentarse en otros escenarios. No basta ahora un papel firmado para garantizar el pago de los 200 millones de dólares (en 15 años) que la empresa adeuda al Perú según el acuerdo. En lo sucesivo la empresa será asediada por sus acreedores globalmente, y el Perú, con un acuerdo en la mano que no puede materialmente garantizar el pago, ¿va a hacer cola para cobrar?

Si la empresa naufraga, no debe arrastrarnos con ella. No es un problema en que los peruanos tengamos que estar involucrados. A diferencia de otros acreedores, el Perú tiene la posibilidad real y debe hacer prevalecer su condición de Estado. Se justifica entonces debatir serenamente cuál es la decisión política que el Perú debe tomar.

El Perú cumplió lo que ofreció: le ha permitido a la empresa vender su activo principal en el país –Chaglla- a terceros cuyos derechos ahora deberemos respetar. En esto no hay vuelta atrás. Pero el Perú ha autorizado también a la empresa a seguir funcionando en el país y esta, en cambio, es una obligación retractable. El Perú podría retirarle a la empresa la autorización para seguir operando en el país. No obstante, eso la quebraría sin beneficio alguno. Lo que puede hacer, entonces, es anular el acuerdo. ¿Qué el acuerdo tiene rango de sentencia? El Ejecutivo puede recurrir al Tribunal Constitucional, cuya jurisprudencia ha incluido la modificación de sentencias en el pasado.

Preventivamente, puede nombrar interventores en la empresa y, llegado el caso, tomar el control en su momento de los 800 millones de dólares en activos e instalaciones que tiene aún en el país. Algunos temen que el Perú sería denunciado ante tribunales arbitrales internacionales. No perdería en buena lid un proceso contra una empresa que ha redimensionado exponencialmente la corrupción en esta parte del mundo. Y, aun en ese supuesto caso negado, como Jaime de Althaus dijo oportunamente, cabría una contrademanda contra el Estado brasileño por su probada complicidad política en los hechos.

Bien pensado, es en realidad lo que se debió hacer desde un principio.

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jueves, 27 de junio de 2019

MEDIA COLUMNA miércoles 26 junio 2019




MEDIA COLUMNA 
La pepa de la cumbre


Jorge Morelli
@jorgemorelli1
jorgemorelli.blogspot.com


El Acuerdo número 12 firmado por Martín Vizcarra y Evo Morales en Ilo es la pepa de la cumbre presidencial. Y tiene corto y mediano plazo.

En el mediano, según el texto firmado, se trata de “impulsar la interconexión del gasoducto Bolivia–Perú con el Gasoducto al Sur (proyecto peruano SIT Gas, que se viene desarrollando para llevar gas natural a las regiones del sur del Perú) a fin de permitir la futura exportación de GNL procedente de Bolivia a través del puerto de Ilo a los mercados de Asia”.

Afortunadamente, este mediano plazo no llegará. El Gasoducto del Sur del Perú está parado y su construcción no va a ser retomada por este gobierno. Tal es la maraña en que ha quedado el malhadado proyecto estrella de la corrupción brasileña. Es muy dudoso, además, que el gobierno que suceda a este vaya a poder retomar esa iniciativa en un futuro predecible. 

En el corto plazo, en cambio, el texto firmado compromete al Péru a “implementar, en el transcurso del presente año, un proyecto de distribución de redes de gas que permita llegar con gas natural domiciliario y otros usuarios a las poblaciones en zona de frontera, en Desaguadero y otras”. Esta redacción oscura incluye en “otros usuarios”, aparentemente, a las plantas termoeléctricas de generación de energía en el Sur pertenecientes a las dos empresas que firmaron por su cuenta un acuerdo con la estatal de gas boliviana para ese fin.

El corto plazo incluye, además, “implementar un proyecto de comercialización de GLP para abastecer a poblaciones peruanas de la zona sur de la República del Perú, a precios competitivos para el consumidor final con la participación de la empresa estatal boliviana YPFB, asociada o por sí sola”.

Esta iniciativa crea, pues, a corto plazo dependencia del Sur del Perú del abastecimiento de gas de Bolivia, que puede ser interrumpido en cualquier momento por la empresa estatal de gas de Bolivia, que obviamente sigue las directivas políticas del gobierno “bolivariano” de  Evo Morales.   

Esta, que es la pepa de la cumbre, está bien disimulada detrás de dos decenas de acuerdos -que nadie objetaría- respecto de la descontaminación del Titicaca, un megapuerto para Bolivia en Ilo, y 17 asuntos más, todos ellos de interés público.

Esta columna ha venido denunciando durante semanas el peligro que supone la dependencia política de un gobierno extranjero con aliados políticos conocidos en la región.

A esto ha venido a añadirse recientemente la comprobación del daño que conlleva para la economía peruana su perjudicial dependencia del gas natural para la generación de energía eléctrica, cuando la base energética del país debió ser y aun debe ser hidroeléctrica y no termoeléctrica.

La  decisión anunciada hoy por el gobierno es política, no es económica ni técnica. Es lo que en su momento advertimos.   


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miércoles, 26 de junio de 2019

MEDIA COLUMNA martes 25 junio 2019



MEDIA COLUMNA  
La tapa de la botella  


Jorge Morelli
@jorgemorelli1
jorgemorelli.blogspot.com

             “El problema del siglo XXI son los papeles sin bienes en los mercados
               desarrollados y los  bienes sin papeles en los países en desarrollo”.
                                                                                                  Hernando de Soto

La sentencia de Hernando de Soto que sirve de epígrafe a la propuesta que ocupa estas páginas de EXPRESO resume a la perfección cómo matar dos pájaros globales de un solo tiro.

Desde el colapso de la mega burbuja global de 2008, el mundo no ha hallado una salida al doble bloqueo que mantiene a las economías desarrolladas atascadas en un rendimiento mediocre y a las economías emergentes hundidas en la trampa del crecimiento medio.

La sentencia de De Soto lleva implícita la solución. Esta es que los bienes de las economías emergentes deben ser dotados de papeles reconocidos y esos papeles colocados en los mercados de valores globales del mundo desarrollado.

De este modo, las economías emergentes podrán acceder a los mercados de la economía virtual de las finanzas y estos volverán a estar respaldados por bienes de la economía real de todo el planeta.  Son dos caras de la misma moneda.    

El proceso comienza entonces por dotar de papeles a los bienes de las economías emergentes. Y esta es exactamente la propuesta de De Soto en estas páginas.

Solo que esta vez este hombre reconocido hoy en todo el mundo -de quien Bill Clinton dijera una vez que es el “economista vivo más importante del mundo”, Vladimir Putin que sus “logros en el mundo han sido extraordinarios” y Mikhail Gorbachev que su principio revolucionario es que “la exclusión en países en desarrollo no se debe al capital y la propiedad sino a la falta de ellos”; quien fuera designado economista jefe del Blockchain Institute de China y presidiera además el primer Foro de la Ruta de la Seda; a quien la revista Prospect de Foreign Policy ha colocado en el puesto 13 de su encuesta global de intelectuales junto a Noam Chomsky y Umberto Eco, Paul Krugman, Jurgen Habermas y Amartya Sen-, ha diseñado en esta ocasión precisa y exactamente el modo de hacerlo.

La metodología está descrita en detalle en estas páginas. Consiste en reconocer los derechos de quienes tienen el dominio de la tierra de todo el mundo, debajo de la cual hay 150 billones de dólares bloqueados, 800 mil millones de ellos en el Perú.

De Soto grafica esta situación ante los mineros informales peruanos de manera divertida con una botella de gaseosa: si las empresas tienen un derecho adquirido al contenido de la botella –la concesión del subsuelo-, la tapa de la botella –la superficie- está de hecho en manos de quienes la conducen. Y que, realistamente, los recursos van a quedarse donde están mientras no haya un modo justo en que ambas partes se beneficien equitativamente.

En estas páginas De Soto le propone al Perú ser el piloto de esta solución para el mundo.




PARA DESTRABAR 150 BILLONES DE DOLARES BAJO EL SUELO DEL PLANETA  
Propuesta de Hernando de Soto al Perú y al mundo


En el Perú, la solución es capitalizar al pequeño minero legalizando su legítimo derecho de propiedad sobre la superficie para conectarlo con la globalización.


El 17 de junio pasado, en Arequipa se reunieron representantes de 50 mil pequeños mineros en un congreso internacional de la pequeña minería artesanal, organizado y convocado por la Federación de Mineros Artesanales de Arequipa (FEMAR) a la que asistieron mineros de Puno y otros lugares del Perú en los cuales 500 mil mineros informales invierten su trabajo y su dinero en tierras sin ningún papel que respalde legalmente su legítimo valor.

El orador principal de la reunión fue Hernando de Soto. El tema fue la relación crucial entre los conductores legítimos de la superficie y los dueños legales de los recursos del subsuelo.

Es característico de los países en desarrollo, dijo, que los pobres han heredado la mayor parte de la superficie de la tierra mientras las empresas extractivas han adquirido de los gobiernos los derechos sobre los minerales. Para acceder a los recursos del subsuelo que legalmente tienen, sin embargo, las empresas necesitan usar la superficie, que controlan sus poseedores legítimos.

Esto solía ser conseguirse comprando servidumbres de paso o incluso respaldándose en la fuerza pública. Hoy, en cambio, los que conducen tierras de la superficie -a cuyas organizaciones De Soto llama “Autoridades que gobiernan Registros Locales Desconectados de la Globalización (ARLD)”- se hallan empoderadas y están bloqueando la extracción de reservas minerales y petroleras probadas por más de 150 billones de dólares (150 trillion dollars). Esto equivale a cinco veces el PBI combinado de China y Estados Unidos.

Este evento es la disrupción del sistema tradicional de formación del capital de los recursos naturales del tercer mundo. Lo que está bajo ataque es la red internacional construida en los últimos cien años de 3,300 tratados que 180 países han suscrito e incorporado a sus leyes. Ha sido yan fuerte que ni siquiera miles de militares y policías desplegados en campamentos mineros, petroleros y gasoductos de todo el mundo pueden evitar el bloqueo de las actividades extractivas.

La propuesta de De Soto no es entregar el subsuelo a los que conducen legítimamente la superficie, sino “securitizar” sus derechos para que su activo pueda generar capital en las bolsas y mercados financieros globales y puedan ellos entonces relacionarse con y protegerse del mundo global de una manera rentable y sin violencia.

La securitización puede consolidar legal y efectivamente el legítimo derecho de propiedad de quienes se hallan en la superficie, y desbloquear así los 150 billones de dólares de reservas bajo la tierra en todo el planeta.

La propuesta de De Soto desarrolla una metodología disruptiva que usa la securitización en los mercados globales para superar los defectos de los derechos de propiedad en los países emergentes, como el Perú, que impiden a los pobres utilizar su tierra para formar capital. En suma, convierte al “misterio del capital” –el título de su famoso libro” en una efectiva herramienta de trabajo.

En concreto, a los legítimos títulos de la superficie les faltan 8 paquetes de información y acreditaciones a los cuales tienen derecho por ley. Es un pasaporte, por así decir, al que le faltan 8 visas necesarias para llegar a los puertos donde se puede formar capital. Propiedad y securitización no son temas separados, sino partes de una misma cadena de valor a la que le faltan 8 eslabones que se subsanan con 8 certificados emitidos por entidades del sistema internacional con las que se concreta una alianza para conectar la tierra de la superficie y los recursos del subsuelo a los mercados de capital.

Estos 8 certificados son vehículos documentales sucesivos de una cadena que comienza con la ubicación e identificación de los títulos superficiales donde se originan los derechos, y llega hasta las declaraciones requeridas por las leyes de los mercados financieros globales donde los derechos de propiedad se formatean para generar confianza y formar capital.

La desconexión entre la propiedad y la securitización, entonces, se debe al problema legal que surge de que los atributos y acreditaciones están perdidos en un enjambre de cientos de miles de leyes dispersas en documentos inconexos en cada uno de los países en desarrollo.

Es poco lo que los consultores tradicionales y los cientos de compañías cuyos servicios y equipos son usados para capturar y organizar información sobre la propiedad -típicamente empresas de ingeniería, gerencia de proyectos, tecnologías de información, vendedores de equipos y servicios de mantenimiento, incluso algunos especializados en mapas y catastro y modernización de sistemas de registro- pueden hacer para remediar el problema. Lo más que pueden es mejorar los sistemas de almacenamiento de imágenes y registros de activos, pero no son capaces de afrontar el reto de incorporar masiva y sistemáticamente la propiedad no registrada al mercado formal.

De Soto está convencido –y así lo explicó a los cientos de mineros informales presentes en Arequipa- de que en el momento en que quienes legítimamente manejan la superficie sean conscientes de que pueden negociar de igual a igual con las empresas extractivas, y los certificados entren en acción con sus incentivos, los 800 mil millones de dólares de proyectos bloqueados en el Perú serán desbloqueados, las empresas extractivas recuperarán el subsuelo, los consumidores intermedios que requieren insumos minerales podrán obtenerlos, los gobiernos obtendrán nuevos ingresos de tributos y regalías, los mineros informales tendrán por fin direcciones e identidad legal, y los que dañan el medio ambiente podrán ser física y legalmente identificados. 


lunes, 24 de junio de 2019

MEDIA COLUMNA lunes 24 junio 2019



ESTA NOCHE, donde usted se entera no de todo lo que ocurre, sino de lo que necesita saber.


MEDIA COLUMNA 
Poniéndole al enemigo
el arma en las manos


Jorge Morelli
@jorgemorelli1
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Ahora sabemos por fin con certeza que el Estado peruano no debió pasar del pétroleo al gas cuando tomo la decisión política de cambiar la base energética del país. Debió pasar a la generación de energía hidroeléctrica y destinar el gas -un recurso escaso que hoy quemamos para generar calor como si fuera carbón- a una industria petroquímica que es a lo que se debe destinarse un hidrocarburo estratégico no renovable. 

El error original desembocó con los años en un acto de mercantilismo cuando en 2011 una segunda decisión política estableció una moratoria a la inversión en 20 hidroélectricas del Marañon que habrían provisto al Perú de 60 mil megawatts de electricidad, energía renovable no contaminante suficiente para medio siglo.

Como ha explicado en EXPRESO Jorge Baca Campodónico -ingeniero eléctrico, doctor en Econometria y ex ministro de Economía- la decisión política fue para hacer posible el proyecto Camisea creándole al gas un mercado artificial en la generación de electricidad. 

A esta decisión política de consecuencias masivas debemos hoy que las generadoras termoeléctricas se hayan adueñado de la mitad del mercado. A esto se debe la guerra actual entre las termoeléctricas y las hidroélectricas que denuncian la mentira legalizada en la declaración de costos de las termoeléctricas. Por esrto es que nos veamos hoy, además, en peligro –este es ya el punto muerto- de entregarle la energía del Sur a la empresa estatal de gas de Bolivia poniendo en manos de Evo Morales y sus aliados de Sao Paulo, Caracas y La Habana, los recursos estratégicos globales del Perú para el siglo XXI: el cobre, el litio, las tierras raras, el agua y la energía necesarias para extraerlos.

De fuentes informadas sabemos ahora tambipen que las dos empresas privadas -termoeléctricas ambas, generadoras de electricidad a petróleo- que han firmado con la estatal de gas boliviana un acuerdo inconsulto en presencia del propio Evo, habrían actuado por su cuenta y sin autorización con el objeto de presionar al gobierno del Perú a conceder a Bolivia la buena pro del abastecimiento de gas a siete regiones del Sur, y comprarle gas para sus generadoras termoeléctrricas en el Sur. Ni siquiera es su culpa. Esas empresas han sido llevadas a la trampa en que se encuentra por la decisión política mercantilista que tomó el Estado.

Hoy estamos a un paso de que el Perú caiga en la trampa de entregar a la estatal de gas boliviana la buena pro de la licitación del proyecto Siete Regiones, que es la llave de la energía del Sur. Ese abastecimieto mañana podría interrumpirse a voluntad. La historia reciente de Europa del Este muestra que el abastecimiento de energía por gas es el arma estratégica para doblegar la voluntad política de los Estados.

En nuestro caso, como sabemos, el plan del radicalismo antisistema es capturar el poder en el Perú. Y estamos poniéndole el arma en las manos.


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domingo, 23 de junio de 2019

MEDIA COLUMNA domingo 23 junio 2019




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MEDIA COLUMNA 
Las guerras de la electricidad

Jorge Morelli
@jorgemorelli1
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Cuando el Estado peruano decidió cambiar la base energética del país del petróleo al gas cometió un error. Al lado de la Cordillera de los Andes, el Perú debió girar hacia la energía hidroeléctrica.

Lo demuestra hoy Jorge Baca Campodónico en su Linterna de popa en esta misma edición: las hidroeléctricas podrían abastecer sus necesidades por los próximos 50 años. Las 20 que se pensó construir en el Marañón en el 2011 habrían abastecido 60 mil megawatts, suficientes para medio siglo.

A mediados de 1944 –recuerda Baca-, Santiago Antúnez de Mayolo exploró el Pongo de Manseriche en el Marañón buscando dónde construir una represa para crear una caída de agua. Encontró el lugar en Huancanque, aguas arriba de Borja, donde el río se estrecha entre paredes de roca. Me consta. Me lo narró mi abuelo que estuvo allí (y casi pierde la vida cuando su bote se volcó en el turbulento Marañon. Pudo salvarse es porque se fue acercando a la orilla dejándose llevar por la corriente sin luchar contra ella). Decía mi abuelo que Antúnez de Mayolo había literalmente dibujado en su mente la represa. Baca recuerda que tendría una caída de 60 metros que generaría 7,550 megawatts, lo suficiente para casi reemplazar lo que producen hoy las generadoras de electricidad a gas.

A comienzos de la década –añade Baca-, la producción de energía hidroeléctrica representaba más del 80% del total. Hoy es solo el 50%. “La causa de esta sinrazón –añade- fue la moratoria de construcción de hidroeléctricas por diez años introducida para beneficiar el proyecto de gas de Camisea”. Confirma lo que venía sospechando esta columna: el Estado necesitó crear una demanda que no existía para poder colocar el gas y desplazó a la generación hidroeléctrica de la producción de electricidad.

Fue una doble trampa. Por un lado, el objetivo fue exportar el gas y masificar el consumo. Mientras la infraestructura no estuviera en su sitio, sin embargo, había que crearle provisionalmente un mercado al gas en la generación de electricidad y una competencia desleal para las hidroeléctricas. Esto explica quizá por qué el Estado permitió a las termoeléctricas a gas declarar costos que no eran reales: para que pudieran competir. Luego, ya sabemos. Como siempre en el Perú, lo provisional se volvió permanente. La construcción de la infraestructura del gas quedó enredada en la corrupción. El mercado de consumo que se iba a generar no alcanzó la magnitud necesaria. Los chilenos encontraron alternativas en la energía solar para sus minas. Y el autoengaño de los costos se volvió una trampa de la que el Estado no sabe ya cómo escapar.
  
El gas es un recurso que debe usarse para una industria petroquímica. Es un hidrocarburo, no es carbón. Quemar el gas para generar calor con el cual producir electricidad es poco menos que un crimen, un pobre uso de un recurso no renovable. Y además, quemarlo es contaminante. En el futuro necesitaremos cantidades exponencialmente mayores de electricidad. Tendremos que pasar ahora de la base energética del gas a la de la hidroelectricidad y abandonar el desperdicio monstruoso de ese recurso que pretende desconocer hasta las leyes de la termodinámica. La generación de calor es la más ineficiente de las formas de emplear la energía.



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viernes, 21 de junio de 2019

MEDIA COLUMNA miércoles 19 junio 2019




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MEDIA COLUMNA 
El enemigo
en la puerta

Jorge Morelli
@jorgemorelli1
jorgemorelli.blogspot.com

Debatir la reforma política es la forma correcta de escapar de la trampa de la democracia de baja gobernabilidad, pero parece una discusión bizantina cuando tenemos al enemigo en la puerta.

Hay un plan para capturar el poder en el Perú, con elecciones o sin ellas. Viene del Foro de Sao Paulo, que prepara su vuelta al poder, de Caracas y de La Habana, e instrumenta a Evo Morales, el presidente vitalicio de Bolivia.

No pocos creen que detrás de todo esto se halla el gobierno actual. Es una ingenuidad conmovedora. El cerebro de esta operación no es el gobierno.

El plan consiste en hacerse del abastecimiento de la energía a siete regiones del Sur del Perú con un gasoducto desde Bolivia, con la buena pro de una licitación convocada por Proinversión que está por ser otorgada. La empresa estatal de gas de Bolivia es uno de los dos postores. Si obtiene la buena pro, esa es la señal.

Bolivia hará público en el próximo gabinete binacional los días 24 y 25 de junio, en Moquegua, el terruño del presidente Vizcarra, su interés en abastecer de gas a todo el Sur mediante un gasducto que llegaría hasta Ilo, donde se lleva a cabo la reunión para anunciar formalmente el acuerdo.

Sin que la buena pro de la licitación de gas haya sido otorgada aun a Bolivia, dos empresas privadas del Sur del Péru que generan electricidad con petróleo, han procedido a firmar el lunes pasado, por su cuenta con el Estado vecino y en presencia del propio Evo Morales, acuerdos para comprarle gas.

Desde comienzos de año estábamos avisadosa de esto, pero  nadie quiso darse cuenta. El gobierno de Martín Vizcarra acordó con el de Evo Morales la compra de gas boliviano y la construcción de un gasoducto desde La Paz hasta Ilo, el terruño presidencial, en reemplazo del abandonado Gasoducto del Sur de Odebrecht.

Muy bien encubierta, la operación parece un negocio inocuo y comercialmente ventajoso para abastecer de energía al Sur con gas barato. No lo es. Esta es una operación geopolítica acordada con gobiernos regionales y aliados políticos locales para hacerse del control de los recursos naturales de toda la región –cobre, litio, uranio, agua-.

Pero Evo Morales tampoco es el cerebro detrás de esto. Son sus aliados del Foro de Sao Paulo, de Caracas y de La Habana. 

La operación detonará en un solo día cuando, con un pretexto cualquiera, el gobierno de Bolivia interrumpa el abastecimiento de gas al Sur del Perú y la región se quede sin energía. El levantamiento popular consiguiente es la forma en que está prevista la captura del poder.  

Existe una vasta red de tontos útiles al servicio de este designio, la mayoría no sabe siquiera a qué fines sirve. La propia lucha anticorrupción ha sido instrumentada. El ruido mediático permite que la opinión pública no repare en el peligro. La clase política está enfrascada en la confrontación permanente entre el Ejecutivo y el Legislativo, fantaseando con la disolución del Congreso o con la vacancia de la Presidencia.

El conflicto de poderes permanente es, no obstante, precisamente el síntoma de la trampa de la democracia de baja gobernabilidad, que incuba el autoritarismo como respuesta. Es lo que el oscuro plan ha previsto.

Escapar de la trampa de la democracia de baja gobernabilidad supone corregir la falla en el equilibrio de poderes que debilita nuestra democracia. Pero resulta poco menos que una discusión bizantina cuando tenemos al enemigo en la puerta. Ahora tenemos que librar esta batalla. Comienza por identificar correctamente al adversario, porque las guerras se pierden por luchar contra el enemigo equivocado. 



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