MEDIA COLUMNA lunes 5 agosto 2019

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Malos planes

Jorge Morelli

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Si Martin Vizcarra no renuncia, el plan de la oposición es vacar la Presidencia por segunda vez en este quinquenio. Para declarar su "incapacidad moral permanente", sin embargo, necesita dos tercios de los votos del Congreso. Ni uno menos de 87. Es un plan muy malo.

La otra parte, el gobierno, ha presentado un proyecto de referéndum para dos reformas constitucionales distintas y sin conexión entre sí. Una es el adelanto de elecciones. La otra, aludiendo al mandatario actual, precisa innecesariamente que no puede postular quien haya juramentado la Presidencia. 

Si el plan del gobierno es hacer cuestión de confianza de su propuesta para disolver constitucionalmente el Congreso, es un mal plan. No se puede hacer cuestion de confianza de una reforma constitucional

Si el plan del oficialismo es ir a la reelección, es un pésimo plan. Para eso el referéndum tendría forzosamente que consultar las dos preguntas por separado. Necesitaria preguntar al pueblo si al mandatario actual le alcanza la misma prohibición constitucional de postular a la reelección que a cualquier otro mandatario. Y que el pueblo responda que no le alcanza. El gobierno no puede preguntar las dos cosas juntas. Aprobar el adelanto de las elecciones rechazaría al mismo tiempo la reelección. El oficialismo se habría cerrado la puerta a sí mismo. Peor plan imposible.

Pero nada de esto va a suceder, de cualquier modo. Porque la oposición no quiere la reelección y tampoco el adelanto de elecciones. Su plan es ir por la vacancia.

Nada nos obliga a elegir entre planes tan malos. Mejor meter todo el asunto en un cajón y olvidarse de él.

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MEDIA COLUMNA domingo 4 agosto 2019

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Disfraz de Llica

Jorge Morelli

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El Perú necesita una inversión anual de 5,280 millones de dólares. En el primer semestre la inversión minera llegó a 2,532 millones. Con la inversion en Tía María se esperaba superar los 5,280 millones. Lo dice hoy el ex ministro Jorge Baca en su columna Linterna de popa en EXPRESO.

Podemos irnos despidiendo de eso, sin embargo, porque esa inversión no se va producir este año. Más gravemente, al anunciar el gobierno -a pedido de los gobernadores del Sur- una nueva Ley de Minería, nadie va a invertir un centavo tampoco hasta que la nueva ley sea debatida, aprobada y esté vigente. Martín Vizcarra anunció el 28 de julio que presentará un proyecto al respecto. Nadie lo conoce. Señaló que la norma actual hay que “actualizarla para que se adecúe a nuestra realidad”. Considerando nuestra realidad, la nueva ley verá la luz en otro gobierno, no en este.

Los gobernadores del Sur, en todo caso, ya tienen su proyecto. El de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, anuncia que viene trabajando un borrador que presentará el 14 de agosto. Propone que las empresas mineras “paguen el 80% de impuestos y no el 2%, como ahora”. La premisa es falsa. La minería paga mucho más en impuestos. Pero eso es fácil de aclarar. Lo que pasa inadvertido, en cambio, es que el problema no es cuánto paga la minería en impuestos, sino cómo determinar el valor de la superficie -sea de quien sea- bajo la cual se halla el recurso natural . El propio gobernador de Arequipa lo dio a entender al anular un contrato con Southern por una servidumbre de 49 hectáreas con el argumento de que esas hectáreas son “de propiedad del gobierno regional” y que la empresa “no cuenta con autorización del uso del terreno superficial”.

Solo el mercado, sin embargo –y no el Estado, menos aun el gobierno regional de Arequipa- puede determinar el valor de esa superficie. Cáceres enfatiza que la empresa solo contaba con un contrato “de servidumbre”, dando a entender que se trata de un arreglo injusto, pero no explica bien sus motivos. Lo que quiere decir es que el gobierno regional firmó un contrato para el uso de esa superficie en los términos limitados de una servidumbre, lo que no sería equitativo. Solo que, como no es posible saber cuánto vale esa superficie, no hay modo de saber a satisfacción de las partes cómo podría ser el libre contrato entre ellas que permita a la empresa el uso de la superficie de propiedad del gobierno regional.

Hasta aquí este embrollo sería, en suma, un monstruoso malentendido. Y nada más.

Pero Cáceres anuncia un ”paro indefinido” desde el lunes 5 de agosto, se lava las manos de él porque lo convoca la CGTP, dice, anuncia que nunca habló de una tregua en la reunión con el Presidente semanas atrás, a quien dijo que “Tía maría no va”. Y dice todo esto vestido como Evo Morales en una entrevista televisiva en Lima.

El propio Cáceres proporciona los indicios de que su plan es político y va mucho más alla del justo reparto de la renta de los recursos naturales. Revela que lo que le interesa no es un contrato justo de la región con la empresa, sino que el Estado monopolice la renta minera. Y esto cae dentro de un plan geopolítico –que pasa también por el uso del gas natural boliviano- para controlar los recursos naturales del Perú. Un plan compartido con el gobierno regional de Puno e instrumentado desde el gobierno de  Evo Morales, el presidente vitalicio de Bolivia, y sus aliados de Sao Paulo, Caracas y La Habana. 

Y eso ya es harina de otro costal.    

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MEDIA COLUMNA miércoles 31 julio 2019

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Las regiones declaran

la guerra al Congreso

Jorge Morelli

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El gobernador regional de Junín, Vladimir Cerrón, afirma que, con el recorte del mandato congresal y presidencial al 2020, el presidente Vizcarra “se enfrenta al Congreso reaccionario”. También el gobernador regional de Pasco, Pedro Ubaldo, saludó el adelanto de elecciones. En el mismo sentido se pronunció el gobernador regional de San Martín, Pedro Bogarín. 

El presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales y gobernadore de Cajamarca, Mesías Guevara, calificó de “gesto democrático” el adelanto. Sostuvo que el Congreso está “fuera de la realidad y no escucha al pueblo”. "Han perdido el foco de lo que quiere el pueblo peruano: que haya una renovación de la clase política", dijo. Subrayó que Vizcarra muestra que no se aferra al cargo al plantear el recorte del mandato presidencial y calificó de despropósito que se pida su renuncia y la de Mercedes Aráoz para que Pedro Olaechea asuma la Presidencia y convoque a elecciones.

También la Red de Municipalidades Urbanas y Rurales, que representa a los alcaldes del Perú, ha expresado su respaldo al adelanto de elecciones.

Llevando el asunto al diálogo minero, el díscolo gobernador regional de Arequipa sostiene, por su parte, que el adelanto de elecciones es una cortina de humo para tapar la crisis del diálogo, y no se pronuncia contra el adelanto de elecciones. 

En conexión con el diálogo minero igualmente, el gobernador regional de Tacna, Juan Tonconi, afirma que urge la nueva Ley General de Minería anunciada por el gobierno, porque la que existe "está desfasada". Se lo dijeron a Vizcarra en la reunión en Arequipa con la Mancomunidad del Sur, según video que circula en las redes. Es más, Tonconi reveló que la Mancomunidad tiene listo el borrador de la la nueva Ley de Minería, trabajado por los gobiernos regionales de Ica, Apurímac, Arequipa, Madre de Dios, Cusco, Moquegua y Tacna.

Ese proyecto de Ley bien puede ser un vehículo del pensamiento post extractivista de la izquierda radical. Pronto lo sabremos.

Lo que está claro de inmediato es que una alianza con el gobierno ha lanzado a las regiones contra el Congreso. No es poca cosa. Hace años ya que las regiones han venido empoderándose hasta el punto en que no acatan ya las disposiciones del Ejecutivo. Ahora enfilan sus armas contra los representantes parlamentarios en el Congreso, debilitado por sus propios actos.

 Cerrando la tenaza, desde el gobierno central el ministro de Justicia anuncia que el Gabinete no descarta hacer cuestión de confianza de la aprobación del adelanto de elecciones, cuya iniciativa presentó ayer. De confirmarse el anuncio, es la antesala de la disolución del Congreso.

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MEDIA COLUMNA lunes 29 julio 2019

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Cuanto antes

Jorge Morelli

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"Propongo una salida a esta crisis institucional, presento al Congreso una reforma constitucional de adelanto de elecciones generales que implica el recorte del mandato congresal al 2020. De igual modo, en esta reforma también se solicita el recorte del mandato presidencial a la misma fecha. La voz del pueblo tiene que ser escuchada, por eso esta reforma constitucional deberá ser ratificada mediante referéndum".

Es lo que dijo exactamente el presidente Martín Vizcarra al Congreso. Sus motivaciones subjetivas –desde las sospechas de un plan oculto para un golpe institucional hasta la tesis de un generoso desprendimiento personal- son objeto de especulación que es pura pérdida de tiempo desde que no tienen verificación posible.

Si el Presidente no sabe o no puede ya resolver los problemas, hace bien en irse y llevarse consigo al Congreso. El escenario político de este quinquenio -irresponsablemente marcado desde el primer día por una confrontación política superflua- no permite ya las reformas que el país necesitaba. Y, segundo, adelantar las elecciones para un nuevo reparto de cartas entre gobierno y oposición puede no ser una mala salida de esta pesadilla interminable.

“La confianza solicitada por las reformas ha sido aprobada solo de palabra y denegada en los hechos", dijo Vizcarra. Pero es un pretexto. El gobierno no necesitaba justificarse en que la oposición desnaturalizó la reforma relativa a la inmunidad parlamentaria, como antes desnaturalizó también la bicameralidad tratando vergonzosamente de instrumentarla para su propia reelección.

Lo real es que tanto el gobierno como la oposición saben muy bien que la Constitución prohibe disolver el Congreso en el último año del quinquenio y, desde el punto de vista del gobierno, entonces, ese último año es inviable. Y, desde el punto de vista de la oposición, el único plan es atrincherarse y resistir un año en el Congreso para que, cuando la espada de Damocles de la disolución haya finalmente caído, proceder a maniatar al Ejecutivo, ponerlo bajo su férula e incluso, de ser necesario, vacar una vez más la Presidencia. Poco le importa al pueblo, sin embargo, el punto de vista de la oposición o el del gobierno, porque lo que debería importarles a ambos es el punto de vista del Perú. Y, desde él, este ya es un quinquenio perdido.

Para el sentido común, el mal menor será un nuevo reparto de cartas entre gobierno y oposición. Uno que solo el pueblo puede legítimamente otorgar en elecciones. Otra cosa es cuál sea el camino constitucional para conseguirlo. La oposición esgrime la inconstitucionalidad del adelanto de las elecciones, lo que le ganará una nueva oleada masiva de rechazo popular. O, más astutamente, pide la renuncia del mandatario (y de la segunda vicepresidenta) para que el nuevo titular del Congreso asuma y convoque a elecciones. Si lo que la oposición privilegia es quedarse en el Congreso hasta el 2021 dentro del mismo estado de cosas actual, no debería esconderse tras las faldas de constitucionalistas que dirán lo que haga falta. Todos saben que es posible reclutar media docena de juristas que argumenten la inconstitucionalidad del adelanto de las elecciones, pero lo que debería ocupar en primer lugar a estos Brutos y Casios, salvadores de la República de las ambiciones del “dictador”, es reclutar a la media docena de juristas quepueda diseñar la forma constitucional de hacer posible que el Perú retome su camino cuanto antes.

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MEDIA COLUMNA domingo 28 julio 2019

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28 de julio

Jorge Morelli

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Dejemos de lado los juicios por ahora y atendamos a los hechos fríos.  

El Ejecutivo ha hecho una alianza política con el poder Judicial para enfrentar al Legislativo. Con ello perpetúa el desequilibrio de poderes crónico de nuestra democracia de baja gobernabilidad.

Es una alianza política con la izquierda caviar infiltrada en el poder Judicial, que se disfraza de lucha contra la corrupción. La corrupción del Legislativo en este caso, por el mal uso de la inmunidad parlamentaria para el blindaje de la impunidad. 

Si el gobierno quería un pretexto para cerrar el Congreso, ya lo tiene. El Congreso no  renuncia a la inmunidad y se niega a poner en manos del poder Judicial aliado del Ejecutivo la decisión final sobre el levantamiento de la inmunidad. El Congreso tiene como todo plan atrincherarse en la plaza Bolívar un año entero y resistir el asedio hasta que, transcurrido este, el Ejecutivo no pueda ya cerrarlo en el último año de gobierno sin salirse de la Constitución. 

La segunda alianza, sin embargo, es más peligrosa aún para el Perú. 

Es una alianza de las regiones contra el gobierno central propiciada desde el gobierno nacional. Esta perpetúa el desequilibrio interno del propio poder Ejecutivo. El gobierno central ya no tiene autoridad alguna sobre las regiones. No reacciona ni siquiera ante el abierto desacato del gobernador regional de Arequipa. Se enreda buscando a otros gobernadores de la Macroregión Sur para aislar al díscolo. No atina a despolitizar el diálogo en Arequipa dejándolo en manos de un tercero que pueda ser empoderado por las partes.  

Elija el lector cual de las dos alianzas conlleva mayor peligro. Desestabilización parece la consigna en ambos casos.

Forzar la disolución del Congreso traería una confrontación insoluble e interminable

en torno a su constitucionalidad. Pondría en tela de juicio la legitimidad del régimen, no sólo la del gobierno, sino la de la forma de gobierno: la precaria democracia de baja gobernabilidad.

Pero la más corrosiva es de lejos la segunda. Apunta a paralizar la inversión minera siguiendo la consigna política de la izquierda radical, dueña de las mentes alienadas de la izquierda caviar.

Cómplice de Evo Morales, del Foro de Sao Paulo, de Caracas y de La Habana, ahora que pierde el petróleo Venezuela, la izquierda radical ambiciona el control de los recursos naturales del Sur del Perú. Y feudaliza y desarticula para ello, deliberadamente, la república unitaria que la Constitucion peruana estableció. 

Hoy 28 de julio, día de la Patria, es necesario decirle al presidente, Martín Vizcarra, que su gobierno está siendo llevado a la captura del poder absoluto en el Perú con un designio siniestro. Está advertido.  

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MEDIA COLUMNA miércoles 24 julio 2019

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Tacna y Arica

Jorge Morelli

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El tema pasa relativamente inadvertido en Lima, pero es de importancia fundamental para el Perú.

Se trata de la propiedad chilena y la soberanía peruana en el área de la franja fronteriza. Se plantea hoy a propósito de una posible gran inversión chilena en una propiedad privada en la ciudad Heroica, para la construcción de un megacentro comercial. El contexto incluye también la posible inversión extranjera en la Zona Franca de Tacna de hasta 15 millones de dólares en varias actividades productivas.

El asunto despierta el recelo de los tacneños, siempre vigilantes del patriotismo. Justificadamente, de otra parte, dados los hechos de la recordada “chilenización” que rodeó el regreso de Tacna a la Patria luego de la firma por Leguía del Tratado de Lima de 1929, hace ya 90 años.     

Al respecto, una iniciativa legislativa del congresista Jorge del Castillo ha propuesto interpretar el artículo de la Constitución que impide la propiedad foránea de tierras dentro de los 50 kilómetros de las fronteras del territorio nacional. El dictamen aprobado en la Comisión respectiva del Congreso interpreta la norma aclarando que la prohibición de la propiedad de tierras se refiere solo a las rurales, no a las urbanas. La ley haría posible la megainversión chilena en Tacna. No obstante, no puede descartarse que una acción de inconstitucionalidad detenga en seco.

 

Es distinto el caso de las eventuales inversiones chinas o españolas, chilenas o bolivianas en Zofratacna. Se habla aquí de 24 empresas interesadas y de 15 millones de dólares de inversión. Zofratacna propone saltar el problema permitiendo que las empresas se instalen bajo la figura de una cesión en uso por 30 años. La fórmula no pasa por la compra de predios, no se entrega propiedad. Esta ingeniosa salida no resuelve el problema, sin embargo. Por ejemplo, no serviría para permitir la inversión en la ciudad de Tacna.   

La madre del cordero está en la confusión entre soberanía y propiedad, causa de conflictos territoriales en todo el planeta. Cuando un Estado extranjero adquiere en propiedad privada un terreno en un Estado vecino no adquiere soberanía sobre ese pedazo de territorio extranjero. Nunca la propiedad privada puede comprometer la soberanía. Es el caso, del terreno del Chinchorro en Arica, cuya propiedad privada fue adquirida por el Estado peruano precisamente en el Tratado de 1929. Es el mismo caso de la propiedad privada sin soberanía concedida al Estado ecuatoriano en Tiwinza en virtud del Acuerdo de Paz de 1998.

Capitales peruanos bien podrían invertir en el Chinchorro en Arica para construir un centro comercial. Recíprocamente, el Perú bien podría permitir una propiedad privada sin soberanía del Estado chileno en Tacna. Con mayor razón la de una empresa privada. 

La propiedad privada en un Estado vecino puede servir como una herramienta. Tanto más si es un polo económico en cuya prosperidad ambas partes están activamente interesadas. Mejor aún si se trata de una de las nuevas zonas económicas especiales o parques industriales en cuyos accionariados participen empresas de ambos países.

Una paz duradera entre naciones es necesario coserla cuidadosamente con puntadas e hilo de ambos lados de una frontera.

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MEDIA COLUMNA lunes 22 julio 2019

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Despolitizar el diálogo

Jorge Morelli

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Si el Gobierno quiere resolver el dilema de Tía María lo que debe hacer es despolitizar el diálogo. Y el modo de hacerlo, aunque parezca sorprendente, es tomar distancia y alejarse de él.

El Gobierno debe declinar ser tercero en el diálogo, y dejar esa función en manos de otros.

No ya de una mediación bien intencionada de carácter moral, sin embargo, como la que se ha intentado varias veces sin éxito a pesar de los buenos oficios de representantes de la Iglesia. En realidad, no basta ya una mediación. Lo que hace falta es un tercero empoderado por las partes.

Tampoco un árbitro de tipo convencional, entonces, sino un tercero que pueda presentar por iniciativa propia a las partes –a las autoridades y a la empresa- una propuesta capaz de cambiar el paradigma del problema y encaminar el diálogo hacia una meta común.

Una propuesta,entonces, que pueda abordar y resolver el problema de fondo. Esta propuesta necesita un corto y un mediano plazo. En el mediano plazo se trata de encontrat una solución definitiva para el bloqueo de la inversión minera mediante una nueva política pública, a la que hay que dotar de consenso para proponerla al país.

Y una que, en el corto plazo, ponga sobre la mesa todas y cada una de las fórmulas de éxito que han ido apareciendo espontáneamente en el libre contrato entre las comunidades y minas a lo largo y ancho del Perú, sin esperar la intervención del Estado. Una fórmula que pueda adaptarse a cada caso particular y que permita destrabar a la brevedad las inversiones bloqueadas.

Tía María es hoy el caso emblemático, como Conga y Las Bambas. Y hay que decir con toda claridad que el Estado peruano –no ya el Gobierno actual- carece hasta hoy de una propuesta que permita diagnosticar y remediar el problema.   

El Estado no puede producir esa respuesta. Tampoco las partes, ni la empresa ni las comunidades. No pueden ponerse de acuerdo en el valor de lo que cada una aporta, porque no existe un punto de referencia con credibilidad para ser confiable para todos.

Solo el mercado –el libre juego de la oferta y la demanda- puede proveer la información que permita a las partes tomar su decisión libremente. Sabemos el valor en el mercado del recurso natural bajo la tierra, pero no sabemos el valor de la tierra sobre ella, porque el precio de mercado no puede formarse de manera equitativa si solo se tiene acceso a un pequeño mercado local, ni siquiera al mercado nacional. Y en ausencia de esa información las partes no pueden decidir. De allí la impaciencia que nunca está lejos de la imposición y de la violencia. Ese camino ha llegado a su final.

Hace ya mucho que los peruanos esperan una solución viable, que sea ante todo justa y permita compartir equitativamente la renta de los recursos naturales entre las partes y todos los demás peruanos. Y la impaciencia se ha apoderado ya de una mayoría, lo que se refleja hoy visiblemente -con justicia o sin ella- en el desplome de la aprobación del Presidente en las encuestas del Sur del Perú. Incluso desde este punto de vista lo mejor que el gobierno puede hacer es despolitizar el diálogo.

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