MEDIA COLUMNA domingo 13 octubre 2019

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La señal

Jorge Morelli

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El resultado de las elecciones en Bolivia en un semana, el próximo domingo 20 de octubre, va a tener un impacto decisivo en nuestras elecciones del 26 de enero.

Para Evo es crucial ganar en la primera vuelta, porque perdería la segunda. Evo ya tiene 60 años y lleva 14 en el poder. El impacto electoral entre los jóvenes -el 34% de la población- de los incendios forestales que se le escaparon de las manos al gobierno luego de la decisión política de autorizarlos por supuestas razones económicas, puede ser decisivo del resultado. Su desesperación, en todo caso, es por la mayoría parlamentaria que le sería esquiva a Evo, con las consecuencias que ya conocemos.  

Es indispensable, sin embargo, ponernos igualmente en el escenario posible de la enésima reelección de Evo Morales a la Presidencia de Bolivia hasta el 2025. La novedad es que, en las actuales circunstancias políticas peruanas, el efecto de una posible victoria electoral de Evo va a tener un efecto devastador en el voto del Sur del Perú en enero.

Es el “efecto aymara”, pero no es lo principal. El peligro del enemigo en las puertas del Perú viene de mucho más allá. Evo es aliado del Foro de Sao Paulo, de Caracas y de La Habana. Este es un plan geopolítico que abarca el siglo XXI.

Una semana después de las elecciones bolivianas, el 27 de octubre, tendrán lugar las elecciones argentinas, donde el favorito es el candidato del peronismo kirchnerista, el partido causante de 80 años de desastre económico de la Argentina. Desastre del que el pueblo hoy culpa al gobierno actual. Es un sainete mil veces repetido. Pero el resultado de las elecciones argentinas tendrá igualmente un impacto electoral en las peruanas y sumará a Buenos Aires al eje la Habana, Caracas, Sao Paulo.

La otra novedad es que Evo Morales viene de firmar en los últimos días con Vladimir Putin un paquete enorme de inversiones en infraestructura para Bolivia, que incluyen el litio, la energía atómica para su explotación, y el tren bioceánico de Sao Paulo a Ilo.

La construcción primero de una red local y de un gasoducto luego desde Bolivia a Ilo, en el plan Siete Regiones para abastecer de gas natural al Sur, pondría la llave de la energía de todo el Sur del Perú en manos de Evo.

La licitación aun está pendiente de la decisión de Proinversión, y la estatal de gas boliviana es uno de los dos postores del proyecto. Algún tiempo atrás circularon versiones de que el gasoducto lo construiría la estatal rusa Gazprom, la empresa gigante del gas que abastece a Europa.

De ganar el postor competidor -un consorcio del que es parte una gran empresa china- tendremos una señal, porque China y Rusia compiten por los recursos a nivel planetario. También por los del Sur del Perú. De ganar la licitación, en cambio, la estatal de gas boliviana, esa será la señal emblemática que definirá el rumbo político y el significado del gobierno de Martín Vizcarra.

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MEDIA COLUMNA viernes 11 octubre 2019

MEDIA COLUMNA

“Incapacidad moral”

Jorge Morelli

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El desastre de la mayoría parlamentaria en el Congreso este quiquenio tuvo el epicentro en la decisión política innecesaria de vacar la Presidencia de la República. El presidente debió ser investigado y procesado como manda la Constitución, al final de su gobierno, como se hizo con todos los anteriores. Lo que hizo el Congreso fue derrocar al poder, y no se derroca al poder sin consecuencias. Es lo que ha sucedido.  

Una causal de la vacancia de la Presidencia –tal como se halla en la Constitución- es la falla más grave en el malogrado equilibrio de poderes peruano entre el Ejecutivo y el Legislativo. Es un instrumento de chantaje político permanente, una Espada de Damocles sobre la cabeza del poder Ejecutivo. La causal de vacancia por “incapacidad moral” es una supervivencia arcaica que no está definida en ninguna parte de la legislación peruana y que consiste en lo que el Congreso decida.

El Congreso declara la vacancia por “permanente incapacidad moral” del presidente, además, con dos tercios de los votos de la única cámara. Hasta hace poco, el Congreso declaraba la vacancia con solo la mitad de los votos de la única cámara. Hoy suspende al presidente declarando su “incapacidad moral temporal” con la mitad de los votos cuando, como en el caso reciente, no le alcanzan los votos para declararla “permanente”. Esas causales son una burla a las instituciones democráticas cuyo empleo arroja sombras sobre la capacidad moral de quienes las han usado. La democracia peruana no tendrá estabilidad hasta que hayan sido derogadas.

Eso no es todo. En nuestro fallido equilibrio de poderes, el Congreso censura a los ministros también con solo la mitad de los votos de la única cámara. E insiste en proyectos de ley observados por el Ejecutivo igualmente con solo la mitad de los votos de la única cámara. En todas las democracias de América, sin excepción, el Congreso solo puede insistir si tiene dos tercios de los votos de cada cámara. En nuestro caso ese poder absoluto no tiene contrapeso. Es por esto que el Congreso del Perú se autodenomina sin pudor el “primer poder del Estado”.

Un nuevo equilibrio de poderes comienza por la bicameralidad. Permite encapsular el conficto de poderes dentro del Congreso y retirarlo de la tensa relación entre el Legislativo y el Ejecutivo donde produce crisis.   

No obstante, el Congreso se niega a perder el poder. Las reformas relativas al sistema de gobierno –la bicameralidad entre ellas- fueron expresamente puestas de lado por la mayoría parlamentaria. Ante la no reelección, la mayoría trató de usar la bicameralidad para reelegirse al Senado. Tratando de medrar a espaldas del pueblo, puso en evidencia su propia incapacidad moral. Esta es la triste verdad. 

Es por eso que la discusión sobre el obstruccionismo está descaminada. Poco importa cuántas insistencias hubo en proyectos observados o cuántas delegaciones de facultades hubo, ese premio consuelo. Lo que importa es que en tres años de este quinquenio ha habido dos presidentes, cinco gabinetes y ochenta ministros. Ese es el síntoma clásico de la democracia de baja gobernabilidad sin equilibrio de poderes. Es lo que el Congreso tendrá ahora año y medio para corregir. Pero tendrá que renunciar a su propio poder.

MEDIA COLUMNA miércoles 9 octubre 2019

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Basta de llantos

Jorge Morelli

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La izquierda quiere una Constitución propia y para eso tratará de convertir el Congreso de año y medio en una asamblea constituyente. Lo que quiere es abolir el capítulo económico de la Constitución, el principio de que la iniciativa privada es libre. Por años nos hemos negado a considerar siquiera la cuestión. Ya no hay nada que temer. El cambio que haremos los peruanos es universalizar la propiedad.  

Vamos a otorgar plena realidad a la propiedad de la tierra en primer lugar, comenzando por la que se halla sobre los recursos naturales del país. Es la manera de desactivar el malestar detrás de los conflictos mineros que el radicalismo antisistema explota políticamente.

La propiedad de la superficie sobre los recursos es el doloroso foco central del problema. Bajo esas tierras hay cobre, litio, oro por valor de 800 mil millones de dólares bloqueados solo en el Péru. En el mundo son 150 billones de dólares (150 trillion dollars) que no pueden ser extraidos porque los que están encima no lo permitirán hasta recibir la tajada que creen que les corresponde equitativamente.

Los mineros modernos en todas partes han tenido que cambiar sus prácticas tradicionales para acomodarse a esta realidad. La noticia es que el Perú –que tiene el privilegio de ser el tercer país minero del mundo- puede alcanzarle al mundo una propuesta de solución para este problema. Y es un peruano, Hernando de Soto, quien viene explicando cómo hacerlo a escala global.  

Es simple. Hay que darle a la superficie un precio de mercado global. Y poner en valor luego también la periferia de esas tierras sembrando agua y bosque. Esa es la manera justa y equitativa de que quien ocupa el suelo obtenga la tajada que  le corresponde de la explotación del recurso del subsuelo. No la que dice él, no la que dice la empresa, no la que dice el Estado, sino la que dice el mercado: la libre oferta y demanda en el mercado global.

No en el mercado local. Porque en el mercado local la tierra no vale nada. Y si se la adquiere a vil precio, las empresas terminarán, como saben bien los mineros, comprando cinco veces la misma tierra sin adquirir la propiedad efectiva, real. 

No se trata entonces de que las empresas mineras paguen dos soles por el metro cuadrado de superficie mientras compran a dirigentes y periodistas locales y a,los propios ocupantes de la tierra con sumas de dinero que pronto demandarán nuevamente. Solo el libre contrato de igual a igual entre las partes –las familias o las comunidades y las empresas- puede dar una respuesta justa y equitativa.

Y en el instante mismo en que quien ocupa el suelo pueda comprobar que sus acciones suben y bajan en la bolsa junto con las de la empresa que extrae el recurso, será evidente para ambas partes que el conflicto redunda en perjuicio de ambas y la colaboración en beneficio de ambas. Solo entonces el radicalismo antisistema quedará vacío de todo contenido, sin sustento real ni base objetiva, y sus líderes fuera del debate político.   

Hace falta equidad para que pueda haber igualdad de oportunidades; libertad de la economia para que pueda haber creación de riqueza; y rediseño del equlibrio de poderes para que haya gobernabilidad y la democracia pueda por fin resolver los problemas y alcanzar el milagro de sostenerse en el aire en equilibrio sin desllzarse nunca más del lado del autoritarismo ni del de la demagogia populista.

El idioma de la propiedad es el que hay que hablar. Es la propiedad lo que hace posible la igualdad.

En las próximas elecciones parlamentarias, el radicalismo ansistema tratará de conseguirse una asamblea constituyente que cambie la Constitución por una a su medida. Hay que cambiarla para el pueblo. Hoy ya es un despropósito seguir esperando que vengan otros a poner las cosas en su sitio. Lo que viene es la madre de todas las batallas. Basta de llantos.

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MEDIA COLUMNA domingo 6 octubre 2019

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La Segunda República

Jorge Morelli

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La izquierda radical quiere una nueva Constitución y para eso necesita convertir el Congreso de año y medio en una asamblea constituyente. Lo que quiere es abolir el capítulo económico de la Constitución, porque se basa en el principio de que la iniciativa privada es libre.

Por años nos hemos negado a considerar siquiera la cuestión por temor a abrir una Caja de Pandora. Ahora no hay que tenerle miedo. La Constitución necesita cambios fundamentales, pero no en el capítulo económico sino en el político, para rediseñar el equilibrio de poderes. Este no existe en el Perú. Lo que pasa por tal es un mal arreglo donde el Congreso –el supuesto “primer poder del Estado”- prevalece siempre sobre el  Ejecutivo.

Y donde, además, el Tribunal Constitucional prevalece luego sobre los tres poderes del Estado sin contrapeso ninguno. Este debería ser el Senado de un Congreso bicameral.

En tres años hemos tenido dos presidentes, cinco gabinetes y 80 ministros. Este síntoma inconfundible de la democracia de baja gobernabilidad, su caída en el autoritarismo y su recaída posterior en la democracia de baja gobernabilidad, es la consecuencia directa de la falta de equilibrio de poderes. En la batalla política por el

Congreso de los próximos 18 meses, el reto es rediseñar ese equilibrio, cuya falla es la causa primera de la debilidad crónica de nuestra democracia.

En lo inmediato, es necesario evitar caer más profundo en la trampa del autoritarismo. El noble Bruto creyó ver en la defensa de la república de Roma una causa noble, y asesinó al César. Y el pueblo no lo perdonó. No hay nada noble en preservar un régimen fallido que el pueblo detesta con razón. No hay nada digno en la defensa de un arreglo político que el pueblo detesta por ser incapaz de resolver los problemas. Lo que hay que hacer es corregir la falla en su arquitectura: rediseñar el equilibrio de poderes de nuestra democracia de baja gobernabilidad. 

Podemos llamarle la Segunda República peruana si se quiere. A Francia le tomó cinco alcanzar en 1958 el equlibrio de poderes que hizo posible la democracia que tiene hasta hoy.

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MEDIA COLUMNA viernes 4 octubre 2019

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Recaída en el ciclo perverso

Jorge Morelli

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Una vez más la democracia de baja gobernabilidad ha incubado la recaída en el autoritarismo. Como el 48, el 61 y el 68, como el 5 de abril de 1992. A la lista se añade hoy el 30 de setiembre de 2019.

El autoritarismo incubará luego la recaída en la democracia de baja gobernabilidad, como en el 39, el 45, el 56, el 63, el 80 y en el 90. Ya lo sabía Benavides, que en el 38 intentó detener este círculo perverso desde el autoritarismo, y fracasó.

No hay equilibrio de poderes. Esta es la causa profunda de nuestra democracia de baja gobernabilidad. Es por esa falla en la arquitectura de la democracia que el Congreso prevalece sobre el poder Ejecutivo hasta que, llegada la crisis del conflicto, el orden se invierte y vuelve la recaída en el autoritarismo.

Tratando fallidamente de arbitrar el desequlibrio, en las últimas décadas el Tribunal Constitucional ha desplazado al poder Judicial y prevalecido sobre los tres poderes. Ahora tenemos la dictadura de los jueces. Es por eso que capturar el Tribunal se ha convertido en el objetivo del poder.

Era totalmente predecible que este desenlace ocurriria de nuevo desde el momento mismo en que la mayoría parlamentaria absoluta elegida el 2016 fracasó en saldar la deuda del fujimorismo con el Perú. Esa deuda era y es la reforma del sistema de gobierno para impedir que el escenario del 5 de abril volviera a presentarse nunca más. La mayoría pudo evitar que nuestra democracia sin equilibrio de poderes desembocara en el conflicto sin salida que produce nuevamente el espectáculo grotesco de hoy.

Pudimos alcanzar un equilibrio estable esta vez. Pero la mayoría en el Congreso no asumió su deber. Perdió nuestra oportunidad de corregir la falla en la arquitectura de la democracia y reivindicar al fujimorismo. Es imperdonable. Prefirió la vacancia de la Presidencia. No se derroca al poder sin consecuencias. El desenlace de hoy es la consecuencia. 

Hay una cierta ironía en ver hoy a quienes por años criticaron el 5 de abril defendiendo el 30 de setiembre, y criticándolo amargamente a quienes no aprendieron del 5 de abril ninguna lección. 

Pero hoy la discusión versa sobre un asunto platónico: si es más real el Congreso disuelto o la Presidencia vacada. Y los militares zanjan la situación de hecho. Esperar que el Tribunal arbitre esto es algo de pronóstico incierto. Bien podría ratificar de jure la situación de facto. Aferrarse a la idea de retrotraer el estado de cosas a la víspera del 30 de setiembre es de una ingenuidad conmovedora.

No es momento de discutir sobre lo que ya es pasado. Ahora hay que mirar lo que viene. Lo que primero debe preocuparnos es el enemigo en la puerta. Detrás de la discusión bizantina de la inconstitucionalidad de los hechos, la sombra que se cierne sobre el Perú en lo inmediato amenaza la libertad de la economía que permitió el crecimiento del país durante 27 años. Ha juramentado el jueves un gabinete presidido por un representante del Sur que hace poco soñaba con volver al estatismo, y la juramentación se ha llevado a cabo de manera obviamente deliberada un 3 de octubre, fecha del golpe del velasquismo hace 51 años.

Y vienen en cuatro meses las elecciones parlamentarias convocadas para el 26 de enero de 2020. Su resultado está ligado indisolublemente al de las elecciones bolivianas en dos semanas, el próximo 20 de octubre, donde Evo Morales es el favorito a la enésima reelección y, una semana después, a las elecciones argentinas del 27 de octubre, donde el favorito es el peronismo kirchnerista que prepara su vuelta al poder.

El resultado de las elecciones bolivianas va a tener fuerte influencia en el voto del Sur del Perú en enero. A doscientos añós de la fundación de la República, en el Sur se juega nuevamente el destino de la Patria. El Sur del Perú es el lugar de la batalla y la fecha la del 26 de enero. Vamos a la batalla sin haber elegido el lugar ni la fecha. El eje Buenos Aires, La Paz, Foro de Sao Paulo, Caracas, La Habana, se halla al frente de los aliados de Santiago, Brasilia, Quito y Bogotá. Y el gobierno de Lima podria estar cambiando de signo.

El 30 de setiembre ha sido la advertencia de que esta vez el ciclo del autoritarismo tiene el signo de la izquierda radical.

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MEDIA COLUMNA miércoles 2 octubre 2019

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La definición misma

de la tragedia

Jorge Morelli

@jorgemorelli1

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Todos sabíamos cómo podía terminar esto.  

En el primer acto, el Congreso había ganado la batalla del adelanto de las elecciones, pero olvidó hacer un alto para hablar al país sobre esa victoria democrática. En lugar de eso, cayó en la trampa. En su fuga hacia adelante, el gobierno presentó al Congreso una cuestión de confianza sobre la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional. El Congreso pudo y debió votarla y aprobarla de inmediato. Habría evitado el desenlace. Pero prefirió ir a la elección. Pasó sin transición intermediaria de exigir el retroceso en el adelanto de elecciones que consiguió -que era fundamental para la democracia-, a exigir elegir a los nevos jueces del TC -cuya oportunidad no es vital para la democracia-.

No había ya adelanto de elecciones. La batalla había terminado ya. Pero ante el trapo rojo de la cuestión de confianza, el Congreso olvidó que el peligro había quedado atrás, y cayó en el pantano. Aprobó la cuestión de confianza solo luego de elegir solo a un magistrado. Era el pretexto que el gobierno esperaba. Avisado estaba, hay que decirlo. Un distinguido jurista, hermano de un magistrado del TC, había advertido el día anterior que si el Parlamento no consideraba en primer lugar la cuestión de confianza el gobierno la daría por rechazada y disolvería el Congreso. El propio Vizcarra reiteró en entrevista que consideraría rechazo de la confianza que el Congreso procediera a la elección. El gobierno ya solo buscaba el pretexto para disolver el Congreso. Y el Congreso se lo alcanzó involuntariamente.

El segundo acto no es sino es el desenlace de lo anterior. Para cuando Vizcarra llegó en su mensaje al anuncio de la disolución, el Congreso ya había aprobado la confianza. Lo sabe todo el país, porque lo vio en la televisión en pantalla dividida entre Palacio y el Congreso. Fue evidente para todos que ya no había causal constitucional para la disolución. Pero el gobierno ya tenía el pretexto, y siguió adelante. El Congreso tenía que desconocer esa disolución inconstitucional. Y procuró a continuación la vacancia de la Presidencia por segunda vez en el quinquenio. La vieja trampa de Marco Junio Bruto, creyendo sacrificarse por la República. El Congreso no acabó con el centésimo émulo del César, terminó suspendiéndolo temporalmente con 86 votos, porque –nuevamente, hay que decir las cosas como son- no había 87 votos para declarar la vacancia. Y procedió a juramentar a su sucesora.

En el tercer acto, ante la bicefalía de facto, ocurrió lo que tenía que suceder: las Fuerzas Armadas, no el Estado de Derecho, terminaron dirimiendo la diferencia mediante comunicado. Pero solo porque las instituciones políticas habían abdicado. Sin equilibrio de poderes, nuestra democracia de baja gobernabilidad falló una vez más no solo en crear la ruta para arbitrar por el derecho una situación creada en los hechos, que se había presentado muchas veces antes. Peor aun, falló en eludir la tragedia repetida desde hace décadas y por todos anticipada.

La lección es que el Congreso debió aprobar la confianza e ir al debate de las modificaciones al Tribunal Constitucional. No solo en cuanto a la mecánica para elegir a sus miembros, que es lo de menos, sino para retomar las abandonadas reformas del sistema de gobierno y rediseñar el equilibrio de poderes retornando a la bicameralidad para balancear también el poder absoluto del Tribunal Constitucional mediante un Senado en el Congreso.

Pero, ante el trapo rojo de la cuestión de confianza, el Congreso siguió al adversario al pantano constitucional donde hoy nos hallamos una vez más. Hoy, de pronto, los peruanos nos despertamos para descubrirnos nuevamente flotando en la  irrealidad con un Presidente vacado por el Congreso convocando a elecciones para cambiar al Legislativo en cuatro meses.

Se puede y se debe evitar todavía el cuarto y último acto de la tragedia. Pero la lección es que las guerras se pierden por luchar contra el enemigo equivocado. El caos actual no favorece sino al enemigo verdadero, que toca las puertas, que obedece al Foro de Sao Paulo, a Caracas y a La Habana y opera a través de Evo y sus aliados locales para apoderarse -ahora que pierden el control del petróleo de Venezuela- de los recursos del Perú para el siglo XXI -el  cobre, el litio, el agua- propiciando el levantamiento del Sur para capturar el poder.

Cambiar el curso de la tragedia requiere un supremo acto de conciencia. Porque las tragedias ocurren a pesar de todos los esfuerzos por impedir el desenlace que todos conocen desde el principio. Es la definición misma de la tragedia.

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MEDIA COLUMNA domingo 29 setiembre 2019

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Posterguen la elección

del Tribunal Constitucional

Jorge Morelli

@jorgemorelli1

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No hay 87 votos para vacar la Presidencia de la República otra vez. Y tampoco hay 87 votos para elegir al Tribunal Constitucional. Al no haberlos, la elección este lunes puede ser un fiasco.

Un Congreso que no consigue elegir porque no le alcanzan los votos, que canjea figuritas luego para poder decidir de cualquier manera resultaría en el espectáculo grotesco que la prensa llama "repartija". Ha ocurrido ya.

Postergar la elección, entonces, es una salida. Da tiempo para que en otra fecha se pueda elegir al Tribunal. Y permite, en lo inmediato, enfriar la confrontación entre el Ejecutivo y el Legislativo.

Hay, además, otro factor que hace aconsejable postergar. Uno que no puede dejar de considerarse. En pocos días nuevas informaciones de Brasil revelarían la identidad de decenas de personas que habrían recibido fondos de campaña de la corrupción brasileña. La información de los medios no descarta que entre ellos pueda haber congresistas actuales. Claro que ese acto no era entonces ningún tipo penal y, por lo tanto, no era delito. No obstante, hay personas privadas de su libertad hasta hoy con ese motivo -o con ese pretexto, cabe decir- que deben hacer un largo vía crucis para que su causa termine ante el Tribunal Constitucional.

¿Y cómo, entonces, el voto de esos congresistas hoy no va comprometer la legitimidad de un Tribunal Constitucional que podría tener que pronunciarse mañana sobre los actos de quienes los eligieron?

Lo curioso es que, según la aritmética, el resultado de la elección del Tribunal Constitucional al parecer dependerá de los votos de la bancada de Cambio 21, que se ha convertido en el fiel de la balanza. No deja de haber una gran ironía en esto. Los miembros de esa bancada votarán en este caso, sin embargo, con absoluta libertad de conciencia, como lo hicieron en el pasado. Esa fue precisamente su partida de nacimiento.

El gobierno se propone hacer cuestión de confianza de que a los miembros del Tribunal los nombre el Congreso, pero solo luego de un proceso publico previo de decantamiento de candidatos. El Congreso podría rechazar la cuestión de confianza. Pero debería pensarlo dos veces. No solo podría dar paso a su propia disolución, sino como reacción a la vacancia presidencial también. Un duelo en el que ninguno pestañea y los dos contendores se matan simultáneamente.

Pero el conflicto está a punto de estallar en torno al problema equivocado. Con el Tribunal Constitucional el menor de los problemas es el del mecanismo para elegir a sus miembros. El verdadero problema es su poder absoluto.

Con los años, el Tribunal ha añadido al ejercicio del control concentrado de la constitucionalidad de las leyes y al de ser árbitro de los conflictos de competencia, la condición de legislador positivo y la capacidad de ordenarle al Congreso que derogue o modifique leyes y ha modificado sentencias de la Corte Suprema. Es, además, el “supremo intérprete” de la Constitución no porque lo diga la Constitución sino solo la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

En una democracia de baja gobernabilidad y sin equilbrio de poderes, como la nuestra, era inevitable que el Tribunal deviniera en supremo árbitro de todas los conflictos y el dirimente de todas las disputas. Pero en el camino fue capturando cada vez más funciones de los poderes del Estado hasta tomar al abordaje el navío del Estado peruano. Se convirtió entones en un poder sin contrapeso. Y con ello dio paso a una extraña reinvención del absolutismo, justamente aquello contra lo que nació la democracia.

Este debate, que es el verdadero, sigue sepultado. Por donde se lo mire, entonces, la prudencia aconseja postergar. Y pensarlo todo de nuevo.

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