miércoles, 17 de agosto de 2016

ESTA NOCHE miércoles 17 agosto 2016




ESTA NOCHE, donde usted se entera no de todo lo que ocurre, sino de lo que necesita saber.

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MEDIA COLUMNA
Diálogo del bosque y la montaña


Jorge Morelli
@jorgemorelli1
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El ministro de Economía se dispone a aplicar la misma receta que el mundo desarrollado para reactivar la economía. Solo que en las economías emergentes la realidad puede ser la opuesta y la receta resultar equivocada.

El mundo desarrollado, con sus economías estancadas, está redescubriendo una vez más a Roosevelt, padre espiritual de Keynes. Se prepara para reactivar mediante un aumento drástico del gasto fiscal en infraestructura. Y es el Estado el que va a invertir, porque el sector privado no quiere hacerlo. Y tampoco quiere consumir.

La inversión ha caído brutalmente en las economías emergentes también. En nuestro caso, según el BCR –citado por Waldo Mendoza en artículo periodístico-, se ha desplomado de desde 15% en 2012 a la cifra negativa de -4.5% en 2015. Y sigue cayendo en 2016.

Eso no ocurre solo en el Perú, sino en todas las economías emergentes. Los capitales fugan de ellas a causa de la caída de los precios de las exportaciones de materias primas. En nuestro caso, de los minerales que el Perú vende al mundo.

Mendoza detalla que el propio FMI confirma que el principal determinante del desplome de la inversión son los precios internacionales. Es más, propone la hipótesis general de que el factor determinante de la desaceleración de la inversión son las variables internacionales. Una investigación en curso en el Perú, añade Mendoza, encuentra que el 70% del comportamiento de la inversión privada se explica por las variables internacionales y que, por el contrario, el “factor confianza” no aparece como determinante de la inversión.

Si es así, estamos en problemas, concluye Mendoza. En efecto, la mala noticia es que, en tal caso, la reactivación de nuestra economía no depende de nosotros, viene de fuera.

Ahora, la buena noticia es que esa reactivación venida de fuera podría estar llegando. Tras tres años consecutivos de fuga de capitales desde la economías emergentes a las desarrolladas -señala Hernán Arellano- hay un cambio importante.

Mientras en 2012 entraban 49 mil millones de dólares al año a las economía emergentes, en los siguientes tres años salieron 95 mil millones de dólares desde las economías emergentes a las desarrolladas. Esto causó la devaluación masiva de todas nuestras monedas. Pero las cifras indican que en 2016, los flujos hacia las economías emergentes han vuelto a ser positivos. Esto, paralelamente a una mejora significativa de los precios de las materias primas y a la revaluación de nuestras monedas.

Si ahora el mundo desarrollado –EEUU, Europa, Japón- se embarca en un nuevo ciclo keynesiano, en una cruzada para reactivar con gasto público, sus bancos centrales –la FED especialmente- no se van a atrever a frenar esa reactivación elevando las tasas de interés.

Por lo tanto, el dólar ya no subirá y, en cambio, subirá el oro, que es el refugio de valor alternativo –ya lo ha hecho en importante medida- y luego, poco a poco, lo hará el precio del cobre –que ya ha dejado de caer-. De eso vive el Perú, de lo que  le vende al mundo.   

En la misma medida se detiene la fuga de capitales de las economías emergentes y, poco a poco, los vemos regresar. Tal como ocurrió durante el período entre el colapso de la burbuja global de 2008 y el momento en que la política monetaria de la FED cometió el error de subir la tasa de interés y el dólar se disparó en todo el planeta rebotando en perjuicio de la propia economía de EEUU.

Este es el proceso que deberíamos vigilar de cerca, sobre el que deberíamos tener puesto el ojo mientras saneamos nuestra economía y la ponemos a punto con reformas, en lugar de intentar en vano, una vez más, sustituir al Estado por el sector privado en la inversión –como harán ahora las economías desarrolladas-.

En nuestro caso, eso solo agravaría un déficit fiscal ya visiblemente fuera de control y dispararía un nuevo ciclo de endeudamiento masivo que terminará como siempre han acabado en la historia del Perí estos ciclos delirantes.       

Jugar a contracorriente parece más inteligente que copiar como tontos un juego en el que jamás venceremos. Cuando el mundo desarrollado redescubre a Keynes, nosotros deberíamos descubrir a Hayek. Mientras ellos se internan en el bosque oscuro de Bretton Woods, escalemos en plena luz la montaña de Mont Pelerin.          



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LIBERTAD ECONOMICA, GLOBALIZACION, REFORMAS, INVERSION



El Comercio, Bloomberg
Los déficits presupuestarios podrían estar por salir de su retiro. Dado que las economías de todo el mundo están creciendo con demasiada lentitud, dejando poco margen para un nuevo estímulo monetario, los gobiernos vuelven su atención a la política fiscal.
Este cambio de pensamiento llega tarde. En muchos países, aunque no en todos, la expansión fiscal no sólo es posible, sino también necesaria. La reanudación del activismo presupuestario, si se da, no será sin riesgo, por lo que se requerirá ser precavidos. Comprometerse tercamente a la austeridad fiscal, sin embargo, sería aún más arriesgado.
La respuesta inmediata a la crisis de 2008 contempló la flexibilización fiscal - a veces deliberada y, a veces consecuencia automática (mayor gasto público, menor recaudación de impuestos) de la caída de la actividad. En la mayoría de los casos, los presupuestos expansivos disminuyeron el impacto de la demanda que se derrumbaba, pero también aumentaron la deuda pública. En poco tiempo, los gobiernos comenzaron a ajustar sus presupuestos para volver a tener la deuda bajo control.
Ante la continuidad de la falta de demanda, se esperaba que la expansión monetaria fuera suficiente para apoyar la recuperación. Pero no lo fue. Los gobiernos se han dado cuenta de que la política monetaria está perdiendo su potencia. Las tasas de interés están cerca de cero en muchos países, y en otros son incluso negativas. Enormes programas de compra de bonos – la así llamada flexibilización cuantitativa - han provisto un impulso monetario extra, pero nuevamente con efectos decrecientes, y con un creciente riesgo de inestabilidad financiera.
Por lo tanto la política fiscal, a pesar del reciente crecimiento de la deuda pública, está de vuelta en la agenda. Los bancos centrales están a la cabeza. En junio, el Presidente de la Reserva Federal, Janet Yellen, dijo a la Comisión de Bancos del Senado que la política fiscal de los Estados Unidos “no había jugado un papel de apoyo”. En julio, el principal economista del Banco Central Europeo, Peter Praet, dijo que “la política monetaria no puede ser el único remedio ante los actuales desafíos de la economía”.
Los gobiernos están respondiendo. Tras la decisión del Reino Unido de retirarse de la Unión Europea, el nuevo Ministro de Economía, Philip Hammond, ha prometido romper con el abordaje de su predecesor y dice que va a “reconfigurar” la política fiscal. El agregado de inversiones en infraestructura se considera como parte de una nueva estrategia industrial.
A principios de este año, el primer ministro canadiense Justin Trudeau anunció un mayor gasto público y un aumento de los déficits proyectados. El programa de seis años y C$120.000 millones (US$91.000 millones) destinado a la infraestructura, comprenderá al menos 10 proyectos relacionados con ferrocarriles y transporte público, un puente de C$4.000 millones (US$3.100 millones) que conecta Detroit con Windsor, Ontario, y unos C$12.000 millones (US$9.300 millones) de proyectos que se iniciarán rápidamente y que tienen que ver con los sistemas de agua y vivienda pública.
Japón ha estado tratando de utilizar estímulos fiscales por años - y tiene una enorme deuda pública que da prueba de ello. Sin embargo, sus esfuerzos han carecido de fuerza debido a mensajes contradictorios y ejecuciones vacilantes. El gobierno está a punto de volver a intentarlo, destinando otros 4.6 billones de yenes (US$ 45.000 millones) a su más reciente paquete de estímulo de 28 billones de yenes (US$276.000 millones).
Incluso Alemania, el campeón mundial de la ortodoxia fiscal, parece estar cediendo. Ante las elecciones el próximo año, el ministro de Finanzas, Wolfgang Schaeuble, sugirió recientemente que la economía tiene margen para bajar los impuestos. Impactante. De hecho, es como decir suavemente que Alemania tiene espacio para relajar su política fiscal. Tiene un superávit presupuestario récord. El crecimiento anémico del segundo trimestre de sólo 0,3 por ciento en toda la zona euro en conjunto, viene tras años de estancamiento. La apretada política fiscal alemana empeora los desequilibrios internos y pone presión a las economías más débiles de la zona euro. Si hay un país en el mundo que debería retroceder en austeridad, es Alemania.
Los nuevos estímulos fiscales tampoco están de más en los Estados Unidos. Ambos candidatos presidenciales convocan a nuevos esfuerzos en infraestructura. Nadie que haya usado las carreteras o los aeropuertos del país necesita que lo convenzan. La deuda pública ha aumentado drásticamente desde 2008, y las tendencias demográficas la seguirán empujando hacia arriba en el largo plazo - pero con el actual nivel deprimido de las tasas de interés a largo plazo, los préstamos para la inversión pública nunca han sido más asequibles. Si se gasta el dinero sabiamente, se estimulará el crecimiento, y se ayudará a aliviar la carga de la deuda proyectada.
Y algo muy importante, en los Estados Unidos, así como también en otros lugares, una expansión fiscal prudente le quitará presión a la política monetaria, permitiendo que los bancos centrales estabilicen sus balances y normalicen más rápido las tasas de interés.
No hay necesidad de construir puentes que no conduzcan a ningún lugar, o contratar ejércitos de jóvenes desempleados para que excaven y rellenen pozos en el suelo. Cuando no se presenten oportunidades de inversión pública productiva, los gobiernos podrán reducir los impuestos - especialmente a quienes reciben bajos salarios, quienes podrán invertir esa ganancia inesperada y de esta forma impulsar la demanda. El gasto público extra también necesita una mayor supervisión, para garantizar que los recursos no se fuguen. Y los gobiernos deben controlar la sustentabilidad fiscal a largo plazo: esto significa evitar compromisos abiertos que estén permanentemente aumentando el gasto público.
En cualquier caso, apartarse prudentemente de la austeridad fiscal está justificado. Siendo que la política monetaria ya alcanzado o superado los límites y mientras las economías siguen luchando por la falta de demanda, es necesario que la política fiscal dé un paso al frente. Ya vendrá el tiempo de llevar una estricta disciplina fiscal. Por ahora no lo es.



El Comercio
El titular de Economía y Finanzas, Alfredo Thorne, señaló que la gestión del ex presidente Ollanta Humala habría dejado "en cero" la caja fiscal, pese a que el Gobierno saliente no podía gastar más del 60% del presupuesto 2016.
“No es correcto, pero es lo que sucede, se han hecho compromisos a pesar de que la ley manda que el Gobierno saliente no puede gastar más del 60 % del gasto [anual]”, agregó.
Thorne dijo que los ministros han pedido un ingreso adicional que cubra los gastos pendientes en sus sectores. Adelantó que también viene negociando el ajuste del presupuesto del 2017 con los pliegos.
Respecto al proyecto ley para ampliar el déficit fiscal, el titular del Ministerio de Economía dijo que el Banco Central de Reserva (BCR) en su última evaluación determinó que el déficit llegó al 3,3%, pero espera reducirlo a 3% para fines de año haciendo ajustes a los presupuestos.
“Tenemos un problema fiscal serio, nos han dejado un déficit relativamente abultado. […] Hay que manejar la cifra de manera que lleguemos al 3%”, dijo .manifestó que las calificadoras, especialmente Moodys, están preocupadas por el nivel de déficit”.
Por último, Thorne sostuvo que la deuda pública va ser limitada y que ese es “el mensaje que le estamos dando a las agencias de evaluación crediticia”. .



Expreso
El ministro de Economía y Finanzas, Alfredo Thorne, anunció ayer que el Gobierno otorgará aumentos salariales a policías, maestros y personal del sector Salud y delineó un paquete de reformas estructurales.
Thorne dijo que el incremento a los policías previsto para noviembre se adelantará en septiembre. “Estamos dando una partida presupuestal adicional. Será un aumento de salario, lo que implica que tendrá todos los beneficios”, indicó.
Otros incrementos previstos para 2017 y 2018 estarán contemplados en el proyecto de Presupuesto 2017 que se enviará al Congreso el 29 de agosto, adelantó el titular del MEF.
En el caso del sector Educación, Thorne dijo que habrá un aumento en el sueldo a los maestros. El monto del aumento todavía no está definido. Thorne dijo que se realizan cálculos con el titular del sector, Jaime Saavedra. Este aumento también se incorporará al presupuesto 2017.
Sobre el personal de Salud, también dijo que habrá un aumento salarial. En este caso, comentó que también habrá un incremento en el presupuesto para infraestructura y hospitales, adelantando que se tiene previsto construir en Tumbes y Arequipa.
Thorne señaló que el Gobierno se ha propuesto desarrollar seis reformas estructurales para potenciar el crecimiento de la economía de manera que pueda crecer 5 % anual.
Explicó que se trata de reformas asociadas a la formalización, educación, salud, simplificación tributaria, sistema de inversiones y sistema previsional.
“Nos hemos comprometido a que la economía crezca de manera sostenible a un ritmo de 5 % anual y queremos cumplir, pero para hacer eso necesitamos hacer reformas estructurales”, añadió.
PRIMERA
En primer lugar explicó que el Consejo Nacional de Competitividad (CNC) se convertirá en “Consejo Nacional de Competitividad y Formalización” para avanzar en la reforma de la formalización, para lo cual ya alcanzaron el proyecto de ley respectivo al Congreso. “Será el lente que nos permitirá definir toda la reforma con el objetivo de llegar al 60 % de formalización que mencionó el presidente Pedro Pablo Kuczynski”, señaló.
SEGUNDA
Thorne mencionó que la segunda reforma importante es la de educación, con la cual debemos continuar. “La estamos financiando”, agregó.
TERCERA
La tercera reforma es en salud, en la cual el Gobierno está comprometido con la universalización del sistema de salud, dijo el titular del MEF.
CUARTA
La simplificación tributaria, la cuarta reforma , es un compendio de 13 medidas tributarias que buscan incrementar la recaudación impositiva en dos puntos en cuatros años, manifestó Thorne. “La simplificación tributaria, que no solo está referida al Impuesto General a las Ventas (IGV), consiste un compendio de 13 medidas que apuntan a aumentar la recaudación (tributaria) en dos puntos porcentuales en los próximos cuatro años”, sostuvo.
QUINTA
Asimismo, destacó como quinta reforma la referida al sistema de inversiones estatal en su totalidad, que incluye al Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), ProInversión, las obras públicas y el destrabe de los proyectos de inversión por 18,800 millones de dólares.
SEXTA
Mencionó la reforma del sistema previsional a través de una comisión de trabajo, la misma que en un plazo de seis a 12 meses debe proponer dicha reforma integral.
Thorne hizo saber que ha enviado una carta al Consejo Fiscal, que es independiente, solicitándole que realice una evaluación de las cuentas fiscales al cierre de julio de este año para conocer de manera transparente “qué se encontró” a finales del Gobierno pasado.



El Comercio
Los retos y complicaciones de Zavala
Carlos Adrianzén
Mañana será la presentación del Gabinete presidido por Fernando Zavala ante un Congreso de mayoría opositora. El primer ministro enfrenta retos definidos, difíciles de esconder. De acuerdo a cómo los enfrente, mantendrá la trayectoria de profesional lúcido actual o sufrirá un lógico y sacrificado desmedro. Como les deseo a él y a todo su equipo el éxito en su gestión, vale la pena destacar los retos que hoy enfrenta… así como las complicaciones que aparecerán.
En primer lugar, descartemos el ripio. Haría mal Zavala en embarcarse en una desesperada cruzada por reactivar el gasto agregado a como dé lugar. Su reto no es producir una temporal reactivación económica inflando el gasto estatal y emitiendo deuda soberana muy cara. Esto pues, además de fracasar, obviaría lo importante: recuperar la percepción de una plaza emergente dinámica y que se disparen la inversión privada y las exportaciones (dos  tareas que no se materializan fácilmente en 90 días).
También haría mal en ubicar a la seguridad ciudadana como meta inmediata. Vivimos en una sociedad demográficamente explosiva que carece de instituciones básicas para enfrentar la inseguridad. Su Gabinete debe limpiar y depurar masivamente a elementos corruptos en la policía, la judicatura y la fiscalía. Ese es su mayor reto y el más tedioso también.Solo con estos dos retos, Zavala enfrenta complicaciones formidables que hacen que las apuestas estén en su contra.
Entre las complicaciones menores está la supuesta oposición de Fuerza Popular. Por más resentidos que estén en ese partido por los golpes de la campaña, deberán entender que el fracaso de esta administración implicará bombas de tiempo para el próximo gobierno. Así que, por su propio interés (o por un mínimo vital de lucidez política),  deberán apoyar todo lo bueno e impopular que el nuevo Gabinete proponga. Ello no necesariamente significa aprobar más endeudamiento caro o impuestos depresores de la competitividad o la inversión.
Las complicaciones reales provienen de sus verdaderos enemigos. Pese a que los integrantes de las diversas agrupaciones políticas de izquierda-mercantilista supuestamente dieron sus votos (a regañadientes) a Pedro Pablo Kuczynski en la segunda vuelta, necesitan que este gobierno fracase para poder florecer como alternativa contestataria.
Aquí no importa la retórica sino la verosímil agresividad de las protestas. Necesitan que la administración actual naufrague para mostrar que los fracasos son inevitables en la región y no solo el reflejo de la ineptitud y corrupción de los regímenes de izquierda latinoamericana (como Venezuela, Brasil y Argentina).
Otra complicación real es la inercia económica heredada de la señora Nadine Heredia y su consorte. La inversión privada, las exportaciones tradicionales y no tradicionales, la recaudación de todos los tributos y las brechas externa y fiscal están en proceso de deterioro sostenido. Quebrar esta inercia no será fácil por más creíble y generadora de alivio que resulte la imagen del nuevo gobierno. Nótese también que el panorama global no necesariamente dejará de empeorar.
Suerte, primer ministro, pero sobre todo, cuídese de los malos consejos y de las supuestamente pragmáticas decisiones políticas. Está en juego un quinquenio y acabamos de perder uno.



El Comercio, Bloomberg
Las dos compañías mineras más grandes del mundo planean aumentar el gasto en bienes de capital desde un mínimo de 10 años ya que el afianzamiento de la recuperación de las materias primas está abriendo el camino a unas inversiones en proyectos de crecimiento de al menos US$12.000 millones.
BHP Billiton Ltd., la minera número uno, tiene previsto aumentar el gasto un 15 por ciento durante el ejercicio fiscal 2018, mientras que Rio Tinto Group planea gastar más a partir del próximo año natural. BHP, con sede en Melbourne, tiene previsto aprobar unas inversiones de US$4.700 millones para un proyecto petrolero en el Golfo de México y otro de cobre en Chile.
No obstante, el el gasto en bienes de capital seguiría siendo inferior a los niveles registrados durante el auge de las materias primas.
Los precios de las materias primas se están recuperando este año tras cinco caídas anuales consecutivas por el exceso de oferta en los mercados y la desaceleración del crecimiento en China, el principal consumidor.
BHP se muestra optimista respecto de las perspectivas del cobre.
El mineral de hierro, la principal fuente de ingresos de BHP y Rio Tinto, subió un 42 por ciento debido a la fuerte demanda y probablemente registre nuevas alzas por las medidas de China para impulsar el crecimiento y el debilitamiento del dólar, según Jason Schenker de Prestige Economics LLC de Texas, quien pronosticó correctamente el repunte de esta materia prima en octubre del año pasado.
El Banco Mundial prevé que las materias primas repuntarán en 2017 tras haber tocado el fondo del ciclo. Citigroup dijo el mes pasado que tiene unas perspectivas optimistas para las materias primas en 2017.



El Comercio
La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) ratificó hoy a Julio Velarde Flores como presidente del directorio del Banco Central de Reserva del Perú (BCR), entidad encargada de mantener la estabilidad monetaria.
La Resolución Suprema 193-216-PCM, publicada en las normas legales del diario oficial “El Peruano”, añade que la ratificación de Julio Velarde en el BCR será comunicada al Congreso de la República, conforme a lo dispuesto por el artículo 86 de la Constitución.
Dicho artículo, establece que el Poder Ejecutivo está encargado de designar a cuatro miembros del directorio del BCR, entre ellos al presidente, decisión que debe ser ratificada por el Parlamento.
En tanto, las resoluciones supremas 194-2016-PCM y 195-2016-PCM designaron como miembros del directorio del BCR a Javier Alfredo Escobal D’Angelo, Luis Miguel Palomino Bonilla y Gustavo Adolfo Yamada Fukusaki.
Escobal es Doctor en Desarrollo Económico en la Universidad Wageningen, en Holanda. Se ha desempeñado como asesor en el Ministerio de Economía y Finanzas y ha sido miembro de la Comisión de Normas Técnicas del Indecopi.
En tanto, Palomino ha ejercido diversos altos cargos en bancos e instituciones financieras internacionales, según la agencia Bloomberg. Además, ha sido director independiente de Southern Perú Copper Corp.
Yamada Fukusaki ya ejerció este cargo en el BCR en el 2013. Es economista y ha trabajado en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y en el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Por último, la resolución 192-216-PCM dio por concluida la designación de Luis Alberto Arias Minaya, Waldo Mendoza Bellido y Carlos Oliva Neyra en el directorio del BCR.



El Comercio, Bloomberg
La ortodoxia de la FED muestra grietas
Jeanna Smialek
Una nueva realidad económica hace necesario un nuevo enfoque para la banca central. Ese es el mensaje al que se están adhiriendo cada vez más los responsables de las políticas monetarias de Estados Unidos –y es un punto que el presidente de la FED de San Francisco, John Williams, enfatiza con más vigor que nunca–. Williams sostiene en un ensayo publicado el lunes que el nivel de las tasas de interés que no estimulan ni ralentizan la economía ha caído. En el nuevo entorno una baja tasa de interés ‘natural’, la política de la FED que busca cumplir una meta de inflación baja ya no tendrá sentido, dijo.
Williams no es el primero en sugerir que la economía se encuentra sumida en una nueva normalidad, o en cuestionar la forma en que la FED la está abordando. El presidente de la FED de San Luis, James Bullard, es pesimista sobre el posible crecimiento y dice que hacer proyecciones económicas a largo plazo ya no es útil. Charles Evans de Chicago dice que la FED debería esperar a que la inflación alcance su objetivo del 2% para elevar las tasas, en lugar de hacerlo en forma anticipada para evitar una inflación excesiva.
Aun así, el respaldo de Williams ayuda a popularizar la idea de que una nueva normalidad requiere un nuevo marco de trabajo. El funcionario es un destacado investigador que sucedió a Janet Yellen al frente de la FED de San Francisco y que es visto como un centrista de la política monetaria. Sus comentarios sugieren que una seria discusión se está produciendo en o cerca del corazón del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglás en inglés). Esa discusión intenta determinar si el enfoque para la fijación de las políticas es el correcto.
“Él es una especie de pensador práctico –no es para nada extremista– y creo que representa en varios sentidos lo que muchas personas dentro de la FED están pensando”, dijo Tom Porcelli, economista jefe de RBC Capital Markets en Nueva York. “No hay duda alguna de que un replanteamiento está en curso”.
Los comentarios de Williams siguieron a los que hizo el ex presidente de la FED Ben S. Bernanke en su blog la semana pasada, donde dijo que el “grado de incertidumbre acerca de cómo va a evolucionar la economía y la política ahora podría ser inusualmente alto”. Bernanke se refirió a las revisiones a la baja por la visión que tiene la FED sobre las tasas de interés neutras, puesto que la considera como uno de los principales motivos por los que los funcionarios de la FED se han vuelto más conciliadores, porque “implica que la política actual no es tan expansiva como se pensaba”.
El análisis de Williams se centra en la idea de que las tasas de interés neutras se mantendrán bajas. Para una mejor adaptación, Williams insta a los gobiernos a prepararse para suministrar un respaldo fiscal más fuerte y a los bancos centrales a considerar la eliminación de la práctica de cumplir una meta de baja inflación.
La caída del rendimiento de los bonos en economías avanzadas este año indica que los inversores tienen poca confianza en un repunte del crecimiento económico y la inflación en el largo plazo, lo que significa que los bancos centrales no podrán elevar las tasas de interés. Los responsables de las políticas de la FED han reducido sus pronósticos para el número de aumentos de las tasas en 2016 después de haberlas subido por primera vez en casi una década en diciembre.



El Comercio
El cuco de la reforma laboral
Víctor Ferro
Las primeras acciones del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski confirman lo que ya se avizoraba durante la campaña electoral: no hay planteamientos concretos que busquen reformular nuestra rígida legislación laboral. Tampoco es que el plan de gobierno de Peruanos por el Kambio haya aportado propuestas audaces en esta materia, más allá de sustituir la CTS por un seguro de desempleo aplicable únicamente a los nuevos trabajadores.
La CTS, sin embargo, no es el problema central de nuestro ordenamiento laboral. El meollo de nuestra rigidez se explica, primeramente, por el particular criterio de magistrados del Tribunal Constitucional (TC) del 2002, que nos retrocedió a un régimen de estabilidad laboral cuasi absoluta en el que prima la reposición forzosa. Ello pese a que se ha demostrado hasta la saciedad que, ante el despido ilícito, la reinstalación no corresponde a un mandato de nuestra Constitución.
Ante la renuencia del TC a enmendar esta situación, se debe evaluar una enmienda constitucional que establezca que, en caso de afectación del derecho al trabajo –u otros derechos– como resultado de la terminación de la relación laboral por iniciativa del empleador, corresponde exclusivamente el pago de la indemnización que fije la ley y que la reposición solo proceda ante despidos discriminatorios. Esta enmienda permitiría también salir al frente de desconcertantes criterios jurisprudenciales que vienen ordenando reparaciones extraordinarias por el daño moral derivado del “sufrimiento” que causa la desvinculación laboral.
(…)
En lo relativo a los ceses colectivos, la rigidez alcanza ribetes kafkianos. De acuerdo con la ley, estas desvinculaciones requieren de la autorización expresa del Ministerio de Trabajo, con cargo a que el empleador demuestre la causa objetiva que las justifica. Sin embargo, salvo en casos de desastres naturales, esta cartera no emite esas autorizaciones. La razón es sencilla: el costo político de autorizar ceses colectivos es particularmente alto para cualquier ministro de Trabajo y estos suelen ser particulares defensores de la estabilidad laboral… pero de la propia. Así, estas decisiones deberían sustraerse de la determinación política de este ministerio y trasladarse a tribunales arbitrales independientes.
El ránking de Competitividad Global 2015-2016 elaborado por el Foro Económico Mundial sitúa al Perú en la posición 133 de 140 países respecto a “prácticas de contratación y cese”. Es decir, ocupamos uno de los niveles más altos de rigidez en esta materia. Por ende, no puede obviarse que este es uno de los factores que incide en nuestra elevada informalidad. Reducirla a 40% en cinco años –conforme a la meta ofrecida en el mensaje presidencial– no es un tema que se agote con la atenuación de nuestra rigidez laboral, pero no por ello debe subsistir esta anómala situación si apuntamos a adecuarnos a los estándares laborales de la mayoría de economías con las que competimos.






GOBERNABILIDAD, DEMAGOGIA, AUTORITARISMO, DEMOCRACIA



El Comercio
El fujimorismo obtuvo una especie de empate en la sesión de la Junta de Portavoces del Congreso que se llevó a cabo hoy. La bancada de Fuerza Popular aspiraba a que se tomara en cuenta la proporcionalidad en la formación de la Comisión de Ética Parlamentaria, encargada de tramitar las denuncias por faltas éticas contra los congresistas.
El motivo para tal pretensión era muy sencillo: Fuerza Populartiene 73 de los 130 escaños, lo cual hubiera significado que el fujimorismo también tuviera mayoría absoluta en la Comisión de Ética.
Sin embargo, Javier Velásquez Quesquén, vocero de la Célula Parlamentaria Aprista, propuso que cada una de las seis bancadas tuviera un solo representante. Juan Sheput (Peruanos por el Kambio) también sostuvo que las pretensiones de Fuerza Popular podrían generar que el fujimorismo “blindara” a sus integrantes, y sancionara a sus adversarios, por lo cual debía primar un “criterio moral”, y no un criterio proporcional.
Entonces, Yonhy Lescano (Acción Popular) planteó que Fuerza Popular tuviera dos asientos en la Comisión de Ética, y que las otras cinco bancadas tuvieran, cada una, un espacio. Así, el grupo de trabajo seguiría teniendo 7 integrantes.
El fujimorismo, representado por Luis Galarreta, Daniel Salaverry y Lourdes Alcorta, se opuso. Ellos sostuvieron que si se trataba de que la Comisión de Ética conservara ese número de miembros,Fuerza Popular debía tener cuatro integrantes, Frente Amplio uno, Peruanos por el Kambio uno, y Alianza para el Progreso uno, lo cual hubiera dejado fuera a la Célula Parlamentaria Aprista y a Acción Popular.
Por ello, Daniel Salaverry planteó que la Comisión de Ética pasara a tener 15 integrantes, de los cuales la mayoría pertenecerían al fujimorismo. A esa altura del debate, los portavoces pasaron a un cuarto intermedio.
Retomada la discusión, los fujimoristas plantearon que la comisión tuviera 10 miembros, y que cinco fueran de Fuerza Popular. Pero ante el reclamo de los otros voceros, el fujimorismo cedió y el acuerdo final fue modificar el Reglamento de la Comisión de Ética Parlamentaria para que esta tenga 9 integrantes: cuatro serán de Fuerza Popular, y las otras cinco bancadas tendrán un asiento cada una.
Sin embargo, en la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria, la cual está encargada de tramitar los pedidos del Poder Judicial para que los congresistas encausados sean procesados judicialmente. Fuerza Popular consiguió que prevalezca el criterio de proporcionalidad en la formación de este grupo.

Así, los portavoces se comprometieran a modificar el Reglamento del Congreso para que esta comisión pase a tener 15 miembros: ocho serán de Fuerza Popular, dos de Frente Amplio, dos de Peruanos por el Kambio, uno de Alianza para el Progreso, uno de la Célula Parlamentaria Aprista y uno de Acción Popular.

martes, 16 de agosto de 2016

ESTA NOCHE martes 16 agosto 2016




ESTA NOCHE, donde usted se entera no de todo lo que ocurre, sino de lo que necesita saber.

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MEDIA COLUMNA
Rumbo de colisión


Jorge Morelli
@jorgemorelli1
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Mientras el gobierno se prepara para ir esta semana al Congreso a pedir el voto de confianza para el Gabinete Zavala, y también la siguiente a solicitar facultades delegadas para legislar, la izquierda radical alista ya una asonada para detener la producción de Las Bambas.

Las comunidades de Allahua, Choquecca, Quehuira y Pumamarca, del distrito de Tambobamba en Cotabambas, tienen tomada desde el pasado viernes la carretera que lleva a la mina.

El argumento de los comuneros es que la empresa china MMG, que tiene la concesión de Las Bambas, ha construido esa carretera en tierras comunales sin haber firmado con las comunidades en el camino un contrato de servidumbre de paso.

“Estamos tragando polvo por meses sin ningún beneficio", dice el presidente de la comunidad de Quehuira.

Desde luego, la pregunta que cae por su peso es si esos comuneros tienen título de propiedad de sus tierras comunales y no solo posesión ancestral de las mismas.

Porque, sin título, no hay contrato que valga ante la autoridad judicial. Y en esas condiciones no habrá contrato por temor a que carezca de validez.

Hay seis mil comunidades andinas y dos mil amazónicas, aproximadamente. La titulación de las tierras comunales en los Andes y en la Amazonía es la piedra fundacional de su derecho de propiedad.

Sin propiedad, no hay ciudadanía, ni puede haber desarrollo alguno sobre cimientos firmes.

No hay nada más justo ni más lúcido y racional que el reclamo de un contrato, que en el fondo es un clamor por un título y por el derecho de propiedad.

La instrumentación política de ese justo reclamo, sin embargo, para el fin de paralizar la inversión en el país, es un acto que el Estado no puede tolerar sin menoscabo de la su primera obligación, que es la seguridad no solo ciudadana sino jurídica.   

Frustrar un proyecto minero gigantesco como Conga o Tía María, u obstruir la construcción de una represa para irrigar las tierras del proyecto Majes-Siguas, le resta ingresos futuros al Perú. Paralizar una enorme mina ya en plena producción, como Las Bambas, en cambio, le quita al Perú un ingreso presente ya presupuestado, lo que agrava tremendamente el déficit fiscal heredado del gobierno humalista, que se encuentra casi fuera de control.

Esta es, pues, otra de las minas sembradas por ese gobierno con mecanismo calculado para estallar en tiempo diferido.

Estamos avisados. El gobierno de PPK, quiera o no, se encuentra ya en curso de colisión con el antisistema radical de izquierda, que se he propuesto paralizar el Sur del país y al que las lunas de miel le importan un bledo.


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GOBERNABILIDAD, DEMAGOGIA, AUTORITARISMO, DEMOCRACIA



La República
Desde el viernes pasado, los comuneros de Allahua, Choquecca, Quehuira y Pumamarca, del distrito cotabambino de Tambobamba, ocupan la carretera que va hacia la mina Las Bambas, en el sector de Antuyo, al considerar que con su edificación se han atropellado sus derechos.
"La empresa MMG ha construido esta vía a nuestras espaldas en territorios comunales y sin tener expediente técnico. Tampoco ha celebrado contrato de servidumbre de uso con nosotros. Estamos tragando polvo por meses sin ningún beneficio", reclamó el presidente de la comunidad de Quehuira, Raymundo Letona.
El dirigente dijo que lo que están haciendo es reivindicar sus tierras, amparados en el acuerdo municipal 236 de Cotabambas, que les faculta recuperar sus territorios ancestrales.
Letona también denunció que un contingente policial llegó el viernes a Quehuira y prendió fuego a sus praderas, lo cual generó más reacciones airadas. 



La República
Pobladores del valle arequipeño de Tambo, provincia de Islay, recordaron al presidente Kuczynski que la construcción de la represa de Paltiture es en compensación a la disminución del caudal del río Tambo direccionado a la represa Pasto Grande, de Moquegua, y que Paltiture debe servir para ampliar la frontera agrícola del valle.
También se reafirmaron en la cancelación del proyecto minero Tía María.
Jorge del Carpio dijo que el diálogo con el mandatario debe darse en el valle de Tambo y de acuerdo al compromiso de PPK de respetar la decisión del pueblo.



La República
El ministro de Transportes y primer vicepresidente, Martín Vizcarra, manifestó que el mandatario Pedro Pablo Kuczysnki (PPK) podría dirigirse a la zona afectada por el sismo en Arequipa, si resulta "necesario". “Si es necesario, irá. No está definido", dijo a RPP.
También admitió que la ayuda tardó en llegar a Arequipa -los helicópteros aterrizaron alrededor del mediodía del lunes de Caylloma y el sismo se produjo a las 10 p.m. del domingo- debido a la falta de organización en los servicios de emergencias del Ejecutivo. Según explicó, los helicópteros tardaron en partir porque faltaban pilotos.



El Comercio
Ricardo Vásquez Kunze
(…)
…el trabajo de PPK –que ha consistido hasta hoy en posicionarse como líder y motivador de un país que estaba perdiendo la confianza en sí mismo– ha dado resultado (apenas un 15% no precisa si aprueba o no al gobierno, contra un 64% que lo aprueba y 21% que lo desaprueba)
(…).



El Comercio
Un día después de ser designado como primer ministro, Fernando Zavala ya tenía en claro los ejes del discurso con el que este jueves buscará obtener el voto de confianza del Congreso. El economista, según detalló a El Comercio, busca concretar consensos mínimos con las bancadas del Parlamento, en especial con Fuerza Popular.
“Tengo tres ejes temáticos para lograr consensos con el resto de fuerza políticas”, dijo Zavala Lombardi a este Diario hace cinco semanas.
Uno de los lineamientos es la seguridad ciudadana, cuya atención, de acuerdo al jefe del Gabinete, es “un clamor popular”. En aquella oportunidad, Fernando Zavala indicó que el gobierno ejecutará un plan para contar con más agentes de la Policía Nacional para el patrullaje en las calles; para reforzar la inteligencia policial; y para mejorar la situación de las cárceles del país.
El segundo eje de su exposición, agregó el primer ministro, será el empleo y la generación de oportunidades. “El 70% de los trabajadores en el Perú dependen de las mypes, por lo que tenemos que lograr condiciones para que estas se desarrollen, se formalicen y entren en un proceso de encadenamiento con la mediana y gran empresa”, explicó.
El tercer punto, según detalló Fernando Zavala, es la mejora de los servicios que brinda el Estado a los ciudadanos.
Para que el Gabinete Ministerial logre la investidura requiere del respaldo de más de la mitad de los congresistas. Es decir, 66 votos. Con 73 parlamentarios, el fujimorismo tiene la sartén por el mango.



El Comercio
El cuco de la reforma laboral
Víctor Ferro
Las primeras acciones del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski confirman lo que ya se avizoraba durante la campaña electoral: no hay planteamientos concretos que busquen reformular nuestra rígida legislación laboral. Tampoco es que el plan de gobierno de Peruanos por el Kambio haya aportado propuestas audaces en esta materia, más allá de sustituir la CTS por un seguro de desempleo aplicable únicamente a los nuevos trabajadores.
La CTS, sin embargo, no es el problema central de nuestro ordenamiento laboral. El meollo de nuestra rigidez se explica, primeramente, por el particular criterio de magistrados del Tribunal Constitucional (TC) del 2002, que nos retrocedió a un régimen de estabilidad laboral cuasi absoluta en el que prima la reposición forzosa. Ello pese a que se ha demostrado hasta la saciedad que, ante el despido ilícito, la reinstalación no corresponde a un mandato de nuestra Constitución.
Ante la renuencia del TC a enmendar esta situación, se debe evaluar una enmienda constitucional que establezca que, en caso de afectación del derecho al trabajo –u otros derechos– como resultado de la terminación de la relación laboral por iniciativa del empleador, corresponde exclusivamente el pago de la indemnización que fije la ley y que la reposición solo proceda ante despidos discriminatorios. Esta enmienda permitiría también salir al frente de desconcertantes criterios jurisprudenciales que vienen ordenando reparaciones extraordinarias por el daño moral derivado del “sufrimiento” que causa la desvinculación laboral.
(…)
En lo relativo a los ceses colectivos, la rigidez alcanza ribetes kafkianos. De acuerdo con la ley, estas desvinculaciones requieren de la autorización expresa del Ministerio de Trabajo, con cargo a que el empleador demuestre la causa objetiva que las justifica. Sin embargo, salvo en casos de desastres naturales, esta cartera no emite esas autorizaciones. La razón es sencilla: el costo político de autorizar ceses colectivos es particularmente alto para cualquier ministro de Trabajo y estos suelen ser particulares defensores de la estabilidad laboral… pero de la propia. Así, estas decisiones deberían sustraerse de la determinación política de este ministerio y trasladarse a tribunales arbitrales independientes.

El ránking de Competitividad Global 2015-2016 elaborado por el Foro Económico Mundial sitúa al Perú en la posición 133 de 140 países respecto a “prácticas de contratación y cese”. Es decir, ocupamos uno de los niveles más altos de rigidez en esta materia. Por ende, no puede obviarse que este es uno de los factores que incide en nuestra elevada informalidad. Reducirla a 40% en cinco años –conforme a la meta ofrecida en el mensaje presidencial– no es un tema que se agote con la atenuación de nuestra rigidez laboral, pero no por ello debe subsistir esta anómala situación si apuntamos a adecuarnos a los estándares laborales de la mayoría de economías con las que competimos.

lunes, 15 de agosto de 2016

ESTA NOCHE lunes 15 agosto 2016



ESTA NOCHE, donde usted se entera no de todo lo que ocurre, sino de lo que necesita saber.

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MEDIA COLUMNA
Cuidado con PPK


Jorge Morelli
@jorgemorelli1
jorgemorelli.blogspot.com


La gobernadora regional de Arequipa le ha recomendado a PPK manejarse “con mucho cuidado” cuando vaya, como ha ofrecido, al valle del Tambo, cuya población se levantó violentamente pocos meses atrás contra el gran proyecto minero Tía María.

La izquierda radical politizó ese conflicto. Y ya está lista para hacerlo de nuevo no bien el gobierno dé señales de pretender reactivarlo. El objetivo del radicalismo antisistema es el mismo: impedir la inversión minera en el país, de la que vive el Perú. Igual que en el caso de Conga, la consigna es: Tía María no va.

Sin embargo, está claro que la izquierda no habría logrado escalar ese conflicto a las dimensiones que alcanzó si ni hubiera en la población un malestar que instrumentar políticamente.

La pregunta es, entonces, cuál será exactamente la posición de PPK -una vez en Tía María- frente a la empresa minera Southern Copper, titular de la concesión del proyecto.

El malestar de la población es por la larga historia de desencuentros entre la empresa y la población respecto de la falta de transparencia –no solo percibida, sino real- en la información sobre el impacto de la refinación de cobre en Moquegua y Tacna.

El caso, quiérase o no, será emblemático de la posición del pepekausismo respecto de todos los conflictos entre comunidades y minas durante todo el resto de su mandato.

Hace bien, entonces, la gobernadora de Arequipa en recomendarle a PPK que vaya  “con mucho cuidado”. Porque, a todas luces, Tía María es un polvorín que necesita ser desactivado antes de estar listo para una fórmula de negociación que tenga posibilidades de funcionar.



REPORTE DE NOTICIAS en Internet
 Las siguientes notas periodísticas de política y economía han sido seleccionadas, editadas y ordenadas
temáticamente. No se las debe citar como tomadas directamente de sus fuentes originales, las mismas que se indican sólo como una forma de reconocer el crédito y agradecer la cortesía.



GOBERNABILIDAD, DEMAGOGIA, AUTORITARISMO, DEMOCRACIA



El Comercio
En discurso en Arequipa, el presidente, PPK, instruyó a los ministros Martín Vizcarra (Transportes) y José Manuel Hernández (Agricultura) que resuelvan los problemas que detienen la ejecución del proyecto Majes-Siguas II.
“Aquí está mi primer vicepresidente [Martín Vizcarra], ministro de Transportes y gran destrabador, y ya le he pedido que vaya con José Manuel y con Coco Nieto [ministro de Cultura] al lugar donde va a estar la represa de Angostura y se arreglen los problemas que están impidiendo que se construya para que empiece el proyecto”, manifestó.
Majes-Siguas II es un proyecto hidroenergético que permitirá irrigar 38.500 hectáreas. La primera fase de su ejecución comprende la construcción de la presa Angostura.
Kuczynski se refirió luego a otro tema principal que también requiere solución en Arequipa: el proyecto Tía María.
Consultado por las acciones próximas sobre la paralización y el conflicto del proyecto de Southern, PPK dijo que visitará el Valle del Tambo. “Yo voy a ir. Primero estaba esperando que se arregle la represa de Paltiture, cosa que se va a licitar. Ya se convocó, pero aún no sale. [Iré] para traer soluciones”, sostuvo.
La gobernadora regional de Arequipa, Yamila Osorio, señaló que el proyecto es “una herida abierta” para su región y que comunicará al mandatario su percepción “para que se maneje con mucho cuidado”.



El Comercio
Entrevista a Cecilia Chacón, presidenta de la Comisión de Presupuesto
— ¿Cree necesaria una reunión entre el presidente Kuczynski y Keiko Fujimori?
Hemos demostrado con los hechos de que las conversaciones se deben llevar en los estamentos que corresponden como el Parlamento. Las coordinaciones y reuniones se tienen que hacer como se han venido haciendo: a través del primer ministro y de la presidenta del Congreso. Y obviamente, cuando se instale al 100% del Parlamento será por medio de los congresistas y los ministros.
— ¿Cómo interpreta las palabras de Kuczynski, en el sentido, de jalarse a congresistas de Fuerza Popular? ¿Ese tipo de frases, a su consideración, pone más distancia entre PPK y Keiko?
Más allá de lo que signifique Fuerza Popular y el gobierno, nosotros lamentamos las declaraciones cada vez más constantes y desatinadas del señor presidente. Ha dicho varias, no solamente la de “jalarse [a congresistas fujimoristas], sino que el Perú es un país retrógrada, lo de la marcha por Doe Run y la última que fue sobre que no le importa un “poquito” de contrabando. Entonces, yo creo que el señor Kuczynski debe empezar a asumir su papel de presidente y olvidar la campaña, porque ya no es candidato.
(…)
— Esta semana, el Gabinete de Fernando Zavala se presentará en el Congreso. ¿Merece el beneficio de la duda y, por ende, el voto de confianza?
Mientras no los escuchemos, no sabemos.
— ¿Hay una posición a favor o en contra de darle la confianza a Zavala?
Tenemos buena predisposición para analizar sus propuestas y ver si efectivamente le damos o no el voto de confianza. Sería irresponsable de nuestra parte emitir alguna opinión a favor o en contra sin antes haber escuchado [a Zavala y sus ministros. En su discurso, el presidente Kuczynski no fue puntual en lo que dijo, es más afirmó que serán sus ministros los que expliquen exactamente cómo van a lograr los objetivos con los que él sueña.
— ¿Qué espera el fujimorismo de esta presentación del Gabinete?
No nos olvidemos que nosotros como congresistas representamos al pueblo peruano, esperamos lo mismo que espera el pueblo: soluciones al problema de la inseguridad; [la reactivación] económica, porque las amas de casa tienen cada vez menos dinero en el bolsillo; y qué hará [el gobierno] para aumentar la recaudación y disminuir el déficit fiscal.
(…)
— Desde el gobierno de Alberto Fujimori, la Comisión de Presupuesto estuvo en manos del oficialismo. ¿Por qué Fuerza Popular decidió no cederla?
Lo que pasa es que se había repetido en los últimos cinco gobiernos porque siempre quien ganaba la Presidencia tenía mayoría en el Congreso y los que tienen la mayoría en el Congreso son los primeros en elegir las comisiones que presidirán. Por lo tanto, esto no ha sido ninguna sorpresa, es más yo creo que aquí se debería de hablar de los gestos que ha tenido Fuerza Popular con las bancadas minoritarias. No elegimos de frente las 13 comisiones que nos tocaban, eso le dio la oportunidad a Peruanos por el Kambio de tener Economía y Justicia. Fuerza Popular está demostrando con hechos que ser oposición no es obstrucción.
(…)
— Los gobernadores regionales y alcaldes le pidieron a PPK que desde el 2017, se les dé el 50% del presupuesto nacional. En la actualidad, reciben en conjunto el 33%. ¿Cuál es su posición al respecto? ¿Estaría a favor de que se les aumente la partida?
Tendría que venir una propuesta de parte del Ejecutivo y nosotros analizarla. Yo creo que de lo que nos tenemos que preocupar en estos momentos es de recaudar más, no nos olvidemos que muchas de las regiones que han hecho este reclamo son regiones que ya no tienen dinero del canon como antes. Desde la comisión veremos cómo se compensa este presupuesto a las regiones que ya no reciben canon como antes así como aquellas que nunca lo han recibido.
(…)
— ¿Fuerza Popular permitirá que el Gobierno reduzca en 1% el IGV? ¿No es un error decir “no” sin antes escuchar la propuesta del MEF?
No es una novedad. Desde la campaña hemos dicho que no creemos que esa sea la manera [de formalizar]. ¿Cómo recaudando menos, se harán más obras? Nos tienen que explicar cómo hacen esa magia. El mismo ministro de Economía ha expresado su preocupación por el déficit fiscal. Tienen que explicar de qué manera esa reducción puede ayudar a la formalización cuando todos sabemos que no necesariamente la reducción de impuestos beneficia al ciudadano de a pie.
— Si en el pedido de facultades se incluye la reforma tributaria, ¿las darán?
Nosotros vamos a analizar el pedido de facultades y aprobaremos las que nos parezca que tenemos que aprobar, nos opondremos a las que no estemos de acuerdo. Creo que se están adelantando muchas veces y eso causa zozobra y una confusión que no es real. Se habló mucho de la distribución de comisiones y ya vemos que todos están contentos y felices, nadie se ha quejado. Hay que esperar que el primer ministro pida al voto de confianza y luego hablaremos de las facultades. Ni siquiera ellos [en el Ejecutivo] saben aún cuáles serán los paquetes para las facultades.
(…)



El Comercio
Una de las propuestas bandera durante la campaña de Peruanos por el Kambio fue la disminución de la informalidad en el Perú. Durante el primer mensaje a la nación del presidente Pedro Pablo Kuczynski, vimos cómo reafirmaba una de sus propuestas de campaña más polémicas y le decía a Alfredo Thorne, titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que se tragara el punto porcentual del IGV que iba a bajar en enero del 2017.
Esta medida, que a la fecha ha sido la más cuestionada por expertos en la materia, ha sido el pie de coyuntura para retomar también la discusión sobre el estado de las finanzas públicas y el impacto que tendrá la medida sobre la recaudación, sobre todo, si la rebaja del IGV es efectivamente la medida adecuada para ampliar el número de contribuyentes (base tributaria). Cabe resaltar que la informalidad en materia tributaria es muy distinta a la formalización laboral e implica otra serie de problemas.
Así, las reformas esbozadas por el MEF buscan impulsar la formalización de la economía desde dos ejes: con medidas que tengan un efecto multiplicador (como las tasas de los impuestos) y, por otro lado, una reforma de la administración tributaria.
La disminución de un punto porcentual del IGV busca que, a través de la reducción de los precios, se incentive el consumo y se genere un efecto multiplicador en la economía, es decir, que la gente tenga más dinero en el bolsillo y gaste más. Esta medida ha generado gran controversia.
Para Carlos Casas, ex viceministro de Economía, se debe cambiar la causalidad en la premisa y ponerse como primera meta aumentar la recaudación y, una vez que esto se logre, empezar con la disminución del IGV.
En esta línea, Hugo Perea, economista jefe del BBVA Research, considera que es muy probable que este efecto de reducción en los precios no se materialice ya que el vendedor podría incrementar su margen de ganancia.
Miguel Torres, congresista de la bancada de Fuerza Popular, ha señalado que la mayoría no se vería beneficiada por esta disminución, en parte porque los principales productos de la canasta básica están exonerados de este impuesto.
Quienes defienden la reducción confían en que el efecto multiplicador sobre el PBI cuando baja el IGV podría llegar hasta 5 (es decir, que por cada sol que el Estado deja de recaudar, la economía produce otros 5 soles), mientras que en el caso del gasto público el tope sería de solo 2.
En el otro extremo, Perea afirma que un estudio reciente del Fondo Monetario Internacional prueba que el efecto multiplicador si se aumenta el gasto público tiene un impacto mayor que la reducción de impuestos.
Pero, el IGV no es la única rebaja programada. A esto se le sumaría la disminución del Impuesto a la Renta (IR), que estableció la gestión anterior, que debe descender en un punto porcentual adicional hacia el 2017.
Tanto Perea como Casas consideran que se debería volver a evaluar la reducción del IGV y, más bien, continuar con la del IR, dado que tiene un menor efecto en la recaudación –el IGV representa más del 50% de la recaudación del Estado– y los efectos del ajuste se materializan en un plazo más amplio.
Fuentes del MEF defienden el potencial formalizador de su iniciativa entre aquellas empresas con un pie en la formalidad y otro fuera de ella, como aquellas que emiten facturas para algunos compradores y no lo hacen para otros. Pero también señalan que no serán dogmáticos, sino que, más bien, se tomarán las decisiones necesarias a medida que las reformas avancen y se evalúen los resultados.
Se propone ampliar las deducciones del Impuesto a la Renta de personas naturales de 7 UIT hasta 14 UIT, pero justificadas con facturas que acrediten gastos en ciertos rubros. Aquí, el gobierno apunta a que el ciudadano de a pie sea más exigente al pedir comprobantes de pago en servicios como salud o educación, que luego podrán deducir de su pago de impuestos, obligando a estos sectores a que sean más formales.
Pablo Sotomayor, socio del Estudio Miranda & Amado, considera que esta medida cumpliría con el propósito formalizador. Señala que la posible exacerbación de un mercado negro de facturas sería mitigado por sanciones al respecto.
Luis Arias, vicepresidente del Banco Central de Reserva y ex jefe de la Sunat, considera que, en lugar de generar más exoneraciones, esta recaudación podría ser usada en otros rubros como, por ejemplo, dirigirse a aumentar el presupuesto en el sector educación.
Los expertos concuerdan con la iniciativa de que el DNI reemplace al RUC para la emisión de facturas así como con las medidas de repatriación de capitales.






LIBERTAD ECONOMICA, GLOBALIZACION, REFORMAS, INVERSION



Expreso
Entrevista a Iván Rodríguez, rector de la Universidad Ricardo Palma
(…)
-¿Ya existe un pedido por parte de la Asociación de Universidades del Perú (Asup) que usted preside, al nuevo Ejecutivo y Parlamento?
Haremos todas las gestiones para pedir audiencias a la Presidencia de la República y a la Presidencia del Congreso… Tocaremos las puertas. Hoy a través de ustedes solicitamos públicamente la revisión de la Ley Universitaria.
-¿Existe una propuesta concreta de modificación de esta Ley?
Efectivamente, tenemos una propuesta para modificar… la Ley vigente, porque no está adecuada a impulsar el desarrollo de las universidades. Podemos advertir que esta Ley viene legislando a las universidades sin conocerlas. Es decir, está hecha bajo una concepción ideal que es muy distinta a la realidad.
-¿Esta Ley no buscaba una mejor administración y calidad educativa de las universidades?
Hay artículos que no compatibilizan con la intención de promover la calidad y el desarrollo. Lo que digo es que si bien ha habido silencio por parte de muchas universidades, no quiere decir que haya conformidad por parte de nosotros. Hay disconformidad y hemos venido analizando este marco normativo y concluimos que tiene que ser revisada y modificada la Ley, porque entra en planos que afectan la institucionalidad misma de la universidad. Limita la libertad de contratar, de contribuir a la solución de problemas, porque cada universidad tiene su singularidad y ninguna es igual a otra y esto pasa en todo el mundo. Por ejemplo, si tomamos como ejemplo el escenario académico en los Estados Unidos, se tiene que Harvard es distinta a Yale, porque cada universidad tiene su estilo propio, su individualidad frente al conjunto. Eso se tiene que respetar y ese es el resultado de la libertad que se nos debe dar y eso lo utilizamos para dar buenas cuentas.
-¿Cómo los ha afectado directamente la Sunedu y la aplicación de esta Ley Universitaria?
No es solo una prédica verbal. Estos reglamentos en muchos casos están excediendo los propios límites de la Ley y se deben cumplir en plazos muy cortos, y se está convirtiendo en emplazamientos perentorios que implican una inversión que no estaba prevista.
-¿Algunas universidades no estaban en capacidad de hacerlo?
No solo eso, sino que estas inversiones están fuera de toda previsión presupuestal; entonces, los presupuestos se quiebran, porque el dinero que estaba destinado para un objetivo tenemos que trasladarlo para lo urgente.
-¿Y los pedidos de la Sunedu han sido realmente urgentes?
La situación de las universidades en el Perú es heterogénea. No todas las universidades están en un alto nivel ni en un bajo nivel. La realidad es otra y es como en todo el mundo. Hay universidades que sobresalen mucho, otras medianas, otras en un promedio que el Estado aprueba para mantenerlas vivas. Por ejemplo, una disposición establece que las universidades deben tener el 25% de profesores a tiempo completo. Esa disposición tendrá que ser modificada en una revisión de la Ley, porque cada universidad resuelve su problema con la distribución de las cargas que se llaman lectivas y no lectivas para atender todo su funcionamiento. Es decir, para las universidades privadas es una gran carga contar con el 25% de profesores de tiempo completo, porque en algún momento no va a haber tareas para darles, es un exceso.
Ahora la Ley permite que la infraestructura de las universidades esté siendo supervisada y “administrada” por Defensa Civil. Ellos tienen una comisión evaluadora y siempre estamos sujetos a sus criterios y nos han emplazado para que hagamos obras que no son necesarias. Hemos tenido que cambiar una bomba de agua, con sus respectivas tuberías que estaban empotradas y contaban con un buen funcionamiento, tapar ventanas y desechar lunas especiales de un edificio de catorce pisos. Eso en realidad no es urgente, pero estamos para cumplir de inmediato.






ANTICORRUPCION, PERSECUCION, JUDICIALIZACION POLITICA



Expreso
El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) presentará el próximo 31 de agosto al Congreso una propuesta de reforma constitucional del sistema de justicia, informó el titular de este organismo, Guido Águila.
“Estamos trabajando la preparación de nuestra propuesta de reforma constitucional, es una propuesta para la reforma de todo el sistema de justicia, incluyendo el propio CNM. La vamos a presentar al Congreso ca el 31 de agosto”, sostuvo el magistrado.
En diálogo con Andina, Águila precisó que la propuesta tiene que ver con las facultades para sancionar a jueces y fiscales, así como mantener o no candidatos en reserva. Uno de los pedidos más frecuentes del CNM en los últimos años ha sido poder sancionar no solo a los 25 jueces y fiscales supremos, sino a todos los magistrados.
“Hoy si incurre en una conducta disfuncional algún juez o fiscal m, el CNM no tiene competencia, porque tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público tienen sus propios órganos de control interno”, dijo. “Solo podemos sancionar a fiscales y jueces supremos que son, sumados, 25”, sostuvo.






NARCOTERRORISMO, INTELIGENCIA, FFAA, DDHH, USO DE LA FUERZA



El Comercio
El grupo de trabajo del Ministerio del Interior que investiga al llamado escuadrón de la muerte confirmó que todas las acciones que realizó este presunto grupo de aniquilamiento de la Policía Nacional debieron haber sido previamente informadas al Ministerio Público para que un fiscal hubiera sido testigo de las operaciones.
En ese sentido, se confirmaría que el supuesto escuadrón, que habría encabezado el comandante Raúl Prado Ravines (43), montó operaciones ilegales, en las que murieron aparentemente emboscados 27 presuntos delincuentes, entre el 2011 y el 2015.
El informe del grupo del ministerio estará listo el próximo martes. En total 97 policías estarían involucrados.
En una reciente entrevista, Prado Ravines aseguró que no era necesario dar cuenta a la fiscalía de sus actos, porque se trató de operaciones que no tenían hora ni lugar exactos.
Para esclarecimiento de los hechos, el grupo de trabajo citó a todos los ministros del Interior del anterior gobierno, pero solo algunos habrían colaborado.
Uno de los que esta semana salió a los medios a enfatizar que desconocía la existencia del escuadrón fue Daniel Urresti. Esto debido a que el ministro Carlos Basombrío dijo que Urresti estuvo “muy cerca” de una de esas operaciones. “Sería bueno que nos ilustren qué es un escuadrón de la muerte porque un escuadrón no son 100 agentes”, sostuvo.

Wilfredo Pedraza dijo que el grupo de trabajo del Ministerio no tiene jurisdicción para investigar los hechos.