martes, 13 de agosto de 2019

MEDIA COLUMNA lunes 12 agosto 2019




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MEDIA COLUMNA
“Posicionamiento permanente”

Jorge Morelli
@jorgemorelli1
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El viejo truco ya lo conocía Aristóteles y le llamó demagogia. “Gobierno de la turba” lo rebautizó Polibio un siglo después. Hoy se llama "posicionamiento permanente".
Nosotros no llamamos a las cosas por su nombre.
 
Basta averiguar lo que el pueblo reclama y venderle un villano que genera un héroe que lo derrota. Y buscar, luego,  chivos expiatorios que desfilen uno tras otro a la guillotina hasta que nadie se sienta seguro. Con esto se consigue generar el Terror, el estado de ánimo colectivo que permite la captura del poder con la aprobación del pueblo.

Esto se hacía en Latinoamérica tradicionalmente mediante el golpe de Estado militar en un solo acto, en un solo día. El contenido ideológico es lo de menos. Lo mismo en el golpe fascista que en la revolución comunista. Pero hoy el golpe no tradicional necesita legitimidad, impostada mediante el "posicionamiento permanente", y apariencia de legalidad, que otorga el Congreso.

La legalidad se operativiza con la vacancia de la Presidencia o la renuncia del mandatario, cocinada en ambos casos por una mayoria parlamentaria. El Congreso formaliza la captura del poder, y modifica luego la Constitución para perpetuarse en el poder a través de la reelección permanente, como Chávez, como Evo--. 

Una mayoria parlamentaria se consigue con una “asamblea constituyente" paralela al poder "constituido" del Congreso. Así se ha hecho en Venezuela y copiado luego. Pero ese expediente ya es demasiado conocido. Hoy la legitimación se consigue con el "posicionamiento permanente" en la opinión publica a través de las redes y las encuestas, y la “legalidad” en la forma de la consulta al pueblo por el referéndum. 

Hace falta una narrativa, eso sí, un relato que se repita masivamente en las redes y los medios hasta que quede fijado en las mentes. La corrupción es una narrativa perfecta. Aunque se encarcele a todos, no puede ser erradicada. Su poder como relato no se extingue nunca. El “posicionamiento permanente” en las redes se perfecciona luego mediante el “monopolio de la virtud”: el control indirecto de los medios de comunicación por la publicidad estatal, mientras se limita paralelamente el acceso a los medios de recursos privados para el financiamiento de campañas políticas.

La propuesta de un referénduma sobre el adelanto de las elecciones y la reelección presidencial ha confirmado para muchos que un escenario como este se incuba hoy en el Perú. Pero el gobierno no es el cerebro de esta operación. Viene de fuera, de La Habana y de Caracas, y la veremos en acción en pantalla gigante en las elecciones de Bolivia y de Argentina el próximo octubre.

Ya tiene usted boleto de primera fila.


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domingo, 11 de agosto de 2019

MEDIA COLUMNA domingo 11 agosto 2019





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La grieta en la alianza


Jorge Morelli
@jorgemorelli1
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El retroceso del gobierno al suspender la licencia de construcción de Tía María lo ha despojado de autoridad. Pero su decisión -si cabe llamarla así- no debería sorprender a nadie.

El cimiento político del gobierno de Martín Vizcarra es una alianza con los gobiernos regionales contra el Congreso. La licencia de Tía María reveló de pronto una grieta en esa alianza. De la nada apareció el díscolo gobernador regional de Arequipa exigiendo su anulación. Y el gobierno tuvo que suspenderla. Retrocedió para que la alianza política sobreviera. 

¿Quiénes conforman este mosaico regional? No tiene un rostro, sino dos. La faz radical es la del gobernador de Junín, Vladimir Cerrón, y el ex gobernador de Cajamarca Goyo Santos. Tienen un partido inscrito para las eleciones. A ese carro podrían subirse los gobernadores radicales del Sur -el de Arequipa y el de Puno, Cáceres Llica y Aduviri-, ambos sin inscripción electoral. La cuestión de quién sería el candidato es harina de otro costal.

El rostro moderado en el mosaico regional es el de la cusqueña Verónika y el norteño Yehude Simon, en eterna pugna con su archienemigo, Marco Arana. Ambos tienen representación en el Congreso y también partido inscrito. Aquí no hay unidad posible.

¿Con cuál de las dos facciones de la izquierda es la alianza del gobierno? Con la de los gobernadores radicales en ejercicio. No con la otra, atrapada en el Congreso bajo asedio.

Pero la coyuntura del conflicto en el Sur reclama una solución y, sin embargo, ninguna de las partes en el diálogo -ni el gobierno, ni la empresa, ni las regiones en el mosaico- tiene una propuesta para el diálogo. Son los actos los que hablan, la arbitrariedad y la violencia.

El gobernador de Arequipa anula un contrato de servidumbre sobre 49 hectáreas “de propiedad del gobierno regional”, porque la empresa “no tiene permiso para usar la superficie” que se halla sobre el recursoso natural. No pueden negociar un nuevo contrato, justo y equitativo, porque nadie sabe cuál es el valor de esa superficie. Este es el núcleo del problema. No es político, sino económico.

El conflicto necesita ser desactivado en su origen económico, que es el de la propiedad, y no en el ámbito de sus consecuencias políticas en la descentralización y la autonomía de las regiones. Sin ofender, al rábano hay que tomarlo por la raíz, no por las hojas.  

Pactar una alianza política y electoral con el radicalismo antisistema, en cambio, es un imposible material para este y cualquier otro gobierno. Su propia gravedad empuja al radicalismo hacia el antisistema. Ningún gobierno puede manejar eso. La alianza política electoral del gobierno con las regiones tiene pues una grieta que no se puede reparar y tampoco se puede ya disimular. El penoso retroceso en la licencia de Tía María no ha hecho sino ponerla en evidencia.       

Lo mejor que el gobierno puede hacer ahora por el país y en su propio beneficio es despolitizar el diálogo sobre Tía María, salir de él y dejar lugar a un tercero capaz de ofrecer una propuesta y encaminarlo hacia una política pública que la Ley de Minería pueda recoger.

  
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jueves, 8 de agosto de 2019

MEDIA COLUMNA miércoles 7 agosto 2019




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El enemigo golpea la puerta

Jorge Morelli
@jorgemorelli1
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La frontera sur del Perú está amenazada por un proyecto geopolítico mientras nuestra clase política sigue en la discusión estéril sobre si es constitucional vacar de nuevo la Presidencia, disolver el Congreso o adelantar las elecciones.

La propia clase política es el subproducto de nuestra democracia de baja gobernabilidad. No es capaz de resolver los problemas, solo los aplaza una y otra vez hasta que se pudren sin solución. Así, el debate no lleva a decisiones. Se banaliza, se convierte en una discusión bizantina sobre cuántos ángeles caben en la punta de un alfiler, cuando el enemigo golpea la puerta.

El enemigo ya está aquí, y muestra claramente el rostro. La enésima intentona del castrismo en 60 años logró apoderarse del petróleo de Venezuela, pero está terminando en un desastre. La superviviencia misma del castrismo depende ahora de jugarse su última carta por el control de los recursos naturales –el cobre, el litio, el agua- del sur del Perú. Para esto necesita capturar el poder en el Sur.    

El plan instrumenta al gobierno del presidente de Bolivia, Evo Morales y a sus aliados en varios gobiernos regionales del Sur. El plan es detener en seco la inversión minera en el Perú, no por una cruzada contra la minería, sino porque el pensamiento post extravista de la izquierda radical pretende instrumentar el natural temor a la globalización y la modernidad para la captura del poder y poner luego la renta de los recursos naturales al servicio de su permanencia en el poder.

El cerebro del plan no es el gobierno peruano, como creen muchos que luchan contra el enemigo equivocado. Tampoco es Evo Morales. El cerebro del plan son sus aliados en el Foro de Sao Paulo, en Caracas, en La Habana.

Tres grandes potencias –EE.UU. China y Rusia- pugnan hoy globalmente por el control de los recursos naturales del planeta para el siglo XXI, por el cobre y el litio para la fabricación de los autos eléctricos a la vuelta de la esquina. Pero EE.UU. ha dejado de invertir en Sudamérica hace ya demasiado tiempo, mientras China, en cambio, apuesta por los recursos naturales y lo hace no por medio del modelo caduco de una dominación política tradicional, sino buscando socios. Su megaproyecto global para la construcción de la infraestructura de las economías emergentes del planeta –llamado el Cinturón y la Franja o las Nuevas Rutas de la Seda- no está exento de peligros para las naciones emergentes. Pero aún así, mientras haya competencia en un mercado libre, es una oportunidad infinitamente mejor que cerrar las fronteras de un país para generar monopolios artificiales qué repartir como prebendas a los aliados políticos y terminar en el desastre de Venezuela hoy o en la recaída crónica de la Argentina desde hace ya 80 años.

De Venezuela y la Argentina llegaron precisamente hace doscientos años las ideas libertarias que involuntariamente generaron la anarquía política en que se plasmó nuestra democracia de baja gobernabilidad. En ella, una multitud de tontos útiles colabora hoy con el enemigo que golpea la puerta. Doscientos años atrás la historia vino a buscar su desenlace en nuestra patria. Hoy, en pleno siglo XXI nuevamente, la última batalla por la igualdad de oportunidades, la libertad de la economía y la gobernabilidad democrática será en el Sur del Perú.
      

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miércoles, 7 de agosto de 2019

MEDIA COLUMNA lunes 5 agosto 2019




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Malos planes

Jorge Morelli
@jorgemorelli1
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Si Martin Vizcarra no renuncia, el plan de la oposición es vacar la Presidencia por segunda vez en este quinquenio. Para declarar su "incapacidad moral permanente", sin embargo, necesita dos tercios de los votos del Congreso. Ni uno menos de 87. Es un plan muy malo.

La otra parte, el gobierno, ha presentado un proyecto de referéndum para dos reformas constitucionales distintas y sin conexión entre sí. Una es el adelanto de elecciones. La otra, aludiendo al mandatario actual, precisa innecesariamente que no puede postular quien haya juramentado la Presidencia. 

Si el plan del gobierno es hacer cuestión de confianza de su propuesta para disolver constitucionalmente el Congreso, es un mal plan. No se puede hacer cuestion de confianza de una reforma constitucional

Si el plan del oficialismo es ir a la reelección, es un pésimo plan. Para eso el referéndum tendría forzosamente que consultar las dos preguntas por separado. Necesitaria preguntar al pueblo si al mandatario actual le alcanza la misma prohibición constitucional de postular a la reelección que a cualquier otro mandatario. Y que el pueblo responda que no le alcanza. El gobierno no puede preguntar las dos cosas juntas. Aprobar el adelanto de las elecciones rechazaría al mismo tiempo la reelección. El oficialismo se habría cerrado la puerta a sí mismo. Peor plan imposible.

Pero nada de esto va a suceder, de cualquier modo. Porque la oposición no quiere la reelección y tampoco el adelanto de elecciones. Su plan es ir por la vacancia.

Nada nos obliga a elegir entre planes tan malos. Mejor meter todo el asunto en un cajón y olvidarse de él.


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domingo, 4 de agosto de 2019

MEDIA COLUMNA domingo 4 agosto 2019




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Disfraz de Llica

Jorge Morelli
@jorgemorelli1
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El Perú necesita una inversión anual de 5,280 millones de dólares. En el primer semestre la inversión minera llegó a 2,532 millones. Con la inversion en Tía María se esperaba superar los 5,280 millones. Lo dice hoy el ex ministro Jorge Baca en su columna Linterna de popa en EXPRESO.

Podemos irnos despidiendo de eso, sin embargo, porque esa inversión no se va producir este año. Más gravemente, al anunciar el gobierno -a pedido de los gobernadores del Sur- una nueva Ley de Minería, nadie va a invertir un centavo tampoco hasta que la nueva ley sea debatida, aprobada y esté vigente. Martín Vizcarra anunció el 28 de julio que presentará un proyecto al respecto. Nadie lo conoce. Señaló que la norma actual hay que “actualizarla para que se adecúe a nuestra realidad”. Considerando nuestra realidad, la nueva ley verá la luz en otro gobierno, no en este.

Los gobernadores del Sur, en todo caso, ya tienen su proyecto. El de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, anuncia que viene trabajando un borrador que presentará el 14 de agosto. Propone que las empresas mineras “paguen el 80% de impuestos y no el 2%, como ahora”. La premisa es falsa. La minería paga mucho más en impuestos. Pero eso es fácil de aclarar. Lo que pasa inadvertido, en cambio, es que el problema no es cuánto paga la minería en impuestos, sino cómo determinar el valor de la superficie -sea de quien sea- bajo la cual se halla el recurso natural . El propio gobernador de Arequipa lo dio a entender al anular un contrato con Southern por una servidumbre de 49 hectáreas con el argumento de que esas hectáreas son “de propiedad del gobierno regional” y que la empresa “no cuenta con autorización del uso del terreno superficial”.

Solo el mercado, sin embargo –y no el Estado, menos aun el gobierno regional de Arequipa- puede determinar el valor de esa superficie. Cáceres enfatiza que la empresa solo contaba con un contrato “de servidumbre”, dando a entender que se trata de un arreglo injusto, pero no explica bien sus motivos. Lo que quiere decir es que el gobierno regional firmó un contrato para el uso de esa superficie en los términos limitados de una servidumbre, lo que no sería equitativo. Solo que, como no es posible saber cuánto vale esa superficie, no hay modo de saber a satisfacción de las partes cómo podría ser el libre contrato entre ellas que permita a la empresa el uso de la superficie de propiedad del gobierno regional.

Hasta aquí este embrollo sería, en suma, un monstruoso malentendido. Y nada más.

Pero Cáceres anuncia un ”paro indefinido” desde el lunes 5 de agosto, se lava las manos de él porque lo convoca la CGTP, dice, anuncia que nunca habló de una tregua en la reunión con el Presidente semanas atrás, a quien dijo que “Tía maría no va”. Y dice todo esto vestido como Evo Morales en una entrevista televisiva en Lima.

El propio Cáceres proporciona los indicios de que su plan es político y va mucho más alla del justo reparto de la renta de los recursos naturales. Revela que lo que le interesa no es un contrato justo de la región con la empresa, sino que el Estado monopolice la renta minera. Y esto cae dentro de un plan geopolítico –que pasa también por el uso del gas natural boliviano- para controlar los recursos naturales del Perú. Un plan compartido con el gobierno regional de Puno e instrumentado desde el gobierno de  Evo Morales, el presidente vitalicio de Bolivia, y sus aliados de Sao Paulo, Caracas y La Habana. 

Y eso ya es harina de otro costal.    


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viernes, 2 de agosto de 2019

MEDIA COLUMNA miércoles 31 julio 2019






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Las regiones declaran
la guerra al Congreso


Jorge Morelli
@jorgemorelli1
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El gobernador regional de Junín, Vladimir Cerrón, afirma que, con el recorte del mandato congresal y presidencial al 2020, el presidente Vizcarra “se enfrenta al Congreso reaccionario”. También el gobernador regional de Pasco, Pedro Ubaldo, saludó el adelanto de elecciones. En el mismo sentido se pronunció el gobernador regional de San Martín, Pedro Bogarín. 

El presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales y gobernadore de Cajamarca, Mesías Guevara, calificó de “gesto democrático” el adelanto. Sostuvo que el Congreso está “fuera de la realidad y no escucha al pueblo”. "Han perdido el foco de lo que quiere el pueblo peruano: que haya una renovación de la clase política", dijo. Subrayó que Vizcarra muestra que no se aferra al cargo al plantear el recorte del mandato presidencial y calificó de despropósito que se pida su renuncia y la de Mercedes Aráoz para que Pedro Olaechea asuma la Presidencia y convoque a elecciones.

También la Red de Municipalidades Urbanas y Rurales, que representa a los alcaldes del Perú, ha expresado su respaldo al adelanto de elecciones.

Llevando el asunto al diálogo minero, el díscolo gobernador regional de Arequipa sostiene, por su parte, que el adelanto de elecciones es una cortina de humo para tapar la crisis del diálogo, y no se pronuncia contra el adelanto de elecciones. 

En conexión con el diálogo minero igualmente, el gobernador regional de Tacna, Juan Tonconi, afirma que urge la nueva Ley General de Minería anunciada por el gobierno, porque la que existe "está desfasada". Se lo dijeron a Vizcarra en la reunión en Arequipa con la Mancomunidad del Sur, según video que circula en las redes. Es más, Tonconi reveló que la Mancomunidad tiene listo el borrador de la la nueva Ley de Minería, trabajado por los gobiernos regionales de Ica, Apurímac, Arequipa, Madre de Dios, Cusco, Moquegua y Tacna.

Ese proyecto de Ley bien puede ser un vehículo del pensamiento post extractivista de la izquierda radical. Pronto lo sabremos.

Lo que está claro de inmediato es que una alianza con el gobierno ha lanzado a las regiones contra el Congreso. No es poca cosa. Hace años ya que las regiones han venido empoderándose hasta el punto en que no acatan ya las disposiciones del Ejecutivo. Ahora enfilan sus armas contra los representantes parlamentarios en el Congreso, debilitado por sus propios actos.

 Cerrando la tenaza, desde el gobierno central el ministro de Justicia anuncia que el Gabinete no descarta hacer cuestión de confianza de la aprobación del adelanto de elecciones, cuya iniciativa presentó ayer. De confirmarse el anuncio, es la antesala de la disolución del Congreso.



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jueves, 1 de agosto de 2019

MEDIA COLUMNA lunes 29 julio 2019





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Cuanto antes

Jorge Morelli
@jorgemorelli1
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"Propongo una salida a esta crisis institucional, presento al Congreso una reforma constitucional de adelanto de elecciones generales que implica el recorte del mandato congresal al 2020. De igual modo, en esta reforma también se solicita el recorte del mandato presidencial a la misma fecha. La voz del pueblo tiene que ser escuchada, por eso esta reforma constitucional deberá ser ratificada mediante referéndum".

Es lo que dijo exactamente el presidente Martín Vizcarra al Congreso. Sus motivaciones subjetivas –desde las sospechas de un plan oculto para un golpe institucional hasta la tesis de un generoso desprendimiento personal- son objeto de especulación que es pura pérdida de tiempo desde que no tienen verificación posible.

Si el Presidente no sabe o no puede ya resolver los problemas, hace bien en irse y llevarse consigo al Congreso. El escenario político de este quinquenio -irresponsablemente marcado desde el primer día por una confrontación política superflua- no permite ya las reformas que el país necesitaba. Y, segundo, adelantar las elecciones para un nuevo reparto de cartas entre gobierno y oposición puede no ser una mala salida de esta pesadilla interminable.

“La confianza solicitada por las reformas ha sido aprobada solo de palabra y denegada en los hechos", dijo Vizcarra. Pero es un pretexto. El gobierno no necesitaba justificarse en que la oposición desnaturalizó la reforma relativa a la inmunidad parlamentaria, como antes desnaturalizó también la bicameralidad tratando vergonzosamente de instrumentarla para su propia reelección.

Lo real es que tanto el gobierno como la oposición saben muy bien que la Constitución prohibe disolver el Congreso en el último año del quinquenio y, desde el punto de vista del gobierno, entonces, ese último año es inviable. Y, desde el punto de vista de la oposición, el único plan es atrincherarse y resistir un año en el Congreso para que, cuando la espada de Damocles de la disolución haya finalmente caído, proceder a maniatar al Ejecutivo, ponerlo bajo su férula e incluso, de ser necesario, vacar una vez más la Presidencia. Poco le importa al pueblo, sin embargo, el punto de vista de la oposición o el del gobierno, porque lo que debería importarles a ambos es el punto de vista del Perú. Y, desde él, este ya es un quinquenio perdido.

Para el sentido común, el mal menor será un nuevo reparto de cartas entre gobierno y oposición. Uno que solo el pueblo puede legítimamente otorgar en elecciones. Otra cosa es cuál sea el camino constitucional para conseguirlo. La oposición esgrime la inconstitucionalidad del adelanto de las elecciones, lo que le ganará una nueva oleada masiva de rechazo popular. O, más astutamente, pide la renuncia del mandatario (y de la segunda vicepresidenta) para que el nuevo titular del Congreso asuma y convoque a elecciones. Si lo que la oposición privilegia es quedarse en el Congreso hasta el 2021 dentro del mismo estado de cosas actual, no debería esconderse tras las faldas de constitucionalistas que dirán lo que haga falta. Todos saben que es posible reclutar media docena de juristas que argumenten la inconstitucionalidad del adelanto de las elecciones, pero lo que debería ocupar en primer lugar a estos Brutos y Casios, salvadores de la República de las ambiciones del “dictador”, es reclutar a la media docena de juristas quepueda diseñar la forma constitucional de hacer posible que el Perú retome su camino cuanto antes.


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