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MEDIA COLUMNA
Combate de saurios
Jorge Morelli
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Veinte años atrás, el Congreso de la República
destituyó a tres magistrados del Tribunal Constitucional. Este había declarado
inaplicable a Alberto Fujimori la entonces llamada ley de “interpretación
auténtica” que permitía al Presidente postular en las elecciones del 2000.
El Congreso interpretaba que la del 2000 no era la
segunda reelección de Fujimori –que la Constitución no permitía-, sino solo la
primera, puesto que la vigencia de la Constitución misma -de 1993-, posterior a
la primera elección de Fujimori en 1990, solo se refería a las elecciones de
1995 y las de 2000. (Con ese mismo argumento, dicho sea de paso, varios
presidentes latinoamericanos de izquierda se han reelegido incesantemente hasta
hoy).
En 1997, sin embargo, el Tribunal Constitucional no
pudo declarar inconstitucional la “interpretación auténtica” del Congreso. No
obtuvo los votos necesarios para hacerlo, en uso de sus facultades de control
concentrado. Para impedir la postulación de Fujimori, sin embargo, el Tribunal
hizo uso de las facultades de control difuso que la Constitución confiere a
cualquier organismo jurisdiccional. Declaró entonces inaplicable a la persona
de Fujimori la ley cuya inconstitucionalidad no había podido declarar.
La decisión era legal, pero su legitimidad fue
cuestionada. El Congreso entendió que la decisión del Tribunal escapaba del ámbito
judicial para entrar de lleno en el de la política. Y acusó constitucionalmente
entonces a los magistrados que habían procedido en ese sentido. Fueron
destituidos. Y repuestos años después, luego de la caída del gobierno
fujimorista.
El control difuso proviene de la tradición judicial
norteamericana, de la famosa decisión de la Corte Suprema en el caso Marbury
versus Madison, de comienzos del siglo XIX, que creó el judicial review, un
salto enorme para el equilibrio de poderes de la democracia. La facultad del
control concentrado proviene -igual que el Tribunal Constitucional mismo- de la
prolífica imaginación de Hans Kelsen que los plasmó en la Constitución de
Weimar en la Alemania de 1919, y rigió sobre el gobierno alemán de la
entreguerra que, sin equilibrio de poderes, desembocó en el nazismo.
Como en tantas otras cosas, nuestras constituciones
-incluso la de 1993- han recogido las dos tradiciones. Tenemos control
concentrado en manos del Tribunal Constitucional y control difuso en manos de
cualquier autoridad jurisdiccional, sin excepción.
Es una bomba de tiempo. Tarde o temprano cualquier
autoridad jurisdiccional del poder Judicial va a declarar inaplicable a algún
ciudadano, por ejemplo, la ley orgánica del Tribunal Constitucional que le
confiere la condición de supremo intérprete constitucional (lo que la
Constitución no dice en ninguna parte).
Es el precio de importar desordenadamente las
instituciones jurídicas. La guerra del Congreso con el Tribunal no ha terminado
y la pregunta que todos hacen en silencio mientras corren apuestas es ¿cuál será
el dinosaurio más grande?
REPORTE DE NOTICIAS en Internet
Las siguientes notas periodísticas de
política y economía han sido seleccionadas, editadas y ordenadas
temáticamente. No se las debe citar como
tomadas directamente de sus fuentes originales, las mismas que se indican
sólo como una forma de reconocer el crédito
y agradecer la cortesía.
GOBERNABILIDAD, DEMAGOGIA, AUTORITARISMO,
DEMOCRACIA
El Comercio
La Comisión de Constitución del Congreso emitió un
informe según el cual el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski,
está obligado a comparecer ante una comisión investigadora por hechos que
ocurrieron antes de que asumiera el cargo.
El informe también sostiene, no obstante, que “se
configuraría una infracción constitucional” si el Presidente no comparece ante
la comisión investigadora y esto impide esclarecer “hechos de interés público”.
El artículo 117 de la Constitución señala que solo se
puede acusar, en su periodo, a un presidente "por traición a la Patria;
por impedir elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o
municipales; por disolver el Congreso (salvo en casos previstos en el artículo
134) y por impedir su reunión o funcionamiento, o los del Jurado Nacional de
Elecciones y otros organismos del sistema electoral".
En febrero de este año, la misma Comisión de
Constitución bajo la presidencia de otro fujimorista, Miguel Torres, llegó a
una conclusión completamente opuesta a la de hoy.
En el Informe de Opinión Consultiva N°01-2016-2017 se
lee en la primera conclusión: "Están exceptuados de concurrir a una
Comisión Investigadora el presidente de la República, en tanto que solo procede
investigarlo y acusarlo cuando medien los supuestos del artículo 117 de la
Constitución, y los congresistas".
El Comercio
El portavoz de la bancada de Peruanos por el
Kambio, Vicente Zeballos, afirmó que Fuerza Popular
está “forzando o construyendo mecanismos para generar en el futuro una
vacancia” del presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK).
El parlamentario precisó que la opinión consultiva de
la Comisión de Constitución no tiene “efecto vinculante”.
El Comercio
La congresista de Fuerza Popular Úrsula Letona afirmó hoy que su
partido tiene claro que el presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK)
“debe terminar su mandato”. “Haremos todo lo que esté en nuestras manos y en
nuestra gestión para ayudarlo a que así sea”, manifestó.
Letona estableció que queda en manos de la comisión
investigadora (en este caso, Lava Jato) determinar cuáles serán las condiciones
de esta comparecencia (presencial o vía escrita).
El Comercio
La presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Aráoz, señaló
que el pronunciamiento de la Comisión de Constitución afecta la "certeza
jurídica" y "la estabilidad del país".
“La Constitución protege la figura presidencial para
que haya un equilibrio de poderes entre el Legislativo y el Ejecutivo”,
remarcó Mercedes Aráoz.
El Comercio
El ministro de Justicia, Enrique Mendoza,
destacó que el documento aprobado en la Comisión de Constitución hace una
precisión sobre la palabra "comparecer" con la que se refieren a la
presencia del mandatario ante una comisión investigadora.
"La comparecencia, de acuerdo al informe, indica
que es obligación del presidente de colaborar con una investigación y abre la
posibilidad que sea por vía escrita. Reconoce la potestad que tiene el
presidente de colaborar en forma escrita", manifestó.
Recordó que PPK está dispuesto a colaborar "por
escrito, en forma de pliego de preguntas y quizá hasta de repreguntas".
La República
La
mañana del 20 de agosto de 1996, la sede del Congreso fue escenario de un hecho
que fue considerado luego como el inicio de un fraude: la Comisión de
Constitución, presidida entonces por Carlos Torres y Torres Lara, había
aprobado un dictamen interpretando a su antojo la Carta Magna para permitir la
re-reelección del hoy preso Alberto Fujimori.
El
mismo oficialismo bautizó aquella norma como la “ley de interpretación
auténtica de la Constitución”. Dos décadas después, los herederos del régimen
de los años 90 volvieron a hacer una “interpretación auténtica”, esta vez con
la participación de Miguel Torres, hijo
de Torres y Torres Lara.
La
mayoría fujimorista aprobó ayer en la Comisión
de Constituciónun
informe de opinión consultiva, estableciendo que el presidente Pedro Pablo
Kuczynski está obligado a comparecer ante una comisión investigadora, pese a
que en febrero este mismo grupo había aprobado otro informe que establecía
exactamente lo contrario.
El
9 de febrero la Comisión de Constitución, presidida entonces por
Miguel Torres, dio cuenta del informe consultivo N° 01-2016-2017. El documento
concluye que la Constitución y el Reglamento
del Congreso “otorgan
a la Comisión Investigadora la atribución de citar a autoridades, funcionarios
y servidores públicos a fin de que comparezcan y brinden información. (...)
Están exceptuados el presidente de la República (...) y los congresistas”.
Sin
embargo, ayer los fujimoristas aprobaron el informe N° 01-2017-2018, que
establece ahora que el presidente “sí tiene la obligación constitucional de
comparecer ante una comisión investigadora del Congreso… por hechos ocurridos antes
de asumir el cargo”.
La
jefa del gabinete ministerial, Mercedes
Aráoz,
subrayó ayer que estamos ante una nueva “interpretación auténtica”, como
ocurrió en los 90.
Fueron
diez votos los que aprobaron el cambio. Nueve
de Fuerza Popular y
el décimo de Yeni Vilcatoma. Solo cinco de las otras tiendas políticas votaron
en contra.
Aníbal
Quiroga calificó la decisión de ayer como “un error constitucional y un error
jurídico”.
Transparencia
emitió un pronunciamiento de respaldo a Sánchez. “El respeto a las
instituciones constitucionalmente autónomas constituye un pilar fundamental
para la democracia”, enfatizaron.
El Comercio
Los tres últimos jefes del Estado se presentaron ante
comisiones del Parlamento después de haber dejado Palacio.
En setiembre del 2013, cuando estalló el escándalo de
Ecoteva, el ex presidente Toledo se
presentó a la Comisión de Fiscalización para explicar las compras inmobiliarias
de su suegra.
En noviembre de 2016 Ollanta Humala por
primera vez desde que dejó Palacio se presentó a una comisión del Parlamento
para informar sobre la compra a la
empresa francesa Astrium Defence and Space del satélite Perú SAT-1 durante su
mandato.
ANTICORRUPCION,
PERSECUCIÓN, JUDICIALIZAC ION POLITICA
Peru21
El fiscal José Pérez y su superior, el coordinador de
Lavado de Activos, Rafael Vela, arribaron ayer a Brasil para interrogar mañana
a Marcelo Odebrecht por la anotación ‘Aumentar
Keiko para 500 e eu fazer visita’ en la agenda de su celular.
Pérez envió previamente a las autoridades brasileñas un
pliego de 48 preguntas al ex ejecutivo. Solo la Procuraduría de Brasil podrá preguntar
directamente a Odebrecht.
El fiscal peruano también consultará sobre ‘AG’ y el ex presidente Ollanta Humala, ya que en el resto de la anotación aparece: “anuncio Kuntur agora bom para Perú/AG” y “Humala? Perú (gas como oportunidade de aproximacao)”.
El fiscal peruano también consultará sobre ‘AG’ y el ex presidente Ollanta Humala, ya que en el resto de la anotación aparece: “anuncio Kuntur agora bom para Perú/AG” y “Humala? Perú (gas como oportunidade de aproximacao)”.
Edward García, abogado de Fujimori, llegó ayer a
tierras brasileñas para participar en el encuentro.
El Comercio
Por unanimidad, los congresistas de Fuerza
Popular acordaron la noche del martes respaldar la
denuncia constitucional contra el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez.
La bancada naranja votó en la reunión que sostiene el
grupo los martes en Paseo Colón.
Daniel Salaverry denunció constitucionalmente al
titular del Ministerio Público por cometer supuestas “omisiones funcionales” al
no abrir investigación a empresas peruanas socias de Odebrecht.
El legislador Héctor Becerril sostuvo que el Ministerio
Público tiene “una estructura jerarquizada” y el fiscal de la Nación “tiene
autoridad sobre todos los fiscales” y que Pablo Sánchez no habría tomado
acciones contra las socias de Odebrecht a pesar de tener pruebas otorgadas por Jorge
Barata.
El Comercio
La fiscal superior Elizabeth Peralta advirtió inconsistencias
y omisiones en la resolución de la fiscal Sara Vidal que archivó la
investigación por presunto lavado de activos contra el ex dirigente
fujimorista Joaquín Ramírez y la lideresa de Fuerza
Popular, Keiko Fujimori.
Por tal razón, la magistrada ordenó, el viernes pasado,
que un nuevo fiscal reabra el caso y emprenda las diligencias que no se
efectuaron. Pero también agregó a la investigación información nueva que llegó
dos semanas atrás de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Fuentes de El
Comercio indicaron que la UIF informó a la fiscal superior que
detectó un desbalance patrimonial tanto en los ingresos de Joaquín Ramírez como en los de su
hermano Osías, actual congresista fujimorista.
Este reporte fue crucial para que Peralta decida que la
investigación a los Ramírez continúe. El
Comercio tuvo acceso al escrito de la fiscal superior, de 27
páginas. En él, se reseña las diligencias claves que no se ejecutaron, como la
falta de un peritaje contable a las cuentas de nueve personas investigadas y
diez empresas incluidas en el caso.
Expreso
La acusación
constitucional que solicita la destitución e inhabilitación del fiscal de la
Nación, Pablo Sánchez Velarde, fue rechazada por dos destacados juristas
consultados por EXPRESO: César Nakazaki y Ántero Flores-Aráoz.
“Yo creo que esta denuncia
en su momento no va a prosperar”, opinó Nakazaki. “Justifico que haya un tema
de investigación, pero no una denuncia constitucional”, añadió el penalista.
Por otro lado, el abogado
y expresidente del Congreso, Ántero Flores-Aráoz, indicó que no le parece
apropiada esta acusación en contra del titular del Ministerio Público porque se
está “judicializando la cosa política” y se cae en un círculo de denuncias.
La
República
Anoche
la bancada naranja acordó respaldar la acusación constitucional tramitada por
Daniel Salaverry en contra del fiscal de la Nación, Pablo Sánchez. Este hecho
es interpretado como una represalia del
fujimorismo por el reinicio de la investigación fiscal contra Keiko Fujimori
por presunto delito de lavado de activos.
Yonhy Lescano acusó a Fuerza
Popular de
tener “doble moral”, al forzar una investigación contra Kuczynski y, por otro
lado, blindar a Keiko Fujimori, con la acusación lanzada contra el fiscal
Sánchez.
Peru21
Pensando
en el 2021
Juan
José Garrido
Es increíble la facilidad con la cual se enrarece el ambiente político
nacional. Cierto, las elecciones de 2016 dejaron la cancha servida para
múltiples confrontaciones (el Ejecutivo en manos ppkausas, con final de
fotografía, y el Legislativo en mayoría fujimorista), pero hace tan solo un par
de semanas el gobierno y el fujimorismo intercambiaban ideas, las
investigaciones de la Fiscalía –siempre incómodas– discurrían en fueros
internos y el Tribunal Constitucional no era prioridad en la agenda
fujimorista.
Hoy, sin embargo, el barullo es total: los miembros del TC y el fiscal
de la Nación con acusaciones constitucionales, en este último caso impulsada
por los fujimoristas, a quienes se les han reabierto investigaciones; el
presidente bajo nuevas amenazas, y por, obvias razones, lo más probable es que
las distancias entre el gobierno y la oposición se incrementen antes que se
reduzcan.
Sin entrar a discutir quién tiene razón en qué y por qué, sería
importante tratar de entender cómo llegamos a esta situación.
Para empezar, las elecciones de 2016: pasaron a la segunda vuelta dos
partidos que no encontraron otra forma de ganar votos que desprestigiando a su
contendiente. Alguien tenía que ganar, y ya sabemos cómo acabó eso.
Luego está el comienzo del gobierno ppkausa, el cual asumió desde el
inicio que no tenía nada que negociar o conversar con el fujimorismo. El
fujimorismo, por su parte, no asumió bien la derrota. Trece meses por dicho
sendero han dejado a ambas fuerzas en posición de combate. Basta una chispa
para que se reanude el fuego cruzado. Por supuesto, sectores extremistas a cada
lado incentivan dicho intercambio, ya que es allí donde reside su ventaja
competitiva en elecciones.El problema central de esta situación, sin –de nuevo–
entrar a debatir quién tiene o no la razón, es que a este paso perderemos estos
cinco años (como perdimos, finalmente, el quinquenio anterior). Y si esta
lectura es correcta, lo más probable es que los intercambios escalen antes que
amainen. Encima, la caída del gabinete Zavala dejó a ambas fuerzas con pocas
estrategias de salida. ¿Cómo llegaremos, así, al 2021?
El
Comercio, editorial
Un
adagio repetido frecuentemente en el contexto de las contiendas es aquel que
propone que “la mejor defensa es el ataque”. Ir a la ofensiva –sostienen los
seguidores de este mantra– no solamente permite acercarse al objetivo
perseguido, sino que al poner contra las cuerdas al rival, evita que este pueda
intentar eventuales acometidas.
Habría
que suponer que un razonamiento similar ha germinado en las tiendas del
fujimorismo y está detrás de la insólita denuncia constitucional presentada el
lunes por su vocero titular en el Parlamento, Daniel Salaverry, en contra del fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, por una supuesta
“grave omisión funcional en la lucha contra la corrupción”.
Como
se sabe, desde hace varias semanas, diversos miembros de la bancada de Fuerza Popular (FP) han
cuestionado duramente la labor del Ministerio Público. En particular, dos
actuaciones de la fiscalía contra el lavado de activos son las que han generado
la incomodidad: la indagación preliminar que viene conduciendo el fiscal José
Pérez sobre el origen de los aportes a la campaña presidencial de Keiko
Fujimori, y en cuyo marco se ha programado una entrevista a Marcelo Odebrecht
en Brasil; y la decisión de dicho fiscal de investigar a la lideresa del
fujimorismo al amparo de la ley contra el crimen organizado (Ley 30077).
Más
allá de que, como a cualquier otro ciudadano, a Keiko Fujimori y sus adláteres
les asiste el derecho de expresar su rechazo a las decisiones de un organismo
jurisdiccional, el tenor de las pullas dirigidas contra los representantes del
Ministerio Público ha sido preocupante, por decir lo menos.
El propio Salaverry, por ejemplo, señaló hace unos días sobre los integrantes de la fiscalía que “son ellos los que actúan como criminales organizados porque siguen encubriendo a empresas corruptas”. Y frente a la noticia del nuevo cauce legal que estaba tomando la investigación a Keiko Fujimori, anunció que iban a “tomar todas las acciones legales” a su disposición contra el “atropello” del Ministerio Público e “ir hasta las últimas consecuencias”. Por su parte, el vocero alterno de FP, Héctor Becerril, ha atacado continuamente al fiscal de la Nación, vía Twitter, acusándolo de proteger al prófugo ex presidente Alejandro Toledo y llamándolo “corrupto” y “verdugo político de Keiko Fujimori”.
El propio Salaverry, por ejemplo, señaló hace unos días sobre los integrantes de la fiscalía que “son ellos los que actúan como criminales organizados porque siguen encubriendo a empresas corruptas”. Y frente a la noticia del nuevo cauce legal que estaba tomando la investigación a Keiko Fujimori, anunció que iban a “tomar todas las acciones legales” a su disposición contra el “atropello” del Ministerio Público e “ir hasta las últimas consecuencias”. Por su parte, el vocero alterno de FP, Héctor Becerril, ha atacado continuamente al fiscal de la Nación, vía Twitter, acusándolo de proteger al prófugo ex presidente Alejandro Toledo y llamándolo “corrupto” y “verdugo político de Keiko Fujimori”.
Con
estos antecedentes, la denuncia presentada el lunes por el congresista Salaverry parecería ser más
bien una represalia en contra de la institución a la que el fiscal Sánchez representa. Y el
tenor del documento dirigido a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales
del Congreso solo ayuda a reforzar la suspicacia.
Para
el congresista Salaverry,
como decíamos, la supuesta inconducta del fiscal de la Nación consistiría en
una omisión en la lucha contra la corrupción. La parte más grave de la denuncia
del portavoz de FP está
en el feble sustento, el cual, en realidad, no pasa de ser un collage de
algunos recortes periodísticos vinculados con el Caso Lava Jato, la mayoría de
los cuales, además, apenas recoge declaraciones de algunos congresistas
cuestionando al Ministerio Público.
Resulta un absurdo jurídico que se plantee la destitución del máximo representante del Ministerio Público porque un fiscal del Caso Lava Jato –el cual goza de autonomía funcional respecto del fiscal de la Nación, además– no haya resuelto aún formalizar una denuncia contra los representantes de las compañías nacionales que fueron socias de Odebrecht en algunos consorcios. Un congresista podrá estar en desacuerdo con la estrategia de un fiscal, pero eso no constituye causal para proponer su licenciamiento ni mucho menos para plantearlo por una vía tan grave como la acusación constitucional.
Resulta un absurdo jurídico que se plantee la destitución del máximo representante del Ministerio Público porque un fiscal del Caso Lava Jato –el cual goza de autonomía funcional respecto del fiscal de la Nación, además– no haya resuelto aún formalizar una denuncia contra los representantes de las compañías nacionales que fueron socias de Odebrecht en algunos consorcios. Un congresista podrá estar en desacuerdo con la estrategia de un fiscal, pero eso no constituye causal para proponer su licenciamiento ni mucho menos para plantearlo por una vía tan grave como la acusación constitucional.
La
“preocupación política” (palabras textuales de la denuncia del congresista Salaverry) no da a pie para
intentar conculcar la autonomía de un órgano jurisdiccional, y es alarmante que
un legislador y representante de la principal fuerza política en el Congreso no
lo sepa. Desde toda perspectiva –jurídica, política o de sentido común–, el
ataque naranja al Ministerio Público es la peor defensa que pudiera requerir
Keiko Fujimori.
El
Comercio
La
conjura de los necios
Cecilia
Valenzuela
El
congresista fujimorista que ha denunciado constitucionalmente al fiscal de la
Nación dice que lo hace a título personal. Por su vinculación con Joaquín Ramírez, Daniel Salaverry podría
estar personalmente interesado en que destituyan e inhabiliten a Pablo Sánchez;
pero él no es el único en su agrupación con razones para desear un descalabro
en el Ministerio Público.
Si la
fiscalía encuentra los verdaderos orígenes del dinero de Ramírez, podría llegar a los fondos
que el ex congresista y ex secretario general de Fuerza Popular invirtió en el club
Carlos A. Mannucci de Trujillo. El 9 de enero del 2014, Salaverry convirtió a Ramírez en el presidente y
mandamás del equipo tricolor, uno de los emblemas futbolísticos trujillanos.
Dos años después, Salaverry encabezaba la lista de Fuerza Popular al Congreso por La Libertad.
Pero
la investigación por lavado de activos que acaba de reabrir la fiscalía
contra Joaquín Ramírez, que
se adecuará a la Ley contra el Crimen Organizado, incluirá también a Keiko
Fujimori y a Osías Ramírez, hermano del primero y elegido por la segunda para
representar a Fuerza Popular en
Cajamarca en las elecciones regionales del 2014.
La
estrechez de los lazos que unen a los protagonistas de esta última andanada
contra la independencia de la fiscalía confirma el propósito de la mayoría
parlamentaria de evitar que se investigue, cabalmente, a un grupo económico del
que sospechan la procuraduría antidrogas del Perú y la agencia antinarcóticos
norteamericana, conocida como DEA.
Ramírez fue el más visible financista durante la última
campaña de Fuerza Popular.
Salaverry no debe ser el único que le debe la curul desde la que ahora pondera.
Quizá por eso su amenaza prepotente contra el fiscal de la Nación ha tenido
tanto eco en su bancada.
Pero
aunque intenten imponer todo su poder, la investigación ya está reencaminada y
las demás autoridades capaces de indagar en estos casos, alertas.
Hace
casi un año, la procuradora antidrogas Sonia Medina advirtió a la fiscal Sara
Vidal, la que pretendió archivar el Caso Ramírez hace cuarenta días, que su despacho tenía serias
sospechas del origen del dinero de la familia Ramírez, constituida en un grupo económico de la noche a la
mañana. Según refiere Medina, esa riqueza podría tener precedentes en el
tráfico ilícito de drogas. El vínculo de los Ramírez con el alcalde de Tocache,
el que cayó hace poco por narcotráfico, y con Miguel Arévalo Ramírez, conocido
entre los agentes de la DEA como ‘Eteco’, contribuyen a orientar las pesquisas
en ese sentido.
En su
momento, Medina solicitó oficiar la defensa del Estado en el Caso Ramírez, pero la fiscal que archivó la
investigación le negó el acceso. Ahora que el caso se adecuará a la Ley contra
el Crimen Organizado, la participación de la Policía y de la procuraduría
antidrogas serán de gran aporte.
De
otro lado, la respuesta de Pablo Sánchez a las presiones del fujimorismo: “No
me voy a amilanar”, y el rechazo de toda la fiscalía, de los demás poderes del
Estado y de todas las instituciones democráticas del país a la denuncia
de Fuerza Popular orquestada
por Salaverry, reconfortan a la ciudadanía. Sánchez procesó a Vladimiro Montesinos
por traficar armas con las FARC y obtuvo una condena de 20 años de cárcel para
el todopoderoso asesor de Fujimori y jefe del SIN. Como bien ha dicho, a quién
le va a tener miedo.
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