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MEDIA COLUMNA
La verdad completa
Jorge Morelli
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El presidente, Pedro Pablo Kuczynski, desmintió el miércoles,
al inicio de su mensaje de ese día, la queja –así la llamó- de Marcelo Odebrecht
de que en el Perú solo se procesa a la empresa brasileña y no a sus socias. Los fiscales Pablo Sánchez y Hamilton Castro
afirmaron el domingo que Graña y Montero sí se encuentra bajo investigación. El
lunes la empresa informó no haber sido notificada. Fuentes de la Fiscalía
argumentaron que se trata de una indagación para corroborar informaciones que
provienen de colaboradores eficaces, lo que por definición no se notifica.
La existencia de esta indagación, que puede parecer
un asunto procesal anodino, esconde un asunto de importancia política
fundamental.
Al confirmar que existía la investigación a las socias de Odebrecht, el propio fiscal Hamilton
Castro declaró que esta tuvo lugar “a
partir de declaraciones de Jorge Barata”. La indagación incluía entonces la
posibilidad de darle a Barata el estatus de colaborador eficaz en el Perú.
Solo que Barata ya no hablará. Un juez ha anulado la
resolución de Hamilton Castro que lo consideraba colaborador eficaz. El juez alega
que el fiscal no podía “excluir” a Barata de la “investigación preliminar” sin
comunicarlo antes. ¿De quién depende en el Perú otorgar o denegar la
colaboración eficaz?
A todo esto, la subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso
aprobó el miércoles acusar constitucionalmente al fiscal de la Nación, Pablo
Sánchez, señalado por Keiko Fujimori en su video mensaje de hacerse “de la
vista gorda” para no investigar a la empresa Graña y Montero. Si la indagación antes referida es confirmada ante
la subcomisión de Acusaciones Constitucionales, quedará desmentido que la
Fiscalía de la Nación se haya hecho “de la vista gorda”. Como esa fue la
justificación de la acusación constitucional contra el fiscal de la Nación, esa
sería una decisión política tomada sobre una premisa equivocada.
Las declaraciones de Odebrecht en Curitiba, de otra
parte, llevaron al diario El Comercio a un titular de portada que tendría como
consecuencia una querella por difamación en su contra. En su video mensaje,
Keiko Fujimori atribuyó el titular también a una supuesta reacción del diario
porque la noche anterior el Congreso aprobó modificar el decreto de urgencia
003 que incluye a Graña y Montero en el
saco de Odebrecht en cuanto a limitaciones para operar. La decisión
–dijo- habría afectado a “los señores Graña”, dueños de la empresa. Para nadie
es un secreto, sin embargo, que el proyecto venía preparándose desde antes bajo
la premisa de la supuesta impunidad de la empresa, puesto que la Fiscalía no la
investigaba. Si la empresa se halla bajo indagación desde febrero, como afirma
la Fiscalía, son dos las decisiones políticas de importancia –acusar
constitucionalmente al Fiscal de la Nación e incluir a Graña y Montero en el
régimen de castigo de su socia brasileña- originadas en la misma premisa falsa.
Más allá de la acusación
constitucional del Congreso contra el Fiscal de la Nación, lo que le importa al
país es que la colaboración eficaz de Barata es necesaria para que el brazo
derecho de Marcelo Odebrecht diga en la indagación lo que sabe sobre la
operación de Odebrecht y sus socias. De lo contrario, nunca conoceremos la
verdad sobre la corrupción brasileña en el Perú.
REPORTE DE NOTICIAS en Internet
Las siguientes notas periodísticas de
política y economía han sido seleccionadas, editadas y ordenadas
temáticamente. No se las debe citar como
tomadas directamente de sus fuentes originales, las mismas que se indican
sólo como una forma de reconocer el crédito
y agradecer la cortesía.
ANTICORRUPCION, PERSECUCIÓN, JUDICIALIZAC ION POLITICA
El Comercio
En medio de las
dudas sobre el futuro como aspirante a colaborador eficaz del ex directivo de Odebrecht en el Perú Jorge Barata, ayer el juez Richard
Concepción Carhuancho aclaró los alcances de su reciente resolución.
El magistrado había rechazado el último viernes la
decisión del Equipo Especial Anticorrupción que dirige el fiscal Hamilton
Castro de excluir al empresario brasileño de la investigación preparatoria
relacionada a la concesión de la carretera Interoceánica.
El juez Richard Concepción Carhuancho, titular del
Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, precisó que con su última
resolución en el marco del Caso Odebrecht no
ha quitado la condición de aspirante a colaborador eficaz a Jorge Barata.
“El tema de la colaboración eficaz, de acuerdo a pautas
generales, lo maneja la fiscalía. Yo en ningún momento le he quitado la
condición de colaborador. En ningún extremo de la resolución se ha dicho eso”,
indicó Concepción Carhuancho en diálogo con El Comercio.
Lo que la resolución del magistrado de la Sala Penal
Nacional precisa es que la fiscalía no puede excluir a un investigado “de
manera unilateral”—como se hizo en el caso de Barata— y que esta decisión requiere de una autorización judicial.
“De requerirlo, la audiencia se convoca de inmediato.
Se cita a todas las partes y se puede resolver el mismo día”, manifestó el juez
en referencia a la eventual exclusión de Barata como
presunto cómplice de Alejandro Toledo en los delitos de colusión y tráfico de
influencias.
—La fiscalía
insistirá—
Tras conocer la posición de Concepción Carhuancho, fuentes del Ministerio Público confirmaron a El Comercio que la institución insistirá para excluir al ex director ejecutivo de Odebrecht en el Perú de la investigación preparatoria formulada en febrero de este año. Ello ya que lo consideran necesario para no afectar el proceso de colaboración eficaz al que busca acogerse el empresario brasileño.
Tras conocer la posición de Concepción Carhuancho, fuentes del Ministerio Público confirmaron a El Comercio que la institución insistirá para excluir al ex director ejecutivo de Odebrecht en el Perú de la investigación preparatoria formulada en febrero de este año. Ello ya que lo consideran necesario para no afectar el proceso de colaboración eficaz al que busca acogerse el empresario brasileño.
Para la fiscalía, la controversia responde a un aspecto
procedimental y no de fondo. Así, las fuentes consultadas explicaron que ante
la decisión del juez, el Ministerio Público puede apelar la resolución emitida
para que una sala la revise o requerirle a un magistrado –como lo exige
Concepción Carhuancho– la exclusión de Barata dentro
de la investigación preparatoria.
Si bien la decisión sobre el paso por seguir aún no ha
sido tomada por el Ministerio Público, altos funcionarios de esa institución
aseguraron a este Diario que se optará por el procedimiento que viabilice de
manera más rápida la exclusión de Barata.
En ese sentido, el abogado penalista Luis Lamas Puccio
remarcó que, al estar dentro de una investigación preparatoria, la situación
del ex director ejecutivo de la empresa Odebrecht en el Perú deberá ser decidida por el juez de
control. Es decir, Concepción Carhuancho será el encargado de resolver el tema.
Por otro lado, el titular del Primer Juzgado de
Investigación Preparatoria expresó ayer su solidaridad y respaldo al fiscal de
la Nación, Pablo Sánchez. Ello luego de que el Congreso de la República
admitiera a trámite dos denuncias constitucionales en su contra.
“Es preocupante que se le haya hecho esta acusación [a
Sánchez] por el solo hecho de cumplir sus funciones. Se debe dejar que la
fiscalía cumpla su papel de persecución del delito. Los demás poderes del
Estado deben respetar las decisiones de los órganos del sistema de justicia”,
concluyó Concepción Carhuancho.
Peru21
El juez Richard
Concepción decidió no excluir del proceso fiscal a Jorge
Barata, ex ejecutivo de Odebrecht, sin previa intervención judicial por el caso de la
constructora brasileña.
Para el magistrado,
la disposición del fiscal Hamilton
Castro, a cargo de investigar el caso Lava Jato, contraviene el artículo
339.2 del Código Procesal Penal, vigente en Lima para los delitos de corrupción.
Esta norma precisa
que en la etapa de investigación preparatoria, como en la que está el caso
Odebrecht, “el fiscal perderá la facultad de archivar la investigación sin
intervención judicial”.
El magistrado Concepción
subraya que si bien el fiscal es el titular de la acción penal, y como tal
conduce desde su inicio la investigación del delito, “una vez que instaura
investigación preparatoria en contra de un determinado imputado, no podrá
excluirlo sin previa intervención judicial”.
Además, señala que
si el fiscal considera que Barata fue incluido de manera indebida, en base a
sus propias declaraciones como colaborador eficaz, bajo el entendido de que
estas no pueden ser usadas en su contra, debió solicitar ante el juzgado su
exclusión, para que el órgano jurisdiccional pueda pronunciarse y emitir la
decisión de corresponda.
El ex representante
de la empresa Odebrecht en el Perú es investigado por los presuntos de tráfico
de influencias y colusión en agravio del Estado. “De ser el caso que el pedido
sea planteado, el juzgado convocaría a una audiencia y resolvería de
inmediato”, sostuvo el magistrado.
La República
La declaración de Marcelo Odebrecht demorará
en llegar al Perú y la colaboración eficaz de Jorge Barata seguirá congelada.
El juez Richard Concepción Carhuancho anuló la resolución del fiscal
anticorrupción Hamilton Castro,
que consideró a Barata solo como colaborador eficaz y ya no como procesado.
Concepción consideró que el fiscal
no puede tomar esa decisión y decretó que Barata siga procesado en el Perú.
Como consecuencia de esa determinación, mantuvo el embargo de
las cuentas del directivo brasileño en el país.
La resolución judicial tendrá repercusión en la colaboración
eficaz de Barata.
También retrasará la llegada al Perú de la declaración que el
9 de noviembre último, Marcelo Odebrecht ofreció a la Fiscalía.
A fines de octubre, el despacho del fiscal Castro archivó la
investigación a Barata para activar su
colaboración eficaz. Esta se mantiene congelada desde junio pasado.
El 24 de octubre último, el equipo del fiscal Hamilton Castrodictaminó que
Barata sea solo colaborador y archivó el proceso penal en su contra,
notificando esta decisión al Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria.
Concepción Carhuancho, a través de la
resolución Nº 44 en el expediente 16-2017, dice que eso no es posible, que la
Fiscalía no lo puede excluir.
Castro deberá solicitar al fiscal la exclusión de Barata.
Conforme a la declaración de Marcelo Odebrecht, solo Barata
puede confirmar o descartar si la constructora apoyó las campañas de Alan García, Keiko Fujimori y
el presidente Pedro Pablo Kuczynski.
Peru21
Para el juez Richard Concepción la disposición
del fiscal Hamilton Castro,
a cargo del caso Lava Jato,
contraviene el artículo 339.2 del Código Procesal Penal.
El magistrado
Concepción subraya que “una vez que instaura investigación preparatoria en
contra de un determinado imputado, no podrá excluirlo sin previa intervención
judicial”. Señala que si el fiscal considera que Barata fue incluido de manera
indebida, en base a sus propias declaraciones como colaborador eficaz y bajo el
entendido de que estas no pueden ser usadas en su contra, debió solicitar ante
el juzgado su exclusión, para que el órgano jurisdiccional pueda pronunciarse y
emitir la decisión de corresponda.
“De ser el caso que
el pedido sea planteado, el juzgado convocaría a una audiencia y resolvería de
inmediato”, sostuvo el magistrado.
El Comercio
Uno de los
principales puntos del conflicto entre la mayoría fujimorista del Congreso de
la República y el Ministerio Público es la situación legal de las empresas
peruanas socias de la constructora Odebrecht.
Los representantes
de Fuerza Popular sostienen que estas no están siendo investigadas, ya que la
empresa Graña y Montero aseguró que no ha sido notificada de alguna pesquisa.
Por su parte, el
fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, aseguró que sí están siendo
investigadas.
La pregunta entonces
es ¿quién tiene la razón? Fuentes del Ministerio Público han confirmado a El Comercio que las
empresas Graña y Montero, Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A.
(ICCGSA) y JJ Camet Contratistas Generales vienen siendo objeto de análisis y
peritajes respecto de sus inversiones y finanzas.
Incluso, el fiscal a
cargo del caso, Hamilton Castro, declaró que “sí existe una investigación a los
consorciados [de Odebrecht]
a partir de declaraciones de Jorge Barata”, quien es uno de los principales
aspirantes a la colaboración eficaz.
En ese sentido, las
fuentes explicaron que la ley exige que las declaraciones de Barata, al estar
bajo un proceso especial de colaboración, sean corroboradas antes de tomar
cualquier medida.
“Lo que se indaga,
investiga o corrobora es un hecho de contenido penal informado por el
colaborador eficaz. Por eso es que Graña y Montero no puede esperar ser
notificada en esta etapa del procedimiento”, dijeron a este Diario.
Por ende, aseveraron
que al término de la etapa de verificación se decidirá si se abre o no una
investigación preliminar a las mencionadas empresas.
De llegar a esta
nueva etapa, las personas naturales y jurídicas investigadas recién serán
notificadas.
El Comercio
El presidente, Pedro
Pablo Kuczynski, señaló al inicio de su mensaje que "en esa declaración,
(Marcelo Odebrecht) se queja de que, a pesar de su colaboración con la justicia
peruana, ésta solo se ocupa de su empresa y no de otras. Esta supuesta
afirmación es falsa. Como jefe de Estado, respaldo incondicionalmente la lucha
contra la corrupción en todos sus niveles, desde el poder Judicial, la
Fiscalía, el Legislativo y, desde luego, el poder Ejecutivo ", dijo.
La República mar
14 nov
Graña y Montero,
Ingenieros Civiles y Contratistas Generales SA (ICCGSA) y JJ Camet Contratistas
Generales todavía no son notificadas, pero se encuentran en el centro de una
investigación del Equipo Especial del caso Lava Jato sobre el pago de sobornos
realizados por la Constructora Odebrecht en el Perú.
La investigación, según conoció La República, se inició en febrero,
luego de recibir la declaración del ex funcionario de Odebrecht Jorge Barata,
como parte de los actos de corroboración.
A fin de verificar lo dicho por el colaborador Barata y el
contenido de los mencionados acuerdos de reparto de utilidades, el equipo del
fiscal Hamilton Castro dispuso realizar una
peritajes y recabar información en forma reservada, de acuerdo a la Ley
de Colaboración Eficaz.
Ante la denuncia de Fuerza Popular contra el fiscal de la
Nación, Pablo Sánchez,
por la inactividad del Ministerio Público en este caso, Sánchez y el fiscal
Hamilton Castro han confirmado que existe una investigación para establecer la
participación de las empresas consorciadas en el pago de sobornos.
Al respecto, el gerente general corporativo del Grupo Graña y
Montero, Luis Díaz Olivero, remitió ayer una carta a la Superintendencia del
Mercado de Valores en la que indica que "a la fecha, no hemos recibido
notificación alguna en la cual se nos informe formal y oficialmente de la
inclusión de la compañía o alguno de sus directivos, ejecutivos y/o
colaboradores en las mencionadas investigaciones". Este documento fue
utilizado por algunos congresistas para decir que el fiscal de la Nación y
Castro habían mentido y que no hay una investigación.
En la fiscalía responden que existe un sinnúmero de actas,
disposiciones y peritajes realizados que demuestran la existencia de esta
indagación reservada desde hace varios meses.
Anotaron que al tratarse de la corroboración de la declaración
de un colaborador eficaz, las constructoras no han sido notificadas del
procedimiento especial al no ser parte. Los consorcios serán notificados si se
corrobora lo dicho por el colaborador y se formaliza una investigación. Antes
no se les puede notificar, dicen, de un procedimiento del que no son parte,
explican en la fiscalía.
ESTA NOCHE
Según fuentes de la Fiscalía de la Nación, la investigación
fiscal tiene tres fases:
1.
Indagación
/ corroboración (no se notifica porque proviene de información sensible de
colaboradores eficaces).
2.
Investigación
preliminar (se notifica).
3.
Investigación
preparatoria (se notifica).
El fiscal Hamilton Castro aclaró que las empresas
consorciadas de Odebrecht se hallan en el primer nivel de investigación.
El Comercio
La mayoría
fujimorista en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales declaró
procedente la denuncia constitucional contra el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez.
Héctor Becerril dijo
que la razón es que “hasta ahora no se ha hecho nada por investigar a las
empresas consorciadas con la brasileña Odebrecht”.
La subcomisión tiene
15 integrantes, de los cuales la presidenta Takayama y otros 8 parlamentarios
son de la bancada fujimorista. Fuerza Popular respaldó, con nueve votos, la
propuesta. Cinco congresistas votaron en contra y hubo una abstención del
aprista Javier Velásquez, quien presentó una cuestión previa –que fue
rechazada– que planteaba que el informe se reformulara.
Yeni Vilcatoma presentó su denuncia constitucional contra el fiscal de la
Nación, Pablo Sánchez,
por supuestas iirregularidades en su accionar y el de Hamilton Castro para
arribar a un acuerdo de colaboración eficaz con Jorge Barata.
Vilcatoma acusa a
Sanchez de haber designado a Hamilton Castro en el Caso Odebrecht, quien
supuestamente “a la fecha, no ha iniciado la investigación preliminar” de Graña
y Montero y otras empresas.
Afirma que existió
una presunta negativa del fiscal Hamilton Castro a incorporar en la
investigación preparatoria a las empresas Graña y Montero, JJ Camet y otros,
socias de Odebrecht.
Hamilton Castro ha
considerado que es una "mentira inadmisible" decir que no existe una
investigación a las empresas socias de la firma brasileña. Sostuvo que la
indagación se inició con lo que declaró Jorge Barata.
Peru21
Estrategias post Marcelo
Odebrecht
Santiago Pedraglio
(…)
Las denuncias involucran a varios grupos, pero es importante prever las
posibles iniciativas del fujimorismo por ser la principal fuerza parlamentaria,
con capacidad para adoptar decisiones con un impacto sustancial sobre el
destino de la investigación y la preservación del Estado de derecho.
Es probable que el fujimorismo acuse al presidente Pedro Pablo Kuczynski
de haber faltado a la verdad en la comisión Lava Jato. El propósito final sería
la vacancia. Pero el camino no les será fácil: si le creen tan fielmente a
Odebrecht cuando habla de PPK, ¿cómo harán para “no creerle” cuando se refiere
al financiamiento de la campaña del fujimorismo en 2011?
Parte de su estrategia también sería destituir al fiscal de la Nación,
Pablo Sánchez. Ya dieron luz verde a una investigación por una acusación
constitucional contra Sánchez, que, de prosperar, hará que salgan otros dos
fiscales clave: Hamilton Castro, que lidera el equipo Lava Jato, y José Pérez,
encargado de investigar a Keiko Fujimori y a Joaquín Ramírez.
Un último punto decisivo sería impedir que Barata confirme las
acusaciones de su jefe Odebrecht. ¿Cómo podrían lograrlo? Procurando que sigan
los juicios abiertos contra Barata por lavado de dinero, bajo la justificación
de la lucha contra la corrupción y la impunidad. Esta sería la mejor manera de
que ya no colabore con la justicia peruana.
Expreso
Nancy Miller
entrevista a Víctor García Toma
(…)
-¿El Presidente de la República
podría ser acusado si se comprueba que no le dijo toda la verdad a la Comisión
Lava Jato?
Respecto
a si faltó o no a la verdad, tengo que decir que el problema es que eso no está
tipificado como infracción constitucional en el Reglamento del Congreso, y eso
es responsabilidad del propio Parlamento.
-¿Por qué dice eso?
Mediante
la sentencia Nº 0006 del año 2003, que se refiere al caso de [Manuel] Lajo, se
le advirtió al Parlamento que para los temas de infracción constitucional no
existía un procedimiento. En consecuencia, el TC [Tribunal Constitucional]
exhortaba al Congreso a elaborar un procedimiento que debería ser incorporado
en su Reglamento.
(…)
Lo
que ha sucedido es que el Congreso no ha hecho ni el procedimiento ni la
tipificación, en consecuencia, cualquier acto que se lleve a cabo para
sancionar a una persona por infracción constitucional estaría incurriendo en
arbitrariedad, porque no ha cumplido con las exhortaciones de 2003 y de 2012.
-Entonces, ¿el fiscal de la
Nación [Pablo Sánchez] tampoco podría ser acusado constitucionalmente?
No
procede la acusación… el Congreso no ha cumplido con establecer cuáles son las
faltas que considera como infracción constitucional. La incompetencia no es un
delito.
(…)
El Comercio
La jueza Elizabeth Arias se pronunciará en breve sobre el
pedido de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y su esposo, Mark Vito
Villanella, para que se declare finalizado el plazo de investigación preliminar
por el caso de los cocteles de Fuerza Popular.
Ambos son investigados por el presunto delito de lavado de
activos por el dinero obtenido en tres actividades sociales y por la donación
de S/ 220,608 que recibieron de la ONG Liberty Institute, durante la campaña
electoral de 2016.
A través de sus abogados, Edward García y Eduardo Alcócer,
argumetaron que el caso ya lleva 19 meses en curso y, por tanto, la adecuación
a la Ley Contra el Crimen Organizado se hizo fuera de plazo. Alcócer dijo que
que la Ley Contra el Crimen Organizado se está aplicando en forma retroactiva
porque su patrocinado compró dos predios en 2012.
El fiscal José Domingo Pérez informó que falta recabar la
declaración de 450 testigos.
El Comercio
La política tan lejos
del fútbol
Jaime de Althaus
El fútbol produce el milagro de la unidad nacional.
Hermana e iguala a todos, elimina las diferencias. Menos en la política
nacional. Allí hemos ingresado en una guerra intestina que se alimenta a sí
misma. En una espiral de excesos ya fuera de control, que pueden tener un
efecto catastrófico en la institucionalidad y en la estabilidad política del
país.
Parte del origen está en ese sifón externo abierto de
delaciones que viene del Brasil y que inyecta gasolina interesada al fuego.
Brasil, con su política estatal de penetración económica y control político,
instrumentada por Odebrecht y
otras empresas, ha sido la madre de la gran corrupción que ahora alcanza a
todos los políticos, devastando cualquier credibilidad. El daño al país ha sido
inconmensurable, y la cancillería no ha protestado. Pero la institucionalidad
nacional, en lugar de procesar los casos con inteligencia y justicia, se deja
arrastrar al torbellino. La gente no distingue niveles de culpa y todos son lo
mismo: Toledo –el peor de todos–, que pidió él mismo, sin que nadie le
ofreciera, en un acto de megaextorsión, 35 millones de dólares, y Alan García,
Keiko Fujimori o PPK, que no se sabe con certeza si realmente recibieron ni qué
cantidad para sus campañas electorales –algo que en sí mismo no es ni siquiera
delito–, hasta los 3 millones que sí recibió Humala acaso como una compra de
decisiones futuras.
Ante las revelaciones de todo calibre y verosimilitud,
la gente reclama cabezas de turco y entonces la fiscalía y el Poder Judicial no
se contienen en sus límites y encierran preventivamente a Humala y su esposa
cometiendo un abuso, y a Keiko Fujimori y su partido los investigan como
organización criminal por el asunto de los cocteles (¡hay más de 1.000 personas
citadas por la fiscalía, algo ridículo!). Esa decisión desmedida despierta las
pulsiones autoritarias de Fuerza Popular, que se venga sin proporción aprobando
una investigación al fiscal de la Nación para destituirlo, algo que rompería la
división de poderes a favor de una dictadura parlamentaria. Y lo hace con el
argumento desmentido de que no está investigando a las empresas consorciadas
(Graña y Montero y otras), desconociendo que corroborar la información es la
fase anterior a la investigación preliminar cuando hay colaboración eficaz.
No solo eso, la ira contra las mencionadas empresas
–que viene de la derrota electoral– no se detiene hasta incorporarlas al D.U.
003, un certero tiro mortal contra ellas porque las condena a la quiebra, a no
poder pagar sus deudas ni a sus proveedores. En lugar de poner la mira en los
presuntos corruptores, en los directivos, se destruye a las empresas, cuyas
decenas de miles de trabajadores no tienen culpa alguna pero van a perder sus
empleos. Una bomba atómica con efectos colaterales terribles, que se suma al
pésimo manejo que ya se ha hecho de los proyectos de Odebrecht.
En el
fútbol queremos ser. En la política queremos no ser.
GOBERNABILIDAD, DEMAGOGIA, AUTORITARISMO,
DEMOCRACIA
La República
Tras conocerse que está listo el proyecto de sentencia en
el Tribunal
Constitucional declarando
infundado el pedido de hábeas corpus para la liberación de Alberto Fujimori, un nuevo miembro se ha
incorporado a dicha causa, lo que implicaría que se dilate el caso.
Se trata del magistrado Augusto Ferrero, quien a inicios de
setiembre pasado juramentó como integrante del ente constitucional.
Fuentes confiables informaron a La República que el ponente del
caso, el magistrado Eloy Espinosa-Saldaña, había pensado presentar su borrador
de resolución en tres semanas, pero con la incorporación del nuevo juez, se
aplazará el debate.
Para empezar, tendrá que acceder al expediente para conocer
el tema.
Como se sabe, a mediados de octubre se realizó una audiencia
pública donde la abogada que representa a Keiko Fujimori expuso los fundamentos de
la solicitud. Y como Ferrero no estuvo en esta diligencia, tiene dos opciones:
ver el video de esa sesión o convocar a una nueva audiencia. Lo más probable es
que opte por la segunda.
El problema es que esto podría tomar meses, con lo cual
quedaría paralizado el proyecto de sentencia, que ya cuenta con cuatro votos
que opinan desestimar dicho recurso, precisamente los cuales están siendo
investigados en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales por el caso El Frontón.
Resulta extraño que Ferrero, habiendo asumido el cargo el 4
de setiembre último, no se haya avocado al caso sino hasta ahora, en que existe
una acusación contra cuatro magistrados del TC por el caso El Frontón que busca
sus destituciones.
Lo cierto es que al nuevo magistrado le toca decidir si cita
a la abogada de Fujimori a una nueva audiencia y cuándo lo hará.
Mucho se especula al respecto, tomando en cuenta que la
presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Milagros Takayama, anunció que la
investigación a los magistrados durará máximo un mes, ¿qué pasaría si terminan
destituyéndolos? Pues el caso de Alberto Fujimori podría ser visto
por los nuevos magistrados nombrados por el Congreso de mayoría fujimorista.
La República
Columna de Mirko Lauer
(…)
…preso o libre el ex presidente (Alberto Fujimori) es
una ficha importante en la política. Su prisión ayuda a mantener el orden
establecido en Fuerza Popular, en esa medida no indultar puede ser visto como
un aporte a mejores relaciones entre el Ejecutivo y la mayoría del Congreso.
(…)
Correo
La Comisión Lava
Jato, a través de un oficio, volvió a remitir un oficio al presidente Pedro
Pablo Kuczynski, reiterando su intención de interrogarlo
personalmente.
Dicho documento se
envió el último miércoles, y está firmado por la presidenta de dicho grupo, Rosa María Bartra. En la misiva se lee
que “se ha determinado que el artículo 117 de la Constitución Política del Perú
no se contrapone al deber del presidente de la República de comparecer personalmente…”.
El pasado 12 de
setiembre, la comisión envió un primer oficio a Kuczynski. El 6 de octubre remitió otro con el mismo
fin.
Dicho documento fue
derivado a la Comisión de Constitución, que preside la fujimorista Úrsula Letona, para que emita una
opinión al respecto. El último martes, la Comisión Lava Jato aprobó que se
insista citar al jefe de Estado.
La República
La
presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Aráoz, dialogará con las fuerzas
de izquierda (Frente Amplio y Nuevo Perú) y luego presentará el pedido de
facultades legislativas. Es decir, el gobierno ya no insistirá en reunirse con
los voceros de Fuerza Popular, quienes descartaron el diálogo.
La
presentación de la solicitud de facultades delegadas será en dos semanas.
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